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Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Print version ISSN 20030507

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales vol.12 no.2 Caracas Aug. 2006

 

El discurso del desarrollo sustentable en América Latina

Isabel Rodríguez y Héctor Govea

1 Socióloga. Profesora Titular. Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa. La Universidad del Zulia. Zulia-Venezuela. isarodri@cantv.net

2 Sociólogo. Magíster en Gerencia Pública. Ayudante Académico con carga docente en la materia: Ambiente, Recursos y Desarrollo. Escuela de Administración y Contaduría Pública. La Universidad del Zulia. Zulia-Venezuela. hgoveah@cantv.net

Resumen

Este trabajo ha sido realizado con el propósito de someter a tensión analítica las distintas concepciones que se han construido sobre desarrollo sustentable y su relación con los requerimientos de estructuras y organizaciones que sean aptas para poder acometer las necesidades de la “cuestión ambiental” con respecto a la generación de condiciones políticas adecuadas para que las decisiones que sean tomadas puedan ser, no solamente acatadas por los actores intervinientes sino además, cónsonas con el logro del desarrollo sostenible en América Latina. Se trata de una investigación de tipo teórico, documental y hemero-bibliográfica que arroja entre sus principales hallazgos: a) una proliferación de enfoques que se han asumido como moda; b) lo inacabado de estas concepciones. c) la gravitación de los factores político ideológicos y del determinismo. d) la incorporación de estas propuestas teóricas se ven afectadas por la dinámica de la construcción de la agenda pública. Se concluye que, existe un corpus teórico no homogéneo, inacabado que parece tener visos de anclaje sociopolítico orientados a la generación de estrategias que, de ser incorporadas, no sólo desde el punto de vista normativo a la agenda pública, pueden llegar a producir resultados de alto impacto en el actual proceso histórico que se encuentra sometido a los efectos de la globalización.

Palabras Clave: Desarrollo sustentable, Desarrollo Sostenible, enfoques, agenda pública, América Latina.

The Discourse on Sustainable Development in Latin America

Abstract

This article examines the different conceptions of sustainable development and the problem of their political viability, taking into account that their implementation depends on the intervention of political actors capable of interpreting them and creating the appropriate political conditions. A review of the relevant literature suggests a) that there is a proliferation of focuses that have become fashionable; b) that the necessary conceptual coherence has not been achieved; c) that ideological preconceptions and deterministic postures are all too common; d) that they need to take into account the dynamics of public agenda construction. Nevertheless, the authors suggest that, despite the difficulties they identify, the incorporation into the public agenda of policies geared towards sustainable development could produce important results and stem the most damaging impacts of globalization.

Key Words: Sustainable Development, Different Interpretations, Public Agenda, Latin America.

Introducción

Mucho se ha debatido sobre la necesidad de alcanzar el desarrollo sustentable, sobre todo en los países de América Latina, pero los esfuerzos que se han adelantado para lograr que los gobiernos de la región consideren la importancia de incorporar estrategias de sustentabilidad, no se ha contado con los suficientes respaldos para ser asumido como una prioridad y esto pone de manifiesto la poca presencia de dicha sistematización en la agenda pública en la región.

América Latina ha sido inspiradora de diversos metarrelatos constituyendo el desarrollo sustentable uno de los temas que ha dado lugar y sigue dando lugar a una serie de confrontaciones de todo tipo en los últimos sesenta años. La razón de tales diatribas está relacionada con la presencia histórica de escenarios sociales turbulentos; la aplicación de políticas económicas que han hipotecado las posibilidades de inserción en condiciones más favorables a los distintos mercados; la explotación sistemática de los recursos naturales sin los adecuados mecanismos de supervisión y control; la ausencia de una continuidad democrática en muchos países de la región, y sobre todo, la implantación de modelos de desarrollo que no han satisfecho las expectativas sociales de importantes sectores de la sociedad en el tiempo. Así hemos venido transitando por la implantación de modelos y estrategias que van desde la visión progresista pragmática del crecimiento económico hasta la propuesta neoliberal que se resume en la máxima: el mercado lo resuelve todo.

Por ello, consideramos significativo exponer algunas ideas sobre un tema que viene convocando el interés mundial de una multiplicidad de actores e instituciones desde finales de la década de los cincuenta; sobre el cual han aflorado una diversidad de propuestas teóricas y de enfoques provenientes del mundo académico, así como de diferentes sectores políticos, económicos, religiosos, culturales, entre otros, que han comprendido, en el discurrir del tiempo, la significación que reviste lograr la sustentabilidad económica y sostenibilidad social.

Estimamos la propuesta de construcción de esta disertación para el debate y la reflexión, sobre la tematización del desarrollo sustentable, porque permite establecer la contrastación con otra vertiente que ha venido dibujándose desde la década de los 80 denominada desarrollo sostenible. Esta confrontación y las implicaciones que devienen del estilo de desarrollo imperante en occidente después de la segunda guerra mundial vértebra y afecta toda la vida del ser humano en el planeta, pero esto ha quedado opacado frente al auge adquirido por el problema de la globalización.

Esta reflexión forma parte de la discusión que, en el contexto del proyecto capital social y desarrollo endógeno sostenible, ha venido construyéndose como parte de la búsqueda de respuestas a diversas cuestiones tendenciales que emergen del prisma proyectado por el avance de dicha investigación que pretende, en el contexto de la realidad venezolana, establecer los vasos comunicantes entre la necesidad de fortalecer el capital social en las organizaciones sociales que desempeñan un rol público no estatal y el desarrollo endógeno, definido como aquel tipo de desarrollo que persigue satisfacer las necesidades y demandas de un colectivo local mediante la participación ciudadana activa de los sujetos en los aspectos político-sociales, económicos y ambientales, así como aquellos dirigidos a potenciar su posicionamiento educativo y cultural con la finalidad de alcanzar el bienestar del grupo y de la sociedad.

Desarrollo sustentable. ¿Moda o “paradigma”?

La moda de las gramáticas interpretativas de la realidad latinoamericana ha transitado por diferentes estadios que han influido sobre la producción intelectual de la academia o en los gustos y preferencias semánticas de los políticos, tal es el caso de los términos subdesarrollo, precapitalismo, dependencia, atraso, sociedad moderna, sociedad posmoderna, país en vías de desarrollo, entre otros términos usados con mayor o menor frecuencia desde finales de la década de los cuarenta en adelante.

Encontramos, también, la invocación a las formulas mágicas como una constante cuando, recurriendo a la adición de los prefijos, se intentan resolver grandes problemas epistemológicos. Así. Conseguimos, el uso frecuente de los neo, los re, los ismos, por solo mencionar los más frecuentes, aceptados o rechazados de acuerdo a las particularidades y lógicas del accionar o funcionamiento de los actores y/o organizaciones, sin mayores consideraciones o evaluaciones que estimen los impactos provocados por la inclusión de estos prefijos. Incluso hasta el empleo del termino paradigma que, tan cuidadosamente lo formuló Kunt (1962), ha pasado al dominio común perdiendo su connotación epistemológica original o la que posteriormente le adjudico Morín (2000), quien lo definió como un tipo de relación lógica entre un cierto número de nociones o categorías maestras que, de alguna manera, controlan la lógica de la explicación y, a la vez, la semántica1.

La vida efímera de muchas propuestas está relacionada con el déficit, en términos explicativos, que ellas mismas contienen en cuanto a sus proposiciones lógicas de sentido y de semántica. En otros casos, el cambio de enfoque obedece al surgimiento de nuevas propuestas que aparecen como más novedosas, atractivas e integradoras. Así por ejemplo, se destaca lo que aconteció con el enfoque Cepalino que, entre la década del 70 y el 80, pasaron de ser estructuralistas ortodoxos a abrazar posturas neoliberales en menos de diez años2.

Esta reposición permanente de los enfoques y la proliferación de ellos sobre desarrollo, pobreza, ambiente, entre otros problemas, ha conducido a que muchos de ellos se conviertan en una moda, que asumida como receta, pierde el impacto de significancia original debido a la sobresaturación, uso y aplicabilidad en el discurso que hacen políticos, empresarios, comunicadores sociales, comerciantes, el ciudadano común y los entes públicos, sin que se efectúen los deslindes adecuados cuando se busca dar respuesta a los problemas del desarrollo, sin efectuar un tratamiento analítico y referencial histórico político por lo que se produce, lo que se conoce como el “paradigma de la simplificación” (Morin, 2000).

Situación semejante ocurre con el empleo del término Desarrollo Sustentable, cuando nos encontramos con la proliferación de propuestas que vienen desde el ecologismo, con una fuerte presencia biologicista hasta los enfoques anclados o vertebrados en torno al ambientalismo. En cada caso, se ha puesto el énfasis en problemas relacionados con los recursos no renovables, el uso de energías alternas, formulas de aprovechamiento verde, la comercialización de productos que no afecten la capa de ozono; también se registra el empleo de diversos matices dados al término cuando se usa como sinónimo de desarrollo sostenible social, económico, político, ambiental, corporativo, entre otros, lo que ha dado origen a una literatura repetitiva que toca muy epidérmicamente las distintas áreas del saber y los diversos problemas con los cuales se asocia el desarrollo por lo que la sobreexposición temática no ha provocado una postura política más comprometida, por parte de los actores políticos clave a nivel internacional, ni ha contribuido a mejorar la calidad de la gestión ambiental en muchos países de la región latinoamericana.

Entonces la noción de sustentabilidad se ha ido divulgando y vulgarizando hasta formar parte del discurso oficial y del lenguaje común. (Leff, 2001). Esta literatura es el reflejo de lo que ha acontecido con las convocatorias provenientes, básicamente, de universidades y otros organismos especializados sobre la discusión de tipo ambiental, donde han sido promovido grandes eventos de tipo internacional y declaraciones que, en la generalidad de los casos, se concibieron y realizaron como afloración del conservacionismo, sobre todo en la década de los setenta cuando los movimientos sociales asumieron la lucha por la conservación del medio ambiente enarbolada por los grupos ambientalistas3.

Posteriormente, nos encontramos con lo ocurrido en la década de los noventa, que representa una rica expresión del Boom literario en materia ambiental, registrándose expresiones como; la del vocabulario de ecología recogido en el libro: La ecología, guía de bolsillo, de Callenbach, E. (1999), que sin llegar a la pretensión de ser diccionario reunió 59 términos, no todos ellos relacionados directamente con un vocabulario ecológico, pero si construidos con bastante rigurosidad para hacer referencia a una gama de problemas relacionados con esta temática.

Originalmente el término desarrollo sustentable se le atribuye a la primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland quien en 1987, en el documento “Nuestro Futuro Común” lo define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Fernández, 2000). El concepto fue aceptado en forma unánime por la comunidad internacional y contribuyó a movilizar las fuerzas sociales y políticas para que, más adelante, se efectuara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre “Medio Ambiente y Desarrollo” celebrada en Río de Janeiro en Julio de 1992. En el contexto de esta convocatoria surgió un programa global conocido como agenda 21 que pretendió normar el proceso de desarrollo con base en los principios de la sustentabilidad (Leff, 2001)4. A partir de allí, se ha convertido en la noción emblemática para la tematización de los problemas relacionados con el ambiente, afirmando que se trata de conseguir un tipo de desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin hipotecar o arriesgar las probabilidades de vida del hombre.

Al respecto, De Lisio (1999) considera, que en términos generales la posición conservacionista resulta particularmente evidente en algunos de los acuerdos de la Agenda 21 sobre todo cuando se trata de aspectos relacionados con el cambio climático y el diseño de herramientas e instrumentos para la protección de unidades territoriales a ser objeto de atención por ser definidas ecológicamente estratégicas5.

Igualmente, organismos internacionales como el Banco Mundial6 acogieron la concepción aportada por la Comisión Brundtland. Es importante reconocer que se registro un paso de avance significativo por parte de esta organización cuando se intento relacionar el desarrollo con los problemas de pobreza y degradación ambiental. Empero, se mantuvo el camino originalmente trazado cuando se acogió la tesis de que, para lograr el crecimiento económico sustentable había que adoptar las posturas del individualismo económico; pretendiendo recuperar el objetivo de crecimiento económico ilimitado de la sociedad de consumo (Demo, et al 1999).

Por lo que , más allá del mimetismo discursivo que ha suscitado la retórica de la sustentabilidad no se ha podido producir un sentido conceptual y praxeológico capaz de unificar, las distintas alternativas en pos de una concepción de desarrollo sustentable que recoja la diversidad de elementos a ser considerados, que trasciendan de la moda, ni tampoco se ha logrado generar un paradigma interpretativo que sea consistente con los objetivos de reducir las contradicciones entre las distintas interpretaciones y propiciar soluciones cónsonas con la idea de salvaguardar el planeta, más allá de una ideología del desarrollo “sostenible” auspiciado por el ambientalismo empresarial (Martínez Alier, 2000).

La discusión en torno al desarrollo sustentable ó sostenible no sólo está referida a una diferencia semántica o a una depuración terminológica académica, sino que reviste implicaciones sociales, demográficas, culturales, valorativas y sobre todo de índole política, porque comprometen la existencia de vida del hombre y su entorno.

Compartimos con Leff (2003), su preocupación sobre los límites y la impotencia del propio conocimiento para comprender y solucionar los problemas que acarrean las particulares formas de conocimiento que hoy existe sobre el desarrollo y sus implicaciones. Un ejemplo de ello lo encontramos en la presencia de los términos sustentable y sostenible que en su trasfondo opacan las reales crisis ecológicas y ambientales producto de la actividad económica; la expansión del capitalismo hacia actividades emergentes cada vez más degradadoras del medio ambiente; la acción depredadora del hombre mismo cuando no se preocupa por su entorno, y las conductas utilitaristas carentes de sentido del nosotros.

Creemos que es la hora de encarar esa discusión. Aquí nos mostramos partidarios del empleo del término Desarrollo Sostenible tomando en consideración tres vertientes: a) la relacionada con el origen de la palabra; ella encuentra sus raíces en el latín Subvenir, que significa mantener arriba o apoyar desde abajo. De acuerdo a este sentido terminológico, una comunidad está o se encuentra apoyada en sus referentes históricos-geográficos, sus acervos culturales, sus habitantes actuales y los futuros. De allí el sentido y el sentimiento de continuidad, de arraigo y de potencial mantenimiento en el tiempo de aquellos valores éticos que favorecen su reproducción societal.

La segunda vertiente alude a los intereses. ¿Cómo éstos se hacen presentes en una comunidad o sociedad? y ¿Cómo ellos influyen en la definición de las prioridades colectivas? Las respuestas a estas interrogantes estarán dadas en la medida en que acordemos definir cuál es el interés de mayor relevancia para el hombre en relación a su visión de futuro, o lo que desea construir y en qué valores nos vamos a apoyar para levantar esa realidad societal? De esto depende crear los dispositivos más o menos consistentes con la consecución de fines colectivos. Aquí es de vital importancia destacar el factor político, relacionado con la concepción de democracia, las formas de generación de consenso, de diálogo, y la capacidad y estilo de negociación; así como la activación de mecanismos que faciliten los procesos de construcción de ciudadanía y consolidación de capital social.

La tercera vertiente tiene que ver con la interrelación dinámica de la triada Hombre-Sociedad-Medio Ambiente. En esta dirección consideramos que si acordamos que la prioridad se constituye a partir de estos tres aspectos, entonces necesariamente habrá que proponer soluciones encaminadas al logro de la sostenibilidad en el sentido de reexaminar el rol de la economía; la concepción que tenemos sobre naturaleza; el papel desempeñado por la ciencia y la tecnología y, de forma muy especial, los valores sobre los cuales se construye socialmente la conciencia ciudadana y su sentido de compromiso y responsabilidad social.

Al respecto, en el cuadro nº 1 resumimos esquemáticamente el desplazamiento que ha venido teniendo el paradigma del desarrollo sustentable hacia el de sostenible, considerando los siguientes aspectos: el rol atribuido a la economía, la concepción que sobre la naturaleza se ha venido construyendo después de la firma del tratado de Kyoto; el papel desempeñado por la tecnología; las principales políticas que han sido concebidas para alcanzar el desarrollo, y las doctrinas que le dan soporte a los enfoques prevalentes desde la década de los 60 en adelante.

Según Cepal (2002), el desarrollo sostenible, se apoya en el reconocimiento de la función que cumple el medio ambiente y los recursos naturales para garantizar el progreso económico. Pero esta concepción debe ser superada considerando los elementos clave, para trascender la visión reduccionista-antropocéntrica y de las que gravitan en torno a ver beneficios de la adopción de medidas remédiales.

En este sentido, planteamos que lo sostenible en síntesis, alude a considerar los siguientes parámetros: a) Los recursos y su utilización con criterios de adecuación y pertinencia; b) El desarrollo de alternativas que conduzcan a hacernos menos depredadores como especies; c) El empleo por parte de las Industrias de tecnología limpia que sea más verdes menos contaminantes y más comprometidas con el bienestar humano; d) La consolidación de una cultura política orientada hacia el estimulo del compromiso y la responsabilidad social de los políticos y otros actores clave del proceso de gestión pública y empresarial; e) Revalorización de las actitudes y conductas ancladas en valores éticos y ,sobre todo, que el Estado y las instituciones públicas creen dispositivos legales y de participación dirigidos, por una parte, a limitar el uso inadecuado de los recursos y, por la otra, a posibilitar la participación activa de la ciudadanía en la defensa de aquellos bienes sociales, culturales, económicos, naturales que se constituyen en el acervo sociohistorico y cultural de los grupos humanos así como de su medio ambiente (ver cuadro nº 1).

La lógica de la sustentabilidad: ¿Retórica o compromiso?

Consideramos que escasamente se ha reflexionado sobre la relación política-desarrollo sustentable, encaminada a aportar las orientaciones generales para el diseño de una política ambiental democrática sobre la base de una agenda que garantice condiciones esenciales de seguridad alimentaría, preservación de los ecosistemas, situación de gobernabilidad que hagan posible alcanzar metas a largo plazo, que sean cónsonas, con ese deseo de mantenimiento del planeta. De no ser así, el desarrollo “sustentable” o las propuestas que se proyecten en ese sentido caerán en el terreno del ideologicismo como hasta ahora a ocurrido en la generalidad de los casos.

Cuando dirigimos el análisis hacia los efectos que ha causado el crecimiento desmedido de la industria y el interés del hombre por ir cada vez más lejos, estimulado por el afán del poder, ganancia, reconocimiento y/o trascendencia, sin considerar los efectos adversos que ello acarrea para el planeta y la propia vida del ser humano; lo primero acerca de lo cual hay que reflexionar es sobre la formulación de una interrogante que, no estamos seguros si es compartida por los decisores políticos cuando formulan políticas públicas; ¿Es posible lograr un desarrollo sustentable cuando estamos confrontando dos intenciones contrapuestas por su significado epistémico, sentido material-social, lógica histórico-ideológica y orientación política como son: ¿Medio ambiente y crecimiento económico? o ¿qué tan sustentable es o resulta ser el desarrollo hoy a pesar de los 20 años del boom de la sutentabilidad en los países desarrollados como en los precariamente desarrollados o en aquellos que ni siquiera han tenido alguna posibilidad vivencial de acceso a lo que acontece en el desarrollo?

Desde que fue publicado el libro “los limites del crecimiento” por el Club de Roma, ha flotado en el ambiente intelectual y académico la idea introducida por los miembros de este club: la tierra y sus recursos son finitos y perecederos y ello impone limites a la actividad económica desarrollada a partir de la aceleración de la industrialización que se disparo después de la segunda guerra mundial hasta hoy. Por ello de mantenerse constante la tendencia de crecimiento de las cinco variables observadas en dicho estudio se registrara un colapso, pues el recalentamiento global, la destrucción de la naturaleza llegarían a un grado tal de degradación que ella en forma espontánea no podría recuperarse.

Esta advertencia hizo eco más allá de ese reducido número de intelectuales, estimulando a un conjunto de organismos y organizaciones no gubernamentales a sumir un liderazgo en materia ambiental, lo que sirvió para preparar el camino hacia el advenimiento en 1972 de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Según González-Dávila (2004), ella marcó el inicio de una época que, en los setenta permitió que la atención internacional se volcara hacia los sistemas biofísicos, la conservación de los suelos, la contaminación del agua, los mares y la desertización entre algunos de los problemas más evidentes.

A partir de ese momento se abre una bifurcación explicativa sobre la identificación de las causas que provocan la degradación ambiental. Para unos, se trata de la búsqueda constante del crecimiento económico producto del afán de la riqueza y el poder que desata la industrialización en los países desarrollados; para otros, se trata del incremento desmedido que ha alcanzado la población humana en el planeta, que exige cada vez más bienes y servicios.

En la siguiente década surge el “Informe de Brundtland”, en él se trato de demostrar que el crecimiento económico duradero no era posible, aún considerando las ventajas alcanzadas por las “nuevas tecnologías”, que se consideran como menos nocivas, porque proseguía la afectación de la integridad del medio ambiente y la proliferación de desechos tóxicos y emisiones de gases y otros agentes altamente perjudiciales.

Esto trajo como consecuencia que algunos jefes de estado, diplomáticos, científicos, representantes de ONG de 179 países se reunieran en Río de Janeiro (Brasil) en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre El Medio Ambiente y Desarrollo que se concibió como la Cumbre de la Tierra llevada a efecto en 1992, donde se estableció un compromiso que instauro un renovado sistema de entendimiento mundial para el desarrollo sostenible, que concebía la protección ambiental como algo indisoluble de los procesos de desarrollo. En este sentido se pone de manifiesto la relación directa entre desarrollo económico, social y protección ambiental y el equilibrio entre dichas variables lo que le da aún más relevancia a la premisa de que hay que eliminar la pobreza y reducir la disparidad entre los niveles de vida de los diversos países del mundo para lograr un desarrollo sostenible.

En este discurso, los Estados tienen un papel preponderante ya que desde estos entes, se ratifican una serie de medidas de políticas y legislación en aspectos estratégicos a nivel global que los obligan a afrontar cuestiones ambientales y desarrollo de forma integrada a nivel mundial, nacional y local. Estos instrumentos de políticas, se conocen como la agenda 21, que no es más que un documento basado en el compromiso político y en un consenso mundial, sobre el que giran las políticas medioambientales actuales.

En año 2002, el compromiso aumenta y el resto de las acciones emprendidas desde la década de los 70 son duramente criticadas, debido a que pese al conjunto de convenios, programas de alcance mundial y declaraciones impulsados durante 30 años, los avances para la protección del medio ambiente seguían siendo insuficientes. La Cumbre Mundial de Johannesburgo en Sudáfrica (2002), parece ser el espacio que ha congregado la mayor cantidad de pueblos para que éstos expresen sus opiniones hacia la búsqueda de un camino común en el que se respete y ponga en práctica el concepto de desarrollo sostenible.

Según Leff (1998) hay que tener mucho cuidado tanto con los enfoques teóricos vinculados al análisis del “Desarrollo Sustentable” como por aquello que se discutió acerca del concepto como moda, sino cuando se ha pretendido convertirlo en un paradigma sin atender a los calificativos y otras cuestiones más de fondo relacionadas con: Desarrollo ¿Cómo?, ¿con quién?, ¿con qué finalidad?. Y sustentable ¿cómo? y ¿para quién?

Dadas las consideraciones anteriores, también compartimos con el autor antes mencionado, su preocupación cuando sostiene que la retórica del desarrollo sustentable ha reconvertido el sentido critico del concepto ambiental que se le atribuyó cuando originalmente apareció como un llamado de alerta y toma de posición. Recordemos que el tema ecológico a fines de los años 60, y buena parte de los del 70, estuvo cargado de una postura crítica frente al desarrollo (García-Guadilla, 1994), por parte de los movimientos sociales que emergieron en casi todos los países. Los latinoamericanos, en particular, pretendieron emular los objetivos de transformación social de los movimientos pacifistas, ambientalistas y urbanos surgidos en Europa y en Estados Unidos.

Esta preocupación y postura critica, queda muy bien recogida en diversos trabajos que inundaron la academia por lo significativo de las movilizaciones que lograron adelantar estos grupos (Mainwaring y Viola, 1984; Viola, 1987; García-Guadilla, 1991, 1992, 1994, 19997; Leff, 1991). Esto también sirve para demostrar, no solamente, el impacto que este problema tuvo en la academia sino para develar el interés por los problemas del desarrollo que las diferentes propuestas introdujeron: como las de ecodesarrollo (García Gaudilla, 1999) o ecopolítica7 (Guimarâes, 1990). Sin embargo, lo que interesa destacar no es la proliferación de intentos más o menos plañideros, atemorizantes o radicales, sino más bien la presencia de la definición de una tendencia que evidencia las incongruencias y contradicciones del discurso ambientalista-ecologista, liderado por la homogeneización del enfoque Neoliberal y del Banco Mundial que han logrado impulsar un discurso relato, referente a la idea fuerza de que por medio de las políticas Neoliberales se alcanzaran los equilibrios ecológicos y la justicia social por la vía más eficaz del crecimiento, direccionado por el mercado (Leff, 1998), por lo que el discurso de la sustentabilidad, sin mayores precisiones de contenido, significado, orientación y posicionamiento se engulle al ambiente como concepto que debe servir para resignificar el desarrollo y gestar la construcción de una nueva racionalidad social (Leff, 1998).

Hasta ahora, lo que parece haber tenido mayor posibilidad de éxito en esta materia, es la relación de colaboración entre desarrollo y sutentabilidad, lo que ha servido para sacar al sistema industrial capitalista del atolladero donde se encontraba, pues ha oxigenado al propio proceso productivo abriendo un novedoso frente poderoso y cautivador: el Mercado Verde; el cual promueve una línea de productos comercializados con “sentido ecológico” que va desde pastas dentales hasta vehículos, pero bajo la lógica del mercado donde se concibe a la naturaleza y los recursos naturales como un tipo de capital, que expresa una doble vertiente: una orientada a la transformación de la naturaleza con la colocación de las etiquetas conservacionistas con la finalidad de generar nuevos productos y por supuesto nuevas necesidades de consumo; por la otra, la dirigida a que sean efectuadas inversiones para reparar lo que destruye (Gudynas, 2000).

Estas vertientes propias de la lógica de la sustentabilidad han encontrado resonancia en investigadores que pretenden demostrar que existe un efecto no tan dañino del desarrollo sustentable pues el crecimiento económico no afecta la calidad del ambiente, es decir, según estos autores podemos seguir manteniendo nuestros hábitos de consumo, y darle la misma utilidad y aún más a los recursos naturales existentes debido al carácter infinito de los mismos. Este es el caso de del estudio aportado por Bjorn Lomborg (2001) intitulado “Escepticismo medioambiental”, cuya visión es duramente criticada por los intelectuales contemporáneos por su visión antropocéntrica, optimista y altamente simplista, donde aseveraciones, que desde el punto de vista discursivo están acabadas, tales como a mayor ingreso económico, mejora el bienestar humano y lógicamente el medio ambiente también, pueden llevar a conclusiones poco serias y carentes de sustento (Candaudap, 2005), prolíficamente advierte sobre los problemas teóricos e ideológicos de este tipo de enfoques sobre la base de una refutación al estudio adelantado por el autor antes mencionado. En este sentido el análisis medioambiental trasciende a explicaciones altamente simplificadas que pueden llevar a aseveraciones, conclusiones y hasta decisiones erróneas y de poco impacto.

No dejamos de reconocer que todo este esfuerzo en la discusión sobre la sustentabilidad ha tenido cierta influencia en la conformación de una agenda pública en América Latina, sin embargo, advertimos que su tematización ha sido heterogénea, débil, poco consistente, sin continuidad, cuestión que se evidencia en la frondosidad de instrumentos jurídicos con carácter de ley que se han formulado y aprobado en los distintos países de América Latina en materia ambiental8, pero que no se traducen en aplicaciones concretas realmente preventivas y protectoras del medio ambiente, que estructuren estrategias tendientes a combatir el delito ecológico, ajustadas a una racionalidad ambiental, coherentes entre los distintos niveles de ejercicio del gobierno, y orientadas a estructurar un tipo de orden social que tome en cuenta la importancia de los factores psico-socio-culturales en la formación de una visión común tendiente hacia la sostenibilidad ecológica. Todo ello requiere de una postura política y de un compromiso por parte de los actores fundamentales en la definición de estrategias cónsonas con la sostenibilidad social y económica.

De acuerdo con Leff (1994) se requiere, además, sean contemplados los principios de democracia, participación y racionalidad ambiental, la cual debe asentarse en un concepto de complejidad ambiental y en procesos de reapropiación de la naturaleza que tomen en cuenta la re-configuración y reafirmación de las identidades. En este mismo sentido, coincidimos con De Lisio (1999) cuando advierte que de todos esos esfuerzos lo que no queda claro en ninguna de las opciones propuestas son los fines de la sustentabilidad y agregamos, yendo más allá, se trata, bien sea que empleemos sustentabilidad o sostenibilidad, es de definir los fines que se persiguen con el desarrollo en términos de la dialéctica de la triada dinámica: hombre-naturaleza-ambiente.

Para trascender de la retórica al compromiso en la discusión de la sostenibilidad, se requiere: a) Atenuar las resistencias culturales, revalorizando los elementos históricos y de resignificación de los patrimonios naturales, sociales y culturales; b) Reconvertir la lógica del capital con un enfoque de desarrollo más integral y consono con las realidades e interconexiones entre hombre-sociedad-ambiente; c) Crear esquemas concertados que busquen dirimir los conflictos, impulsar el respeto a la diversidad natural y cultural, incorporar los criterios de etnicidad, éticos y axiológicos. todo esto considerando la dinámica social que propende a ser cada vez más globalizada y globalizante; d) Buscar una racionalidad ambientalmente sostenible que enlace los elementos de la globalización en el marco de una modernización inclusiva, democratizadora y de respeto a las diferencias; e) Los valores éticos que definan la conducta de los actores intervinientes (hombre, sociedad, estado mercado) van a ser determinantes a la hora de marcar las diferencias y establecer acciones con sentido de compromiso, legalidad, transparencia, es decir, con responsabilidad social, como aspectos necesarios para la conformación de las agendas públicas y privadas, en la priorización de los problemas sociales y en la forma de proponer soluciones (ver gráfico 1).

El Desarrollo sostenible y la Agenda Pública en América Latina.

En América Latina, si bien es cierto, se ha reconocido la importancia de los problemas ambientales y ecológicos, han sido suscritos una serie de acuerdos conferencias y tratados internacionales9, el orden de prioridades que en estos países se le ha dado al problema del ambiente se perfila muy desigual y de poco impacto, donde el compromiso de los actores ha estado influido por intereses más de tipo político y económico que de sostenibilidad.

Una breve referencia histórica nos permite establecer una relación entre los modelos de desarrollo y los actores fundantes que han actuado y, en consecuencia, contribuido a delinear la agenda pública normativa en materia de desarrollo ambiental. Para el modelo desarrollista (60-80), el Estado emerge como el propulsor y promotor del desarrollo; sobre él recae las definiciones y orientaciones de la política pública, teniendo los sectores empresariales un peso menor en la configuración de esa agenda, pero fueron ellos los más favorecidos por la política de industrialización por vía de la sustitución de importaciones.

Durante ese período eufórico de la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones el Estado abrió las compuertas, creo los incentivos, y condiciones que auspiciaron la presencia de diferentes tipos de industrias sin mayores consideraciones sobre los mecanismos que debían ser adoptados para la protección del medio ambiente ya que la lógica imperante de la concepción de desarrollo estaba relacionada con el supuesto generalizado, de que la aceleración del crecimiento económico estimularía el desarrollo.

Posteriormente, dada la crisis experimentada desde mediados de la década de los ochenta y el auge del proceso globalizador, se reorienta la concepción de desarrollo, haciéndose necesario comenzar a introducir elementos del enfoque predominante de sustentabilidad, que prestaron parcial atención a los desequilibrios que introdujo el modelo (visión utilitarista y material, industrialización de segunda y tercera generación en los países de mayor desarrollo relativo), sin el establecimiento de controles y marcos jurídicos que regularan las actividades productivas, sin que se prestara la adecuada deferencia a los efectos sociales y a los impactos ambientales, los resultados se tradujeron en lo que todos conocen, aún cuando muchos no lo acepten y otros lo justifiquen argumentando que ese es el precio que hay que pagar para alcanzar el desarrollo. En todo caso, lo que tenemos son sociedades consumistas, marcada insalubridad, creación de cordones de miseria, explosión demográfica o poblaciones desigualmente distribuidas en las regiones, polos de desarrollo y áreas deprimidas e incremento de la pobreza10.

Para ese momento histórico, también comienzan a aparecer nuevos actores tales como asociaciones civiles y ONG preocupadas por la defensa del medio ambiente que han desempeñado un papel bastante eficaz en presionar para que los gobiernos y las empresas no se amparen en un discurso medio ambientalista sino que realmente adquieran conciencia del problema11.

Según Karliner (1997) el creciente poder de las corporaciones privadas y los problemas relacionados con la crisis ambiental provocada por la escasez de recursos naturales, el agotamiento de las zonas periféricas, el calentamiento global entre otros, estimuló el que se asumiera la preocupación de lo ambiental pero también condujo a una ideologización de los asuntos ecológicos. Sostiene que la Cumbre de la Tierra (1992) “constituyó el escenario donde las corporaciones se apropiaron formalmente del discurso ecológico especialmente el de la sustentabilidad”, evitando con ello que otros actores relacionados con la plataforma ambiental de base pudieran obstaculizar sus operaciones. Así las empresas, han tenido (en algunos casos de manera obligada) que acogerse a la normativa Internacional (ISO 14000, ecoetiquetas entre otros) e impulsar una gestión empresarial atendiendo a la implementación de sistemas de gestión ambiental que persiguen la reducción de los daños a los ecosistemas naturales y contribuyen a que ellos adquieran una imagen aceptada por el colectivo.

Tomando en cuenta los aspectos propios de la agenda pública Latinoamericana y de los actores empresariales, ha habido algunos avances en ciertos países como en el caso de México y de Argentina en cuanto a la conformación de un marco institucional donde las políticas de regulación, control ambiental, educación ambiental, han tenido que ser adoptadas no solamente por parte de las grandes, medianas y pequeñas empresas a partir de 1998, que se han visto en la necesidad de asumir un comportamiento relativamente favorable para adelantar mecanismos destinados a la preservación ambiental12.

Esto también pone de manifiesto la reorientación que ha asumido el Estado al reconducir su papel en relación al modelo de desarrollo. Del desarrollismo ortodoxo a las nuevas tendencias Neoestructuralistas y Neoinstitucionalistas, por lo que éste actor reajusta su papel, pasando de protagónico a facilitador y de Interventor a controlador; de aquí la influencia que ha tenido el Estado y en él los entes gubernamentales sobre la institucionalización de políticas ambientales.

De una u otra forma todos sabemos, aún cuando no lo queramos reconocer, que el Estado no es una organización neutra, en él se expresan los atributos del modelo de desarrollo, por lo que si se pretende sentar las bases de un desarrollo sostenible es necesario determinar los criterios de organización que deben prevalecer (Segenovich, 1998) tanto en el aparato público como en la agenda, para que pueda efectivamente desarrollarse una gestión ambiental que establezca el compromiso por la integración de las políticas públicas ambientales y simultáneamente involucre a los otros actores sociales, políticos y económicos en un proyecto integral de desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente sostenible con respeto a la diversidad biológica y cultural y bajo la rectoría de principios éticos.

No todos los países de América Latina han establecido esos compromisos. Sin embargo, nos encontramos con ejemplos a seguir como es el caso de Argentina, donde ha venido teniendo lugar una interesante experiencia en materia ambiental con el lanzamiento de la Agenda Ambiental Nacional que va a tener vigencia entre el 2004-2007, la cual persigue junto a otros sectores del gobierno resolver problemas de infraestructura básica, entorno y hábitat de los grupos más vulnerables de la sociedad así como también coloca el énfasis en los procesos de producción sustentable en relación con el comercio de los sectores agrícolas, mineros y turísticos.

Se destaca también, la incorporación en la Agenda Pública Ambiental la idea de lo local dado que desde éste espacio de acción se genera compromiso y responsabilidad con las estrategias, decisiones y tareas a ser definidas, relacionadas con promoción de la salud, ambiente escolar, intersectorialidad, participación, recuperación de espacios públicos entre otros. Desde esta modalidad se observa un proceso de discusión más integral ampliándose la esfera de la participación con la inclusión de distintos tipos de actores.

Una demostración de construcción de Agenda Pública Ambiental y multi-participativa es Costa Rica, cuando planteó la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (1994-1998), que definió entre sus objetivos conducir a la sociedad Costarricense hacia una ruta de desarrollo sostenible y de igualdad. Para ello constituyó el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) que desde entonces se encarga de promover el diálogo y elevar el consenso en torno al Desarrollo Sostenible entre los distintos sectores y actores de la sociedad Costarricense. El CONADES, está compuesto por representantes de gobierno, negocios corporativos, ONG’S, y otras organizaciones sociales, siendo éste ente reflejo de un esquema organizacional y de participación amplio, donde, distintos actores delinean la política y se comprometen a adelantar los contenidos temáticos establecidos en la agenda 21 y en la declaración de Río sobre ambiente y desarrollo.

El Estado Costarricense cuenta además con un marco institucional que incluye el Sistema Nacional Gubernamental para el Desarrollo Sostenible (SINADES), la Comisión Nacional no Gubernamental (CONAO), la Unión de Cámaras y Asociaciones para la empresa privada (UCCAEP), que representa al sector económico y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CCI) y la Fundación para la cooperación en Desarrollo Sostenible (FUNDECOOPERACIÓN), todo los cuales se encuentran bajo una única coordinación representada por el Ministerio de Planificación y Políticas Económicas.

En el caso Venezolano, con los planes estratégicos impulsados por la gestión de Gobierno que desde el año 1999 esta instaurada, y los cambios que ha nivel institucional, legal, político e ideológico, así como en los modelos de gestión y desarrollo se han venido experimentando, se pretende el impulso de un desarrollo endógeno sostenible cuya finalidad es la construcción de un nuevo modelo económico, productivo y social del país más humano y justo, donde los recursos generados por los hidrocarburos entre otros, sean traducidos por la vía de las misiones educativas, sanitarias y alimentarías (Barrio Adentro I, II, III, Robinsón, Rivas, Sucre, Vuelvan Caras, Milagro), entendidas como los programas sociales que identifican este proyecto de país, en mejores escuelas más viviendas, desarrollo integral en el campo, preservación y protección ambiental, y logros en el deporte. (Avances de la Nueva PDVSA, Agosto Nº 7, Septiembre Nº 8, 2005).13

Estos ejemplos sirven para ilustrar la heterogeneidad en cuanto a la participación de los actores y la jerarquización de los problemas en materia de sostenibilidad para la construcción de la agenda pública. En relación a las distintas experiencias que se han adelantado en el tiempo, estas muestran una disparidad en materia de construcción de marcos jurídicos que consideren lo ambiental. Se evidencia, además, una discordancia, a la hora de incluir el tema ambiental en la toma de decisiones públicas, la proliferación de enfoques no han permitido generar una matriz que aglutine un cuerpo de intereses socio-ambientales y de corresponsabilidad política, institucional y social comunes más allá de los factores políticos, ideológicos y económicos. Por lo que consideramos que se ha hecho poco en este sentido.

Lo anteriormente planteado, es sustentado por la CEPAL (2002), quienes entre líneas esbozan que muy a pesar de los avances, en muchos sectores, los principios de protección ambiental y desarrollo sostenible aún se consideran una restricción al desarrollo económico y social, limitando la capacidad pública (estatal y no estatal) para detener el creciente deterioro ambiental de ecosistemas críticos y controlar la contaminación.

Así, un porcentaje significativo de las políticas ambientales vigentes, así como los instrumentos de regulación directa e indirecta aplicados en América Latina, son de carácter regresivo. Las políticas preventivas y de fomento que apelan a mejorar las condiciones ambientales relacionadas con la competitividad productiva han recibido menor atención. En otro orden de ideas, la capacidad de las instituciones ambientales para alcanzar las metas trazadas en términos de políticas transectoriales y subregionales efectivas y de fortalecer la posición negociadora de los países en el plano internacional continúa siendo incipiente.

Siguiendo en el análisis de dicha situación sobre los aciertos y desaciertos de la agenda pública ambiental, con respecto a los resultados alcanzados en la ultima década, si bien se reconocen los avances importantes en la construcción de una institucionalidad para la gestión ambiental con la formalización de marcos jurídicos y leyes especificas que norman el uso de los recursos naturales, la emisión de agentes contaminantes y la aplicación de instrumentos de evaluación de impacto ambiental; el documento “Objetivos del Desarrollo del Milenio”: que contiene el informe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU)2005 advierte claramente que los indicadores ambientales en la generalidad de las mediciones reportadas, resultaron ser negativas, por lo que “la sostenibilidad ambiental del desarrollo esta cada vez más en riesgo” (ONU,2005;183) constituyendo uno de los problemas ambientales de mayor significación la deforestación que conlleva la perdida de la biodiversidad y el aniquilamiento de vastos ecosistemas que concentran gran cantidad de carbono.

Ideas Fuerzas para la conformación de una Agenda Pública orientada hacia el desarrollo sostenible

Desde una perspectiva sistémica se concibe el desarrollo sostenible como aquel proceso que se orienta a trascender los intereses exclusivamente económicos hacia la comprensión de la necesidad de establecer dispositivos de reapropiación de la naturaleza que consideren aspectos sociohistoricos, geopolíticos y biospsicosocioculturales propios de las distintas identidades colectivas, pues la consecución de objetivos del desarrollo y la satisfacción de necesidades colectivas e individuales deben ser la resultante de arreglos y compromisos sociales, políticos y económicos por parte de los actores públicos y privados encaminados hacia la búsqueda del equilibrio Estado-Mercado-Sociedad-Medio Ambiente.

Reconocemos la irreversibilidad que han alcanzado los procesos de globalización así como el carácter “evolutivo” o de adelantamiento de los procesos biopsicosocioculturales y demográficos que enmarcan la acción histórica del hombre a través del tiempo por ello estimamos que es posible que se pueda lograr reacomodar para crear conciencia sobre dos problemas concomitantes. Uno el que tiene que ver con la relativa capacidad que le queda como reserva a la naturaleza para recuperarse y poder soportar la carga humana, sin embargo, ello no es una posibilidad que se tenga para siempre(González Dávila, 2003). El otro es el que tiene que ver con el tipo de política pública que se va a implantar para la conservación ambiental, pues reparar el deterioro ambiental implica un costo, y cuál a de ser su sentido si solo se pretende mejorar las condiciones de vida de la humanidad dándole prioridad al criterio antropocéntrico o una alternativa que busque, también, mejorar la biodiversidad de la cual es componente la humanidad (criterio biocentrico); en uno y otro caso las decisiones que se tomen tendrán un costo diferente. (Abraham, 2004).

En este sentido, en el grafico Nº 2 sintetizamos algunos de los componentes de la dinámica de construcción de de lo que consideramos sean las ideas fuerza más relevantes que deben ser atendidas a la hora de ir dando paso desde el desarrollo sustentable al sostenible; pues este ultimo supone diseñar estrategias de involucramiento de todos los actores, por ello es básico la negociación para la formulación de leyes, la creación de una irradiación ciudadana sobre la necesidad de preservar y conservar el ambiente; los dispositivos económicos y la eficacia de las regulaciones para reorientar el desarrollo sobre bases éticas y de responsabilidad social corporativa y ciudadana. Estos aspectos no pueden quedar solo en manos de los científicos y los expertos, sobre los cuales hay serias sospechas.

Al respecto Gudynas (2001) sostiene que la fe idílica en la ciencia y la tecnología hoy se cuestiona. Esto ocurrió así desde los inicios del Boon ambiental, dado que la implantación de algunas políticas ambientales fueron producto de una visión reduccionista o promovida por expertos que alentaron instrumentalistas y manipuladoras decisiones que beneficiaban el desarrollo de empresas sin que se evalúen los riesgos a mediano y largo plazo.

Estamos convencidos de la complejidad que involucra alcanzar un tipo de desarrollo que beneficie al hombre y que no perjudique al medio ambiente. La sostenibildad del desarrollo parte de comprender que el ambiente y el desarrollo constituyen un binomio contradictorio, complejo, múltiple e indisoluble donde emerge una relación hombre-naturaleza-sociedad a partir de la cual se articulen las tematizaciones que involucra la agenda pública. (Ver gráfico Nº 2)

Gráfico Nº 2.

Dinámica de Construcción de Desarrollo Sostenible

Fuente: Elaboración propia de los autores.2004

En Johannesburgo (2002)14 se dibujaron las primeras líneas que permiten dilucidar los problemas relacionados con el desarrollo sostenible, sin embargo se han pasado por alto muchos de ellos. Un caso especifico, más preciso, es el relacionado con la vinculación entre salud y medio ambiente, salud y cultura de la vida, salud y protección, salud y riesgos ocupacionales, salud y violencia, salud y sociedades de riesgo, entre otros. Entonces, cuando se pretenden establecer prioridades en torno a salud como el eje articulador prioritario para definir y fomentar propuestas de desarrollo, estas pueden alcanzar algunos objetivos pero siempre persistirá un argumento que impida lograr la sostenibilidad, porque entra en contradicción con los fines del mercado tanto en los países más desarrollados como en aquellos de la periferia que reciben los efectos más perjudiciales porque entre otras razones son más vulnerable política, productiva y económicamente y porque socialmente no han logrado consolidar organizaciones consistentes que luchen por la defensa del medioambiente.

Adicionalmente, se debe hacer referencia a otro problema que consideramos bastante débil en el tratamiento de lo que la literatura ha registrado. Es el relacionado con el diseño de indicadores macroeconómicos, que permitan medir y registrar permanentemente los procesos económicos que degradan o agotan el medio ambiente para poder calificar como sostenible o no el crecimiento económico que se va produciendo, dado que hasta ahora no se ha adelantado una valoración económica de los recursos naturales cuando éstos se han desgastado en el proceso de producción industrial. Para esto se requiere contar con un acervo de información adecuada y pertinentemente levantada; que se cree una estructura de incentivos hacia el resguardo de los recursos naturales más allá de verlos sólo como mercancía (Aniyar, 2004), y generar valores de concienciación, desde la educación ambiental impartida, no solamente para conservar ,sino para transformar los mapas mentales, hacia una visión de sistemas y de redes donde se comprenda responsablemente, que, lo que uno hace afecta al otro y al ambiente.

Discutir sobre el diseño de mecanismos que permitan reorientar el proceso productivo hacia actividades de pequeña escala que sean menos dependientes del consumo de materias primas no renovables y menos perjudiciales a la salud, es decir, más ágiles y eficientes que se orienten al establecimiento de industrias que estén asentadas sobre estudios de impacto ambiental y que consideren los factores de riesgo a la salud de sus empleados, la colectividad, los ecosistemas naturales es decir, el sistema ambiental. Se debe exigir además, la transformación de las empresas, no solo en el plano organizativo y productivo sino también ético para que ellas actúen a favor del ambiente.

Creemos y estamos convencidos que existen las condiciones técnicas y científicas que permiten alcanzar un desarrollo sostenible lo que hay que lograr es acuerdos y desarrollar instrumentos que sean capaces de estimular la producción sin que esta atente contra la salud del individuo y del medio ambiente bajo un esquema de responsabilidad compartida en un ambiente democrático, participativo e inspirado en valores de honestidad, confianza, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación y visión de futuro porque el futuro es hoy y nos toca actuar en consecuencia. (Ver gráfico 3)

Comentario Final.

Después de haber sometido a tensión analítica los distintos enfoques sobre sustentabilidad y sostenibilidad, son más las dudas que albergamos que las respuestas satisfactorias con relación a la posibilidad cierta sobre que en América Latina fragüen realmente estrategias que hagan posible la articulación adecuada de la triada hombre-naturaleza-sociedad.

Asumimos que no contamos todavía con criterios suficientes, históricamente hablando, sobre el tipo de desarrollo que el hombre en América Latina desea porque no se ha concretado realmente una discusión sincera, transparente, contextualizada sobre los fines que se persiguen con el desarrollo; ¿con qué mecanismos se van a conquistar dichos fines?; ¿con quiénes?; y ¿para qué?. Así que las interrogantes inicialmente planteadas siguen teniendo pertinencia. En consecuencia, sin caer en los extremos (pesimismo u optimismo), este análisis nos brinda una oportunidad para expresar inquietudes y tender a generar algunos aportes que contribuyan a vislumbrar posibles soluciones sobre el reto preocupante épocal, que es el de generar consenso político y social en torno a la dirección, propósito y sentido de lo deseamos sea el desarrollo.

El problema político e ideológico que subyace en los dispositivos teórico-conceptuales de: sostenible o sustentable no debe promover angustia, desconcierto, nihilismo o apatía sino un llamado hacia la toma de conciencia que estimule la búsqueda de conocimiento en dicha materia en cualquier frente de actuación.

Sostenemos que, si bien es cierto los inicios de la conciencia ambiental emergieron hacia los finales de la década de los años 60, se volvió materia política entre los 70 y 80, ha llegado el momento de la apropiación real del desarrollo ambientalmente sostenible y con respeto a la diversidad biológica y cultural para que éste defina las estrategias a seguir en la construcción y materialización de la agenda pública en América Latina.

La crisis entropico-sistémica de nuestras realidad nos ha llevado a comprender que el acceso, uso y beneficio de los recursos naturales no puede estar referido a lo individual sino a lo colectivo, de aquí que el problema de la sobrevivencia del hombre y del planeta, no es del sujeto sino de la comunidad y del conjunto de actores que la conforman para lo cual se requieren la presencia de estructuras de gobiernos aptas para ello en condiciones de afianzamiento de la democracia, con valores éticos, tolerancia, respeto al otro, respeto a la vida y sentido de pertenencia enmarcado en un contexto donde se privilegie la vida y no la muerte.

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Notas

1 Para autores como Follari (2003, 37), lo decisivo que separa a las ciencias físico-naturales de las sociales es que en estas ultimas no existe un conocimiento común, y por lo tanto en ellas no se produce el “efecto paradigma” que si es propio de la ciencia normal. En este sentido el uso extenso del termino paradigma como una propuesta más completa y compleja que una simple teoría demuestra “desinformación o incapacidad conceptual para captar que significa el vocablo en la teoría Kuhniana” (3) o conduce a equívocos al  calificar a las ciencias sociales como “preparadigmáticas”.

2 Según Utria (2002), esto responde a la inexistencia de un enfoque totalizante e integrador del desarrollo. Entre 1945-1960 solo se hablo del desarrollo económico; en la siguiente de desarrollo económico social; en la del ochenta se amplio el horizonte al incluir lo ambiental, y así sucesivamente hasta llegar a los primeros años del 2000 cuando las adiciones van incluyendo lo regional/urbano, lo político. Dichas adiciones, no son sinónimo de una comprensión sistémica de la dinámica compleja y multicausal del desarrollo.

3 Desde mediados de la década de los setenta se conoce la lucha liderada por las organizaciones proambientalistas que van desde el reformismo conservacionista al radicalismo ecopolítico, los cuales han tendido concienciar sobre la importancia de la conservación: Un ejemplo de esa impronta lo constituye la acción desplegada  el día 23 de Noviembre de 1997 por más de trescientas organizaciones en España para la plantación de árboles. Sin embargo la popularización de estas acciones y la intervención de organizaciones internacionales  como la del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) han resultado ser tímidas. En el último informe de alerta al trasmitir un mensaje urgente sobre el estado crítico en el cual se encuentra la tierra, hacen un llamado para buscar soluciones dirigidas hacia el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente y los recursos naturales (Informe Pnuma, 2004).  Esto es indicativo del hecho que  no se ha avanzado mucho en esta dirección y los logros resultan ser  muy magros.

4 Debe recordarse que el termino sustentabilidad surgió  como  una acepción ecológica por aquellos que quisieron frenar la destrucción provocada por el establecimiento de la concepción de Henry Truman (1949), cuando en su discurso como Presidente de los Estados Unidos (23 de enero de 1949), lo acuño como el camino que bebían seguir los países pobres para llegar a alcanzar los estándares de vida que tenían los países industrializados dado que se pretendió frenar de esta manera el  avance de las ideas comunistas que reivindicaban las luchas de los obreros (Demo et al., 1999).

5 Se plantea que cada uno de los países reservará un porcentaje que en todo caso no ha sido más de un 40% de su espacio terrestre y marítimo como área protegida.

6 La propuesta planteada por el BM, explica que: el origen de la pobreza esta relacionado directamente con el escaso nivel de crecimiento alcanzado  por las economías en los países subdesarrollados, lo cual se convierte en un impedimento para que los pobres puedan tener acceso a al escolaridad, trabajo, salud, vivienda (Banco Mundial, 1992).

7 La ecopolitica para Guimarâes (1990) se constituye como un apócope de política ecológica que surge del reconocimiento de que para superar la crisis ecológica (escasez de recursos) y ambiental (escasez de  depósitos contaminantes) son determinantes las decisiones políticas.

8 Un ejemplo de ello lo encontramos en los distintos instrumentos legales que se han venido plasmando en el tiempo. Destacamos  la Constitución de la República de Costa Rica que desde 1949 introdujo a posibilidad de garantizar un articulado (46, 4, 50, 79, 80) que le permitió introducir en forma explicita el derecho que tiene toda persona a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La  Constitución de los Estados Unidos de México, en los artículos 2 (derechos indígenas y desarrollo sustentable), 4 (derechos a un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo y bienestar), 25 (el Estado garantizara el desarrollo nacional integral y sustentable); Constitución de la Nación Argentina (1994), art. 41 (todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas  satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El Daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer); La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), art. 15 (Espacios fronterizos y preservación de la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente) 127, 128, 129 (Derechos ambientales) 156, 23 (Competencias del Poder Nacional), 178, 4 (Competencias Municipales), 299 (principios del sistema económico y desarrollo agrícola), art. 136 (principios de seguridad de la nación).

9 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Estocolmo (1972) Pacto para el desarrollo y la prosperidad: Democracia, Libre Comercio y desarrollo Sostenible en las Américas. Miami (1994); Convenio de Diversidad Biológica; Declaración de Santa Cruz de la Sierra para el Desarrollo Sostenible de las Américas, Bolivia (1996),  Cumbre mundial de la tierra, Río de Janeiro (1992), Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002),  firma de la Agenda 21, tratado de Kioto entre otros.

10 Al respecto ver trabajo de Ocampo José Antonio (1998), Más allá del Consenso de Washington: Una Visión desde la Cepal. En revista de la CEPAL, nº 66. Naciones Unidas. Cepal. Chile. pp. 7/28. y Distribución del Ingreso, Pobreza y Gasto Social en América Latina. En revista de la Cepal nº 65. Naciones Unidas. Santiago de Chile. Cepal. pp 7-14.

11 Con respecto al papel desempeñado por las ONG tampoco hay un acuerdo unánime, pero, en la generalidad de los casos, los autores convienen en destacar su participación como es el caso de Grenpeace, la Federación Conservacionista Mexicana, Fundación vida silvestre, Argentina, Fundación Brasileña para la Conservación de la Naturaleza, Bioma en Venezuela, Nature Conservancy en EE UU, entre otros.

12 En México operan 1000 empresas  recicladotas de residuos industriales considerados peligros con una capacidad  instalada total de aproximadamente 1,38 millones de toneladas al año. También funcionan 320 empresas para la recolección y transporte de residuos peligrosos y 331 dedicadas al almacenamiento y el manejo de  ellos. Así mismo se cuenta con 53 equipos de alta tecnologías que tratan residuos biológicos infecciosos. (Carrillo, 2002). Por otra parte se han aprobado 17 instrumentos legales cuya orientación gira en torno ha hacer más efectivo el uso, aprovechamiento y conservación de los elementos del ambiente (Blanco, 2002).

13 En el contexto Venezolano la filial Petrolera Pdvsa, a través de la Corporación Venezolana de Petróleo y la Gerencia de Desarrollo Sustentable, vienen impulsando una serie de “proyectos de Desarrollo Sustentable” entre los que se encuentran para el año 2006  en el Estado Zulia por ejemplo, “Una Luz para las comunidades vecinas”, “Consolidación de núcleos de Desarrollo Endógeno”, “Programa de Granjas Integrales”, “Productivas y Sostenibles”, “Un Árbol para la Sierra”, “Producción de Lechones en sistema intensivo en la Finca San Antonio”, “Programa de Apoyo a Productores de Cerdo”, “Fortalecimiento de la Actividad Pesquera en Barranquitas”, “Programa de Pesca Artesanal en San Rafael del Mojan”, “Consolidación de Pesca Artesanal del Hornito”, “Programa de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable” “Fortalecimiento de la siembra de piña en la comunidad Bari”, “Sistema San Pedro, Estación de Bombeo y Aducción San Pedro” y “Desarrollo Eco-Agro productivo de las Comunidades de Guasare” todos estos enmarcados en el plan estratégico 2006-2012 denominado “Siembra Petrolera” (Avances de la Nueva Pdvsa, nº 8, 2005).

14 Sostenemos que fue en la Cumbre de Johannesburgo que se reconoció y definió un camino común hacia la construcción de un mundo que respete y ponga en práctica el concepto de desarrollo sostenible, el cual no sólo identifica adecuadamente algunas estrategias destinadas hacia la búsqueda de un compromiso en términos de crear mecanismos económicos sino relacionados con la preservación de la diversidad sociocultural, solidaridad humana, fomento del diálogo, cooperación y de las capacidades humanas entre otros aspectos (Johannesburgo, 2002).