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Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508

CDC v.21 n.56 Caracas ago. 2004

 

Venezuela 2001-2004: actores y estrategias*

MARGARITA LÓPEZ MAYA

Resumen

Venezuela, entre fines de 2001 y agosto de 2004, ha vivido tiempos convulsionados. La lucha hegemónica que se libra entre actores sociopolíticos ubicados en dos polos de la sociedad que se perciben como excluyentes pasó por una fase «insurreccional» cuyo resultado ha favorecido al gobierno y sus fuerzas. En este artículo se reconstruyen y analizan los hechos más destacados para contribuir con una evaluación de la situación actual de la lucha hegemónica. En la primera parte se presentan elementos contextuales del conflicto venezolano. La segunda reconstruye y analiza el golpe de Estado del 11 de abril. La tercera parte examina factores que llevaron al paro general y de la industria petrolera, así como los resultados de éste. La cuarta describe y analiza el proceso sociopolítico de los meses siguientes, que desembocó en la estrategia del referendo revocatorio presidencial por parte de la oposición. La parte última revisa el proceso del revocatorio.

Palabras clave: Venezuela / Insurrecciones / Golpe de Estado / Paro petrolero / Violencia política / Polarización / Actores sociales y políticos

Abstract

Venezuela between the final months of 2001 and August 2004 underwent convulsive times. The hegemonic struggle taking place between sociopolitical actors localized in two poles of society entered an «insurrectional phase» resulting favorable to the government and its alliances. In this article the most relevant political issues that took place during these months are reconstructed and analyzed in order to contribute to an evaluation of the hegemonic struggle at present. Section 1 presents national and international contextual elements. Section 2 reconstructs and analyzes the April Coup d’Ètat. Section 3 follows the process that results in a general and oil stoppage; the 4th section revises the months after the failure of the strike that will result in the opposition’s new strategy of the presidential recall. Section 5 examines the recall process.

Key words: Venezuela / Insurrections / Coup d’ Ètat / Oil stoppage / Political violence / Polarization / Social and political actors

RECIBIDO: JULIO 2004

ACEPTADO: AGOSTO 2004

Introducción: la lucha hegemónica y sus actores

Venezuela ha experimentado tiempos convulsionados desde finales de 2001. En la sociedad se libra una lucha hegemónica entre actores reunidos en dos polos que portan proyectos políticos sustancialmente distintos, y que hasta la fecha se perciben como excluyentes. Durante estos años esos actores entraron en una fase de esa lucha caracterizada por la práctica de estrategias insurreccionales por parte de las fuerzas de oposición al gobierno. El objetivo fue la inmediata salida del presidente Hugo Chávez Frías de su cargo. Como resultado, en abril de 2002 se desarrolló un golpe de Estado de efímero éxito, y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 un paro general que incluyó la paralización de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, por parte de su gerencia mayor. Este paro también fracasó. En el primer semestre de 2004, la sociedad se mantuvo en vilo una vez más por la turbulencia sociopolítica que volvió a recrudecerse como resultado de la nueva estrategia de la oposición de buscar la salida del Presidente por la vía constitucional de un referendo revocatorio.

En este artículo se revisan los actores y sus estrategias entre finales de 2001 e inicios de 2004, para contribuir a sopesar la situación en que se hallan las fuerzas sociopolíticas que se confrontan en Venezuela. Para ello, este estudio se divide en cinco partes. Primeramente, se presentan algunos elementos contextuales de naturaleza internacional y nacional que enmarcan el conflicto venezolano. Segundo, se describe y analiza el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Tercero, se examinan los elementos principales que llevaron al paro general con incorporación de la industria petrolera, el desarrollo del paro mismo y sus primeros resultados políticos. Cuarto, se describe y analiza el proceso sociopolítico de los meses siguientes al paro, que desembocaron por el lado de la oposición en la estrategia del referendo revocatorio. En quinto lugar, analizamos el proceso del referendo revocatorio que se realizó el 15 de agosto de 2004. Se concluye con una recapitulación y comentarios finales sobre el estado de la lucha hegemónica.

El enfoque conceptual que se utiliza se sitúa dentro de la tradición gramsciana, entendiendo la lucha hegemónica como las confrontaciones que tienen lugar entre actores sociales y políticos que buscan, por medio de la interacción, articular un proyecto sociopolítico que alcance legitimidad y predominio en la sociedad, y que al mismo tiempo asegure sus intereses particulares (Laclau, 1985). Esa lucha, en su desenvolvimiento, va constituyendo a los actores mismos, que se van transformando en su relación con los otros, a la par que van construyendo ese proyecto sociopolítico que busca la hegemonía. El concepto de hegemonía gramsciano atiende a la fluidez de la confrontación política en cualquier sociedad dada, lo que en el caso venezolano resulta especialmente provechoso y rico para explicar el proceso reciente.

La lucha que se ha librado durante el lapso bajo estudio fue especialmente intensa y violenta por hallarse los actores de la misma polarizados en ópticas y objetivos percibidos como excluyentes. Los actores que lideran los polos de la confrontación vienen ejerciendo una política «de clase», es decir, practicando discursos y prácticas orientadas por lineamientos que han reforzado identidades y solidaridades de clase produciendo la colocación de sectores sociales organizados de ingresos altos y medios predominantemente en el polo de la oposición, mientras los sectores populares en su mayoría se identifican con el proyecto bolivariano del gobierno.1 En el desarrollo de estos años, muchos actores se han ido organizando crecientemente, transformando y/o perfilando sus identidades con más nitidez y evidenciando un fortalecimiento de la dimensión de eficacia en sus acciones. Esto es especialmente cierto entre diversos sectores populares, que a diferencia de los sectores medios que venían de procesos de organización desde décadas anteriores, se caracterizaban por deficiencias notables en organización y dinamismo al comienzo del gobierno de Chávez.

Forman parte de las fuerzas de la oposición un conjunto muy diverso de organizaciones sociales y políticas que desde inicios de 2001 han ido creciendo y desarrollando una acción común bajo la coordinación de una organización paraguas llamada la «Coordinadora Democracia de Acción Cívica», más conocida hoy como la Coordinadora Democrática (CD). En distintos momentos de la fase bajo estudio, se han alternado distintos actores en el liderazgo de la CD: desde el sector empresarial organizado en la organización cúpula Fedecámaras, que lideró las primeras acciones que desembocaron en el golpe de Estado, hasta partidos políticos como Acción Democrática (AD) o Primero Justicia que han sido más visibles en otras etapas, pasando por los sindicatos de trabajadores reunidos en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y organizaciones sociales constituidas por sectores sociales de ingresos medios y altos, que se identifican como la «sociedad civil». A lo largo de la fase los medios privados de comunicación, como sector empresarial particular, actuaron con altos niveles de cohesión y ejercieron una influencia considerable sobre las decisiones y acciones de este polo. Usando su enorme poder mediático, trascendieron su rol de mediador de información para trastocarse en actor político de decisiva influencia dentro de este polo.

En el polo opuesto, las organizaciones políticas que apoyan al gobierno de Chávez son un conjunto de partidos políticos con poca institucionalización que han tratado a lo largo de estos años diversas formas de alianza y coordinación, desde el «Comando Táctico de la Revolución», hasta el más reciente «Comando Maisanta» en el referendo revocatorio presidencial de agosto 2004. El partido más numeroso es el Movimiento Quinta República (MVR), la organización política del Presidente, siguiendo el Patria Para Todos (PPT) y otras organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Podemos (un desprendimiento del MAS), MEP, etc. También en este polo se aglutinan un abanico de organizaciones sociales, principalmente de sectores de ingresos bajos y medios, que se han venido constituyendo de manera creciente a lo largo de la fase. Actúan a veces por su cuenta, a veces coordinadas o articuladas a las estructuras partidarias o de coordinación política. Entre ellas pueden mencionarse: círculos bolivarianos, comités de tierras urbanas, organizaciones populares de diversa naturaleza, cooperativas, sindicatos, las «clase media en positivo», y otros.

La dimensión internacional y nacional del conflicto venezolano2

Los hechos dramáticos que sacuden a la sociedad venezolana en años recientes tienen lugar en un escenario de crisis integral que se viene padeciendo por más de dos décadas. Esta crisis responde tanto a un conjunto de determinaciones nacionales como a condicionamientos vinculados con factores y procesos que se originan en los cambios ocurridos en el ámbito internacional como producto de los procesos de globalización neoliberal.

En su dimensión internacional, la crisis venezolana se relaciona con los cambios en las relaciones de los países capitalistas centrales con la periferia, que se visibilizaron desde fines de los años setenta y que tuvieron en la «crisis de la deuda», que asoló a América Latina en los años ochenta, una de sus expresiones más dramáticas. La economía venezolana vivió su «viernes negro» en 1983, cuando el Estado se declaró en moratoria, convirtiéndose en el cuarto país más endeudado del continente y acentuándose el proceso de desorientación y estancamiento de su economía que ha persistido hasta la actualidad. Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, desde entonces los distintos gobiernos venezolanos han venido aplicando de manera heterodoxa u ortodoxa programas de reajuste y reestructuración económica, «paquetes» que encontraron enormes resistencias en las fuerzas sociales y políticas del país (v. López Maya y Lander, 2000; Stephany, 2001). Tanto en 1988, como en 1993 y en 1998, los candidatos que alcanzaron la Presidencia de la República lo hicieron ofreciendo un modelo económico antineoliberal como salida de esta crisis. Sin embargo, sólo el presidente Chávez ha sostenido en el tiempo su promesa electoral, y su gobierno ensaya desde 1999 una propuesta en varios aspectos alternativa a las indicaciones recomendadas por las agencias internacionales de financiamiento a los países fuertemente endeudados.

El proyecto político del presidente Chávez y su alianza de fuerzas políticas, con todas sus contradicciones, debilidades e inconsistencias, se ha orientado desde sus inicios por algunas concepciones que contradicen en teoría y praxis social y política la doctrina neoliberal, así como las relaciones de poder mundial que este pensamiento legitima (v. E. Lander, 2004). Sus líneas generales se expresan en la Constitución de 1999 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. Entre otros aspectos medulares, la Constitución mantiene el rol central del Estado como regulador y supervisor de las actividades económicas; reasienta la universalidad de los derechos sociales, así como el deber del Estado de desarrollar los mecanismos necesarios para garantizarlos; reconoce además de la propiedad privada individual, otras formas alternas de propiedad de naturaleza comunitaria y solidaria; y ratifica la propiedad estatal del recurso petrolero. Ambos documentos establecen las orientaciones de una democracia «participativa y protagónica», entendida como la combinación de las modalidades de la democracia representativa con democracia directa o profunda. En términos de política exterior, el gobierno de Chávez ha enfatizado, a contracorriente de la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) liderada por Estados Unidos, la integración latinoamericana y caribeña como norte de sus relaciones económicas internacionales, la solidaridad «con los pueblos en la lucha por su emancipación», la mayor democratización de agencias y organismos internacionales (Romero et al., 2003), y la búsqueda de un mundo multipolar para equilibrar los grandes poderes mundiales entre sí, sobre todo para contrarrestar el peso de EEUU. También ha vuelto a la disciplina y acción conjunta con los países productores de petróleo organizados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una organización que Venezuela ayudó a fundar en los años sesenta y de la cual se venía retrayendo. Por estos y otros motivos, el gobierno de Chávez ha sido identificado como parte del heterogéneo movimiento de resistencia antineoliberal mundial que ha venido creciendo en fuerza y organización en los años recientes.3

En su dimensión nacional, la crisis venezolana responde a una causalidad compleja, que se ha tejido en la dinámica de procesos sociohistóricos y sociopolíticos que poseen distintas temporalidades y que en muchas de sus líneas básicas son comunes al resto de las sociedades latinoamericanas. Además de las secuelas de la exclusión social histórica, generadas por modelos coloniales o semi coloniales implantados en la sociedad a lo largo de su existencia, desde la crisis de la deuda ya son más de dos décadas de recesión económica y empobrecimiento social las que se han sufrido. En los últimos veinte años, el empobrecimiento en Venezuela ha sido brutal, creciente y sostenido, medido con cualquiera de los indicadores comúnmente usados para evaluar la situación socioeconómica de una sociedad (v. entre otros, López Maya y Lander, 2000; Rey, 2004; Roberts, 2003).

Este empobrecimiento ha conllevado una polarización social creciente, que es producto tanto de los procesos antes señalados como de la aplicación durante las últimas dos décadas de políticas económicas neoliberales regresivas en términos de distribución del ingreso (López Maya y Lander, 2000). Los venezolanos pobres y empobrecidos han percibido en el transcurso de estos años que su sociedad se ha venido convirtiendo en una de ricos y pobres, estos últimos con escasa posibilidad de movilidad y ascenso social (Briceño-León, 2000). El resentimiento social que esta situación ha generado ha sido, por lo demás, inevitable, si se recuerda que la democracia venezolana tuvo como promesa muy central promover mayores grados de equidad y justicia social (Coronil y Skurski, 1991; Crisp et al., 1996). El que esto no se cumpliese, resquebrajó fuertemente sus bases de legitimación, como se expresaría en los años noventa, primero en el rechazo del electorado a los partidos del llamado «puntofijismo», AD y socialcristiano Copei, y ya para las elecciones de 1993 en el colapso del sistema bipartidista y el triunfo de Rafael Caldera como Presidente.4

Caldera fue apoyado por un amplio movimiento electoral, la Convergencia Nacional y un abanico diverso de pequeños partidos políticos (v. Cendes, 1995; Sanoja Hernández, 1998). El fracaso del gobierno de Caldera en superar las dificultades económicas, y su inconsecuencia con la promesa electoral tanto de forjar un modelo económico alternativo al neoliberalismo como de adelantar una reforma constitucional que mejorara y profundizara la democracia, serían los factores que combinados con el descenso abrupto de los precios del barril petrolero en el mercado internacional en 1998, empujarían a los venezolanos a la radicalización en política: el comandante Chávez Frías, principal responsable del golpe de Estado fracasado de febrero de 1992, ganó la Presidencia con uno de los más altos porcentajes de votos válidos obtenidos por un candidato presidencial desde 1958 (56,4 por ciento) (López Maya y Lander, 1999). En 2000 ratificó su mandato con el porcentaje más alto en la historia electoral pos 1958: el 59,7 por ciento.

El golpe de Estado del 11 de abril

A fines de 2001, con el paro cívico del 10 de diciembre, las fuerzas sociales y políticas que desde la campaña electoral de 1998 se habían opuesto al proyecto político «bolivariano», realizaron su primera protesta masiva y exitosa. A partir de entonces comenzaría una espiral de confrontación entre éstas y el gobierno que con sus altibajos se mantiene hasta la fecha. El paro cívico logró paralizar una parte significativa del comercio urbano y tuvo el efecto de unir un conjunto de fuerzas de la oposición que hasta ese momento se movían dispersa y fragmentadamente en el espacio político (López Maya, 2002a). El paro fue convocado por Fedecámaras, la principal organización de asociaciones empresariales venezolanas. De él emergería como cabeza de la oposición el presidente de esa confederación empresarial, Pedro Carmona Estanga.5

Un conjunto de factores hicieron posible el éxito del paro cívico de diciembre de ese año. En primer lugar, convocó a los grupos descontentos con los contenidos de naturaleza nacionalista de la nueva Carta Magna, que se oponían el proyecto político del presidente Chávez desde que éste hiciera su primera campaña electoral. Inversionistas y la gran mayoría de los grupos económicos venezolanos, vinculados al capital transnacional, rechazaban el regreso a un Estado con capacidad reguladora de la vida económica y social, la reafirmación de la propiedad estatal del recurso petrolero, el derecho de los trabajadores a prestaciones sociales, entre otros aspectos que fueron reafirmados o incluidos en la Constitución de 1999. Cuando en noviembre de 2001 el gobierno, haciendo uso de facultades extraordinarias conferidas por la Asamblea Nacional, dio un paso más en la consolidación de líneas estratégicas de su proyecto sociopolítico, aprobando por Ley Habilitante la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca, con las cuales profundizaba en procesos de regularización de la propiedad privada así como de actividades económicas claves, estas fuerzas, que ya estaban movilizadas desde mediados de año, comenzaron a desarrollar una estrategia sostenida de resistencia y confrontación.

Además de estos obvios intereses nacionales y/o internacionales, que se sintieron amenazados por las leyes medulares del proyecto bolivariano aprobadas en noviembre, el gobierno también contribuyó a crear significativas tensiones adicionales, debido a una conducción política con muchos errores y en algunos aspectos claramente autoritaria (v. Parker, 2002). Con ello contribuyó al engrosamiento de las filas de la oposición, haciendo converger con los intereses de los poderosos sectores económicos, mediáticos y petroleros, significativas porciones de organizaciones de clase media. Al aprobar leyes importantes sin difundir y ampliar los espacios para la participación y el debate el gobierno hizo aparecer como justa la indignación de quienes se sentían afectados, sin crear las condiciones para que quienes se beneficiaban de tales leyes pudieran enterarse de su contenido y así defenderlas. Es de señalar que este modo de aprobar leyes de gran potencial de cambio para la sociedad contradecía el contenido de democracia participativa respaldada por las fuerzas del gobierno en la Constitución recién sancionada. A esto se añadía el que, a lo largo de los meses de 2001, el gobierno se fue confrontado por diversos motivos con otros sectores sociales y políticos, como el sindicalismo tradicional de la CTV (v. Ellner, 2003a), sectores de la educación privada y religiosa, aliados políticos como el partido MAS y el alcalde mayor de Caracas, lo que facilitó la convergencia de las hasta entonces fragmentadas fuerzas de la oposición en una sola plataforma política. Con el éxito del paro cívico del 10 de diciembre esta plataforma se fortaleció.

Las reacciones tanto del gobierno como de la oposición al éxito político del paro cívico probarían ser catastróficas para la democracia venezolana en los meses siguientes. La oposición unida y fortalecida, reconociendo el liderazgo del empresario Carmona, se cerró a las negociaciones con el gobierno y exigió la derogación de todas las leyes aprobadas mediante la Habilitante (que eran 49). Algunos grupos ya demandaban la renuncia del presidente Chávez. El gobierno, por su parte, endureció aún más las posiciones que había sostenido antes del paro, negándose a modificar o ceder en ninguna de sus leyes, amenazó con cerrar la Asamblea si perdía la mayoría parlamentaria, y con promulgar una ley de medios de comunicación que limitara esta actividad. El MVR dejó saber que cualquier diputado suyo que negociara con la oposición sería expulsado. Con estas posiciones de oposición y gobierno, una salida institucional a la creciente confrontación se fue haciendo improbable.

Los primeros meses de 2002 fueron de agitada e intensa actividad política. A propósito de la fecha del 23 de enero, aniversario de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, en nombre de la democracia la oposición organizó una marcha multitudinaria que fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno (v. El Universal y El Nacional, 25-01-2002). Algo similar ocurrió con la fecha 4 de febrero, aniversaria del fallido golpe de 1992 que comandó Chávez, cuando la nutrida marcha del gobierno en Caracas fue respondida por un «luto activo» y marchas en distintas ciudades por parte de la CD (El Nacional, 5-02-2002). Fue en estos meses cuando se inició la febril actividad marchista en el país, que se extendió por todo 2002 y sólo cedió paulatinamente después del paro petrolero. Mes tras mes, cada marcha de la oposición fue respondida por una contramarcha de los simpatizantes del gobierno. Las clases medias y altas bajo el liderazgo de Fedecámaras y de la CTV (la confederación sindical más importante del país),6 comenzaron a disputarse la calle con los sectores populares liderados por el Presidente y sus fuerzas sociales y políticas (v. Provea, 2002 y 2003).

Los hilos que conducirán al golpe de Estado del 11 de abril se fueron tejiendo en esta sostenida política de la calle.7 El ovillo comenzó a desenrollarse a partir del nombramiento en febrero de una nueva directiva de Pdvsa por parte del Ejecutivo Nacional. La gerencia mayor de esta empresa estatal rechazó algunas de las designaciones, argumentando que no se respetaban los tradicionales «méritos» para tal ascenso. Sin embargo, tras el argumento de la «meritocracia» se escondían otros motivos.

En el corazón de la lucha hegemónica que se libra en Venezuela se encuentran dos posiciones antagónicas con respecto al rol de la industria petrolera en el futuro de la sociedad. Por una parte, está un proyecto para la industria pensada desde la gerencia, y respaldada por actores políticamente predominantes dentro de la CD, según la cual ésta debe independizarse del control estatal para ser dirigida por sus altos gerentes. La política de «apertura petrolera» que se desarrolló en Venezuela en los años noventa respondía a este proyecto, que ha sido recogido en estos años en diversos documentos de la CD, en especial el de enero de 2003 (v. CD, 2003). En esta propuesta se priorizan los aumentos de volúmenes de producción sobre precios, con lo cual se contradice abiertamente la estrategia de la OPEP, se disminuye el ingreso fiscal petrolero y se propende a una gradual privatización de la industria. El proyecto de Chávez y su alianza de fuerzas, por el contrario, a través de la Constitución y las leyes aprobadas en 1999 y 2001 (de Hidrocarburos Gaseosos e Hidrocarburos Líquidos respectivamente), revirtió la política de apertura, reasegurando el control estatal sobre la industria, privilegiando los pagos de regalías sobre los pagos de impuestos a las ganancias (lo que beneficia al ingreso fiscal) y desarrollando una política de aumentos de precios sobre volúmenes de producción, lo que acercaba de nuevo al país a las estrategias de la OPEP (v. L. Lander, 2003). Por estas razones, el paro de empleados petroleros que estalló antes del golpe de Estado, si bien se hacía en nombre de la falta de «méritos» de los designados, escondía un asunto de la mayor trascendencia en la lucha hegemónica: ¿quién habría de dictar la pauta de la política petrolera en el futuro?, ¿el Estado o la alta gerencia de la compañía?

El 9 de abril de 2002 la CTV, en solidaridad con el paro de los trabajadores de Pdvsa, llamó a un paro laboral general de 24 horas. Ese paro contó con el explícito apoyo de Fedecámaras, la Iglesia católica representada en el episcopado venezolano y organizaciones sociales y políticas de oposición. Pasadas las 24 horas, y aunque el paro estuvo lejos de obtener la contundencia del realizado el 10 de diciembre anterior, la CTV prorrogó por 24 horas más este paro. Al día siguiente, y sin que todavía se le viera a dicho paro suficiente fuerza, Carlos Ortega, presidente de la CTV, llamó a la huelga general indefinida y convocó para el día siguiente a una marcha que partiría del Parque del Este, en el este de Caracas, y terminaría en el edificio de Pdvsa en Chuao, también en el este de la ciudad.

El 11 de abril, la nutrida marcha de la oposición se inició hacia las 10 de la mañana e hizo su recorrido anunciado. Pero al mediodía, al llegar al edificio de Pdvsa en Chuao, los convocantes, animados por las dimensiones de la marcha decidieron arengar a las multitudes para que se dirigiesen al palacio presidencial de Miraflores para, como lo señaló el dirigente cetevista Ortega, «sacar a Chávez». La marcha, el mensaje y la convocatoria a Miraflores fueron profusamente informados, convocados y cubiertos por los canales privados de televisión, que de esta manera hicieron explícito su apoyo político. De manera que la marcha fue creciendo en la medida que iba hacia el centro de Caracas. Como quien convoca a un concierto o a una fiesta pop los canales pasaban de manera gratuita mensajes para que todos los venezolanos concurrieran a esta acción de naturaleza insurreccional.8 Porque esta marcha tenía evidente rasgos de sublevación: se estaba haciendo sorpresivamente y sin notificación alguna dentro de una huelga general indefinida.

El palacio de Miraflores, ubicado en el oeste de la capital, estaba rodeado de civiles simpatizantes del gobierno que hacían allí vigilia protegiendo al Presidente desde el 9 de abril. Mientras la marcha de la oposición avanzaba, el gobierno buscaba una estrategia para superar la confrontación. Su partido hacía llamados a toda su militancia para que rodearan y protegieran el palacio. El Presidente encadenó a las 3.45 pm los medios de comunicación y se dirigió al país, mientras las multitudes seguían agolpándose alrededor del palacio y la marcha creciendo en su camino para sacar a Chávez. La Guardia Nacional rodeó la sede de gobierno, pero al llegar la marcha al centro alguien hizo el primer disparo. Los medios pasarían ese y los días siguientes, una y cien veces, lo que ellos dicen fueron francotiradores chavistas que masacraban a civiles antichavistas de la marcha en puente Llaguno, cerca del palacio. Esto, que resultó ser una manipulación de imágenes por parte de los medios privados, sirvió de justificación para el golpe de Estado.9 Pocas horas después, entre 6 y 10 de la noche, aparecieron por los medios de comunicación los pronunciamientos militares de desobediencia. En horas de la madrugada del día viernes 12, el inspector de la Fuerza Armada, general en jefe Lucas Rincón Romero, anunció por los medios la renuncia del Presidente. Luego se demostraría que tal renuncia nunca ocurrió. Poco después, hacia las 4.00 am se vio, también a través de los medios, a Chávez salir con su escolta de Miraflores para entregarse preso en el Fuerte Tiuna.

Como es sabido, 48 horas después, otra insurrección civil y militar repuso a Chávez en el poder. Los conflictos en el interior de la alianza que derrocó su gobierno, las torpezas del Presidente del gobierno de facto, Carmona Estanga, quien en su primer decreto abolió todos los poderes públicos, y un sorprendente y masivo levantamiento popular volteó el juego y los militares se reagruparon en torno al gobierno caído. A las 3.30 am del 14 de abril Chávez regresó al palacio presidencial en un final de película, con las multitudes que lo aguardaban y las cámaras que transmitían las imágenes al mundo. Pocos minutos después se dirigió a la nación, pidió perdón por sus errores y prometió rectificación y reconciliación.

Si bien la confrontación política desarrollada en este episodio pareció resolverse a favor de las fuerzas del gobierno, no fue un resultado político claro en lo inmediato, lo que condicionó la estrategia gubernamental de los meses siguientes. El gobierno percibió la necesidad de fortalecerse política e institucionalmente. Reorganizó la Fuerza Armada para aislar y/o retirar a los insurrectos. En esto fue bastante exitoso, como se verá por el rol de esta institución en los episodios siguientes. A diferencia de lo ocurrido el 10 de diciembre, en lo político optó ahora por una estrategia de apertura hacia los actores de oposición. Cambió el gabinete ejecutivo, en especial a los ministros de la economía, buscando hacerlos más receptivos a los sectores económicos que lo habían derrocado; buscó así mismo una conciliación con los gerentes de la industria petrolera, manteniéndolos en sus puestos de trabajo y cambiando la directiva que habían rechazado. El gobierno también invitó a diversas organizaciones y personalidades internacionales al país con el fin de ayudar en la construcción de puentes para el diálogo con sus oponentes (v. López Maya, 2002b). Sostuvo, como respuesta a la agresiva e intensa movilización de calle de la oposición, también una continua movilización de sus bases. Entre abril y diciembre, mes en el cual estalló el cuarto paro general, el día 11 de cada mes –recordando la fecha del golpe– la CD convocaba a una marcha multitudinaria, que era respondida el día 13 por otra marcha multitudinaria por parte de las bases bolivarianas. Estas movilizaciones evidenciaban creciente uso de la violencia por parte de los adversarios políticos.

El cambio de estrategia del gobierno no surtió efecto en las fuerzas opositoras, pues éstas, después de las primeras semanas del golpe, donde reinó entre ellas el desconcierto y las tensiones internas, se fueron reagrupando de nuevo y cerrándose crecientemente al diálogo y la negociación con el gobierno, para caer una vez más –a fines de año– en una estrategia insurreccional, esta vez de consecuencias devastadoras en lo económico para el país.

La paralización de Pdvsa

Un conjunto de acontecimientos y procesos que se fueron entretejiendo desde mediados de 2002, llevaron a las fuerzas de la oposición, en diciembre, al mismo camino insurreccional transitado en abril. Cabe mencionar, por su relevancia en hacer atractiva una nueva estrategia insurreccional, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictada el 14 de agosto, donde se estableció que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de abril. Fue ésta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abrió la puerta para una nueva aventura militar.10 Para el mundo civil fue señal de que en el país reinaba la impunidad. En relación directa con esta decisión, el 22 de octubre, catorce militares, entre ellos algunos de los absueltos por el TSJ en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en «desobediencia legítima» contra el gobierno y declarando la zona «territorio liberado». Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez y llamaron a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno. Este suceso, así como otros muy confrontacionales y violentos, serían permanentemente transmitidos y/o difundidos por los medios de comunicación privados, con lo cual éstos no sólo mostraban su apoyo a estas estrategias, sino que también contribuían a sostener e incrementar un clima de alta tensión y conflictividad política.

Otro evento sería el tercer paro cívico de la oposición, desarrollado justo el día antes del levantamiento militar de Altamira, convocado por la CD con el objetivo de forzar la renuncia de Chávez y/o obligarlo a convocar a unas elecciones adelantadas. A inicios de noviembre, las tensiones se agudizaron con un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición, motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD, referendo que las fuerzas oficialistas consideraban una manera tramposa de forzar un revocatorio contra el Presidente. Poco después, al allanarse la casa de un ex-canciller de AD, se develó también la marcha de una conspiración. A mediados del mes, se produjo una balacera en la plaza Bolívar de Caracas entre policías metropolitanos y la Guardia Nacional, motivado por la politización que han venido sufriendo los cuerpos de seguridad. Allí murieron tres personas. Poco después el Ejecutivo Nacional intervino la Policía Metropolitana, subordinada a la Alcaldía Mayor, y ordenó la salida a la calle de la Guardia Nacional, controlada directamente por el Ejecutivo Nacional. En noviembre también estalló una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que puso de relieve la politización y polarización de esa institución. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzó el cuarto y más terrible paro de la oposición, el hoy conocido como «paro-sabotaje petrolero».

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba el comercio y parte de la industria, o la gerencia administrativa de Pdvsa, como en abril, sino buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante de Pdvsa. Éstos procedieron en pocos días a paralizar las actividades operativas de la compañía y prácticamente la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina. El lunes 9 de diciembre, día en que las fuerzas de la oposición convirtieron el paro en «indefinido» hasta que «caiga» Chávez, en cadena oficial trasmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. En lo que sería un paso decisivo para conjurar la insurrección, Rodríguez Araque denunció el paro como un «sabotaje criminal», convocando al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización. En las semanas siguientes el pueblo, efectivamente, salió a la calle a rescatar la industria. El conflicto petrolero tomó protagonismo, perdiendo otras acciones y sectores su visibilidad y/o centralidad.

Durante esta aguda confrontación política, muchos comercios cerraron, supermercados y bancos trabajaron a medio turno, los colegios privados y parte de los públicos paralizaron sus actividades. Los venezolanos, aunque no contaban con gasolina con que transportarse (ésta se fue agotando en diciembre), se mantenían en las calles con marchas y contramarchas que terminaban en violencia y aún muerte. La CD abolió las fiestas navideñas como símbolo del sacrificio necesario para alcanzar la «victoria final», y las ciudades, especialmente Caracas, eran segregadas espacialmente entre «escuálidos» y «chavistas» (v. López Maya, 2003a). Había cacerolazos estruendosos todas las noches en sectores de clase media y alta. El 23 de enero de 2003, ya con claras señales de una derrota de la oposición, las fuerzas del gobierno llamaron a una marcha que fue multitudinaria, mientras sectores de clases medias y altas se escondían tras las rejas de sus casas y practicaban «planes de contingencia» esperando lo que líderes ignorantes y/o irresponsables de la oposición llamaban, el «asalto de las hordas chavistas» sobre las urbanizaciones de los sectores de mayores ingresos (v. García-Guadilla, 2003).

Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, Chávez y su alianza política sobrevivieron. El gobierno lentamente retomó control sobre la empresa estatal, reactivando las diferentes operaciones y profundizando el proceso de reestructuración de la misma, que había intentado con escaso éxito desde el inicio de su gestión. Por otra parte, durante el paro nunca se produjeron los estallidos sociales o las masacres previstas por las fuerzas de oposición, ni hubo desabastecimiento alimentario significativo. Hacia mediados de febrero la tendencia de control del gobierno sobre la industria se hizo clara y al finalizar el mes de marzo más de 18.000 gerentes y trabajadores de Pdvsa habían sido despedidos por abandono del trabajo.11 La empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, se había iniciado el proceso de arranque de sus refinerías y las cifras de producción de barriles diarios se acercaban a la normalidad. Sin nunca ser decretado su final, el paro se fue disolviendo.

A diferencia del golpe de Estado, el paro petrolero produjo un resultado político más claro a favor de las fuerzas del gobierno portadoras del proyecto bolivariano. La rebelión de los altos eslabones de la cadena gerencial de Pdvsa provocó su despido masivo por abandono del trabajo y con ello la reforma petrolera, propugnada por el gobierno con poco éxito desde que iniciara su período, encontró un terreno despejado para hacerse efectiva. Cerca de 18.000 trabajadores, en su mayoría ejecutivos, fueron despedidos de la industria que empleaba unos 40.000 trabajadores en total. Al rescatar el Estado su capacidad de control sobre la industria, pudo convertirla en instrumento central de políticas económicas y sociales orientadas por el proyecto político del gobierno. Por el contrario, el despido de los gerentes de Pdvsa dejó sin una fuente de recursos materiales importante a las fuerzas de la CD y creó una alta tensión entre ellas.

Por otra parte, la devastación económica producida por la paralización de Pdvsa y parte de la industria privada del país tuvo también efectos de debilitamiento de las bases sociales de la oposición, al producirse la quiebra de pequeñas y medianas industrias y comercios, así como un salto de las tasas de desempleo que pasaron del 15,4 por ciento al 20,3 por ciento en cuatro meses. El PIB cayó en el primer trimestre de 2003 a -27 por ciento (Rivas, 2004). Los empresarios medianos y grandes, incluidos los poderosos dueños de los medios de comunicación perdieron millones de dólares tratando de derrocar infructuosamente al Presidente. La industria petrolera, además, había sufrido un sabotaje a sus equipos e instalaciones. Tuberías dañadas, circuitos eléctricos deteriorados, archivos desaparecidos; lo más grave, su sistema automatizado de funcionamiento fue sustraído y se utilizaron computadoras remotas para impedir al gobierno reactivarla. Por varios meses la industria fue operada total o parcialmente de manera manual y local con las naturales dificultades para llegar a sus niveles operativos normales. Por otra parte, el despido masivo de su gerencia como resultado de su conducta insurreccional fue un daño enorme difícil de sobreestimar. A estas catástrofes económicas, hay que añadir el deterioro de las ciudades que produjo el enfrentamiento territorializado en zonas de «chavistas» y «antichavistas», en especial Caracas, que salieron de esta confrontación embasuradas, con calles y servicios dañados, «ghetizadas» espacialmente, y la población enferma de ira y miedo.

Adicionalmente, la Fuerza Armada a diferencia de abril, se movió de manera más unida y cohesionada tras el objetivo de defender la industria petrolera, amenazada por las fuerzas de oposición y considerada parte intrínseca de la soberanía nacional. En este sentido, la CD y las fuerzas que la sostienen cometieron una equivocación al pensar que la situación de inestabilidad que el paro produciría, fracturaría a los militares y facilitaría una intervención de éstos para desplazar al Presidente del poder. Al contrario, la amenaza a la soberanía produjo una respuesta institucional de defensa al Estado, y con ello, al gobierno de Chávez.

Los meses posparo: hacia el proceso revocatorio presidencial

El resultado político del paro cambió en los meses siguientes la correlación de las fuerzas y con ello el escenario político general del país. El 2003 transcurrió en medio de confrontaciones verbales y mediáticas de las fuerzas opositoras y el gobierno, mientras se fueron delineando nuevas estrategias que probarían decisivas para la lucha hegemónica en 2004.

Por parte del gobierno y sus fuerzas, lo primero fue superar los efectos socioeconómicos inmediatos funestos del paro-sabotaje de Pdvsa. Entre otras medidas, impuso un control cambiario e implementó políticas de emergencia de abastecimiento alimentario y de gasolina para la población. En la medida en que el gobierno recuperaba control sobre el país, su estrategia se hacía multidimensional y compleja. Por un lado, continuó la reestructuración de Pdvsa buscando consolidar el control que había obtenido sobre la industria, una empresa que en los últimos lustros se había independizado y aportaba cada vez menos ingreso fiscal. Dentro de su nueva concepción del rol de la industria, también buscó ajustarla a criterios de productividad y eficiencia distintos a los propios de una empresa privada con que venía operando. Por otro lado, hacia la segunda mitad del año, reinició y/o comenzó a impulsar un conjunto de políticas económicas y sociales con el fin de reactivar el aparato productivo y responder a las múltiples demandas sociales de la población, en especial de aquélla que con sostenida organización y movilización había defendido al gobierno frente a las fuerzas opositoras, y que provenía de sectores populares. En la medida en que se fueron desarrollando estas políticas, algunas de ellas conocidas como «las misiones», el proyecto bolivariano comenzó a hacerse más nítido en ciertos aspectos que buscan concretar los objetivos de inclusión social y democracia participativa.

Entre las iniciativas sociales desarrolladas por el gobierno a partir del paro-sabotaje, que con el correr de los meses arrojarían grandes dividendos políticos, cabe señalar:

-    La implementación de políticas de seguridad alimentaria para sectores pobres como la política de distribución de alimentos a través de los llamados Mercal.

-    La formulación de políticas de reactivación de la economía, como el impulso a la economía social a través de la regularización de tierras rurales y urbanas, las «ruedas de negocios» que usan el gasto público para fomentar el impulso a cooperativas y pequeñas empresas; políticas de financiamiento a microempresas; un plan concebido para combatir el desempleo, pero que fue complejizándose para delinear una especie de economía alternativa que el gobierno llamó «modelo de desarrollo endógeno». Este plan, conocido como «Misión Vuelvan Caras», articula programas de capacitación para el trabajo, otorgamiento de activos pertenecientes al Estado, asistencia técnica, vivienda, tierras, etc.

-    El plan masivo de alfabetización (Misión Robinson I y II).

-    Los distintos planes educativos (escuelas bolivarianas, Misión Ribas, Misión Sucre, Universidad Bolivariana).

-    El plan de asistencia médica en los barrios urbanos (luego llamado Misión Barrio Adentro).12

Sólo el tiempo dirá si estas políticas tan necesarias están bien concebidas para cumplir de manera sostenida con los objetivos que se han propuesto. Pero indican que el gobierno perseguía proyectar la imagen del gobernante volcado a gobernar, atendiendo los reclamos y necesidades de los sectores más excluidos en el pasado, que lo han sostenido en las dificultades. Esta estrategia resultó desde inicios de 2004 en un creciente ensanchamiento del apoyo político al gobierno, reconocido incluso en encuestadoras políticamente sesgadas hacia la oposición (para encuestas véase Keller, marzo 2004, y para política social López Maya, 2004).

Las fuerzas de la oposición, por su parte, debilitadas como ya se señaló, bajaron la movilización de calle y ya en febrero de 2003 se volcaron a la estrategia de activar un referendo revocatorio presidencial, buscando con ello dejar a un lado el paro petrolero sin levantarlo explícitamente. Esperaban disminuir los previsibles costos políticos negativos que la derrota del paro tenía, entrando en lo que se supone era una nueva etapa lucha por salir de Chávez lo antes posible. Algunos grupos, sin embargo, siguieron enfrascados en sacar al Presidente del poder violentamente. Por ejemplo, el eufemísticamente llamado Bloque Democrático y ciertas personalidades civiles y militares, como es el caso del ex presidente Carlos Andrés Pérez, que siguieron llamando al golpe de Estado y aún al magnicidio (Pérez en El Nacional, 25-07-2004). Estas acciones se realizaban sin el respaldo explícito de la CD que se centró en el «revocatorio», estrategia que se ajustaba a la Constitución, y que, por cierto, sólo un año antes había rechazado. Como complemento, la oposición también constituyó grupos coordinados entre sí, que se dispusieron a elaborar por consenso un documento que expresara las líneas básicas de un proyecto político para el gobierno «de transición» que suponían vendría inmediatamente después del revocatorio. Los líderes de la CD consideraban inminente la salida de Chávez, pues pese a los fracasos de sus estrategias previas no procesaban los altos costos políticos que pudieran darse por ello. Al contrario, daban por descontado que recibirían el apoyo mayoritario de los electores. Desconfiaban, sin embargo, de la voluntad del gobierno para dejarlos actuar democráticamente.

El referendo revocatorio asumido por la CD es un derecho constitucional. El Artículo 72 estipula su realización cumpliendo los siguientes requisitos: a) debe haberse cumplido la mitad del mandato de la autoridad; b) la solicitud debe estar respaldada como mínimo por un 20 por ciento de firmas de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente; c) cuando se haga el escrutinio, el número de electores que se pronuncian a favor de revocar el mandato debe ser superior al número de votantes que eligieron a la autoridad en cuestión; d) deben votar por lo menos el 25 por ciento de los electores inscritos en el REP; y e) sólo puede hacerse una vez. Poco antes de finalizar el año 2003, luego que pudo aprobarse la designación de las nuevas autoridades del CNE, esta vía se despejó y el ente comicial autorizó y reguló los llamados para recoger las firmas del revocatorio presidencial, así como también las firmas de revocatorios para diputados de la Asamblea Nacional, tanto oficialistas como de oposición. La recolección de las firmas tanto de las fuerzas del gobierno como de la oposición tuvo lugar en dos semanas seguidas de noviembre y diciembre. El 2004 cerraba con discreto optimismo.

«Guarimbazo» y revocatorio presidencial

El 24 de febrero de 2004 se dio la primera decisión del CNE relativa a las firmas entregadas en diciembre 2003 por la oposición para convocar el referendo revocatorio presidencial. El CNE en decisión dividida 3 a 2 puso bajo observación a más de 148.190 planillas entregadas (contentivas de aproximadamente 1.480.000 firmas), anunciando en los días inmediatos siguientes la aprobación del procedimiento para llevarlas a «reparo» (ratificación). El CNE expresó duda «razonable» sobre la autenticidad de una porción de solicitudes de las planillas que fueron llenadas con una caligrafía similar contradiciendo el instructivo acordado por el ente (Últimas Noticias, 25-2-2004). El 2 de marzo, el CNE formalmente informó las cifras de solicitudes válidas, inválidas y «reparables» y estableció los criterios para la reparación. Esta decisión fue respaldada por los observadores de la OEA y del Centro Carter en el país, quienes, sin embargo, expresaron diferencias con los criterios del CNE para la reparación y lo exhortaron a seguir negociando con las partes (Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy (Centro Carter) en Últimas Noticias, 4-3-2004).

A raíz de estas decisiones tomadas por el CNE, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo el país urbano, sobre todo de las zonas donde se residencian sectores sociales de ingresos medios y altos, sufrió una ola de protestas confrontacionales y violentas, desarrolladas a partir de llamados a la «desobediencia civil» por parte de voceros de la CD, que rechazaron la decisión del CNE y expresaron desconocer la legitimidad del ente comicial (v. E. Mendoza en Radio Nacional, reseñado en«Oposición desconocerá a autoridades del Consejo Nacional Electoral» Aporrea, 25-2-2004). Las protestas, conocidas como el «guarimbazo», incluyeron barricadas en autopistas y vías neurálgicas de Caracas y otras ciudades, quema de neumáticos, bolsas de basura y vehículos, balaceras en plaza Altamira, violencia física y verbal en diversos puntos urbanos, confinamiento de centenares de familias a sus hogares por los cierres de vía que impidieron llevar a los niños a las escuelas, acudir al trabajo, o llegar a centros de salud.13 El saldo trágico de este nuevo evento incluyó 9 muertos, decenas de heridos, unos 40 revoltosos con autos de detención que en los días siguientes fueron liberados, y millones en pérdidas materiales (v. Provea, edición especial, 12-3-2004). Ninguna organización política, ni la CD, se responsabilizó por la violencia desatada, pero autoridades de municipios caraqueños controlados por la oposición se resistieron a reprimir tales protestas, argumentando que eran legítimas (v. López Maya, 2004).

El efecto inmediato de esta violencia fue acentuar las tensiones en el seno de la CD entre quienes se pronunciaban por rechazar el proceso de reparo y retirarse de la vía del referendo y quienes insistieron, pese a las dificultades, en proseguir por este camino. Entre los primeros destacaban partidos como Primero Justicia, Proyecto Venezuela o La Causa R, y organizaciones radicalizadas como Gente de Petróleo, donde se agrupaban trabajadores despedidos de Pdvsa. Entre los segundos, organizaciones políticas como el MAS, AD y Copei, y personalidades como Teodoro Petkoff y Alberto Quirós Corradi. Esta última posición luego de mucho debate prevalecería. La oposición se advino a convocar a sus bases para «reparar» sus firmas y hecho esto, el 3 de junio el CNE dictaminó que existían las firmas suficientes y se habían llenado los requisitos constitucionales para convocar al referendo revocatorio presidencial, que fijó para el 15 de agosto.

Con el anuncio de la activación del proceso de referendo constitucional, se produjo en los meses siguientes un cambio en los discursos y actitudes de los actores políticos hacía la moderación y mayor equilibrio, en un afán por conseguir los votos de aquellos sectores del electorado que las encuestas revelaban no polarizados y/o radicalizados que decidirían el resultado. Asimismo, una vez más, se inició en Venezuela la intensa actividad de organización y movilización de las bases del gobierno y de la oposición, a los fines de prepararse para afrontar el evento, que podría dar un resultado decisivo en la lucha hegemónica, que en las confrontaciones anteriores parecían arrojar un predominio aún reversible de las fuerzas del gobierno.

El proceso que llevó a la activación del revocatorio presidencial significó para la oposición un triunfo político, en especial para sectores y personalidades de vocación más democrática ya señalados arriba, que hasta ese momento habían tenido poco peso dentro de la CD. De hecho, la visibilidad de estos actores significó durante la campaña un cambio de voceros en la CD, con más visibilidad de discursos moderados, incluso por parte de quienes hasta poco antes se opusieron a ir a los reparos.

Por parte de las organizaciones y bases del gobierno, en las horas previas e inmediatamente siguientes al anuncio del CNE, se hicieron evidentes tensiones y contradicciones internas e incluso se vivieron estallidos de violencia política en el centro de la ciudad. La situación quedó rápidamente conjurada cuando el presidente Chávez, en una pensada, hábil y certera cadena oficial reconoció esa noche la decisión del CNE y convocó a sus bases a organizarse y prepararse para ese referendo. El Presidente desde el palacio, rodeado de símbolos religiosos e históricos, atribuyó como su particular triunfo político la Constitución de 1999 y el referendo revocatorio presidencial que ahora se activaba contra él. Evocó luego la histórica batalla de Santa Inés de la Guerra Federal venezolana del siglo XIX, para explicar a sus bases la importancia del evento electoral que se aproximaba, la estrategia que estaría usando y presagiar la contundente victoria que buscaba. Finalmente, acudió a un muy famoso y emblemático poema llanero Florentino y el diablo, identificándose él con Florentino y a la CD con el diablo, para dar la imagen más ilustrativa posible de la magnitud de la tarea que tenían por delante.

El 15 de agosto los electores venezolanos acudieron masivamente a las urnas en un clima de sana paz. Las previsiones logísticas del CNE, quedaron rebasadas por la importante afluencia de la participación ciudadana. Si en julio de 2000 había votado un universo de cerca de 6.600.000 venezolanos, en agosto de 2004 votaron cerca de 10.000.000. Los centros electorales se vieron sobrepasadas y la gente hizo colas que en promedio alcanzaron las siete horas (Últimas Noticias, 22-8-04). El 16 de agosto en la madrugada, gracias al sistema computarizado de votación que se utilizó, el CNE pudo dar su primer informe oficial, totalizado con el 94,49 por ciento de las actas automatizadas y cuyas tendencias consideró irreversibles. La opción del NO, perteneciente al Presidente había triunfado con una holgada mayoría: 4.991.483 votos (58,25 por ciento) contra la opción del Sí, que en este primer boletín recibiría 3.576.517 votos (41,74 por ciento) (El Nacional, 16-08-04). Poco después, los observadores internacionales reconocidos por la oposición, el Centro Carter y la OEA, anunciaron la compatibilidad de sus cálculos con aquéllos del CNE.

Recapitulación y comentarios finales

Desde que Hugo Chávez Frías tomara posesión de la Presidencia en febrero de 1999 la sociedad venezolana ha experimentado una modificación sustantiva de la lucha hegemónica precedente, al producirse el predominio político de actores portadores de un proyecto político alternativo al neoliberalismo. Este proyecto, conocido como «bolivariano», comienza a materializarse primero en la Constitución de 1999 y luego en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y otras leyes y normativas. Habiéndose intentado desarrollar en los lustros previos un proyecto político de orientación e intereses cercanos al neoliberalismo y a factores de poder hegemónicos en el mundo, este cambio generó una reacción de aguda conflictividad política. Entre fines de 2001 y hasta la fecha del referendo revocatorio presidencial, los actores opuestos al proyecto de Chávez y sus fuerzas sociales y políticas han buscado mediante estrategias de naturaleza principalmente insurreccional modificar a su favor la cristalización hegemónica ahora presente en el Estado.

En este artículo hemos señalado varios hitos de la lucha por los importantes cambios que han producido en las relaciones de fuerza entre los actores. En primer término, el paro cívico del 10 de diciembre, liderado por los sectores empresariales organizados en Fedecámaras. Esta confrontación dejó como saldo un triunfo político de la oposición, produciendo la cohesión de las fuerzas de ésta bajo la CD, así como la emergencia del liderazgo del presidente de Fedecámaras, Carmona Estanga. Luego del 10 de diciembre, actores tanto del gobierno como de oposición se cerraron al diálogo y a la lucha de posiciones, preparándose el camino para una salida violenta de la conflictividad política.

La marcha masiva y el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pese a la multiplicidad de actores de oposición que en ellos concurrieron, y la visibilidad de la dirigencia de la CTV y sectores de la «sociedad civil» además de la empresarial, desembocaron de nuevo en el predominio político de los empresarios al producir un gobierno de facto de naturaleza plutocrática. Los intereses de estos sectores, en especial de dueños de medios de comunicación privada, de grupos militares de alto rango procedentes de varias fuerzas, de la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica y de los altos ejecutivos de la empresa estatal Pdvsa, hegemonizaron durante el fugaz gobierno de Carmona Estanga. Un contragolpe militar, impulsado y respaldado por masivas movilizaciones populares, revirtió esta momentánea correlación de fuerzas, restableciéndose el gobierno de Chávez. También contribuyó con este sorprendente cambio hegemónico la pasividad manifestada en esas horas por parte de actores civiles de la oposición que habían quedado excluidos de los arreglos del gobierno de facto (entre ellos partidos políticos, la CTV y las organizaciones sociales de sectores de ingresos medios). El regreso de Chávez significó un revés considerable para las fuerzas de oposición hegemónicas en la coalición de la CD. Sin embargo, gracias a los abundantes recursos mediáticos y materiales que aún les pertenecían, mantuvieron el liderazgo en ella. En los meses siguientes, a diferencia de diciembre, el gobierno buscó construir puentes de diálogo y negociación con algunos de los actores claves del golpe, como empresarios y gerentes de Pdvsa, sin resultado. En la Fuerza Armada procedió a retirar las cabezas visibles del golpe y a recomponer los cuadros medios y altos.

El tercer hito, de nuevo abiertamente insurreccional, está constituido por la huelga general llamada por Fedecámaras, la CTV y la CD en diciembre de 2002. Esta huelga tuvo su arma más poderosa en el paro de la industria petrolera venezolana que, comandada por su gerencia ejecutiva y sus capitanes de la Marina Mercante, llegó a paralizar sus actividades casi de manera total. Emergió durante este paro organizaciones como la CTV, Gente de Petróleo y Unapetrol al lado de Fedecámaras como el liderazgo visible del movimiento, sin excluir la siempre omnipresencia de los medios de comunicación privados que colonizaban a su favor la información de los acontecimientos, ni el grupo de militares alzados que tuvieron a la plaza Altamira como su «territorio liberado». Los sectores sociales organizados de ingresos medios («sociedad civil») apoyaron sostenidamente la huelga. Para inicios de febrero de 2003 ésta fue controlada por los «bolivarianos». El gobierno y sus fuerzas lograron recuperar el control sobre Pdvsa y sus buques, prender las diversas instalaciones y se procedió al despido de casi la mitad de sus trabajadores, la mayoría pertenecientes a la nómina gerencial de la empresa. A partir de entonces, en las fuerzas de oposición se dejan ver más claramente las tensiones y conflictos internos, se desdibuja cualquier liderazgo significativo, se disminuyen recursos materiales por las pérdidas de recursos políticos y económicos ocasionadas por la derrota, y se debilitan las bases sociales por los efectos socioeconómicos nefastos derivados del paro. En contraste, el gobierno se recupera lentamente, se cohesiona la Fuerza Armada alrededor de él, el control de Pdvsa facilita su reestructuración y auditoría. El gobierno, apoyándose en Pdvsa, cambia sus estrategias para centrarse en el desarrollo de políticas sociales y económicas que permitan recuperar el crecimiento y avanzar en la inclusión y justicia social de sus bases.

Ante su debilidad política y material, la CD opta por una senda menos insurreccional y busca la activación del referendo revocatorio presidencial que está pautado en el artículo 72 de la Constitución de 1999. También robustece su estrategia de hacerse apoyos internacionales para crear fuera del país una matriz de opinión que le sea favorable y que pueda eventualmente producir alguna intervención internacional para desalojar a Chávez del gobierno. Asimismo, elabora un programa político para «la transición» del gobierno de Chávez, cuya salida considera inminente. En el contexto del proceso para activar el referendo revocatorio se produce el «guarimbazo», una nueva acción violenta propiciada por factores de la oposición. Fracasado también como estrategia para «tumbar» a Chávez, nadie toma responsabilidad por su desarrollo. El carácter errático del guarimbazo, el rechazo que produce, fortalece una vez más la lucha hegemónica a favor del gobierno. Sin embargo, torpezas de éste en el manejo de la represión opacan el resultado.

Finalmente, en medio de diversas vicisitudes, se produce el referendo del 15 de agosto. Fue un éxito por la masiva participación que produjo y por los respaldos que recibió –nacional e internacionalmente– a lo largo de su puesta en escena. Tuvo en las desavenencias entre los rectores del CNE y en el mal cálculo logístico que hizo esta institución sobre la esperada participación electoral sus puntos sombríos, al obligar esto último, a largas colas, incomodidades y tensiones innecesarias. Sin embargo, al producir su resultado una holgada mayoría de votos por la opción del NO, representativa del Presidente, reconocida por los observadores internacionales, la lucha hegemónica parece haber encontrado al fin una puerta para entrar al camino menos violento y más propicio para la construcción de consensos para un proyecto de sociedad compartido. Sin embargo, en los días que se terminó este artículo, la CD había optado por no reconocer el triunfo, denunciar un «masivo fraude electrónico» y llamar a la movilización callejera, mientras sustanciaba con soportes su denuncia de fraude para formalizarla ante instancias nacionales e internacionales.

Si bien resulta difícil entrever a dónde llevará esta nueva acción de las fuerzas opositoras, no cabe duda que la asumen dentro de una debilidad política muy marcada en relación a las acciones del pasado. Algunos sectores dentro de ellas, el caso más notorio Fedecámaras, prelados de la Iglesia católica y ciertos medios de comunicación privados, han optado por reconocer, aunque sea momentáneamente, los resultados, pues se corresponden con tendencias señaladas por numerosas encuestas en las semanas previas al revocatorio, y han sido reconocidas por la OEA, el Centro Carter, numerosos gobiernos, incluyendo EEUU. Así las cosas, pudiera en los próximos meses abrirse una nueva fase en la lucha hegemónica en Venezuela, menos marcado por estrategias de insurrección y violencia, y más dirigidas a la búsqueda de construcción de espacios para una confrontación que reconozca al otro como legítimo adversario, y busque puentes para trabajar por el consenso en políticas de futuro, o para el procesamiento de las diferencias irreductibles a través de los procedimientos democráticos. En ese proceso podría comenzar a emerger un proyecto político para la Venezuela del siglo XXI, que goce de mayor apoyo entre los diversos sectores sociales y pueda ir desmontando la severa polarización política.

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NOTAS:

* Este artículo está basado en «Venezuela 2002-2003: tiempos de confrontación y violencia», elaborado para ser publicado en alemán en el anuario: Lateinamerika. Analysen und Berichte (en imprenta). Se ha actualizado y ajustado para su publicación en español.

1 La mejor referencia sobre la política de clases que se ha venido desarrollando en la Venezuela actual, es el libro editado por Steve Ellner y Daniel Hellinger (2003), donde los diversos autores examinan este fenómeno desde distintas dimensiones del proceso sociopolítico.

2 En esta parte se toman extractos de López Maya, 2003a:140-148.

3 Para una panorámica general del movimiento de resistencia a la mundialización neoliberal ver Observatorio Social de América Latina (nos. 3, 2001 y 6, 2002). Para los puntos de desencuentro del gobierno venezolano con EEUU, ver E. Lander, 2002:5 y 6.

4 Caldera fue el fundador del partido Copei, pero para esas elecciones se separó de su partido y lo confrontó electoralmente.

5 En lo que sigue referido al paro cívico se toman extractos de López Maya, 2002a.

6 La CTV reúne un grupo de sindicatos, principalmente del sector público. Sus bases, además de muy reducidas numéricamente, son trabajadores del sector formal, hoy en día privilegiados respecto a la mayoría de la población económicamente activa que es desempleada o pertenece al sector informal. En 2003, luego del fracaso de la huelga general, un grupo de importantes sindicatos se separaron de la CTV y formaron una nueva confederación, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) (v. Ellner, 2003b).

7 Para una descripción más detallada del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, ver López Maya, 2002b y 2003b. Para la insurrección de la gerencia de Pdvsa, ver L. Lander, 2003.

8 Los canales privados de televisión transmitieron los mensajes bajo la figura de «donación». Recientemente el Estado exigió el pago de los tributos que estos medios adeudan por este concepto y que alcanzan los 6,1 millardos de bolívares (cerca de 3 millones de dólares) (Seniat en Últimas Noticias, 20-3-04).

9 Puede verse en el video «La revolución no será transmitida» (abril 2003), que los hombres que disparaban en puente Llaguno lo hacían contra policías metropolitanos que los estaban tiroteando y no contra civiles. Estaban defendiendo a los civiles chavistas que estaban desarmados en el puente. Estos hombres demostraron su inocencia y fueron absueltos en 2003. Al año siguiente, otro video, «Puente Llaguno. Las claves de una masacre» (Palacios, 2004), demostró con profusa documentación audiovisual la manipulación mediática ocurrida ese día con los sucesos en puente Llaguno.

10 La organización de derechos humanos Provea emitió un comunicado el mismo 14 de agosto poco antes de que se hiciera público el dictamen, censurando la decisión que se veía venir y desarrollando los antecedentes que llevaron a la misma. Concluyó Provea: «Negar la posibilidad de un juicio cuando es público y notorio la existencia de indicios de comisión del delito de rebelión militar sería un acto de impunidad de suma gravedad, sólo explicable por la politización del TSJ de la cual, como hemos dicho, el oficialismo es uno de sus principales responsables» (Provea, 14-08-2002).

11 Para más detalles y análisis del paro petrolero ver L. Lander, 2004.

12 Información cuantitativa y análisis sobre estas políticas son escasas y básicamente provienen de fuentes oficiales. Puede verse, entre otros, artículos breves del semanario económico Quantum, artículos aparecidos en la revista mensual Question, y páginas web del sector oficial como ‹www.barrioadentro.gov.ve›; ‹www.misionrobinson.gov.ve› entre otras.

13 Estos sucesos fueron conocidos posteriormente como «operación guarimba» o «guarimbazo» por su semejanza con un plan de resistencia civil con ese nombre, convocado desde mayo de 2003 a través de una red de internet por un dirigente del partido Bloque Democrático, organización que se separó de la CD después del golpe de abril, por insistir en una salida violenta a la conflictividad política.