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Educere

versión impresa ISSN 1316-4910

Educere v.13 n.44 Meridad mar. 2009

 

Universidad de Los Andes: Un presupuesto reconducido que ha aumentado once veces

Lílido Ramírez*

Universidad de Los Andes Núcleo Rafael Rangel. Trujillo-Edo. Trujillo Venezuela. lilidor@ula.ve

Resumen

Para explorar el reflejo de la política bolivariana en la Universidad de Los Andes (ULA), con base en sus boletines estadísticos, se escruta el comportamiento del presupuesto asignado (PA) y la evolución de la matricula entre los años 1986-2008. Se observó la ausencia de PA-reconducido para los años 2006, 2007 y 2008, entre 1986-1998 la matrícula disminuyó en un 23%; entre 1998 y 2008 el PA creció once veces y la matrícula 0,7 veces. El Saldo Inicial de Caja creció consistentemente en todo el período. Se necesitaron 17 años para alcanzar el nivel de inscritos de 1987. El porcentaje de matriculados con respecto a la población andina de los estados Táchira, Mérida y Trujillo con edades comprendidas entre 15 y 24 años, pasó del 11,8% en 1987 a 6,4% en 1998.

Palabras claves: presupuesto asignado, presupuesto reconducido, matrícula, saldo inicial caja, inversión estudiante.

University of Los Andes: A redirected budget that has increased eleven times

Abstract

In order to explore the reflection of the Bolivarian policy on the University of Los Andes (ULA), based on its statistical bulletins, the behavior of the budget assigned (PA, in Spanish) and the evolution of the registration fees between the years 1986-2008 is scrutinized. The absence of PA redirected for the years 2006, 2007 and 2008 was observed, along 1986-1998 the registration fee decreased in 23%; between 1998 and 2008 the PA increased eleven times and the registration fee 0.7 times. The Initial Cash Balance increased consistently during the whole period. 17 years were needed to reach the level of students registered in 1987. The percentage of enrolled students in relation to the Andean population in the states of Táchira, Mérida and Trujillo with ages between 15 and 25 years old went from 11.8% in 1987 to 6.4% in 1998.

Key words: assigned budget, redirected budget, registration fee, initial cash balance, student investment.

Fecha de recepción: 14 de marzo de 2009, Fecha de aceptación: 19 de marzo de 2009

Al advenimiento del gobierno bolivariano en 1999, los precios del petróleo y los aportes de la industria petrolera al fisco nacional estaban en el piso, la pobreza alcanzó valores del 80% de la población y los habitantes con deficiencias de alimentación arribaron al 16%. La política de saldar la deuda social acumulada, se encontró con el pleno apogeo del neoliberalismo en educación superior que se expresaba en: exclusión, insuficiencias de servicios estudiantiles, incrementos de pagos por matrícula, comedores y trámites administrativos, los bachilleres provenientes de liceos públicos ubicados en las zonas más humildes tenían cada día menos oportunidad de acceso, como consecuencia, se cambió la composición social de los estudiantes universitarios cuando, aquellos provenientes de los centros públicos de enseñanza secundaria pasaron del 81% en 1986 al 56% en 1998, mientras la tasa bruta de matriculación estudiantil en educación superior en las estadísticas para América Latina crecía, en Venezuela retrocedía en -1,2% y, la educación universitaria pública retrocedía ante el avance de la privada (González, 2007).

En Venezuela, la mano invisible del mercado estaba construyendo un modelo de educación superior dual (público y privado) y binario (de alta y baja calidad); constituido por: 1.- las universidades públicas autónomas de alta calidad, elitistas, con cupos, normas y exámenes de ingreso altamente discriminatorios y excluyentes, 2.- las universidades públicas experimentales e institutos tecnológicos denominado sistema no universitario, de baja calidad y exclusión, 3.- las universidades e institutos privados considerados de alta calidad, altamente discriminatorio y excluyente por sus costos y 4.- las universidades y los institutos universitarios privados de bajos costos y calidad, y de mediano acceso. Modelo universitario dual o binario esbozado por Rama (2007), como la segunda reforma universitaria de América Latina. En ese modelo, la exclusión y la privatización de la educación superior era el cielo que cubría el escenario venezolano de cada día.

La Universidad de Los Andes, luego de su masificación entre 1960 y 1987; para el año 1998, retrocedía hacia una universidad elitista, academicista y excluyente.

El gobierno bolivariano

Durante estos diez años de gobierno bajo la conducción del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ha desaparecido el fantasma de la privatización de la educación superior, el derecho humano a una educación universitaria gratuita, integral y de calidad fue incorporado a la Constitución Bolivariana en sus artículos 102 y 103. La educación impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario, lo cual, junto al carácter prioritario y de interés público de presupuesto universitario, constituye un enorme avance y compromiso de la Quinta República para con los sectores más pobres de la población. Preceptos constitucionales que se han traducido en el incremento del presupuesto destinado a la educación en general y a la educación superior en particular.

El gobierno bolivariano ha sido sometido a pruebas de fuego, tales como, el descenso de los precios del petróleo en el 2002 que condujo a ajustes temporales al presupuesto nacional con una reducción del 11%, paros patronales que iniciados el 10 de diciembre de 2001 alcanzaron su cenit el 11 de abril cuando se produjo el golpe de Estado, sabotaje petrolero y económico durante los meses de diciembre de 2002 a marzo 2003; períodos de agitación política que causaron pérdidas económicas por más de diez millardos de dólares, semejantes cantidades en fuga de divisas, lo que condujo al control de cambios en enero de 2003.

La política de saldar la deuda social acumulada en educación superior, ha tenido como resultado que los inscritos en los institutos de educación superior oficial hayan incrementado en un 320% pasando de 377.107 en el año 1998 a 1.567.314 en el 2007; este importante número de personas en estudios de educación suprior representa un ascenso de 28 en 1998 a 78 por cada mil habitantes en el 2007, de ellos, el 73% pertenecía a las universidades e institutos públicos (OPSU-CNU, 2008). Indicador este que apunta a buscar la correspondencia entre el tamaño de la educación superior pública con el tamaño de su población, para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz (UNESCO, 1998).

El objetivo de la universalización de la educación superior propuesto por el gobierno bolivariano, ha logrado que Venezuela con un 83% ocupe, después de Cuba, el segundo lugar entre los países de América Latina con mayor tasa bruta de matriculación en educación superior (relación entre los matriculados y la población de 18 a 22 años). Para ello, a través de la Misión Sucre se ha llevado la educación superior a 335 municipios y puesto en funcionamiento 1.915 aldeas universitarias, de las cuales, 284 se encuentran ubicadas en los tres estados andinos, se abrieron once nuevas universidades, se aprobaron unas cincuenta nuevas carreras y, para ampliar la atención de esa demanda regional y nacional de estudios superiores, se ha planificado la construcción y puesta en funcionamiento treinta y cuatro nuevas universidades (MPPES, 2008).

Este gigantesco plan de universalización de la educación superior, ha sido posible gracias a un incremento significativo en la inversión de recursos financieros, que creció para el año 2007 en un 158% con respecto a 1998 (MPPES).

Para el año 2009, la crisis global del capitalismo azota también las costas de la incipiente y petrolera República Bolivariana de Venezuela, la caída de los precios del petróleo obligó al Gobierno bolivariano a tomar medidas para adecuar su presupuesto a las condiciones financieras impuestas por una significativa disminución del ingreso de dólares, que afecta el flujo de caja de la tesorería nacional; lo cual, determinó el diseño y puesta en marcha de una política anticrisis destinada a preservar la producción, el empleo, y mantener en forma discreta el crecimiento económico basado en el esfuerzo interno y solidario nacional.

Esa política anticrisis, entre otras medidas, estableció una reducción del 6,7% del presupuesto nacional, lo que afecta a las universidades públicas y motivó a las máximas autoridades de la ULA a amenazar con un sorpresivo “cierre técnico” ( Diario Cambio de Siglo de Mérida del 13 de marzo de 2009), declarar la ULA en emergencia y rechazar las medidas de reducción presupuestaria y ajustes en el gasto suntuario, en una agitada reunión del Consejo Universitario (CU) realizada el pasado 02-04- 2009 y dadas a conocer a la comunidad nacional (diario Frontera de Mérida del día 4 de abril de 2009).

No es un secreto para los ulandinos, el alto grado de partidización en que se han sumido tanto las autoridades como el Consejo Universitario de la ULA y sus constantes adhesiones a políticas sectarias del oposicionismo a ultranza, que violan el pluralismo intrínseco en la constitución del máximo órgano del cogobierno de la Universidad y su pertinencia, que requieren de sus dirigentes capacidad crítica e imparcialidad política en el tratamiento de los problemas del país.

A fin de proveer información para el análisis de la política universitaria del Gobierno bolivariano, en este escrito se presenta una visión sobre el comportamiento del presupuesto asignado (PA) a la autónoma ULA, el presupuesto no ejecutado, el saldo inicial de caja, la inversión en dólares por cada estudiante, la evolución de la matricula estudiantil y la relación de esta con el tamaño de la población en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, para el período 1986-2008.

Presupuesto asignado (PA) en el período 1990-2008

Presupuesto asignado (PA): Es el presupuesto aprobado, en el que se señalan los recursos destinados a cada dependencia universitaria. Incluye ingresos propios, aportes oficiales (incluyendo créditos adicionales) e indica límites máximos del gasto (DSIA, 2007).

En la Figura 1, se presenta la evolución del PA en millones de bolívares fuertes (Bs. F) desde el año 1990 hasta el 2008, en ella se aprecia que la asignación presupuestaria creció desde Bs. F. 93 millones en 1998 a Bs. F. 1.072 millones en el 2008, lo cual significó un incremento de once veces. La línea en zigzag muestra el porcentaje de variación interanual, el cual, para el período del gobierno bolivariano tuvo una media de crecimiento del 28,86%; destacándose un incremento acumulado de 102% para los años 2006, 2007 y 2008 con 59%, 27% y 16% respectivamente. Guarismos mostrados en la Figura 1, de los cuales, no se infiere la presencia de presupuesto asignado reconducido, tal como lo afirmara el rector Mario Bonucci Rossini cuando señaló que “el presupuesto asignado a la Universidad de Los Andes ha sido repetido” ( Prensa ULA, 20 de marzo de 2009)

Esas cifras de la Figura 1, contradicen las afirmaciones de las autoridades universitarias acerca de que en los últimos tres años, el presupuesto de la ULA no creció, sino que año tras año fue reconducido, usan este término para referirse a que el presupuesto asignado fue el mismo durante los años 2006, 2007 y 2008)

En la Figura 2, se presenta el porcentaje de la variación interanual del PA y el porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC) o inflación reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV, 2009). En esa Figura 2 se observa que para el período 91-98 la variación interanual del PA acumuló un crecimiento de 419% y la inflación fue del 409%; en tanto que, para los años del gobierno bolivariano, esos valores fueron del 289% y 209%, respectivamente.

Las cifras registradas para los años 90-98 indican que la inflación devoraba cualquier incremento presupuestario, lo cual, condujo a que las autoridades de entonces, pertenecientes a los mismos grupos hegemónicos de las autoridades de hoy 2009, pretendieran resolver esas insuficiencias mediante sustanciales incrementos en el cobro de la matrícula, comedor y transporte, reducción en monto y número de las becas estudiantiles, incrementos de los pagos para trámites administrativos y, una creciente exclusión destinada a disminuir el tamaño de la matrícula. La política matricular era crecimiento cero.

Fantasmas del neoliberalismo que el gobierno bolivariano ha evaporado del cielo universitario de Venezuela.

Para los años 2006, 2007 y 2008, la Figura 2 muestra que, mientras el crecimiento interanual acumulado del PA fue de 102% la inflación acumulada fue del 72%, lo cual, contradice las afirmaciones de las autoridades en el sentido de que, el presupuesto asignado además de reconducido fue devorado por la inflación.

Presupuesto no ejecutado (PNE)

Se obtiene al restar del PA el presupuesto ejecutado. Al escrutar el comportamiento del porcentaje del PNE, se encontró que para lo años 90-98 el promedio fue del 13%, mostrando la Figura 3 los valores extremos del 18% y 19% en 1993 y 1994; para el período que se inició en 1999 alcanzó un pico del 15% en el 2003, año del boicot y paro petrolero y económico contra el gobierno bolivariano. En el 2008 el PNE fue del 5%, lo cual, representó Bs. F 54 millones.

La persistencia de un PNE con disparatados porcentajes del presupuesto asignado anualmente, induce a inferir una improvisación y anomalía de los administradores de turno.

Este crónico PNE del PA de la ULA, dejó año tras año, en manos de las autoridades universitarias de turno, importantes y significativas sumas de recursos financieros que, al inicio del año fiscal siguiente, eran redistribuidos a gusto y placer de los acuerdos que se producían en el Consejo Universitario (CU), y terminaron reasignados en un pote denominado saldo inicial de caja (SIC), en programas distintos a los que motivaron su aprobación.

El saldo inicial de caja (SIC)

La evolución de SIC se presenta en la Figura 4, mostrándose en ella, el consistente crecimiento a lo largo de los años estudiados. Las barras muestran el monto en Bs. F y la línea en zigzag el crecimiento interanual en porcentaje (%), apreciándose, que el mismo creció un 20% en el 2007, 107% en el 2008 y, si todo el PNE 2008 fuese al SIC-2009, su crecimiento sería del 127%. De ese consistente perfil de crecimiento (ver línea de tendencia), se puede inferir que el SIC ha constituido una práctica derivada de una planificada acción gerencial de los administradores, antes que a fortuitas y repetitivas demoras de traslados desde la Tesorería Nacional.

Tanto es así que, el rector de la ULA Prof. Mario Bonucci, luego de una reunión con más de trescientas personas contratadas realizada en el auditorio de la facultad de Medicina, anunció que “según lo que cuantifique el saldo inicial de Caja 2009” se atenderían los reclamos gremiales y otras demandas (Prensa ULA, 9 de febrero de 2009). Posteriormente a esos compromisos del SIC, sorpresiva, inexplicable y sospechosamente, luego de las disposiciones temporales de emergencia económica anunciadas por el gobierno bolivariano el día 21-03-09; hasta la fecha de elaboración de este escrito, no se ha propuesto la distribución en el CU.

El PNE-2008 fue de Bs. F 53.896.574,00 (Memoria y Cuenta ULA, 2008); sin embargo la comunidad desconoce cuál fue el destino de esos recursos no ejecutados, entre los cuales, se incluyen Bs. F 9.634.977,00 de la partida 4.02 de Materiales y Suministros, Bs. F 6.572.878,00 de la partida 4.03 y Bs. F 5.910.419,00 de la partida 4.04, cifras que suman un total de Bs. F 22.118.274. La presencia de esos fondos en la ULA se infiere claramente cuando, el Vicerrector Administrativo en la misma Memoria y Cuenta 2008, apuntó lo siguiente: “El cronograma de desembolsos del Ejecutivo Nacional para el ejercicio económico financiero 2008, se cumplió de acuerdo con la programación pautada, ya que la totalidad (subrayado nuestro) de los recursos fueron recibidos a través de las órdenes respectivas para gastos de funcionamiento y personal ”

Hasta el 2008, el SIC acompañó al PNE como la sombra al cuerpo y, aunque según el glosario de la DSIA, al SIC van aquellos recursos que por diversas razones no pudieron ser ejecutados en su totalidad, y en su mayoría constituyen recursos financieros para cubrir compromisos adquiridos, la realidad ha sido que, su redistribución venía quedando sometida al previo acuerdo y a la mayoría circunstancial de los asistentes a la sesión del CU respectivo. Modalidad esta de acuerdos de los grupos hegemónicos de la ULA descrita por Fuenmayor, 2004, cuando describió que, los administradores universitarios se creen los dueños del presupuesto, y por lo tanto, pueden decidir arbitrariamente sobre esos recursos si cualquier cambio de destino cuenta con la aprobación del consejo universitario. Conducta esa que Díaz, Anniccharico y Marín (2006) la expresan de la siguiente manera: ”Por otra parte, en el ámbito interno, el Consejo Universitario, reorienta los fondos ejecutivamente, incumpliendo incluso con las normas CNU, las cuales deberían ser restrictivas en la ejecución”

Sobre el manejo ineficiente del presupuesto por las autoridades universitarias, el ex rector de la Universidad Central de Venezuela (Fuenmayor, 2004), señaló que los indicadores de tal ineficiencia son numerosos, y van acompañados de violaciones a la ley y a los reglamentos que norman esa actividad, corrupción y exagerada burocracia, lo cual, repercute en la calidad académica. A esto último se agrega el efecto que esas anomalías pueden tener sobre la exclusión de jóvenes demandantes de educación superior y sobre la eficacia en la cancelación de la deuda social acumulada. Por otro lado, Díaz et al. (2006), en el mismo estudio sobre La Universidad de Zulia, apuntaron que “al estudiar la gestión en la institución nos encontramos con irregularidades en diversas áreas, tanto administrativas como financieras. Aspectos como la contratación de personal, la ejecución presupuestaria y la toma de decisiones, entre otros, son ejemplo de estas situaciones anómalas”; los mismo autores sostienen que: ”Los problemas que presentan las universidades públicas, en cuanto a planificación, organización, control, dirección, evaluación y mecanismos de rendición de cuentas, no permiten el funcionamiento adecuado, dificultan la consecución de los objetivos e impiden un desarrollo progresivo“.

Problemas esos cuya presencia se debe indagar en la ejecución presupuestaria de la ULA.

La persistencia de un SIC a lo largo de tantos años, con redistribución de variables porcentajes del PNE, acompañado de reiteradas declaratorias de problemas de funcionamiento, induce a inferir una improvisación y anomalía de los administradores que repercute en la eficiencia del uso del PA.

Cada día se torna más claro que los grupos hegemónicos que dirigen la ULA han implementado una política administrativa y contable destinada a fortalecer el clientelismo, el beneficio grupal, el sectarismo político, y a mantener un coto cerrado en las cuestiones presupuestarias, sin participación ni control de la comunidad universitaria, produciendo así un verdadero secuestro y perversión de la autonomía financiera de la universidad. Esta política de manejo en coto cerrado de los recursos financieros de la institución se extiende a la Asociación de Profesores (Apula), al Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) y al Fondo de Jubilaciones (Fonprula) y, facilita cualquier manipulación que sobre el estado da las finanzas institucionales se quiera hacer.

Ante esa conducta gerencial, durante los últimos años, viene creciendo la necesidad de un presupuesto participativo universitario que, de una vez y para siempre, elimine la política del secretismo en la administración y financiamiento universitario, se abra definitivamente la caja negra del presupuesto de la ULA e incorpore a toda la comunidad universitaria de profesores, trabajadores y estudiantes en la corresponsabilidad en la administración del ingreso y gasto de esos recursos financieros de interés público.

Inversión por cada estudiante

La ULA como institución autónoma del Estado venezolano destinada a prestar un servicio de interés público en la formación de recursos humanos de alto nivel, dentro de su radio de acción abarca, particularmente, a los habitantes de la región andina de los estados Táchira, Mérida y Trujillo.

En la Figura 5, se presenta información relativa a la evolución de la matrícula estudiantil y la inversión por cada estudiante para el período 1986-2008; en ella, se observa que en el año 1987 se registró el mayor número de alumnos con 36.632, población estudiantil que fue sostenida con una inversión de $1.476 dólares por cada uno de ellos. A partir de ese pico de matriculados, se observa una pendiente de disminución, segmento lineal A-B, que alcanza su nadir en el año 1998 con 28.359 alumnos, año en el cual, la inversión por alumno subió a $5.815. Registrándose para el período 86-98 una media de 32.629 alumnos y una inversión media anual por alumno de 3.045 dólares.

Con el advenimiento del gobierno bolivariano a partir de 1999 la matrícula empieza a ascender, segmento lineal C-D, lo que indica que se frenó la caída libre exclusionista impuesta en el período anterior; para el año 2004, con 36.850 inscritos se alcanza el nivel de matriculados de 1987. La inversión por alumno pasó de $7.349 en 1999 a $ 10.555 en el recién finalizado año 2008, cuando la matrícula estudiantil se encumbró a 47.254; para el período del gobierno bolivariano la media de alumnos matriculados fue de 36.126 y la media de la inversión en dólares de $7.976.

De esa información de la Figura 5, se infiere claramente que el incremento de la inversión en dólares por alumno hasta el año 1998, se le puede atribuir al menor número de alumnos a consecuencia de la exclusión impuesta para reducir el tamaño de la universidad, pero entre los años 1999 y 2008, el incremento en la inversión en dólares por alumno con aumento de los matriculados es atribuible a un mayor aporte presupuestario del gobierno bolivariano, como fruto de la política de inclusión en educación superior, lo que se evidencia más cuando en el año 2005, la línea de la tendencia de la inversión cruza la línea de la tendencia matricular y se mantiene por arriba hasta el 2008.

Discusión aparte debe realizarse, acerca de si tal cantidad de inversión realizada por el gobierno bolivariano ha sido suficiente, insuficiente, ineficientemente administrada o, si existen o persisten deformaciones contables y administrativas estructurales.

Lo que sí se muestra evidente es que, la política de inclusión del gobierno bolivariano para saldar la deuda social acumulada en educación superior y crear las bases de un país con soberanía científica, tecnológica y con formación de los profesionales necesarios para construir una nueva Venezuela, diseñada en la Constitución Bolivariana, viene mostrando indicadores auspiciosos en todos los ámbitos del sistema de educación superior.

Tamaño de la ULA, relación de la matrícula con la población andina de 15 a 24 años de edad

La Conferencia Mundial de la Naciones Unidas para la Educación Superior realizada en París, Francia, en 1998, apuntó, que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Las familias venezolanas esperan que sus hijos bachilleres puedan tener acceso a una educación superior gratuita y de calidad, por lo que, el tamaño matricular de las universidades públicas debe tener como guía la demografía, esto es, el tamaño, estructura y características de la población que atienden.

La Figura 6, muestra la evolución de la tasa (%) de los matriculados y la población andina demandante de 15 a 24 años; ella, fue construida con base en los censos de población de 1981 y 1991, la información de proyecciones de población por entidad federal publicada por del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, la matrícula reportada oficialmente por la ULA en sus boletines estadísticos anuales y, mediante cálculos propios, se trabajó con un 1,87% el porcentaje de la población total venezolana que con edades comprendidas entre 15 y 24 años correspondía a los estados Táchira, Mérida y Trujillo, rango etario poblacional que se consideró como el principal demandante de estudios superiores.

En la nombrada Figura 6, se observa que para el año 1986, la matrícula de la ULA representaba el 11,8% de la población andina comprendida en esas edades, ese porcentaje descendió consistentemente hasta el año 1999 cuando alcanzó el nadir con 6,4%; a partir de entonces, ha venido creciendo hasta llegar al 9% en el 2008 y ubicarse en el nivel del año 1991.

Evolución que refleja el notable efecto que sobre el estrato de la población potencial y altamente demandante de educación superior tuvo la drástica política de reducción del tamaño matricular iniciada en 1987, y que se expresó en una exclusión que mediante la aplicación de reglamentos matriculares discriminatorios, osciló entre el 80% y el 95% de los aspirantes a ingresar.

Conclusiones y reflexiones

1.- Durante los años 1999 y 2008 del gobierno bolivariano, el presupuesto de la ULA creció once veces con respecto a 1998 y la matrícula lo hizo en solo 0,7 veces; en tanto que, para los años 1987- 1998 la matrícula se redujo en un 23%.

2.- La matrícula disminuyó consistentemente desde 1987 hasta el año 2004, lo que indica que durante esos diecisiete años, la ULA tuvo una política de decrecimiento de la matrícula estudiantil.

3.- Tanto en el gobierno bolivariano como en los anteriores, la administración del presupuesto arrojó año tras año, abundantes e inexplicables porcentajes de presupuesto no ejecutado.

4.- La evolución de los ingresos de la ULA reporta abundantes y consistentes saldos iniciales de caja, lo cual, induce a pensar que era una política de “presupuesto universitario paralelo” para uso y abuso de las autoridades de turno.

5.- El incremento de la inversión presupuestaria por cada alumno expresada en dólares, ocurrida entre 1987 a 1998 se atribuye a la reducción del tamaño de la matricula.

6.- El incremento de la inversión presupuestaria por cada alumno expresada en dólares, ocurrida entre 1999 a 2008, acompañada de un aumento en la matricula estudiantil, se atribuye a una real y significativa mayor inversión del gobierno bolivariano en la ULA.

7.- El porcentaje de matriculados en la ULA con respecto a la población juvenil residente en los estados Táchira, Mérida y Trujillo con edades comprendidas entre 15 y 24 años, disminuyó del 11,8% en 1987 al 6,4% en 1998 y, aún no alcanza el nivel de aquel año.

8.- Con el advenimiento del gobierno bolivariano en 1999, a partir del año 2000 se frenó la política de reducción del número de matriculados de la ULA.

Mientras el exclusionismo siga presente en la política matricular que promueven los grupos hegemónicos que dirigen la ULA; en tanto que, desde el gobierno bolivariano se promueve la inclusión, se seguirá en una confrontación que continuará afectando la universalización de la educación superior.

El presupuesto participativo universitario con responsabilidades compartidas por la comunidad universitaria de profesores, estudiantes y trabajadores, puede ser una alternativa para incrementar la eficacia del presupuesto, eliminar las anomalías reportadas por algunos autores, hacer efectivo el control social, y armonizar una generalizada política estatal de universalización de la educación superior en este inicio del siglo XXI.

Notas

* Profesor Titular en la Universidad de los Andes-Trujillo, La villa Universitaria. Estudios realizados entre la UNNE-Argentina, UCLA y LUZ de Venezuela. Médico Veterinario. Maestro en producción animal. Reconocimiento Nivel II del PPI y PEI-ULA. Presidente de la AVPA 2002-2004. Secretario de APULA-Trujillo. Consejero Principal ULA-Trujillo. Ex candidato a Vicerrector Administrativo ULA 2004. Representante Profesional Suplente del Consejo Universitario 2005-2008.

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