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Gaceta Laboral

versión impresa ISSN 1315-8597

Gaceta Laboral v.12 n.2 Maracaibo  2006

 

Cogestión de empresas y transformación del sistema económico en Venezuela: Algunas reflexiones

Mary A. Vera Colina

Profesora Asociada - Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Economista, Magíster en Gerencia Financiera. Correo electrónico: maryvera@cantv.net

Resumen

Ante la novedad de la política gubernamental relacionada con los modelos de cogestión de empresas, se propone un conjunto de reflexiones con respecto a la aplicación de mecanismos de participación popular en la esfera económica, particularmente sobre la cogestión, y su posible incidencia sobre la transformación del sistema económico venezolano. Para ello se revisan documentos que respaldan el empleo de esta figura, y se comentan sus implicaciones económicas. A manera de conclusión, se plantea que la transformación del sistema económico dependerá en buena parte de la transparencia de los objetivos, de la integración de las diferentes políticas públicas en un proyecto económico nacional, de la claridad y permanencia que tengan las reglas aplicadas por el Estado. No se visualiza en la aplicación de los modelos de cogestión y de participación, suficientes razones que impliquen un cambio radical en el sistema económico imperante en el país.

Palabras clave: Cogestión, economía empresarial, política gubernamental, sistemas económicos, financiamiento público.

Firm Co-Management and Changes in the Venezuelan Economic System: Some Reflections

Abstract

In the face of new governmental policies related to business co-management in Venezuela, this paper proposes some reflections related to the application of mechanisms for popular participation in the economic sphere, and in particular co-management and its possible effect in the transformation of the Venezuelan economic system. Documents related to these mechanisms are reviewed, and their economic implications are discussed. As a conclusion, it is proposed that the transformation in economic systems will depend greatly on the transparency of the objectives, on the combination of diverse public policies in a national economic project, and on the clarity and permanence of the rules applied by the State. We do not visualize sufficient reasons in the application of models of co-management and participation which would imply a radical change in the present economic system in Venezuela.

Key words: Co-management, business economics, government policy, economic systems, public financing.

Recibido: 08-05-06 . Aceptado: 19-07-06

1. Consideraciones introductorias sobre los mecanismos de participación económica

Una de las características de la Constitución venezolana aprobada en 19991, es la inclusión de diferentes mecanismos de participación popular, consagrados como derechos políticos de los ciudadanos. Entre ellos cabe destacar las diversas formas de participación en la esfera socio-económica, en los cuales se incluyen las “…instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (art. 70).

El establecimiento de este derecho constitucional ha servido como punto de partida para que los órganos gubernamentales orienten su apoyo institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras ya mencionadas. Inicialmente se concentró la atención en el sector de las cooperativas, dando origen a la creación de miles de iniciativas de este tipo, en la búsqueda del apoyo oficial. Sobre esta experiencia, se estima que hasta mediados de 2005, se habían creado en el país más de 74 mil cooperativas, pasando Venezuela a ocupar el segundo lugar a nivel mundial entre los países con mayor número de casos, después de China (Gil, 2005). Expertos como Oscar Bastidas Delgado, afirman que la experiencia no ha sido la más favorable, ya que muchas de estas nuevas organizaciones solo se han formado para recibir los recursos prometidos por el gobierno. Para él, la cooperativa impulsada actualmente, a diferencia de las que sobreviven desde períodos anteriores, se caracteriza por lo siguiente:

No conoce la autogestión ni el autofinanciamiento, sino que son ciento por ciento financiadas por el Estado; las cooperativas se han convertido en un instrumento de distribución del ingreso petrolero por parte del Gobierno. Pero de paso el sistema es tan malo, tan pobre y tan improvisado, que la gran mayoría de los créditos que se entregan a las cooperativas son a fondo perdido porque apenas se entrega el primer lote de dinero, la cooperativa desaparece (Gil, 2005: 1).

La experiencia del programa de apoyo gubernamental a las cooperativas muestra algunos logros, como el estímulo a la iniciativa productiva de microempresarios y población en situación de desempleo formal, pero debe ser evaluado objetivamente para detectar sus debilidades y diseñar planes de acción que permitan su permanencia sustentable. En todo caso, los puntos a favor y en contra de este programa gubernamental han servido como referencia para la promoción de nuevos programas que impulsan la participación popular en el campo económico, como lo establece el texto constitucional. Es así como durante el año 2005 se comenzaron a impulsar las figuras de la cogestión y las empresas de producción social (EPS), que junto con las cooperativas, los microcréditos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME), se toman como puntas de lanza de los programas oficiales orientados a la consolidación de la “economía popular”.

Son diversos los temas de discusión que surgen a raíz de estas acciones gubernamentales, ya que cada una de ellas tiene implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, ambientales, e incluso institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexiones relacionadas especialmente con los mecanismos de cogestión que vienen promoviéndose en el país, analizados desde una perspectiva económica.

Es necesario comenzar la exposición aclarando el significado del término “cogestión”, para diferenciarlo de otros esquemas de participación en las decisiones económicas. Al respecto puede citarse a Sabino (1991: 1), quién la define como:

Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a través de representantes suyos en el directorio y en algunas otras instancias de gestión: gerencias, departamentos, etc. La cogestión puede ser una derivación de la copropiedad de la empresa o puede ser independiente de ésta, como resultado de leyes que la imponen.

En este sentido, se diferencia de la autogestión, ya que esta se refiere a aquellos casos donde los trabajadores toman las decisiones gerenciales en forma independiente, sean o no propietarios de la empresa; por otro lado, las cooperativas se conforman por un grupo de socios que comparten sus servicios y sus ganancias, y que eligen una junta directiva que tome las decisiones generales. Otro término con el que puede confundirse la cogestión es el de copropiedad, donde los trabajadores poseen una porción significativa de las acciones de la empresa, hecho que puede dar cabida a la aplicación de mecanismos cogestionarios.

Para el caso venezolano, las experiencias de cogestión que se vienen aplicando en el sector empresarial, no parten de la copropiedad de la firma, sino que se basan en la expropiación por parte del Estado de empresas en crisis, declaradas como utilidad pública, y entregadas a los trabajadores para que sean coadministradas por ellos y por los directivos designados por el gobierno. Se han dado otros casos en los cuales los propietarios privados, con la finalidad de acceder a planes de financiamiento del sector público, aceptan la cogestión dentro de sus estructuras directivas, sin compartir la propiedad de la empresa. En todo caso, los mecanismos de cogestión que comienzan a aplicarse en el país no se basan en la copropiedad de empresas, sino en la aplicación voluntaria de los propietarios, sean estos del sector público o del privado.

Con la finalidad de normar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los procesos de cogestión, se ha planteado la necesidad de crear leyes que regulen la materia, por lo que una vez aprobado el marco legal respectivo, daría lugar a nuevas modalidades de cogestión, tal vez en forma obligatoria si así lo establece el instrumento normativo aún por aprobar2. Como referencia a este contexto jurídico en construcción, puede comentarse que recientemente se ha aprobado el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo3, donde se incorpora como norma que las empresas del sector privado que reciban protección especial del Estado, tienen la obligatoriedad de incorporar representantes de los trabajadores a sus juntas directivas (art. 215), en términos similares a los previstos para órganos del sector público (art. 203 a 214); es decir, se abre la posibilidad de condicionar el apoyo oficial a la incorporación de la cogestión en las decisiones empresariales.

Otro mecanismo de participación popular en la actividad económica, que comienza a aplicarse en el año 2005, es el de las Empresas de Producción Social (EPS), las cuales se han constituido en una exigencia para contratar con ciertas empresas de Estado (como PDVSA y ALCASA). Esta figura consiste en la creación de empresas que no sólo persigan el objetivo de maximizar su rentabilidad para el sector privado, sino que parte de esta rentabilidad sea distribuida entre los trabajadores y la comunidad ubicada en su entorno, contribuyendo al financiamiento de obras para el desarrollo social4. Estas empresas pueden utilizar mecanismos de cogestión, pero no se ha contemplado aún como requisito obligatorio.

Ya establecidas las diferencias básicas entre la cogestión y otras formas de participación en la actividad económica, se comenzará la discusión sobre sus implicaciones económicas, haciendo referencia obligada a ciertas circunstancias en el entorno jurídico-político y social que condicionan su aplicación.

2. El contexto jurídico-político-social

En el ámbito de las decisiones políticas y jurídicas que se relacionan directamente con los mecanismos de cogestión, se hará referencia a tres de los instrumentos que le sirven de referencia en la actualidad; estos son la Constitución Nacional, ya referida anteriormente, el documento sobre el Nuevo Mapa Estratégico, y el proyecto de “Ley de participación de trabajadores y trabajadoras en la gestión de empresas públicas y privadas”, presentado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Los comentarios que se esbozarán sobre estos instrumentos se concentrarán en las implicaciones que tiene cada uno de ellos sobre la configuración del sistema económico propuesto por el gobierno central.

En primer término, la Constitución Nacional establece lineamientos para promover y proteger las diferentes formas de participación popular, en lo social y lo económico, comprometiendo al Estado a proporcionarles capacitación, asistencia técnica y financiamiento oportuno (art. 70, 118, 308). En estos términos no solo se refiere a la cogestión, sino a todos los medios de participación y formas asociativas “guiados por valores de mutua cooperación y solidaridad” (cooperativas, autogestión, cajas de ahorro, entre otros).

Al mismo tiempo se preserva el respeto a la libertad económica y la propiedad privada, con las limitaciones que implemente el Estado en aras del interés social y con el objetivo de “lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (art. 112, 299).

Lo anterior puede interpretarse como la supremacía del Estado para decidir cuando la libertad económica de los agentes privados debe ser intervenida, para favorecer objetivos de tipo social. Con este marco constitucional, queda abierta la puerta a decisiones gubernamentales que puedan imponer la cogestión de manera coercitiva, y aplicable aún en los casos donde los propietarios privados pudieran oponerse. Actualmente no hay un régimen jurídico específico que regule esta situación probable, pero pudiera estar amparado por la norma constitucional.

Por otra parte, si se revisan los documentos relacionados con la planificación estratégica del alto gobierno pueden observarse cuáles son los objetivos que se han establecido para la esfera económica y social. Tal es el caso del texto denominado “El nuevo mapa estratégico” (Chávez, 2004)5, documento donde se plasman los diez objetivos estratégicos que deben guiar los planes de acción gubernamentales. Estos son:

1. Avanzar en la conformación de la nueva estructura social.

2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional.

3. Avanzar aceleradamente en la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular.

4. Acelerar la creación de la nueva institucionalidad del Estado.

5. Activar una estrategia integral contra la corrupción.

6. Desarrollar la nueva estrategia electoral.

7. Acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo, rumbo a la creación de un nuevo sistema económico.

8. Continuar instalando la nueva estructura territorial.

9. Profundizar y acelerar la conformación de la nueva estrategia militar nacional.

10. Seguir impulsando el nuevo sistema internacional multipolar.

Los objetivos 1 y 7 hacen énfasis en los cambios propuestos en el campo social y el económico, respectivamente, sin olvidar la interdependencia que estos tienen con el resto de los lineamientos estratégicos perseguidos por el gobierno.

Con respecto a la conformación de una nueva estructura social, se enfatiza en el empoderamiento de los estratos de bajo ingreso, “darle poder a los pobres” (Chávez, 2004: 33), y en la búsqueda de una sociedad más justa y con mayor igualdad. Este planteamiento busca mejorar las condiciones sociales de amplios sectores de la población venezolana, caracterizados desde hace muchos años por:

- Creciente nivel de pobreza, estimado para finales del 2004 en 60,15% de la población, con un grado de pobreza extrema de 28,10% (Cesap-Cisor, 2005).

- Desigualdad en la distribución del ingreso: en términos estadísticos el coeficiente Gini alcanzó un valor de 0,457 a comienzos del siglo XXI (año 2000), mostrando una tendencia decreciente (Cesap-Cisor, 2005). Este indicador varía teóricamente entre 0 y 1, donde un valor de cero representa igualdad total en la distribución del ingreso y 1 indica una desigualdad extrema. Esto significa que el índice venezolano se encuentra en un nivel intermedio de desigualdad, aunque mostrando un comportamiento decreciente en los últimos años.

- Tasa de desempleo en disminución y altos niveles de ocupación en el sector informal: los niveles de desempleo han experimentado una caída importante (10,7% para febrero de 2006, según INE, 2006), mostrando resultados favorables para la gestión gubernamental y la recuperación del sector privado. Sin embargo, se mantienen altas tasas de desempleo informal (46,1% en marzo 2006, según INE, 2006), indicando que este sector de la población no goza de los beneficios laborales previstos en el marco institucional venezolano, afectando su calidad de vida.

- Limitado acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda) en los estratos más pobres de la población (INE, 2006).

Este marco de condiciones sociales desfavorables ha justificado gran parte de las acciones implementadas por el gobierno, entre ellas la promoción de las políticas de cogestión, con el argumento de recuperar y fortalecer empresas que generen nuevos empleos, o que eviten la desaparición de fuentes de empleo ya existentes. Para ello se estimula la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, otorgando el apoyo financiero requerido para continuar las operaciones de empresas en situación de crisis.

En el caso del séptimo objetivo del “Nuevo mapa estratégico”, referido al sistema económico, se esbozan tres lineamientos principales:

a) Trascender el modelo capitalista: citando las palabras del presidente Hugo Chávez (2004: 30), “el objetivo de largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el modelo capitalista…este modelo es inviable, imposible…”. Aclara su autor que no es un objetivo alcanzable en el período propuesto para el plan 2004-2006, pero que deben ejecutarse las acciones que establezcan los cimientos para alcanzar esta meta en el largo plazo, ya que es un sistema basado en la explotación y en una distribución altamente desigual del ingreso, y de esta forma no se alcanza el desarrollo de un país.

b) No se plantea eliminar la propiedad privada: en cuanto a los esquemas de propiedad descarta la instalación de un sistema comunista, al menos en el corto plazo. Al respecto señala lo establecido en la carta magna, sobre la construcción del sistema económico con desarrollo social, hacia “la economía social, la economía humanista, la economía igualitaria” (Chávez, 2004: 30). Se infiere la permanencia de los regímenes de propiedad privada de los medios de producción, pero supeditada a las regulaciones que pueda establecer el Estado al respecto, entre ellas los mecanismos de participación económica y la cogestión en la toma de decisiones.

c) Construcción del nuevo modelo productivo: “transformar no sólo el aparato productivo,… hay que transformar las relaciones de producción y acabar con el patrón del capitalista” (Chávez, 2004: 80). De nuevo enfatiza en el objetivo de superar el modelo de producción capitalista, pero sin abolir la propiedad privada como institución económica. Para la transformación del modelo productivo la principal herramienta del gobierno central, en una época de abundancia de recursos provenientes de la explotación petrolera, es la disponibilidad de recursos financieros y el condicionamiento al sector privado para acceder a ellos, no solo por la vía de los créditos blandos sino también a través de los programas de compras gubernamentales.

En este orden de ideas, se limita el apoyo financiero por parte del Estado a aquellos empresarios que se comprometan con esta transformación del aparato productivo y con una distribución más equitativa del ingreso. Los requisitos para acceder a los recursos públicos ya no son sólo de carácter financiero o de capacidad de pago, sino que se propone exigir contraprestaciones de tipo social que apunten a las transformaciones señaladas; esta nueva estrategia de acceso al financiamiento y a las contrataciones con el Estado ha sido bautizada como “modelos de negociación patriótica” (Chávez, 2004: 81), y muestra de ello son las figuras empresariales que se están consolidando para poder negociar con el Estado venezolano, entre ellas la cogestión, las EPS, las PYME, las cooperativas, además de las empresas públicas y mixtas, todas orientadas a fortalecer la participación popular en la esfera económica.

El tercer instrumento a analizar en el contexto jurídico-político asociado a los mecanismos de cogestión es el proyecto de “Ley de participación de trabajadores y trabajadoras en la gestión de empresas públicas y privadas” (UNT, 2005), que aún cuando no constituye un documento oficial, proviene del organismo sindical de mayor importancia y reconocimiento para la esfera gubernamental. Es necesario aclara que, por tratarse de un proyecto de ley, no puede asegurarse que parte de su articulado estará vigente en el futuro, o que modificaciones pueda sufrir en su proceso de discusión, por lo que se hará una breve referencia del mismo.

Fundamentalmente el proyecto de ley trata de regular los procesos de cogestión, sin referirse a otros mecanismos de participación popular. Al respecto, considera su aplicación tanto en empresas públicas y privadas, dejando que en el sector privado sea el patrono quién voluntariamente decida si sus trabajadores pueden coadministrar la empresa.

Establece la participación de los trabajadores en juntas directivas y órganos de decisión (instancias gerenciales), no en la propiedad de las empresas; se propone en el documento que la mitad de la junta directiva esté conformada por representantes de los trabajadores, pero el poder decisorio sigue estando en manos de los propietarios, ya que al tratarse asuntos en los cuáles no se logre el consenso, será el presidente de la firma (nombrado por los propietarios) quién tenga doble voto para dirimir la situación. Si este problema se presenta con frecuencia, podría ocurrir lo afirmado por Brand (1995: 141), al señalar que la cogestión…

…en muchos casos se reduce a la designación de algunas personas elegidas entre los empleados para ocupar puestos decorativos, mientras las decisiones fundamentales quedan en manos de los propietarios, lo cual limita o anula los beneficios que pudiera provocar este esquema de trabajo.

3. Reflexiones sobre la transformación del sistema económico a través de la cogestión

Considerando los planteamientos esbozados en los documentos ya señalados en la sección anterior, cabe preguntarse si las acciones emprendidas por el gobierno central, en cuanto a los mecanismos de participación económica, y especialmente en relación a la cogestión, conducirán con el tiempo a una transformación del sistema económico que predomina en Venezuela. Cabe destacar que históricamente la actividad económica del país se ha conducido bajo un esquema capitalista con una fuerte participación del sector gubernamental, es decir, un sistema económico mixto que algunos autores caracterizan como un socialismo liberal, capitalismo de Estado o economía socialista de mercado (Case y Fair, 1993; Rossetti, 2004; Samuelson y Nordhaus, 2004; entre otros).

Es necesario recordar que los sistemas económicos se definen en función de las relaciones de producción que predominan en ellos, entendiendo a éstas como las que se establecen entre el propietario de los medios de producción y el trabajador directo, es decir, entre los agentes (personas) involucrados en el proceso productivo, definiendo como se desarrollarán las condiciones de trabajo, la distribución del ingreso y la riqueza, entre otros aspectos de índole económica; se trata de relaciones técnicas e institucionales que rigen la organización económica y afectan las decisiones fundamentales de una sociedad (Mochón, 2005).

Es determinante para el sistema, la modalidad de propiedad que rige estas relaciones de producción; para el caso del capitalismo y del socialismo liberal, la propiedad de los medios de producción está principalmente en manos de agentes económicos privados, aunque en el segundo caso el Estado se reserva actividades económicas que se consideren estratégicas para el país o de interés colectivo (González y Maza, 1992).

Si se consideran las experiencias de cogestión que recientemente se han dado en el país6, y su marco normativo actual y potencial, no se puede afirmar que se esté gestando una transformación de sistema económico. Esta política gubernamental se ha caracterizado hasta el momento por lo siguiente:

- Se trata de aplicar los mecanismos de cogestión a estructuras empresariales ya existentes, con la generación de conflictos organizacionales dentro de las empresas involucradas. Es necesario destacar que las relaciones entre los propietarios de la firma y los trabajadores no sufren cambios estructurales, ya que la incorporación de representantes de los empleados en las juntas directivas no se traduce necesariamente en una transformación en las condiciones de trabajo o en la distribución de las remuneraciones. En algunas empresas en situación de crisis (caso de INVEPAL, INVEVAL, entre otros), el mayor cambio se ha experimentado en la figura de la propiedad, al pasar por un proceso de estatización que aumenta el sentido de pertenencia a la organización de parte de los trabajadores, pero se mantiene la relación de producción de un esquema capitalista propietario-empleado, aún cuando ahora se trata de un propietario estatal.

- Su campo de aplicación inmediato está asociado con empresas que presentan problemas operacionales y financieros, cuyos empleados, propietarios o gerentes, según el caso, acuden al gobierno en la búsqueda de apoyo. Se trata de organizaciones cuya planta operativa se encuentra ociosa, no disponen de suficientes activos para continuar su desempeño, o sus equipos se encuentran en estado de deterioro u obsolescencia. Es decir, se requiere de un esfuerzo mancomunado (trabajadores-Estado; trabajadores-propietarios-Estado) para reactivar la producción en estas empresas, que comienzan a operar bajo el esquema de cogestión en condiciones técnicas y económicas que restringen un desempeño futuro exitoso.

- El apoyo estatal se fundamenta en los mecanismos de financiamiento condicionados y en programas de preferencia en las compras gubernamentales. En ambos casos, las empresas que operan aplicando la cogestión con respaldo estatal (al igual que sucede con otros mecanismos de ayuda oficial), enfrentan un alto grado de dependencia financiera de los recursos provenientes del gobierno. Bajo este esquema de financiamiento y colocación de la producción, de presentarse un deterioro en la capacidad de apoyo estatal, se comprometería seriamente el logro de los objetivos propuestos para el modelo de cogestión.

- Hasta el momento, su aplicación se ha logrado en pequeña escala, sólo en una minoría de empresas se ha decidido aplicar el modelo impulsado por el gobierno.

- Ante la novedad de poder participar en la toma de decisiones directivas, se generan expectativas de mejora para los trabajadores, las cuales podrían ser satisfechas cuando se trate de aspectos de menor relevancia en la estrategia de las empresas; pero en aquellos aspectos trascendentales o que impliquen conflictos entre patrono (sea privado o estatal) y trabajadores, sigue siendo decisivo el poder de decisión del propietario, tal como se señaló en párrafos anteriores.

- Aún cuando se dé el caso de la transferencia total o parcial de la propiedad a los trabajadores, no prevista hasta el momento en los esquemas de cogestión en Venezuela, el modelo de explotación económica sigue estando intacto. Los trabajadores, al asumir la figura de propietarios, tendrán acceso a la remuneración con la figura de dividendos, y bajo la forma de salario cuando se recompense el uso de su fuerza de trabajo. No se plantea una forma de distribución alternativa, se mantiene la relación propiedad-dividendo y trabajo-salario, aunque la proporción que corresponda a cada factor productivo podría llegar a ser más equitativa, dependiendo del grado de participación que tengan los empleados en la composición accionaria de la empresa.

Todo lo anterior permite inferir que los mecanismos de cogestión de empresas no implican transformación alguna del sistema económico venezolano, sea visto desde el punto de vista de las relaciones de producción o desde un contexto institucional. Obviamente, el cambio estructural que implica la sustitución del sistema económico dominante no puede analizarse aisladamente, ya que involucra la presencia de factores diversos (formas de propiedad, de remuneración, factores institucionales que respalden el cambio, etc.), pero al revisar las implicaciones que tendría la cogestión como elemento protagonista de este proceso de transformación, no se visualizan en ella parámetros que comprometan la continuidad del sistema económico de socialismo liberal que ha dominado la esfera productiva del país durante el siglo XX y comienzos del XXI.

No puede negarse que este tipo de iniciativas benefician en alguna forma al trabajador asalariado, pero estos beneficios potenciales deben ser evaluados conjuntamente con las desventajas que puede conllevar su aplicación. Al respecto puede comentarse brevemente cuáles serían sus aportes y limitaciones.

4. Posibles beneficios y peligros asociados a los mecanismos de cogestión

Ante la novedad de su aplicación en Venezuela, puede resultar apresurado listar las ventajas y desventajas que puede traer consigo la aplicación de la cogestión, pero un análisis de sus características y de las condiciones que imperan actualmente en el país, permiten reflexionar al respecto y asomar las siguientes ideas, como síntesis de lo planteado en las secciones anteriores.

En cuanto a los beneficios potenciales que se observarían en la esfera económica, de lograr su aplicación exitosa, se tiene:

* Reactivación de empresas, con incidencia positiva en la mejora de los niveles de empleo formal y en la calidad de vida de la población de menores ingresos.

* Incorporación del trabajador a las instancias de decisión empresarial, situación que le permitiría estar en contacto con distintas áreas de la empresa y motivarlo a desarrollar nuevos emprendimientos económicos. Una experiencia de cogestión exitosa puede conducir a la formación de nuevos empresarios (aprendizaje por experiencia), incorporados a redes de producción y distribución, con el apoyo financiero gubernamental en su fase de puesta en marcha.

* Mejora de las habilidades de negociación del trabajador, al estar en contacto con la toma de decisiones estratégicas y operativas.

* Compromiso de los propietarios con las comunidades de su entorno, ya que el ansiado apoyo financiero estatal estaría condicionado al logro de metas asociadas a la responsabilidad social del empresario.

* Su aplicación exitosa a gran escala puede suavizar la transición a un sistema socio-económico más equitativo, aunque no se traduzca en cambios de las relaciones de producción o en las formas de propiedad. Se presume una estatización creciente (total o parcial) de la propiedad de las empresas, apoyada por la holgura financiera que ha caracterizado en los últimos años a las finanzas del gobierno central, situación que probablemente seguirá respaldando este tipo de iniciativas en el futuro; sin embargo, no se prevé que el derecho de propiedad pase a ser ostentado directamente por los empleados, manteniendo el patrón de Estado propietario-trabajador.

Ahora bien, entre los peligros que podrían empañar el modelo cogestionario podrían señalarse los siguientes:

* En primer término, ya se ha mencionado el alto grado de dependencia que tienen este tipo de iniciativas de la disponibilidad financiera del Estado (otorgamiento de créditos blandos, programas de compras preferenciales). En la medida en que este apoyo financiero se torne insuficiente en el tiempo, las empresas pueden sucumbir ante la falta de recursos.

* Aunado a lo anterior, existe el riesgo de que las empresas no logren salir de su crisis operativa y financiera, debido a un manejo ineficiente o a la presencia de bajos niveles de competitividad en el mercado. Al respecto, se observa que se están incorporando al modelo de cogestión negocios que ya presentan una situación difícil, y la aplicación de este mecanismo no garantiza su transformación en empresas de mayor viabilidad financiera y económica7.

* Puede darse el caso de empresarios privados que adoptan estas nuevas formas de gestión para acceder al financiamiento público, sin pretender realmente un cambio en sus estructuras. Sin la adecuada fiscalización, el dinero estatal puede orientarse erróneamente y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de producción basadas en la explotación patrono-trabajador.

* Ante las expectativas de mejora que se crean en la clase trabajadora, el fracaso de la política cogestionaria crearía frustración y nuevas fuentes de presión social.

5. A manera de conclusión: reflexiones finales

Los planteamientos esbozados en las secciones anteriores permiten proponer algunas conclusiones, relacionadas tanto con los mecanismos de cogestión empresarial como con el resto de las formas de participación económica impulsadas por el gobierno nacional (cooperativas, microempresas, pequeñas y medianas empresas PYMES, empresas de producción social EPS, entre otras).

La utilidad de estas políticas de participación para lograr una transformación gradual del sistema económico depende en gran medida de la claridad de los objetivos que se persiguen, y de que se integren en un proyecto económico nacional; tales objetivos y estrategias asociadas, si no pueden surgir del consenso entre los diferentes actores (gobierno, trabajadores, empresarios privados, otros agentes económicos), deben ser comunicados a toda la población en forma clara, manteniendo en lo posible su permanencia en el tiempo.

La situación que se observa en el país suele estar caracterizada por lo contrario, donde la corta duración de las estrategias gubernamentales se destaca. Si se revisa la experiencia de los regímenes de participación económica que se han venido aplicando, el apoyo inicial estuvo concentrado en los microcréditos y en las microempresas, luego pasó al sector de las cooperativas, y actualmente se concentra en las empresas cogestionadas y en las EPS. El frecuente cambio de énfasis en las políticas de apoyo gubernamental puede crear confusión en los diferentes actores socio-económicos (empresarios, trabajadores, consumidores, inversionistas); aunque los objetivos del gobierno pueden ser los mismos, la estrategia comunicacional no informa la complementariedad de las distintas políticas que sirven de soporte a la participación popular, creando la impresión de que se trata de acciones improvisadas sin planificación integral.

Tal confusión puede traducirse en que ciertos sectores de la población, en la búsqueda de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de su grupo familiar, busquen incluir sus iniciativas de pequeños emprendimientos económicos dentro de los planes de apoyo gubernamental, sin saber cuál de los mecanismos existentes es el que mejor se adapta a su caso; muestra de ello es la cantidad de personas que acuden masivamente a solicitar ayuda financiera a las diferentes instituciones públicas (las largas filas de personas en estos sitios evidencia su interés por participar en alguno de los planes de apoyo vigentes), y la frecuencia en el cambio de las estrategias de participación no permite mantener reglas claras que orienten apropiadamente las decisiones económicas de la población.

La variación periódica de las reglas del juego no permite la consolidación de ningún sistema económico, se genera gran incertidumbre y se tiende a paralizar la toma de decisiones, especialmente la relacionada con nuevas inversiones privadas que contribuirían a mejorar los niveles de empleo formal.

Una mayor estabilidad en el marco institucional y regulatorio del Estado, permitiría conformar un entorno de seguridad jurídica que respalde las decisiones de los agentes económicos privados. Aún cuando las regulaciones a imponer sean menos favorables que las que se han aplicado en el pasado, en cuanto a sus efectos sobre la rentabilidad de los negocios particulares, el conocimiento de las nuevas reglas, y su permanencia en el tiempo, le permitirían al inversionista decidir sobre el destino de sus recursos, con la seguridad de no enfrentar sorpresas gubernamentales en el corto y mediano plazo. Esto es válido bajo el supuesto de que se siga manteniendo la figura de la propiedad privada como institución válida dentro del sistema económico, aún cuando esté supeditada al respeto de los objetivos de interés colectivo planificados por el Estado.

Es necesario reconocer que la transición a un sistema económico más justo y equitativo, debe contemplar una serie de procesos y mecanismos que promuevan un cambio institucional en todos los niveles. Este cambio debe partir del establecimiento de reglas de juego claras y estables, que permitan fijar un marco para la toma de decisiones de los agentes involucrados. Asimismo, debe considerarse la participación y consenso de todos los sectores del país en la construcción de un “nuevo” modelo económico.

Asimismo, el marco institucional en construcción, hacia las nuevas bases del sistema económico, no debe ignorar el entorno internacional, basado en la competencia y la eficiencia de las organizaciones. Apoyar indiscriminadamente actividades empresariales que no demuestren suficiente potencial competitivo, implicaría la necesidad de aislar la economía del país del resto del mundo, situación poco probable en las condiciones actuales del sistema económico internacional.

Finalmente, los organismos estatales deben enfatizar en políticas que promuevan el desarrollo económico–social basado en la generación de conocimientos; la planificación de un cambio en el sistema económico y productivo debe considerar como factor primordial la capacitación del recurso humano, su formación no solo técnica o académica, sino también ética y moral. Esto, obviamente, constituye un objetivo alcanzable en el largo plazo, pero es urgente el diseño de un plan que contemple esta necesidad.

Para ello se plantea la necesidad de divulgar conocimientos pertinentes al entorno social y cultural, impulsar el desarrollo de nuevos saberes y la asimilación y/o superación de patrones culturales que fortalezcan la transformación del sistema. Una población con mayores capacidades para la generación de ideas, para proponer soluciones, para exigir un liderazgo serio y responsable, tendrá mayores posibilidades de mejorar su nivel de vida. Darle poder a los pobres (y a los no pobres también), no es un objetivo que se alcance únicamente a través del apoyo financiero del Estado; el desarrollo basado en el conocimiento contribuiría significativamente a un verdadero empoderamiento sustentable a mediano y largo plazo.

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Notas

1  Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000.

2  Al respecto no se ha iniciado la discusión de algún proyecto de ley en la Asamblea Nacional. En mayo 2005 la Unión Nacional de Trabajadores (UNT, 2005) dio a conocer su propuesta de proyecto de ley, pero éste no ha sido discutido ni sancionado en el órgano legislativo.

3  Gaceta Oficial Nº 38.426 de 28 de abril de 2006.

4  Véase la información publicada en el sitio en Internet de PDVSA: http://www. pdvsa.com/

5  “El nuevo mapa estratégico” es el documento que actualmente constituye la guía obligatoria para todos los proyectos que se presenten para la aprobación del gobierno central, considerando que su ejecución fue prevista para el bienio 2004-2006, mientras se consolida la posible reelección del presidente Hugo Chávez.

6  No es objetivo de este artículo comentar las experiencias individuales de empresas que actualmente aplican la cogestión en sus operaciones. Sobre el tema puede consultarse las publicaciones de: Lucena, 2005; Rodríguez, 2005; Primo, 2004; Rosales, 2005; Cormenzana, 2005; Tejero, 2006.

7  En Tejero (2006) se comentan algunas experiencias de la empresa INVEPAL, en cuanto a la administración de los recursos para el reacondicionamiento de sus instalaciones.