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Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 20030507

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales v.15 n.1 Caracas abr. 2009

 

Participación social y consejos comunales en Venezuela

Jesús E. Machado M

Sociólogo. Actualmente coordina el Observatorio de Participación y Convivencia Social de Venezuela de la Fundación Centro Gumilla. jesusmachado520@gmail.com

Resumen

En este artículo se presentan un breve desarrollo de la participación social en  Venezuela durante el siglo xx y lo que va del xxi, destacando que la organización social ha sido en torno a la necesidad de hacer más habitable el espacio que se ocupa. En una segunda parte, se aborda el rol que ha desempeñado el Estado en el fomento de formas organizativas para la participación social. Finalmente, en una tercera parte, se analiza la experiencia de los consejos comunales, destacando su génesis, sus alcances, sus ámbitos de acción y su financiamiento.

Palabras clave: participación social, consejos comunales, Venezuela. 

Social Participation and Communal Councils in Venezuela

Abstract

This article starts with a brief review of social participation in Venezuela during the 20th century and the first decade of the 21st, emphasizing that social organization has been stimulated basically by the need to improve living conditions in the urban areas. In the second part, there is an analysis of the role of the State in the promotion of organizational forms for social participation. Finally, in a third part, the experience of the communal councils is examined, in terms of their origins their coverage, their competences and their source of financing.

Key Words: Social Participation, Communal Councils, Venezuela.

I. La participación social en Venezuela

La participación social y política en Venezuela es de larga data. Existen registros desde 1934 que dan cuenta del proceso organizativo en comunidades. Los pioneros que coadyuvaron en la fundación de los primeros conglomerados urbanos populares, tales como San Agustín del Sur, La Vega y Antemano, crearon organizaciones comunitarias llamadas Ligas de Colonos que luego pasarían a llamarse Juntas Profomento o Promejoras.

Lo que comenzó como formas organizativas para resolver problemas del espacio social que ocupaban adquiere mayor consistencia organizativa y fortaleza y se convierten en organizaciones populares, con capacidad de movilización comunitaria y de organizar protestas callejeras como instrumento de presión política al gobierno de Eleazar López Contreras. Una de estas manifestaciones tuvo que ver con las protestas en contra de los propietarios de casas destinadas al arriendo, obligando al gobierno a dictar un decreto mediante el cual se estableció un conjunto de regulaciones sobre el cobro de los alquileres.

Para 1940 se había creado la Junta Central en la que se agrupaban las juntas promejoras. Para 1944 éstas se habían extendido a gran parte del país y dan un paso más: se constituyen en federaciones de juntas promejoras.

Varios partidos políticos comenzaron a evaluar el potencial que le brindaban estas formas organizativas comunitarias para el desarrollo de sus agrupaciones y orientaron parte de sus acciones hacia éstas, realizando trabajos de penetración en los que trataban de imponer sus respectivas líneas políticas: Como resultado de ello, hacia finales del 45 lo que había demostrado un dinamismo organizativo comunitario daba muestra de fuerte estancamiento.

Dado el cambiante clima político al inicio de los 60 resurgen las juntas promejoras. Las situaciones de alta conflictividad político-social de entonces las hacen sucumbir nuevamente.

En 1964 el gobierno de Raúl Leoni lanza el Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad, desde el cual se coordinarían las acciones gubernamentales y comunitarias para la dotación de infraestructura para la urbanización, apoyo a las actividades deportivas y culturales con un marcado acento en el populismo asistencialista. Más que una forma de estimular la organización autónoma de las comunidades era una estrategia política diseñada para garantizar una adhesión al pacto de elites para garantizar la gobernabilidad tras la dictadura de Pérez Jiménez y neutralizar la influencia que pudieran tener otras fuerzas disidentes en estos sectores. Otro elemento que se destaca es que el Estado asume el rol de organizador de formas organizativas comunitarias.

Estas organizaciones fomentadas desde el Estado, guiadas por intereses del partido en funciones de gobierno, tuvieron poco éxito y pronto se convirtieron en correaje de transmisión de Acción Democrática. Cayendo en el desprestigio y su posterior desaparición.

La década de los 70 bien la podríamos caracterizar como un período de auge considerable de las formas organizativas populares. Se caracterizaban por dinámicas autónomas, prácticas democráticas y elevados niveles de participación social. Su accionar estaba fuertemente impregnado por demandas de carácter reivindicativo. Muchas de ellas realizaron planteamientos que trascendían lo social-reivindicativo para proponer transformaciones políticas en la formación social venezolana.

Las muy variadas demandas de los sectores populares de alguna manera eran atendidas por una avalancha de recursos financieros. Parte de la renta petrolera fue usada para anular todo tipo disenso y crear consensos socio-políticos artificiales mediante la conciliación populista de intereses por parte de las elites que manejaban el Estado.

Al final de la misma década, coincidiendo con el inicio de una prolongada crisis económica, tienen un reimpulso diversos tipos de organizaciones con finalidades distintas al igual que el origen de clases de las mismas. Es el auge de las asociaciones de vecinos y organizaciones sociales los cuales se ocupaban de temas como los problemas comunitarios y vecinales, lucha por instalación o mejoras en los servicios sociales y públicos, hasta organizaciones que tenían como interés el trabajo con jóvenes, niños y mujeres, organizaciones ecológicas, deportivas y religiosas, entre muchas otras.

A lo largo de la década de los 80 lo que existía en términos organizativos se encontraba en situación de dispersión, debilitamiento y fragmentación. Se había llegado a una situación de retroceso en las forma organizativas. El copamiento de los partidos políticos de las asociaciones de vecinos, las cuales usaban como espacio de disputas y control, terminó por desgastar y desprestigiar esta forma organizativa vecinal.

En la década de los 90 se inicia el resurgimiento de las organizaciones populares. Un renacer lento, progresivo, superando antiguos vicios, con planteamientos de horizontes políticos distintos ante la pérdida de referentes sistémicos que de alguna manera las alimentaron. Las movilizaciones populares tienen un incremento significativo, con un fuerte matiz reivindicativo. Las protestas van adquiriendo un carácter confrontacional violento. Las demandas reivindicativas y las de tipo político se van equilibrando abriendo paso a más formas organizativas.

En el 92 se producen dos intentos de golpes de Estado. Hay un creciente apoyo de una porción considerable de los sectores populares a los responsables de las dos intervenciones militares y aumento del rechazo a la institucionalidad democrática liberal hasta el momento vigente. Muchas de las nuevas formas organizativas populares estaban motivadas por la adhesión a estos militares. La participación popular tiene un auge ciertamente multitudinario.

II. El rol del Estado en el fomento de las organizaciones comunitarias

Con la aprobación de un nuevo texto constitucional en 1999, se da un nuevo impulso a las formas participativas posibilitando la aparición de diversos tipos de las mismas. A lo que habría que añadir la estimulación profunda que hace el actual Presidente de la República para la organización social comunitaria. En el texto constitucional existen, al menos, existen unos 70 artículos que promueven la participación ciudadana en varios aspectos de la vida pública del país. Algunos de ellos hacen alusión directa a la participación popular.

 El mismo Estado nacional se ha reestructurado para facilitar la organización a través de mecanismos de información y atención ciudadana (líneas telefónicas gratuitas de atención, servicios de recepción y entrega documentos, servicio de taquilla única, horarios especiales de atención); estructura institucional gubernamental (Sistema de Planificación, Sistema Nacional de Control Fiscal, Sistema de Participación y Planificación Social); reconocimiento de derechos (derecho de petición, derecho de información, derecho de queja y reclamo, derecho de ser consultado, derecho de formular opinión, derecho de presentar propuestas)

 Promulgación de leyes en las que se alude de manera directa la participación social en los procesos que deben llevar a cabo instancias del gobierno, tales como la Ley Orgánica de Planificación; Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (2006).

 La actual administración gubernamental elaboró un documento titulado “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007”, que marca las directrices para la creación de de formas organizativas desde el poder central. A partir de estas líneas generales, el Estado se concibe como un facilitador del proceso de organización y participación dirigidos a la creación de un poder popular.

 En la Gaceta Oficial Extraordinaria n° 5.890 del 31 de julio de 2008, salen publicados veintiséis (26) decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley que abordan diferentes materias. En 14 de las cuales hay mención a consejos comunales, otras formas de organización y participación comunitaria, participación popular, formas de organización social, cualquier forma de organización y participación comunitaria, las comunidades organizadas.

 En una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social se señala que “hay 6.600 Mesas Técnicas de Agua, 6.740 Comités de Tierra Urbana, 3.600 Bancos Comunales, 472 Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, 27.872 Consejos Comunales, 4.156 Mesas Técnicas de Energía, 485 Medios Comunitarios y 7.800 Comités de Salud...” (Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social, 2009, Internet)1

 A partir de la promulgación del texto constitucional de 1999 y con mayor énfasis a partir de 2006, luego de la reelección del actual Presidente, se ha estado estimulando fuertemente la participación y la organización social comunitaria disponiendo gran cantidad de recursos económicos, técnicos y logísticos para fortalecer lo que desde la nueva hegemonía en la conducción del Estado ha llamado la construcción del socialismo del siglo xxi, teniendo como uno de sus pilares el poder popular.

 III. Consejos Comunales

 Uno de los mayores esfuerzos que ha realizado el Gobierno nacional en torno a la organización para la participación social ha sido a través de los consejos comunales.

 El origen de estos bien la podemos rastrear hasta el texto constitucional de 1999. El artículo 62 refiere a la participación popular en la gestión pública. El artículo 70 determina las formas de participación en lo económico, social y político. El artículo 182 establece la creación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), el cual estaría "presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley".

 La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, del 12 de junio de 2002 es cuando aparecen por primera vez la mención de los consejos comunales “los miembros del Consejo Local de Planificación Pública estarán obligados a cumplir con sus funciones, en beneficio de los intereses colectivos, mantendrá una vinculación permanente con las redes de los consejos parroquiales y comunales, atendiendo sus opiniones y sugerencias, y prestará información oportunamente, de las actividades del Consejo Local de Planificación Pública”.2

 Los consejos locales de planificación pública no fueron aceptados tan fácilmente por las autoridades municipales quienes debían estimular su conformación. En vista de ello se modifica la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides – Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.805 Extraordinario, de fecha 22 de marzo de 2006) permitiendo la creación acelerada de estos consejos locales de planificación, ya que en su artículo 20 se exige que los programas y proyectos de las alcaldías deben ser presentados por los mismos CLPP para su aprobación, “Los programas y proyectos serán presentados para su aprobación: en el caso de las gobernaciones a través de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; en caso de las alcaldías, a través de los Consejos Locales de Planificación Pública. Los programas y proyectos de los Consejos Comunales de acuerdo con lo previsto en su respectiva ley”3

Para junio de 2005 se promulga Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial n° 38.204 del 8 de junio de 2005). En este texto quedaba claro que los consejos comunales eran una instancia de los CLPP. Art. 112: “Los consejos parroquiales y comunales son instancias del Consejo Local de Planificación Pública que tendrán como función servir de centro principal para la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como para viabilizar las ideas y propuestas que la comunidad organizada presente ante el Consejo Local de Planificación Pública”4.

El artículo 113, de esta misma ley, señalaba que “el alcalde o alcaldesa en su carácter de presidente o presidenta del Consejo Local de Planificación Pública, promoverá la conformación de los consejos parroquiales y comunales5. A la luz de los hechos, poco fueron los consejos parroquiales y comunales promovidos por las autoridades municipales.

Desde mediados de 2005 el mismo Presidente de la República ha estado realizando exhortaciones para la organización de los consejos comunales como forma de participación social. Los programas de “Aló Presidente”6 han sido una plataforma de amplia difusión para promover esta forma organizativa, a fin de estimular la participación organizada de las comunidades en la solución de los problemas más urgentes y cotidianos en relación al espacio social que habita.

Al momento de rendir memoria y cuenta de lo actuado ante la Asamblea Nacional en febrero de 2006, el Presidente de la República hace un llamado para que las comunidades se organizaran en consejos comunales, a la vez que exhortó a la Asamblea Nacional para que promulgara una ley sobre esta figura de organización comunitaria. El 7 de abril de 2006, se promulga la Ley de los Consejos Comunales y publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº. 5806 de fecha 10 de abril 2006.

La disposición transitoria de la Ley de los Consejos Comunales señala: “Queda derogado el artículo 8 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y todas las disposiciones que contradigan lo previsto en esta Ley” con lo que se separan de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Se reforma la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para suprimir la relación de los consejos comunales con las alcaldías y las juntas parroquiales.

En el artículo 30 se crea la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, designada por el Presidente de la República, a través de esta comisión se establece el enlace de los consejos comunales con el Estado. Se trata de la conformación de instancias de participación comunitaria, sin cuerpos intermedios de relación con el Ejecutivo. Estableciéndose una relación directa entre los consejos comunales y el Ejecutivo nacional.

En esta ley los consejos comunales son definidos como “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social” (Ley de los Consejos Comunales, 2006. Art. 2)7

Desarrollo de los consejos comunales

Antes de la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, habían organizaciones de este tipo partiendo de lo establecido en la Ley de Consejos Locales de planificación Pública.

A partir de abril de 2006 hay un gran esfuerzo desde el Gobierno nacional para la conformación de consejos comunales en el país. El para entonces, ministro del Poder Popular para la Participación y Protección Social, David Velásquez, había señalado, en una nota de prensa ese mismo año, que la meta para 2007 era la conformación de unos 50 000 consejos comunales8 y para 2008 la meta era de unos 100 000 consejos comunales en todo el país9

Según información aportada por Fudacomunal10, para marzo de 2008 en Venezuela existían 36.812 consejos comunales, de los cuales 26.143 están constituidos y 10.669 en proceso de conformación en todo el país.

En un informe de indicadores y coyuntura política, realizado a nivel nacional entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2008 por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), se hizo la siguiente pregunta: “¿Sabe si existe en esta comunidad un Consejo Comunal?”: 71,5% de los entrevistados respondieron afirmativamente.11

En el estudio sobre las misiones sociales del Gobierno nacional, llevado a acabo por el Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela del 2 al 12 de agosto de 2008 a nivel nacional, consultaron: “En la comunidad donde usted vive ¿Se han formado consejos comunales?” 62,6% de las personas consultadas respondieron que Sí, mientras 20,2% dijeron que No y 17,2% dijeron no saber12

No conocemos una data organizada que nos dé cuenta de cuántas personas están involucradas de manera directa en la organización y funcionamiento de los consejos comunales, lo que hace difícil conocer la cobertura poblacional exacta de los mismos. Aun así, las estimaciones posibles que podamos hacer estarían señalando que gran cantidad de personas están involucradas en las mismas.

 Lo que es evidente, partiendo de los datos obtenidos, es que los consejos comunales son la forma organizativa, fundamentalmente popular, con mayor extensión, números de miembros y mayor extensión en la Venezuela contemporánea.

 Financiamiento

Los recursos que son utilizados por los consejos comunales para la ejecución de los proyectos comunitarios son manejados a través de la Unidad de Gestión Financiera,13 integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos por la asamblea para ejercer la función de ejecución financiera del consejo, encargado de administrar los recursos. La ley lo denomina Banco Comunal y tiene la figura de una cooperativa.

El Banco Comunal tiene por funciones: administrar los recursos, promover la constitución de cooperativas, impulsar el presupuesto participativo, promover formas alternativas de intercambio, articularse con el resto del sistema microfinanciero, promover los núcleos endógenos, rendir cuentas, prestar servicios no financieros, prestar asistencia social y realizar la intermediación financiera.14

Los recursos son los transferidos por la República, los estados y los municipios. En específico se señalan las transferencias dispuestas a las comunidades en la Ley del Fides y la Ley de Asignaciones Económicas derivadas de Minas e Hidrocarburos Especiales (LAEE).15 También incluyen aquellos que provengan de la actividad de los Consejos Comunales, sea por los servicios transferidos, o generados por su actividad o recibido por donaciones.16

El primer mandatario nacional señaló en un encuentro con consejos comunales en el Teatro Municipal el 17 de octubre de 2008 que “en 2006 fueron orientados 3.2 billones de bolívares (antiguos) a este sector, mientras que en 2007 fueron otorgados 2,1 billones de bolívares (antiguos) y en 2008 han sido otorgados 3,2 millardos de bolívares fuertes, para atender más de 8.800 proyectos”.17

En el II Estudio sobre Consejos Comunales en Venezuela,18 67% de los entrevistados consideran que el Gobierno nacional debe financiar y aportar recursos a los Consejos Comunales. Mientras 25% les atribuyen esa responsabilidad a las alcaldías y 22% a los gobernadores.

 En el I Estudio sobre los Consejos Comunales realizado por la Fundación Centro Gumilla,19 los voceros de la comisiones de trabajo de estas instancias organizativas señalaron en 58% que recibían financiamiento, mientras que 35% de los consultados respondieron negativamente. Sobre la consulta sobre si el financiamiento se otorgaba en el tiempo programado, en 51% de los casos fue afirmativo. En los casos en los cuales no llega el financiamiento oportunamente se ubica en 43%. En otras palabras, de acuerdo con la información aportada por los voceros consultados, sólo 29,43% de los consejos comunales que hacen solicitud de fondos públicos para la realización de proyectos comunitarios lo reciben a tiempo.

 Al consultárseles sobre la contraloría, 78% de los voceros consultados afirmaron que ejercen contraloría comunitaria a los proyectos ejecutados. 15% manifestaron no realizar contraloría comunitaria de los proyectos ejecutados por los consejos comunales. Los entrevistados señalaron que las causas por las cuales no se realizaba contraloría comunitaria a los proyectos de debía a que no había proyectos en ejecución/ estaban empezando, 42%; la falta de organización fue el causal para 5%; por falta de participación comunitaria 6%; no sabían cómo hacerlo un 3%; falta rendición de relación de gastos 4%; y por falta de comisión de contraloría 3%. Se señalaron otras causas varias: 23%, y no se obtuvieron respuesta en 13% de los casos.

 Si bien es cierto que existe una alta proporción en el ejercicio de la acción de contraloría de los gastos en proyectos comunitarios realizados por mediación o con intervención de los consejos comunales, no deja de llamar la atención que en una pequeña parte de estas formas organizativas no se realice control de los fondos asignados para la ejecución de proyectos para sus respectivas comunidades.

 Los consejos comunales, al manejar fondos públicos, generan responsabilidad civil, penal y administrativa, por lo que, sin tener el estatuto de funcionario público, los miembros del órgano financiero adquieren las responsabilidades propias de un Funcionario Público.20

 Los miembros de las comunidades perciben que la corrupción en los consejos comunales es tremendamente alta. Ante el enunciado: “En la administración de los Consejos Comunales no existe corrupción”, las respuestas mayoritarias fueron “totalmente en desacuerdo” 39% y “parcialmente en desacuerdo” 22%, lo que sumaría un 61%. Al formular el planteamiento “Hay mucho descontrol del dinero que va a los consejos comunales” las opciones “totalmente de acuerdo” y “parcialmente de acuerdo” obtuvieron 45% y 18% respectivamente.21

Ámbitos de acción de los consejos comunales

Según la ley que rige los consejos comunales, éstos pueden establecer áreas y comités de trabajos de acuerdo con las particularidades y problemas más relevantes de la comunidad, pudiendo establecer tantas comisiones de trabajo como lo requiera la asamblea de ciudadanos.22

La necesidad de hacer cada vez más digno el espacio social que se ocupa habitacionalmente, procurando elevar la calidad de vida, implica para los habitantes de las comunidades una motivación para el diagnóstico social, elaboración de propuestas y proyectos y realizar las gestiones ante los organismos gubernamentales correspondientes, esto de alguna manera explica el éxito que han tenido los consejos comunales.23 

En la consulta que se hizo a varios consejos comunales en la cual se les preguntaba ¿cuáles proyectos ha puesto en marcha este consejo comunal en esta comunidad?, se señalaba lo siguiente: “Casi de manera absoluta señalaron proyectos de infraestructura pública, urbanismo y servicios. Para viviendas 23%, si le sumamos lo del programa Sustitución de Vivienda (SUVI), un 10%, llega a 33%, una diferencia bien marcada con respecto al resto de los demás proyectos. Red de agua potable y servidas 21%; vialidad 15%; electrificación 14%; obras relacionadas con el deporte 13%; construcción sede de CC 12%; obras para escuelas 12%; aceras, caminerías, escaleras 10%; plazas, parques 4% (…) En las ejecutorías de los proyecto muestra que las comunidades están utilizando los consejos comunales para resolver problemas de infraestructura, en especial la infraestructura habitacional y servicios concomitantes. En estas realizaciones los consejos comunales van obteniendo logros que potencian su motivación para seguir participando colectivamente”.24 

Otras acciones realizadas a través de los consejos comunales son reuniones de trabajo con diferentes entes gubernamentales para plantear problemas en búsqueda de soluciones a los mismos con una temática amplia que abarca temas de: “inseguridad, la escasez de electricidad y las deficiencias en la vialidad; problemas en el suministro de agua; sustitución de techado; costo transporte; canalización aguas servidas; recolección de desechos sólidos; salud; vivienda; transporte; construcción de infraestructura de servicios”.25

Las comunidades no solamente están demandando soluciones de servicios y satisfacción de necesidades sino que están planteando y realizando soluciones a los mismos. Son las mismas comunidades populares las que están dando respuesta a necesidades históricas. Se muestra un cambio emergente protagonizado por los sectores populares, que van asumiendo en grado creciente mayores niveles de responsabilidad social.

 En términos generales los consejos comunales mantienen buenas relaciones con las instituciones del Estado, según lo señalado por 74% de entrevistados. En los casos en que indicaron que es mala, ésta se debe a procedimientos lentos, ausencias de respuestas , o no atienden las demandas de los consejos comunales en 52% de los casos.26

 Se encontró que existe una buena relación entre comunidad y consejo comunal en 71% de los casos, Se observó un patrón, aunque bajo, en cuanto a la no relación de los consejos comunales de las comunidades desde la que nacen (2%),27 esto pudiera estar señalando la constitución de consejos comunales como franquicias personales para captación de renta, dejando las necesidades de los pobladores al margen, pero utilizándolos para su propio beneficio.

 En una gran mayoría los consejos comunales se han conformado por iniciativa de la comunidad o por motorización de algunos de los líderes de estas, 85%.

 Uso político de los Consejos Comunales

Dado el desarrollo que han tenido los consejos comunales y su dependencia de presupuestos públicos canalizados a través del Ejecutivo nacional, gobernaciones y alcaldías, están tremendamente expuestos a chantajes y manipulaciones de quienes manejan los recursos económicos. En declaraciones del actual gobernador del estado Guárico, Willian Lara28, señalaba que “los consejos comunales, cuya trayectoria, como manifestación auténtica del Poder Popular, se ha topado en algunos sitios con grupos de poder político y económico que le han impuesto alcabalas, peajes, sometiéndolos a presiones lesivas a su autonomía, independencia y soberanía, por ejemplo con la práctica […] de exigirles incondicionalidad política como precio del derecho a recibir financiamiento de sus proyectos. La más brutal expresión del secuestro de los consejos comunales, del sometimiento de su soberanía por el chantaje de los burócratas que administran el presupuesto público”.

Recientemente las declaraciones de la ministra del Poder Popular para la Participación y Protección Social, Erika Farías, dadas en un acto en el Teatro Teresa Carreño señalaba que: "A partir de este momento, cada consejo comunal se constituye en un comité por el Sí. Es un órgano del poder. Todos deben ser organizaciones para la Batalla del Sí. Comités de tierra, mesas de energía, mesas de telecomunicaciones son comités por el Sí (...) Hay que entender que es un trabajo político; hay que dejar de lado cualquier otro proyecto para poner la lucha. Ninguno de los problemas que vamos a solucionar en la comunidad podemos abordarlo sin una fuerza”.29

El luchador social Santiago Arconada30 señalaba que muchos consejos comunales los están convirtiendo en apéndices del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y que esto constituye la mejor formar de aniquilar esta experiencia organizativa.

Algunas conclusiones

El proceso organizativo social en Venezuela en la última década ha tenido un crecimiento exponencial y muy diverso, en donde han nacido experiencias organizativas distintas motorizadas fundamentalmente por la agenda social de los sectores populares fundamentalmente.

Los consejos comunales son la organización social más extendida y numerosa actualmente y quizá en todo la historia de la organización para la participación social del país.

Es a través de los consejos comunales que muchos sectores populares están concretando formas de realizar una mayor habitabilidad del espacio social que se ocupa para vivienda.

Las formas de organización y toma de decisiones pudieran estar siendo una escuela de ciudadanía en la que los habitantes de una comunidad se entrenan para el ejercicio de un modo no tan conocido y menos practicado de la democracia.

Por su extensión y su vinculación con los fondos públicos, además de ser el Estado el principal impulsor de estas formas de organización social, están fuertemente sometidos a manipulaciones, chantajes, prácticas, clientelares, centralización y cooptación de diversas fuerzas políticas, lo que conllevaría, por un lado, a asfixiar esta interesante experiencia organizativa social en Venezuela y, por otra, impedir la construcción real y efectiva de un poder popular.

Bibliografía

1. Willian Lara: “La liberación de los consejos comunales”. En: El Nacional, 7-7-8, p. A-4        [ Links ]

2. “Gobierno obliga a consejos comunales a trabajar por el Sí”. El Nacional. Jueves 08 de enero de 2009.        [ Links ]

3. Arconada Rodríguez, Santiago: “Conciencia” (en línea) http://www.aporrea.org/actualidad/a70514.html.> Consulta 16-01-09        [ Links ]

4. Aporrea: “Gobierno Bolivariano transfiere más de Bs F. 500 millones al Poder Popular”. (en línea) <http://www.aporrea.org/poderpopular/n122492.html> Consulta del 28-10-08.        [ Links ]

5. Indicadores Generales y Coyuntura Política. Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD). Del 26 de mayo al 6 de junio de 2008. [en línea] http://www.scribd.com/doc/3466870/Encuesta-Ivad-Venezuela-mayo-junio-2008.> Consulta 25-08-08.        [ Links ]

6. Machado, Jesús (2008a): “Consejos comunales. Seguimiento de prensa”. Revista SIC, nº 705, Caracas, junio, pp. 228-229.        [ Links ]

7. Machado, Jesús (2008b): I Estudio de los Consejos Comunales de Venezuela 2008 (en línea) http://gumilla.org/?p=page & id=1217966587 > Caracas. Fundación Centro Gumilla.        [ Links ]

8. Machado, Jesús (2008c): II Estudio sobre Consejos Comunales en Venezuela 2008. Caracas, Fundación Centro Gumilla. (en línea) <http://gumilla.org/?p=page & id=1217966587>         [ Links ]

9. Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social: “Poder popular se organiza para dar batalla por el sí a la enmienda” (en línea) http://www.consejoscomunales.gob.ve/index.php?option=com_content & task=view & id=247 & Itemid=73> Consulta el 15-01-09.        [ Links ]

10. Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social: “Conformados más de 30 mil Consejos Comunales en todo el País” (en línea) http://www.consejoscomunales.gob.ve/index.php?option=com_content & task=view & id=113 & Itemid=73 > Consulta el 15-01-09        [ Links ]

Comunicaciones electrónicas

11. Henry Pérez: “Consejos comunales a nivel nacional” (en línea). Mensaje electrónico enviado a Jesús Machado el 05-05-08.        [ Links ]12. Virtuoso, José: “Informe Misiones Sociales” (en línea). Mensaje electrónico enviado a Jesús Machado el 06-11-08.         [ Links ]

Notas

1 Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social: “Poder popular se organiza para dar batalla por el sí a la enmienda” (en línea) http://www.consejoscomunales.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=73 Consulta el 15-01-09.

2 Ley de Los Consejos Locales de Planificación Pública. Art. 6. Cursivas nuestras.

3 Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Art. 20.

4 Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Art. 112.

5 Ídem. Art. 113.

6 Al respecto puede consultarse la siguiente dirección electrónica: [en línea] http://alopresidente.gob.ve/transcripciones/ Consulta 15-11-08.

7 Ley de los Consejos Comunales. Art. 2.

8 Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social: “Conformados más de 30 mil Consejos Comunales en todo el País” [en línea] http://www.consejoscomunales.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=73> Consulta el 15-01-09

9 Ídem

10 Henry Pérez: “Consejos Comunales a Nivel Nacional” (en línea). Mensaje electrónico enviado a Jesús Machado el 05-05-08.

11 Indicadores Generales y Coyuntura Política. Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD). Del 26 de mayo al 06 de junio de 2008. [en línea] http://www.scribd.com/doc/3466870/Encuesta-Ivad-Venezuela-mayo-junio-2008> Consulta 25-08-08.

12 José Virtuoso: “Informe Misiones Sociales” (en línea). Mensaje electrónico enviado a Jesús Machado el 06-11-08.

13 Ley de los Consejos Comunales. Artículo 10.

14 Ídem. Artículo 22.

15 Ídem.  Artículos 2 y 25 numeral1.

16 Ídem. Artículo 25 numerales 3 al 6.

17 Aporrea [en  línea] <http://www.aporrea.org/poderpopular/n122492.html> Consulta del 28-10-08.

18 II Estudio sobre Consejos Comunales en Venezuela 2008. [en  línea] <http://gumilla.org/?p=page&id=1217966587>

19 Jesús, Machado: I Estudio de los Consejos Comunales de Venezuela 2008 [en  línea] <http://gumilla.org/?p=page&id=1217966587>

20 Ley de los Consejos Comunales. Artículo 27. En especial llama la atención la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio ante la Comisión Presidencial del Poder Popular.

21 II Estudio sobre Consejos Comunales en Venezuela 2008 OP. Cit. 

22 Ley de los Consejos Comunales. Art. 4.num. 6 y 7.

23 Machado. Op. Cit.

24 Idem.

25 Jesús Machado (b): Consejos comunales. Seguimiento de prensa. En: SIC. Fundación Centro Gumilla, Caracas. Año 71, nº 705, Junio 2008. Págs. 228-229.

26 I Estudio sobre consejos Comunales. Op. Cit.

27 Ídem.

28 Willian Lara: La liberación de los consejos comunales. En: El Nacional, 7-7-08, p. A-4

29 “Gobierno obliga a consejos comunales a trabajar por el Sí” El Nacional. Jueves 08 de enero de 2009.

30 Consultar al respecto: http://www.aporrea.org/actualidad/a70514.html.