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Frónesis

versión impresa ISSN 1315-6268

Frónesis v.13 n.2 Caracas ago. 2006

 

La representación social de la Misión Sucre en el marco del plan de equilibrio social 2001-2007*

Luz María Martínez de Correa

Maxula Sánchez Tudares

Delisbeth Villalobos

Sección de Sociología Jurídica Instituto de Filosofía del Derecho Universidad del Zulia luzmartinezc@cantv.net maxulasanchez@hotmail.com delisbethcva@hotmail.com

* Este trabajo es producto del Proyecto Nº 4, en el marco del Programa de Investigación “Representaciones Sociales e Intervención Social. Etapa VI.” Financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES-LUZ). Coordinado por la Profa. Luz María Martínez de Correa.

Resumen

El objetivo de esta investigación consistió en describir la Misión Sucre como Programa alternativo de la Educación Superior, su alcance e impacto social desde la perspectiva axiológica y praxiológica del Plan de Equilibrio Social 2001-2007. Se parte del enfoque sociojurídico y de la racionalidad política que subyace en este objeto de estudio. Desde la perspectiva axiológica, la Misión Sucre pretende introducir una visión humanista a la educación Superior con el objeto de fortalecer la participación comunitaria, rompiendo con la política educativa tradicional de la discriminación en el proceso de selección, garantizando el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo con la finalidad de convertir el subsistema de educación superior en un ente que intenta repotenciar la sinergia institucional. La investigación se suscribe en la metodología cualitativa de las representaciones sociales partiendo de la información documental, hasta la recolección de información de entrevistas a expertos que opinaron sobre el objeto de estudio. Los resultados de esta investigación proporcionaron elementos significativos de elementos axiológicos y praxiológicos que fundamentaron las nociones del Plan de Equilibro Social y la Misión Sucre de forma sistemática y organizada desde una perspectiva holística.

Palabras clave: Equilibrio social, sistema educativo, inclusión social, derechos sociales, axiología y praxiología.

Social Representation of Mission Sucre in the Framework of the Social Balance Plan in Venezuela

Abstract

The objective of this investigation was to describe Mission Sucre as an alternative higher education program and study its scope and social impact from the axiological and praxeological perspective of the Social Balance Plan 2001-2007. The study is based on a socio-juridical and political rationality approach that underlies its purpose. From the axiological perspective, Mission Sucre seeks to introduce a humanist vision into higher education in order to strengthen community participation; it breaks with the traditional educational policy of discriminating in the selection process, thereby guaranteeing access to university education for every high school graduate without a place in another institution, in order to transform the higher education subsystem into an entity trying to re-potentiate institutional synergy. The investigation follows the qualitative methodology of social representations starting with documentary information, including information gathered from interviews with experts who gave opinions on the case under study. The results of this investigation provided significant axiological and praxeological elements to support the ideas in the Plan for Social Balance and Mission Sucre in a systematic and organized way from a holistic perspective.

Key words: Social balance, educational system, social inclusion, social rights, axiology and praxeology.

Recibido: 12-02-2006 · Aceptado: 20-06-2006

Introducción

A partir del mes de Julio del año 2003 y en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nace la Misión Sucre como una iniciativa del gobierno bolivariano con el deliberado propósito de incorporar a los bachilleres que habían sido hasta ahora excluidos, lo cual garantiza el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo en el subsistema de educación superior.

La Misión Sucre surgió como una estrategia de innovación del Estado venezolano dentro del Plan de Equilibrio Social 2001-2007, cuyo objetivo estratégico permite la democratización de la educación dentro de un marco de integración nacional, garantizando el acceso a una educación de calidad para todos.

Cabe destacar que el fin de esta misión no es sólo incorporar a la persona al proceso educativo superior, sino que entre otras cosas persigue promover la educación superior como un derecho consagrado en la Constitución, y así, elevar el nivel técnico, cultural y espiritual de los venezolanos, llevar la educación superior a los municipios a fin de promover el desarrollo regional, brindar educación superior de calidad para todos y convertirnos en una nación independiente y soberana, entre otras.

La investigación se desarrolló tomando como referencia los elementos contenidos en los documentos analizados considerando la historia de la Educación Superior en Venezuela, la cual se escribirá antes y después del nacimiento de la Misión Sucre, que abrió las puertas de la universidad a los hijos de los pobres y excluidos, a los que nunca pudieron pagar el precio de una carrera y a los que todos los días alcanzan un nuevo peldaño de la educación y se hacen bachilleres con la Misión Ribas.

El 3 de noviembre de 2003, se anunciaba la primera cohorte de la Misión Sucre, integrada por 72.144 bachilleres que habían quedado sin cupo en las universidades autónomas, y a quienes se les otorgaron 30.000 becas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se encuentran en la actualidad inscritos en los diferentes programas de formación que ofertan las instituciones de educación superior en Venezuela.

Esta disertación se estructura de la siguiente manera: la primera parte da cuenta del criterio teórico de la exclusión social versus la construcción social, categorías que constituyen los previos teóricos de la investigación. La segunda parte trata sobre la axiología jurídica de la política educativa y el papel de la educación superior en Venezuela, estos aspectos responden al deber ser de los derechos educativos, por consiguiente, al valor de la educación como actividad creadora y transformadora del ser humano. Asimismo, se describe la Misión Sucre como programa alternativo de la educación superior y su praxiología en el contexto humanístico del siglo XXI.

1. Exclusión Social versus Construcción Social

El concepto de exclusión social está estrechamente ligado a las necesidades básicas, intelectuales, recreativas, económicas y culturales. Esta noción es entendida como carencia y refiere a un estado de deterioro, a una situación de menoscabo que indica tanto una ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y para el desarrollo personal, como una insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar aquella posición. Estas carencias refieren a dificultades más estructurales o coyunturales según sea la índole de los indicadores que se utilizan y por ende, el método por el cual se mide y clasifica el fenómeno de la pobreza.

Asimismo, se es pobre cuando no se logra satisfacer algunos de los requerimientos que han sido definidos como “necesidades básicas”, pero también cuando, aún cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de una imaginaria línea de pobreza. Se habla de pobreza estructural y de pobres por ingreso: estas distinciones marcan algunas características de quienes se encuentran en esta condición y en todo caso muestran que los primeros, independientemente del ingreso en el momento de la medición, han tenido históricamente dificultades para alcanzar niveles mínimos de satisfacción de necesidades.

Durante los últimos cuarenta años, el concepto de pobreza se ha interpretado de diversas formas. Es así como en la época de los 60’ se hablaba de marginalidad, exhibiéndose esta acepción un tanto ambigua, debido a que marginalidad significa <<estar al margen>> lo cual supone que las personas que no podían cubrir sus necesidades básicas sin embargo gozaban de ciertos servicios públicos. De allí que el concepto de marginalidad quedó dentro de la negación epistemológica para el esclarecimiento de la pobreza.

En los diferentes conceptos de pobreza aparece la idea de dificultad y de ausencia, pero las personas que integran este universo de “pobreza” reconocen sus diferentes orígenes, son efectivamente el resultado de una variedad de situaciones previas, no se participa de la misma historia y por tanto serán diversas las modalidades de enfrentarse a la condición que los une, que resulta no ser otra que la imposibilidad de lograr condiciones de vida aptas para el ejercicio pleno de los derechos que les corresponden como ser humano.

Las circunstancias que rodean las carencias y el deterioro socioeconómico no sólo compromete el presente con el debilitamiento de la trama social sino que involucran a las generaciones futuras, en la perspectiva de la transferencia intergeneracional de la pobreza. Es casi un “círculo perverso” donde se reproduce las condiciones de exclusión social. Cuando se apela al concepto de carencia para describir una situación de pobreza también se está haciendo referencia al deterioro de los vínculos relacionales que se traducen en un alejamiento de la vida pública donde la presencia política o su influencia social se mantienen en el plano de lo formal antes que en el real.

Invertir en educación es la mejor decisión que puede asumir un Estado, así lo expresa Amado (2000:3) al citar a Ghandi cuando éste tomó el poder en la India, luego de expulsar a los ingleses, lo primero que manifestó fue que, “la India era un país demasiado pobre para no invertir en educación”. Por ello, los países desarrollados no discuten los presupuestos asignados a la educación dado que existe una estrecha complementariedad entre el proyecto educativo y el proyecto político económico del mismo. Japón procura, a través del sistema educativo, iniciar a los niños en los rudimentos básicos de la robótica. Se les enseña desde pequeños a elaborar proyectos de robots y a ejecutarlos. El resultado son robots construidos por niños de 8 a 10 años de edad.

Por otra parte, Robert Reich (1991: 177), en su obra “El Trabajo de las Naciones” sostiene que la nación más exitosa es la que mejor educa. En este sentido, los autores antes señalados, coinciden en la relación entre educación y progreso. Tampoco es una verdad reveladora teniendo en cuenta que, toda nuestra cultura se cimentó sobre estos principios. Pero al parecer este hecho no está presente en los que deciden sobre la justicia, equidad, legitimidad y la importancia de la educación, teniendo más predisposición al ajuste presupuestario que a generar los recursos necesarios para garantizarla.

En los países desarrollados económicamente o los llamados céntricos en desarrollo económico, están prácticamente consolidados desde el ámbito tecnológico y cultural, sin embargo se evidencian un crecimiento acelerado de la pobreza, en contraste con los países pobres, donde la política se ha convertido en una actividad caracterizada por la crisis de los partidos y la distribución de los recursos o las políticas distributivas son menores y la concentración de capitales se encuentran en manos de unos pocos, lo cual es cada vez mayor y sus consecuencias son extremadamente perjudiciales y violentas.

Para dar una respuesta tentativa acerca del problema de la exclusión y vulnerabilidad, así como crear las condiciones para la inclusión social, es necesario incorporar la dimensión de la pertinencia y procurar un arquetipo de Plan de equilibrio social que otorgue un lugar central a la problemática de los derechos sociales, civiles, políticos y culturales, a fin de permitir una nueva concepción de las políticas públicas que materialice las necesidades como derechos.

Conforme a esta idea, el ejercicio efectivo del derecho a la educación en Venezuela, a través de políticas públicas inclusivas reivindica la axiología constitucional, extrapolando su validez praxiológica en la puesta en práctica de las denominadas misiones, en especial nuestro objeto de estudio como es la Misión Sucre (Programa alternativo de Educación Superior).

1.1. Constructivismo y Educación en la modernidad

Los objetivos que perseguimos los preocupados por el impulso de nuestro país, consiste en formar ciudadanos que sean críticos y activos en la búsqueda de darle un sentido al mundo en el que viven, que todos y cada uno tengan capacidad de emprender actividades productivas que satisfagan sus necesidades y logren los propósitos del bien común.

En este orden de ideas, los objetivos de la educación venezolana se orientan desde 1999 hacia el humanismo experimental, enfoque que encauza su atención al desarrollo de la persona como actor epistemológico y dinámico que propugna el conocer y el hacer, puesto que acentúa su práctica en la colectividad con sentido de solidaridad humana.

Anteriormente la educación se enmarcaba en el aprendizaje tradicional, el cual funcionaba como un proceso de transferencia de conceptos proyectados de forma pragmática y con fines individualistas, los cuales eran memorizados y carecían de una racionalidad cognoscente de la realidad social. Contrariamente al proceso de transformación que experimentó Venezuela desde 1999 en materia educativa, se evidencia un enfoque predominantemente humanístico, con énfasis en el constructivismo, el cual tiene una orientación filosófica, donde la reflexión y la acción van de la mano. Este enfoque propone nuevos paradigmas con alternativas de investigación-acción, los cuales promueven cambios sustanciales en el deber ser de la educación en tiempos de la modernidad y la revolución educativa, procurando que los estudiantes instituyan conceptos y conocimientos que se deriven de la realidad social, a fin de revertirlos de manera efectiva a la sociedad, convirtiéndose en actores y protagonistas de sus propias vidas para el bien común.

1.2. Bases epistemológicas del Constructivismo Social

El construccionismo según Falbel Aarón (1993:2) es una teoría de la educación desarrollada por Seymour Papert del Instituto Tecnológico de Massachussets, basada en la teoría del aprendizaje creada por el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1990) Papert, trabajó con Piaget en Ginebra a finales de los años 50 y principios de los 60. Siendo ésta una teoría del aprendizaje que se encuadra en el conjunto de ideas que tratan de explicar lo que es el conocimiento y cómo éste se desarrolla en la mente de las personas.

En este orden de ideas, asomamos este axioma <<una determinada teoría afirma que el conocimiento es el reflejo de la experiencia, mientras que la teoría de Piaget afirma que las personas construyen el conocimiento>>, es decir, construyen un sólido sistema de creencias, a partir de su interacción con el mundo, por esta razón, llamó a su Teoría Constructivista.

Uno de los propósitos del socio construccionismo es enriquecer el alcance del discurso teórico con la esperanza de expandir el potencial de las prácticas humanas. Así en cuanto a lo humano, le interesará dar cuenta de la acción humana en términos de un proceso relacional. Se debiera ir más allá del individuo singular para conocer la realidad de la relación.

Las creencias que las personas posean sobre la educación, dependerán de las opiniones y prácticas que asuman sobre el conocimiento. Por ejemplo, si se piensa que el conocimiento es innato, entonces la educación consistirá en extraer este conocimiento de los niños, pidiéndoles que ejecuten tareas o den respuestas que requieran utilizar este conocimiento. Por otro lado, si uno piensa que el conocimiento es simplemente un reflejo de la experiencia externa, entonces la educación consiste en exponer a los niños a experiencias “correctas”, enseñándoles la forma “correcta” de hacer las cosas, y dándoles las respuestas “correctas”.

La educación convencional se basa en una gran medida en estos tipos de teorías. Si se cree que el conocimiento se construye, como afirman Piaget y Papert, entonces la educación consiste en proveer las oportunidades para que los niños se comprometan en actividades creativas que impulsen este proceso constructivo. “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir”. Papert Seymour (2003:10).

Este enfoque al que alude Papert, comparte con el constructivismo la connotación de que el aprendizaje se produce mediante la construcción de estructuras de conocimiento sin que importen las circunstancias del aprendizaje. El construccionismo, luego, añade la idea de que esto ocurre más felizmente en un contexto donde la persona que aprende se involucra en la construcción de una entidad pública, ya sea esta un castillo de arena en la playa o una teoría del universo. Si bien hay variantes en la epistemología constructivista, la línea común es que está centrada en el sujeto, basada en la experiencia y es relativista. En contraste para la mayor parte de los constructivitas, nuestro conocimiento no nos informa en lo absoluto acerca del mundo, nos informa de nuestra experiencia y de cómo está organizada.

En este orden de ideas, se ha catalogado al constructivismo como una corriente humanista, post epistemológica, piagetiana, pragmática, radical, realista, social y sociohistórica. En este sentido Matthews (1994:14) recomienda que para comenzar un problema pedagógico se debe realizar una gestión educativa que posibilite la comprensión entre el conocer y el hacer, para ello es necesario enrumbar a los estudiantes en la práctica y evaluar los dominios teóricos y actividades productivas que sean válidas y pedagógicamente apropiadas.

De acuerdo a los antes dicho, de estar al tanto de los fenómenos y descubrir las potencialidades de los educandos, a este enfoque se le añade una nueva forma de repensar los problemas del conocimiento. Por ello, “El constructivismo no es directamente una psicología ni un método o modelo de enseñanza, más bien es un modo original de plantear los problemas epistemológicos y de intentar resolverlos” (Castorina, 1998:25).

De hecho, algunos científicos admiten que los problemas que se presentan en la realidad social, deben resolverse de acuerdo a los procedimientos teóricos y con base a la experiencia. De acuerdo a la interpretación que hace Carretero Mario (1998:50) acerca de la enseñanza tradicional, el constructivismo nace como una crítica a la enseñanza memorística y enciclopédica que se han desarrollado a través del tiempo con una carga de rituales sin una dirección definida, donde el dogmatismo era también lo que prevalecía.

La enseñanza tradicional ha quedado rezagada por las múltiples innovaciones que ha experimentado la educación venezolana, en virtud de encontrase anclada en el paradigma constructivista, permitiendo armonizar la lógica científica con los procesos sociales y teniendo una importante relevancia el dinamismo socioafectivo de los actores incluidos en el proceso de aprendizaje.

1.3. Cultura Popular y Educación Popular

De acuerdo a López Abilio (1986:33), es importante exponer el problema de la relación entre educación y cultura popular. De allí que el autor se pregunta ¿en qué medida la educación popular contribuye a la recomposición de un mundo coherente con los intereses de la clase popular? ¿En qué medida y cómo la cultura popular debe ser tenida en cuenta para la elaboración de un proyecto de educación popular?

Interpretar este planteamiento a la luz de la educación superior en Venezuela en los últimos dos y tres años, significa equipararla con la cultura popular, ya que este tipo de educación se extiende al pueblo y éste accede a la Universidad o a la Aldea universitaria donde el estudiante quedará incluido y por ende no cambiará sus prácticas comunitarias. Al contrario, la aldea universitaria se adapta al hábitat y a los preconstruidos culturales de los estudiantes.

Asociado a este planteamiento, “la cultura popular es la cultura para el pueblo, por oposición a una cultura elitista que sólo atañe a una parte acomodada e instruida de la población. Ha sido principalmente en el transcurso del siglo XX cuando la cultura popular se ha desarrollado en Occidente con el cine, y después la televisión, que han permitido a la población el acceso a la cultura de la imagen. Desde los años 1990, se ha desarrollado la comercialización de la cultura” (Diccionario Wikipedia, 2006).

La cultura popular fue entendida como aquellas acciones realizadas con independencia del sujeto social interviniente, priorizándose el rol difusor de los medios masivos de comunicación en detrimento del agente productor, quien asiste en forma pasiva a la construcción de fenómenos denominados “populares”, llevados a cabo por “agentes” considerados “extraños” al campo popular y donde lo central pasa por el rol que adquieren las industrias culturales y el sector privado, al masificar productos que pueden haber sido originados desde los sectores sociales mencionados, pero que en alguna de las etapas de producción, circulación y recepción, ven cambiados las significaciones y los sentidos iniciales. Desde esta óptica, lo popular se vincula con la cantidad, más relacionada con una lógica mercantilista donde lo popular es vaciado de contenido.

Asimismo, la cultura popular se articula a través de las masas, reproduciendo sus formas de pensar y actuar, traduciéndose sus manifestaciones estéticas y sus preferencias por determinados bienes y no por otros distintos a su originalidad. Es, en última instancia, la interpretación que sobre la cultura popular operan las industrias y políticas culturales.

Se consideran manifestaciones populares también a aquellas prácticas que partiendo de clases sociales subalternas, condensan un sentido capaz de “resistir y enfrentar” a la cultura oficial o hegemónica, acentuando la capacidad de éstas de poder deslegitimar el orden simbólico vigente. Aquí se niegan y desestiman todos aquellos componentes culturales que si bien parten de estos sectores sociales, reproducen formas culturales dominantes sin llegar siquiera a cuestionarlas.

La noción de la cultura popular pierde vigencia cuando se introducen agentes ajenos a la verdadera esencia de la vida cotidiana de sus pobladores. Es por ello que, en el marco histórico actual, el cual está signado por la “globalización” y la mundialización de la cultura, fue marcando importantes modificaciones en los métodos de producción que repercuten en la estructura económico-social y por ende en la educación. Coyuntura que nos sitúa en un punto de inflexión desde el cual aparece el agotamiento de estas categorizaciones clásicas y presupone el desafío de encontrar nuevos enfoques teóricos que permitan razonar sobre lo que nos conviene en materia global, siempre y cuando no nos arrope el neoliberalismo cultural.

En Venezuela, la concepción del término “popular” ha adquirido una alta resonancia en la esfera social, concepción que se estructura como un “lugar” en el que diferentes fuerzas sociales luchan por establecer los valores de justicia social, marcando la coexistencia de producciones culturales que responden a esquemas simbólicos y lógicos impregnados de valores patrios, unos correspondientes al “construccionismo social” y otros que derivan de la refundación de la democracia, de lo cual lo instituido, lo oficial, tiene su contrapartida en la complementariedad y en la variedad de expresiones, que incluyen también los medios y el Estado, donde coexisten los valores de igualdad como la legitimación de la democracia socialista.

De lo anteriormente descrito, se observa que las Misiones en especial las referidas a la educación, consiguen un enunciado muy reiterado como: “la educación es de todos”, son expresiones que han venido matizando lo reconocido y lo aceptado socialmente de acuerdo a lo instituido en el Plan de Equilibrio Social.

Esta relación expresa la variedad y complejidad en la que se inscriben las manifestaciones de lo popular como algo dinámico, por lo cual se privilegian el origen y la recepción del nuevo rostro de la educación venezolana, para encontrar las acciones sociales y políticas que confluyen en prácticas políticas, culturales y sociales. Es, desde aquí, que la lectura de lo popular ya no es sólo defensora de las luchas de los oprimidos, sino que posee también componentes claramente reproductores del sistema.

En la Venezuela actual, el nuevo rostro de la educación popular lleva marcas o huellas de las reivindicaciones sectoriales, pero reproductora del modelo construccionista humanitario, es decir, de aquellos reclamos que por mucho tiempo realizaron los sectores más oprimidos de la sociedad venezolana. Esta mixtura entre el derecho, el deber del Estado y el reclamo popular, lleva a otra cuestión y es la referente a cuál es el espacio que permite aprehender las nuevas formas de inclusión social en toda su dimensión, o por lo menos gran parte. La respuesta quizás sea centrar el análisis en los actores sociales incluidos en la Misión Sucre como agentes que cada vez más reconstruyen el espacio que habían perdido o que le habían negado.

Con relación lo anterior, los elementos estratégicos derivados del Plan de Equilibrio Social, deben ser entendidos como políticas sociales reivindicatorias que reemplazan a las políticas coyunturales que no coadyuvaron en el pasado al reforzamiento de nuevos espacios educativos a nivel superior, es por ello, que los nuevos paradigmas educativos en Venezuela se inscriben en el mapa social como entidades estructurales que recepcionan y se cristalizan variadas demandas sociales, pero en un contexto en donde lo universitario se vuelve determinante y donde se realzan los nuevos estándares de la política educativa con rostro humano y colectivo.

2. Axiología Jurídica de la Política Educativa y el papel de la Educación Superior en Venezuela

Partiendo del enfoque socio-jurídico según el cual la educación es un derecho social, al igual que la salud y el trabajo, se reconoce como tal porque pretende alcanzar el bienestar social en concordancia con el desarrollo socioeconómico del individuo y la participación equitativa de los bienes materiales, según los principios de equidad y de justicia social. En este sentido, los derechos sociales imponen obligaciones al Estado y se les debe dar cumplimiento para romper el círculo de pobreza y con ella, garantizar el acceso a la vivienda, a la cultura, el desarrollo del espíritu de solidaridad humana y la corresponsabilidad colectiva.

En este orden de ideas, “el derecho del Estado a intervenir en la educación (…/…) nace directamente de su función político-jurídica encaminada al bien común. Si la educación constituye (…/…) un elemento básico en el mantenimiento de la estructura social, (…/…), le corresponde tanto cuidar las condiciones necesarias para el mantenimiento de la sociedad, como la creación de los medios e instituciones que permitan a todo individuo lograr su pleno desarrollo personal” (Fernández Adalberto y Cols., 1983:182).

De lo anteriormente expuesto, la Carta Magna consagra que:

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades (.../...) servicio público fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado (…/…) promoverá el proceso de educación ciudadana (…/…) y en la ley” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: Art. 102).

2.1. Crecimiento como Aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se concibe como un subsistema donde se diseñan y proponen programas educacionales, metodologías activas, actividades de participación y sistemas de evaluación de aprendizaje, con el fin de responder a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Es por ello que los facilitadores de la Misión Sucre son facilitadores de procesos educativos de tipo andragógico, ya que retoman, organizan y atienden todo la experiencia acumulada que circula, siendo ésta sistematizada en conocimientos empíricos, los cuales pueden ser capitalizados con la experiencia de los estudiantes.

Coexisten entonces, entre los objetivos de la Misión Sucre, el crecimiento personal y colectivo con base a la experiencia social, cultural y patrimonial de cada unos de sus integrantes.

3. Descripción de la Misión Sucre como Programa alternativo de la Educación Superior

El programa alternativo que surge como programa social, lleva por nombre “Plan Mariscal Antonio José de Sucre”, denominado “Misión Sucre” es una estrategia educacional destinada a romper los círculos de exclusión tradicionales y cuyos objetivos son incorporar a la universidad a todos aquellos bachilleres que aspiren a estudiar y a los cuales no les ha sido posible ingresar en las universidades tradicionales así como potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y transformar su condición de excluidos del subsistema de educación superior.

La Misión es viable a través de la creación de varias universidades bolivarianas de Venezuela o aldeas universitarias, también se adhieren las universidades experimentales ya existentes las cuales se han dotado de equipamiento y se encuentran diseminadas en varios de los estados que conforman la geografía nacional.

En esta Misión se conjugan la justicia social, con el carácter estratégico de la educación superior para el desarrollo humano integral sustentable, la soberanía nacional y la construcción de una sociedad democrática y participativa, para lo cual es indispensable garantizar la reciprocidad de la sociedad en general con la universidad a fin de generar la transformación, difusión y aprovechamiento creativo de los saberes y haceres de los que construyen la nueva figura de universidad para todos.

“El cambio social puede ocurrir a niveles muy diferentes, digamos económicos, políticos o sociales. Si estos cambios son lo suficientemente débiles como para no afectar las relaciones centrales en la sociedad en cuestión (…/…), entonces es muy probable que no ocurran cambios significativos al nivel del marco conceptual -creencias, valores, normas- y por consiguiente que dentro de ese contexto no se constituyan personas de una manera efectivamente distinta” (Olivé León, 1996:142).

De allí que el autor muestra que el reemplazo de un proceso a otro es un referente para repensar que todo cambio social debe ser holístico, aún cuando existen niveles que difieren en su contenido, forma y praxis unos de otros. Sin embargo, a nuestro modo de ver, estos cambios no sólo deben responder a niveles o planos de la sociedad, sino que sean lo suficientemente coherentes desde el punto de vista filosófico, político, social, legal y consustanciados con la realidad existente.

Por lo antes expuesto, la Misión Sucre es un Programa de inclusión del Ministerio de Educación Superior, creado mediante Decreto Presidencial No. 2601 del 08 de septiembre de 2003 que se propone municipalizar la educación superior, es decir, orientarla hacia las regiones, las localidades, tomando como punto de referencia la cultura específica de las poblaciones con sus necesidades, problemas, acervos, exigencias y potencialidades.

De allí que el Estado se configura como una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes, lo cual lo componen: el poder, la población y el territorio.

Esta acepción coincide y se aproxima a la realidad social venezolana con la Misión Sucre, debido a que el Estado con el poder que le confiere la Constitución y las leyes, ha asumido el compromiso del Programa de la Misión enmarcado en la política social referente al Plan de Equilibrio Social donde los componentes de esta definición vienen a redefinir el nuevo paradigma del Estado dado que la Misión se imparte en toda la geografía nacional: en cuanto a la población todos y cada uno de los venezolanos siendo bachilleres tienen la posibilidad de pertenecer a la Misión Sucre, dado que la misma es incluyente.

De acuerdo a lo antes dicho, existen tres aspectos que se conjugan en una trilogía, a saber:

En primer lugar, el derecho es el conjunto de normas contenidas en cualquier ley o código y todos en conjunto forman el orden jurídico normativo de un estado soberano en particular. Aquí se observa que los preceptos constitucionales son materializados en la realidad social por la concreción de la Política Educativa que se lleva a cabo.

En segundo lugar, la sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para constituir un grupo o una comunidad. Este último concepto se articula a la relación de los entes involucrados en el proceso de la política educativa del siglo XXI en tiempos de innovación de la teoría construccionista hacia el bien común y la justicia social.

Y en tercer lugar, aparece la democracia representativa por la cual se han regido los últimos gobiernos en Venezuela. Este modelo democrático tiene en la actualidad menos vigencia, ya que se viven momentos de cambios, transformaciones, ideas, participación y proyectos novedosos que definen el nuevo planteamiento de la democracia participativa, con la refundación de la República a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la ejecución de un Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. En este sentido, la Misión Sucre emerge de un nuevo proyecto de Nación, lo cual conlleva a transformaciones profundas del modelo de educación superior que rige en el país.

De esta manera, se persigue fomentar y contribuir al desarrollo educativo moral, intelectual, espiritual y técnico del pueblo venezolano, como un proceso formativo integral en cuanto a lo personal y social. De allí que, el plan educativo se concibe como un proceso de movilización social dirigido a garantizar la participación de todos y todas, en la cultura y el conocimiento a construir ciudadanía, generar comunidades de conocimiento, espacios flexibles y accesibles para el aprendizaje permanente.

Con la Misión Sucre se introducen elementos de tipo cuantitativo y cualitativo, el primero responde a las necesidades de inclusión de la educación superior, de allí que este programa ha extendido una amplia convocatoria a nivel nacional a fin de que los jóvenes y adultos se incorporen en las carreras que ofrece la Misión. Con relación al segundo elemento, abarca los aspectos cualitativos, tales como: objetivos educativos, estilo educativo, nivel de participación y estrategia educativa. Estas categorías están asociadas al enfoque humanista que tiene como propósito fundamental coadyuvar al desarrollo endógeno de la nación.

El Programa alternativo, contiene un proceso de adiestramiento denominado “Programa de Iniciación Universitaria” (P.I.U.) que favorece el tránsito de los bachilleres a la educación superior, respondiendo así a la conformación de una red con todas aquellas instituciones y organizaciones que puedan cooperar de manera sustantiva en el desarrollo y consolidación de la Misión Sucre. Un ejemplo se observa en las actividades docentes que se realizan en las unidades educativas cercanas a cada Municipio.

Otro aspecto relevante del programa consiste en el desarrollo de currículos adaptados a las necesidades del país, lo cual favorece el impulso del proyecto de desarrollo nacional endógeno y sostenible. Sea como quiera, el currículo abierto propicia flexibilidad, dinamismo e innovación ya que el estudio se imparte con metodologías y recursos audiovisuales de primera generación para lograr los objetivos del aprendizaje.

Además, la Misión Sucre prevé implementar modalidades de formación como la presencial, la semipresencial, la educación a distancia, la no convencional y la acreditación de experiencias. En sí, se busca originar estrategias de transformación del sistema de educación superior, con base en el desarrollo endógeno y sostenible, que impacten en lo local, regional y nacional, a la vez responde a subsanar las anomalías y desaciertos que han estado presentes en este sector, como la admisión, sesgo social, deserción, calidad de enseñanza, entre otras.

La Misión Sucre es un instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión social, por cuanto permite la incorporación a la educación superior y posteriormente al mercado productivo de aquellos sectores de la población que habían sido excluidos hasta ahora, por su condición de ser pobres. Esta gestión educativa, reúne una perspectiva de justicia social, vinculada al carácter estratégico de la educación superior que permitirá el desarrollo humano integral sustentable y la construcción de una sociedad democrática y participativa.

Por otra parte, la Misión Sucre, a través de la universidad bolivariana y la experimental (con sedes en todos los Estados), ha hecho que éstas, estén llamadas a convertirse en un factor de cambio, de un nuevo modelo educativo de liberación, donde se hagan realidad los lineamientos estratégicos de nuevas estructuras socioeconómicas y de modos de pensamiento: con valores supremos diferentes a los establecidos por el modelo capitalista neo-liberal y excluyente, que facilita la desigualdad y las injusticias sociales, que devienen para agravarse los problemas de pobreza, delincuencia y atraso en el desarrollo económico y social del país afectado.

Al describir ciertos hechos producidos en países latinos donde la crisis política y económica han dibujado las protestas de los pueblos, haciéndose oír, tenemos entonces “los estallidos del Caracazo, Chiapas, los campesinos paraguayos y Santiago del Estero en Argentina (…/…) Estos hechos piden a gritos una nueva teoría para interpretar esa organización que emerge desde la protesta y que requiere de procesos educativos que hagan posible una nueva forma de la lucha social en nuestra realidad” (Mejía, 1996:87-88).

En este orden de ideas, es interesante destacar que “los cambios profundos no se dan de manera inmediata, sino a través de un proceso gradual…” (Pirela, 1998:20). De esta afirmación se traduce que la educación constituye un bastión fundamental en la liberación de los pueblos: por cuanto determina la modalidad del pensamiento, al adecuarlo a factores éticos y de solidaridad social, que en última instancia, conlleva al logro de la equidad social, la cual sólo se logra con políticas educativas tendientes a la integración participativa y protagónica de las grandes mayorías en los cargos y puestos determinantes en la toma de decisiones públicas que tengan como fin el logro del bienestar social, sin cuya existencia, no es posible la paz ni el bien común.

Dependiendo del cumplimiento de las condiciones antes señaladas y para que la sociedad logre una participación real y efectiva, será posible una transformación de la educación superior venezolana.

4. Alcance e impacto Social del Plan de Equilibrio Social

De acuerdo al Programa de Equilibrio Social 2001-2007, según el Ministerio de Planificación y Desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela (2005:3), presentado por el gobierno nacional, a continuación se reseñan algunos elementos estratégicos:

Este programa señala que para que exista un proceso de transformación y desconcentración del país y el patrón de población alcance un nivel equitativo de las riquezas, se requiere además de inversión, distribución y recaudación por medio de los instrumentos impositivos que posibilitan el tránsito de los ingresos provenientes de la recaudación fiscal que éstos instrumentos se reviertan en inversión social.

Asimismo, el Programa de Equilibrio Social 2001-2007 indica que la desconcentración del país como objetivo, requiere un proceso de modificación del patrón de poblamiento, inversión, distribución y recaudación sólo concebible a largo plazo. Con respecto a la relación entre el objetivo del equilibrio social que forma parte del Proyecto Nacional a largo plazo y la estrategia para alcanzarlo, se respalda en la definición de unos ejes territoriales de desconcentración, que darán lugar a una nueva ordenación del territorio y en la difusión de la actividad productiva en las zonas más aptas de esos ejes, con objeto de fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándole unas condiciones de vida dignas. De esta forma, el Programa atiende a una pluridimensionalidad estratégica:

· Dimensión territorial, basada en la definición de los ejes de desarrollo y del sistema de ciudades que deben articular y polarizar el crecimiento de la población, así como en la propuesta de la infraestructura necesaria de comunicaciones, que contribuya a generar las condiciones favorables a la inversión privada y que, a la vez, los ponga en relación entre sí y con el resto de la nación.

· Dimensión económica o productiva, que busca el aumento y la diversificación de la producción del país y, en lo posible, de la región que soporte la población, con objeto de incrementar el poder adquisitivo y procurar mayores oportunidades de empleo. La formación de los recursos humanos y la promoción de actividades atendiendo a las potencialidades de especialización de cada región, con asistencia técnica y financiera serán dos pilares importantes en esta estrategia.

· Dimensión social, que procura un mayor bienestar y calidad de vida a los habitantes de la red de centros poblados ubicados en los ejes de desconcentración, para impulsar el mejoramiento de los servicios públicos tales como sanidad, educación, vivienda, infraestructura urbana, entre otros.

· Dimensión ambiental, en su doble vertiente de protección del patrimonio natural y del factor cada vez más importante para el desarrollo económico y social en las sociedades avanzadas, cargado de posibilidades de generación de riqueza en el futuro más inmediato. Los recursos naturales y el medio ambiente no deben contemplarse sólo desde la perspectiva de su conservación, que es fundamental, por supuesto, sino, también, como recursos que hay que incorporar a la calidad de vida y al proceso de desarrollo. Hay que pasar de una concepción puramente utilitaria y defensiva a una actitud positiva, de puesta en valor. La rentabilidad social y económica de los recursos naturales y del ambiente del país, en un contexto de desarrollo sostenible, puede ser no sólo una de las mejores formas de colaborar a la desconcentración, sino, también, de colaborar a la diversidad productiva mediante la potenciación de la industria y los servicios relacionados con el ambiente y todo lo que ello supone.

· Dimensión institucional, que contempla el proceso de descentralización no sólo como un argumento político, de acercar la toma de decisiones sobre su futuro a los ciudadanos, sino, también, como la apuesta decidida por la participación de sus representantes institucionales en la orientación del desarrollo de su territorio más cercano.

· Dimensión internacional, especialmente importante para la seguridad, la integración con Latinoamérica y las relaciones con el resto del mundo. La estrategia de desconcentración debe tener en cuenta estos aspectos relevantes para el conjunto de la Nación.

Por consiguiente, se exponen las líneas estratégicas, derivadas de esta estrategia global, con relación a las fachadas de integración, la dinámica regional y los ejes de desarrollo. En este orden, el gobierno bolivariano ha ejecutado un programa de innovaciones en la educación superior para integrar y promover la actividad creativa y elevar la cantidad y calidad en la producción del saber, para lograr un efecto multiplicador para el aparato productivo nacional.

“Desde 1999, el Gobierno está fortaleciendo el sistema educativo venezolano y haciendo realidad el ejercicio de la educación como derecho humano, por tanto ha sido necesario rescatar la iniciativa del Estado como garante de oportunidades educativas de calidad para todos, tal y como lo señala el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Misión Sucre, 2005).

Se ha revertido la tendencia de las últimas décadas a la disminución del presupuesto público dedicado a la educación, pasando del 3,2% del Producto Interno Bruto (P.I.B.), en 1998 al 4,6% en el año 2002, lo cual es una proporción significativa en comparación con el conjunto de América Latina que destina en promedio 4,4% del P.I.B., a la educación.

Para el año 2006, según El Tiempo (2006), Venezuela supera el promedio mundial, pues asigna alrededor de 7,8% del P.I.B. a la educación.

La Educación Superior, en el marco del Plan de Equilibrio Social 2001-2007, refuerza la tesis del Estado Social de Derecho y de Justicia. Por consiguiente, las políticas y estrategias se inscriben en el Proyecto Educativo del Ministerio de Educación Superior atienden a:

· El compromiso de la Educación Superior frente a la comunidad científica, educativa y nacional.

· Los retos del desarrollo económico, social, político y cultural y los nuevos escenarios internacionales los cuales demandan como factor principal el conocimiento y la educación.

· La distribución regional desigual en número de instituciones y matrícula.

· El crecimiento matricular acelerado (más significativo en el sector privado en los noventa).

· La diferenciación y heterogeneidad de las Instituciones de Estudios Superiores.

· La diversificación institucional y de carreras.

· El crecimiento acelerado de instituciones privadas a partir de la década de los 80’.

· La privatización.

· El debilitamiento de la universidad pública.

· La pérdida de la autonomía universitaria.

· La elitización de las universidades públicas.

· El surgimiento de un mercado educativo.

· La agudización de crisis por el financiamiento.

· La creciente desigualdad institucional.

· El predominio de los valores de mercado.

· La fragmentación y atomización del conocimiento.

· El crecimiento de la burocracia interna.

· La participación de organismos multilaterales en el diseño de políticas públicas para el sector de Educación Superior.

Asimismo, los referentes básicos son:

· Reafirmar a la Educación Superior como espacio de generación de conocimientos y de formación profesional, ciudadana y de realización personal.

· El reconocimiento del importante papel de la educación, en la generación de una cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, la revitalización de su función crítica y creadora y la transición de la cultura de la fuerza a la cultura del diálogo.

Por otra parte, las políticas de la Misión consisten en:

· La conquista de la excelencia académica.

· La mayor pertinencia social.

· La equidad en el acceso y la prosecución estudiantil.

· La mayor eficiencia en el uso de los recursos.

· La corrección de las distorsiones y desviaciones existentes.

· El rescate de la función planificadora de la O.P.S.U.

Del mismo modo, los objetivos de la Misión son:

· Reorganizar el Sistema de Educación Superior (S.E.S.).

· Instrumentar la negociación estratégica entre Universidades y el Gobierno.

· Elevar la calidad y eficiencia de las instituciones.

· Mejorar la equidad en el acceso y la prosecución de los estudiantes.

· Lograr una mayor pertinencia social nacional, en los distintos ámbitos territoriales.

· Desarrollar mecanismos efectivos de interrelación de las instituciones del nivel de educación superior con los sectores productivos (alianzas estratégicas).

· Promover y fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional

Estas políticas han permitido en el primer año de gobierno:

· La implementación de los procesos de reestructuración, reorganización, modernización y transformación.

· La ampliación y diversificación de la matrícula estudiantil, en un incremento de 84.633 a 99.956, de un 16% de la matrícula estudiantil en los Institutos Universitarios de Tecnología (I.U.T.) y los Colegios Universitarios (C.U.) oficiales.

· La supervisión de los 25 I.U.T. y de los C.U. oficiales y de las 118 sedes y extensiones de éstos, así como la implementación de los correctivos pertinentes.

5. Racionalidad Política

Como describe Crespo (1989:2), la sociedad moderna ha sido definida en términos generales como aquélla que está organizada de forma tal que pueda optimizar el aprovechamiento de sus recursos sociales, naturales y cumplir de la manera más eficaz las necesidades básicas de toda sociedad (los llamados requisitos universales). Es decir, la que adopta en sus procesos sociales la racionalidad como norma de funcionamiento, entendida esta racionalidad como la forma consciente, deliberada y lógicamente develada en actos concretos de acciones políticas y sociales que se traduce en puesta en práctica de políticas sociales en función de las necesidades sociales.

Es evidente que no se trata de una racionalidad vacía, constituida como un fin en sí mismo, sino más bien de la idea de adoptar los medios más adecuados para la consecución de ciertos fines últimos, que no son otros que los que los griegos adjudicaron al Estado: el logro del mayor bienestar para el mayor número posible de habitantes, o en otras palabras, el bien común en su más amplia acepción. Si retrocedemos la mirada a la ilustración francesa, que bien puede considerarse como el movimiento que sistematizó la legitimación de la sociedad moderna, esos fines quedaron definidos como igualdad, libertad y fraternidad, que de hecho son términos que expresan los antiguos ideales de la polis griega.

En síntesis, esa racionalidad política se tiene que mirar hacia la luz de la razón, factible a cualquier ser humano y cualquier sociedad, debidamente manejada puede conducir a la solución de los problemas sociales y al bien común. La racionalidad se funda entonces como clave de la eficacia social y felicidad humana, siempre y cuando se le adjudique de manera sistemática y en todas las esferas de la sociedad: la economía, la educación, la política, la cultura, el derecho, entre otros.

A partir de la esfera política en particular, el referente último al que la racionalidad debía servir era nada menos que el de la soberanía popular, idea que ha servido de fundamento a la legitimidad moderna hasta nuestros días. El poder no podría ser justificado, como lo había sido durante tanto tiempo, en términos de la voluntad divina, el derecho de la sangre o el carisma guerrero o religioso: tendría derecho a gobernar sólo aquél que se avocara a la tarea de satisfacer en lo posible las expectativas y anhelos de la sociedad en su conjunto y de sus componentes en lo particular.

El argumento que plantea el autor, que cualquier gobierno que pretenda situarse en la modernidad política, se verá en la obligación de recurrir a la racionalidad política para justificar el ejercicio del poder. Sin embargo, “el concepto de soberanía popular dio lugar a dos racionalidades distintas, que a su vez generaron una subdivisión en las fuentes de la legitimidad moderna (…/…) el bien común será definido como la seguridad ciudadana en su más amplia acepción (Hobbes), y cualquier gobierno que lograra garantizarla quedaría legitimado por esa vía (…/…) sólo será legitimo el gobierno avocado a la consecución de la igualdad y la justicia social (Rousseau)” (Idem: 3).

En otro orden de cosas, cada variante de la racionalidad política, posee una concepción propia sobre la naturaleza de los individuos gobernados y asimismo articula objetivos políticos, sociales, económicos, pedagógicos, espirituales y militares, perseguidos en el ejercicio del poder así como los principios que respaldan la consecución de los mismos: principios de libertad, justicia, equidad, responsabilidad y prosperidad.

De modo similar, la racionalidad política se adhiere al Plan de Equilibrio Social del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, asumiendo la corresponsabilidad de este modelo societal el gobierno y la sociedad.

6. Praxiología del reencuentro con la sociedad civil sin excluídos

Por cuanto la Misión Sucre ha contribuido al cumplimiento efectivo de los preceptos establecidos en el artículo 25 de la vigente Ley Orgánica de Educación, la cual permite desarrollar a través de la Educación Superior el espíritu de democracia, justicia social y solidaridad humana, tienen como objetivo la desaparición del sistema de desigualdades sociales que solo permite que el acceso a la educación superior sea para las clases sociales más favorecidas: esto en virtud de la selección cada vez más exhaustiva de los cupos para estudiantes solicitados, práctica ésta de muy en boga hasta ahora en las universidades nacionales públicas venezolanas.

La Misión Sucre permite la formación profesional de los estudiantes favoreciendo a las grandes mayorías que de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación vigente, tienen el derecho a continuar el proceso de formación integral, a fin de cubrir las necesidades nacionales en el marco del desarrollo y progreso científico del país.

Por otra parte, la Misión Sucre al establecer en sus lineamientos la investigación de nuevos conocimientos y el impulso de nuevas carreras universitarias, a fin de cubrir las necesidades que surgen a raíz de los cambios sociales que se están produciendo en Venezuela, permite el logro del bienestar social individual y colectivo y también el desarrollo independiente de la nación venezolana. Asimismo, la difusión de los conocimientos impartidos en la educación superior por una gran masa de egresados faculta elevar el nivel cultural de la sociedad y, por ende, que sean minimizados todos los problemas socio-económicos y culturales derivados del atraso, la ignorancia y la miseria social: todo lo cual es pilar fundamental de la equidad social.

Examinados estos aspectos cabe destacar que la Educación Superior Venezolana debe adoptar tendencias modernas que mejoren su función y rendimiento para la sociedad y que cumplan con el objetivo social de la educación, ya señalado anteriormente.

En cuanto al funcionamiento de las universidades autónomas, se observa en la práctica ciertos procedimientos que distan mucho de la ética académica, del espíritu científico y de la noble función que debe alcanzar el ideario universitario.

En este sentido, “…este nivel languidece en un estilo académico insostenible en una sociedad moderna (…/…) el personal docente y de investigación, de hecho no califica en su mayoría, salvo excepciones, como intelectuales, sino como empleados administrativos: quienes mantienen con la institución la misma relación que tiene con la suya un empleado público. En este sentido es probable que no sólo se produzcan saber, sino que no lo consuman…” (Albornoz, 2000:21).

Con relación a lo antes planteado, el deterioro de la educación superior ha sido a su vez condicionado por el sistema capitalista, el cual ha abandonado las responsabilidades sociales del Estado consagradas en Venezuela, tanto en la Constitución de 1961, como en la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aparte de estas consideraciones, observamos en el artículo 102, la interpretación de la educación como un instrumento fundamental en los procesos de transformación social dependerá mucho de la visión que asuma el Estado para formular políticas educativas cónsonas con las exigencias del desarrollo social. A nuestro juicio, un derecho social para que alcance su objetivo debe fundamentarse en las nociones de justicia, igualdad y no exclusión, entendidas éstas como participación de todos los ciudadanos y de igualdad de oportunidades educativas para todos aquellos individuos que deseen incorporarse al sistema educativo.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación vigente establece la educación como función primordial e indeclinable del Estado y como un derecho permanente e irrenunciable de la persona. Además, el artículo 6 de la misma Ley consagra el derecho de todos a recibir una educación acorde con sus capacidades, aspiraciones, vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de la raza, del sexo o del credo, posición económica y social o de cualquier otra naturaleza.

Analizados estos aspectos, surge aquí una interrogante ¿se han cumplido hasta ahora estos preceptos contenidos en la vigente Ley Orgánica de Educación del 28 de julio de 1980? Evidentemente que no. En las últimas décadas pasadas, el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en la educación superior, al igual que en la educación impartida en los otros niveles.

En este sentido los autores Fernández y Sarramona afirman lo siguiente: “Desde el punto de vista económico, resulta claro que una educación enfrentada a la sociedad es más costosa en esfuerzos y en tiempo y tendrá menos éxito que si marchara de acuerdo con ella” (Op.cit.:182).

Desde 1989 hasta 1998, el presupuesto para la Educación Superior en Venezuela fue descendiendo cada año por recortes presupuestarios “intencionados” con la finalidad de favorecer el proyecto de privatización de la educación superior, de sumo agrado para el ex presidente Rafael Caldera, entre otros. Como consecuencia de esto, en la matrícula universitaria surgió un gran estancamiento favoreciendo la exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres. Pruebas demuestran que el ingreso a la Educación Superior se fue circunscribiendo a los factores con mayores ingresos y a la población estudiantil de las grandes ciudades, al igual que a los estudiantes egresados de los colegios privados, todo esto para favorecer la creación de Institutos Privados de Educación Superior, a los cuales por razones obvias no tienen acceso las clases desposeídas de recursos.

Por esta razón, el diagrama que a continuación se presenta, acoge una triada de elementos tales como la efectividad, la eficacia y la eficiencia, las cuales debe cumplir toda organización de educación superior para lograr el producto final deseado.

7. Municipalización de la enseñanza

Según el sitio oficial de las Misiones Sociales de la República Bolivariana de Venezuela antes indicado, en la tercera etapa de la Misión Sucre está prevista la expansión de la municipalización de la educación superior, que tiene el propósito de llevar esta enseñanza hasta el último rincón de Venezuela. Para hacer posible este importante proyecto comenzó el Programa de Formación de Educadores, que permitirá formar a los futuros profesores, identificados con los principios de la justicia social, la autodeterminación nacional, la igualdad, la solidaridad, responsabilidad social, la democracia participativa y protagónica, y con una formación académica idónea.

En la primera cohorte de la Misión Sucre finalizaron el PIU (Proceso de Iniciación Universitaria) un total de 76.881 bachilleres, de ellos se inscribieron para realizar estudios por la vía de la municipalización 53.753, los cuales se matricularon en diferentes áreas de estudios entre las que se destacan:

Programa de Formación de Educadores

25.264

Programa Sistema

4.088

Programa de Formación de Gestión Social del Desarrollo Local

3.044

Programa de Formación de Gestión Ambiental

1.484

Programa de Formación en Ciencias Jurídicas

5.130

Programa Administración

2.269

Medicina General Integral

1.632

Programas del área técnica- administrativa

13.327

Estos son los programas nacionales que se han elaborado en el Ministerio de Educación Superior para avanzar a la vanguardia de este proceso. Se han incorporado 11 Universidades, 28 Colegios e Institutos Universitarios, comprometidos con el proceso y que están participando activamente en el mismo, ofertando un total de 86 carreras universitarias y de técnico superior para satisfacer la demanda de estudios.

Estos centros de estudio superior, a su vez, aumentaron el número de cupo y permitieron que 25.881 de los bachilleres de la primera cohorte se incorporaran a tiempo completo a realizar estudios, las instituciones que más contribuyeron a estos propósitos fueron: La UNELLEZ (Universidad Experimental de los Llanos), la UNES (Universidad Experimental Simón Rodríguez), la UEFM (Universidad Experimental Francisco Miranda de Coro, Falcón), la UNERG (Universidad Experimental Rómulo Gallegos, Guárico), la UNERMB (Universidad Experimental Rafael María Baralt, del Zulia), la UBV (Universidad Bolivariana de Venezuela) y la UNEFA (Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas).

Conclusiones

La Misión Sucre, a través del programa educativo que se ha puesto en marcha, busca romper los viejos paradigmas a nivel de la educación superior, en procura de formar un recurso humano plenamente identificado con el aspecto social y humano de la gente, dispuesto a sacrificar los beneficios económicos, por contribuir al desarrollo integral del país, particularmente del pueblo venezolano.

El mayor aporte que hace en la actualidad el Ministerio de Educación Superior para la lucha contra la pobreza es la Misión Sucre, ya que le da repuesta a la deuda social que mantenía el Estado con los excluidos del sector educativo. La Misión Sucre es el proyecto más importante que se tiene en torno al tema de la pobreza, equidad e inclusión social, porque es el que contrarrestará el problema de la deuda social. Sin embargo, este esfuerzo resulta aún insuficiente, toda vez que la deuda social acumulada es de enormes proporciones.

Antes de la Misión Sucre, existía un número aproximado de más de 500.000 bachilleres excluidos del sistema de educación superior.

La implementación y el desarrollo de un nuevo modelo educativo a nivel universitario, viene a sustentar la democracia participativa y protagónica que involucra a todos los actores desde el contexto histórico, social, político y económico, es decir, estar en contacto con nuestra realidad.

En la tercera etapa de la Misión Sucre está prevista la expansión de la municipalización de la Educación Superior, que tiene el propósito de llevar esta enseñanza hasta el último rincón de Venezuela.

Por tanto, se busca la ampliación de la educación superior a través de la desconcentración del sistema y la creación de nuevas modalidades, alternativas y oportunidades de estudio en todo el territorio nacional, lo cual desembocará en un impacto desde el punto de vista personal, asociada a la adquisición de nuevos conocimientos y la participación en la cultura, el reconocimiento de sí mismo y el encuentro humano; desde el punto de vista social, permitiendo la unión con otras personas para el logro de fines colectivos; desde el punto de vista político, se traduce en un incremento en la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como mayor participación en los servicios sociales, creando una nueva cultura política y desde el punto de vista económico, creando oportunidades para actividades productivas más allá del empleo.

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Otros documentos

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