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Frónesis

versión impresa ISSN 1315-6268

Frónesis v.10 n.2 Caracas ago. 2003

 

El Derecho a la participación
de las minorías indígenas venezolanas dentro del marco
legal de 1999

Juan Carlos Morales Manzur y Lucrecia Morales García
Sección de Integración Latinoamericana.
Instituto de Filosofía del Derecho.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Universidad del Zulia.
juanca7@telcel.net.ve/castillole@cantv.net

Resumen

Con base en la teoría sobre los derechos humanos de las minorías indígenas y de las minorías en general establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y emanada principalmente de los organismos internacionales (ONU–OEA, entre otros), este trabajo busca analizar la participación indígena en el marco constitucional de 1999, garante del ejercicio de sus derechos en el orden social, político y económico de su país. Así, lo más importante de la nueva constitucionalidad, es su efectiva aplicación para hacer que estos sean igualados con el resto de los venezolanos y venezolanas, en el disfrute de su derecho a la participación efectiva en el crecimiento y desarrollo nacionales.

Palabras clave: Derechos humanos, minorías, indigenismo, pluriculturalidad nacional, participación.

The Right of Indigenous Venezuelan Minorities to Participate in the Legal Framework of 1999

Abstract

Based on the theory of human rights for indigenous minorities and minorities in general, established in the International Declaration of Human Rights, and promoted principally by international organisms (UN–OES, among others), this paper analyzes the participation of indigenous groups in the framework of the 1999 Constitution, which guarantees their right to participate in the social, political, and economic activities of the country. The most importante aspect of the new Venezuelan Constitution is its effective application in establishing equality of rights among all Venezuelans and allowing them equal rights of participation in national growth and development.

Key words: Human rights, minorities, indigenism, national cultural plurality, participation.

Recibido: 06–11–2002 · Aceptado: 21–05–2003

Introducción

Aunque es difícil reunir en una definición universalmente satisfactoria a todas las minorías del mundo que requieren una protección particular, existe una descripción generalmente aceptada según la cual, una minoría es un grupo nacional, étnico, religioso o lingüístico diferente de otros grupos dentro de un Estado soberano.

Entre estos criterios están, en primer lugar, el hecho de que las minorías deben ser numéricamente menores al resto de la población que constituye la mayoría. En algunos casos puede acontecer que ningún grupo sea mayoritario, por lo que una minoría debe ser suficientemente numerosa para poder desarrollar sus propias características.

En segundo lugar, un grupo minoritario debe estar en una posición no dominante para que se justifique su protección; existen minorías dominantes que no requieren la misma, incluso, “…algunas minorías dominantes violan, a veces gravemente, no sólo los principios de igualdad y de no discriminación, sino también la expresión de la voluntad del pueblo tal como se la proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos” (CDH N° 18, 1992:1).

En tercer lugar, están las diferencias de identidad nacional o étnica, cultural, lingüística o religiosa que no son las de la mayoría de la población de un Estado. Asimismo, la noción de minoría puede ser tomada en sentido sociológico, de grupo marginado, discriminado, excluido o en desventaja, independientemente de su peso demográfico. En este sentido las “minorías dominantes” o privilegiadas, no necesitan, por lo general, de instrumentos especiales de protección jurídica. En sí, la minoría necesita de la protección o de la tutela del Estado, ya sea mientras se alcanza la igualdad completa de ésta con respecto a la mayoría o de manera permanente si persisten las características que la distinguen de la misma.

“Históricamente los grupos dominantes han considerado con frecuencia a las minorías como cuerpos extraños en el seno de la nación. Esta visión etnocrática ha conducido a genocidios, etnocidios, asimilaciones forzadas, expulsiones, reubicaciones, colonización dirigida, y otras numerosas medidas violatorias de los derechos humanos de las minorías víctimas de tales políticas” (Stanvenhagen, 1991:136).

Sin embargo, la definición definitiva de minoría radica en la extraordinaria variedad de situaciones en que se encuentran las mismas. Algunas están geográficamente delimitadas y viven separadas del resto de la población de un Estado, algunas están dispersas por toda la comunidad nacional, otras minorías basan su conciencia de identidad en una historia común de la cual hay transmisión oral o escrita registrada mientras que otras por diversos motivos conservan vagamente una noción fragmentaria de su común patrimonio.

Por último, para la legislación de derechos humanos los pueblos aborígenes, contrariamente a las minorías, son los habitantes primigenios de la tierra en que viven desde tiempos inmemoriales.

1. Derechos humanos y minorías indígenas

La concepción tradicional de los derechos humanos, de acuerdo a las diversas declaraciones, acuerdos y pactos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana, Pacto de San José, entre otros, enfocan principalmente a los derechos de la persona humana.

En este sentido, “El principio básico que subyace a la concepción moderna de los derechos humanos es el de su universalidad, que implica igualdad ante todos los seres humanos y de no discriminación de ningún tipo, sobre todo en lo referente a raza, sexo, lengua, origen nacional y religión” (Stavenhagen, 1991:121).

Revela el mismo autor que, por motivaciones diversas referidas al pasado histórico, los pueblos indígenas de América Latina han sido tradicionalmente víctimas de abusos de sus derechos humanos, pasando por el genocidio hasta la exclusión política y la discriminación social y económica (Stavenhagen, 1991).

La noción de derechos humanos surge entonces como referencia obligada para reflejar los de los grupos étnicos, vulnerables de por sí, tratando de contrarrestar las desventajas y violaciones a las que estaban sometidos debido a sus particularidades, distintas de los de la sociedad dominante.

En consecuencia, se cree que debido al carácter universal de los derechos humanos, la delimitación de estos en cuanto a su aplicabilidad en casos determinados no puede ser considerada como una aplicación del concepto mismo.

Contraria a esta posición, otros estudiosos indican que en la medida en que: “…todos los seres humanos no son entes abstractos que viven fuera de su tiempo, contexto y espacio, el concepto mismo de derechos humanos sólo adquiere significado en un marco contextual específico” (Stavenhagen, 1991:127).

Ello implica que, efectivamente, existe una concepción de derechos humanos básicos universales dentro de la cual se advierte una “periferia” de derechos humanos específicos propia de categorías estratificadas de la población (niños, mujeres, trabajadores, migrantes, minusválidos, refugiados, minorías étnicas, indígenas, entre otros) y que esos derechos humanos básicos universales, deben ser simultáneamente disfrutados, ejercidos y protegidos con los derechos periféricos de los que ya se comentaba.

2. Derecho internacional y derecho de las minorías

El derecho internacional aplicable a las minorías ha experimentado una notable evolución en los últimos dos decenios. Las convenciones y declaraciones internacionales, cubren ampliamente el aspecto de la no discriminación y figuran ya en los instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos derechos especiales de las minorías.

Desde este punto de vista, “Se debaten en la actualidad nuevas normas de derechos humanos para las minorías y aumenta, también, el volumen de legislación nacional en la materia. Los informes de los gobiernos…, los estudios de los Relatores Especiales sobre derechos humanos y la labor de las organizaciones No Gubernamentales…constituyen signos elocuentes de que los derechos de las minorías son un tema de actualidad” (CDH N° 18, 1992:12).

Ahora bien, la experiencia de los países en los que una mayoría de la población vive armónicamente con una o más minorías pone de manifiesto que esta acción tiende al reconocimiento de los derechos de las minorías e incluye los medios para garantizar el respeto de esos derechos.

Cuando se fundaron las Naciones Unidas, al finalizar la segunda guerra mundial, prevalecía la opinión de que, si se protegían debidamente los derechos humanos de la persona, no se necesitaban disposiciones especiales para proteger los derechos de las minorías.

En la Carta Internacional de Derechos Humanos no hay ninguna mención de estos grupos. En la Conferencia de Paz de 1946, celebrada en Londres, Hungría presentó un proyecto de tratado para la protección de las minorías, que fue rechazado. Tampoco lograron imponerse las propuestas de incluir una disposición relativa a las minorías en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Sin embargo, la cuestión de los derechos de las minorías no fue olvidada. En 1947, las Naciones Unidas establecieron un cuerpo de expertos independientes, –la subcomisión de prevención de discriminaciones y Protección a las Minorías–, como órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos. Además, una resolución de la Asamblea General, aprobada en 1948, consideró que las Naciones Unidas no podían permanecer indiferentes a la suerte de las minorías. Al mismo tiempo, esta resolución destacó que era difícil adoptar una solución uniforme de esta compleja y delicada cuestión que presenta aspectos especiales en cada Estado donde se plantea.

Para finalizar este punto es necesario señalar, que las minorías sólo empiezan a alcanzar la situación que, para sí, las mayorías dan por sentada cuando pueden hablar su propio idioma, administrar sus propias escuelas, utilizar otros servicios organizados por ellas mismas y participar en la vida política y económica de los Estados.

3. Derechos humanos y Pueblos Indígenas
    en Venezuela

En Venezuela existen pueblos indígenas diferenciados cultural y lingüísticamente, distribuidos en 8 entidades federales: estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas, Sucre, Zulia, Delta Amacuro y Amazonas.

Al respecto, los espacios geográficos ocupados por los indígenas son muy variados y se caracterizan por estar asentados en selvas tropicales, llanos, sabanas, zonas deltaicas, semidesiertos, islas y costas, al igual que en zonas fronterizas, urbanas, e, incluso, en áreas bajo regímenes especiales, que condicionan sus relaciones con el resto de la Sociedad Nacional, siendo con ello víctimas de una marginalidad socioeconómica y cultural agravada por ser minorías étnicas (Provea, 1991).

Siendo así las cosas, diversos entes y grupos nacionales han denunciado que, por su indefensión legal, la población indígena sufre con frecuencia la violación de sus derechos humanos más elementales.

Estas violaciones irían enfocadas hacia la discriminación en cuanto a tenencia de la tierra, libertad personal, educación y salud. Por eso, la población indígena ha planteado que en Venezuela no se ha asegurado la enseñanza bilingüe, no existe aplicabilidad de la ley de reforma agraria e incluso se habla de ejecución extrajudicial de miembros de las etnias indígenas.

Analizando el otro lado del problema se afirma que, salvo en casos excepcionales, los jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios del sistema judicial carecen de información sobre la organización sociopolítica de las sociedades indígenas, sobre las normas que las rigen y sobre el sistema jurídico en el que se basa la relación entre las personas y las instituciones en nuestras sociedades.

Otro factor importante en la negación de los derechos, indígenas es la propia actitud de indiferencia de los funcionarios públicos cuando se trata de aplicar la ley para defender los derechos de los indígenas (Provea, 1991). Esto significa que, aunque al indígena se le exige el cumplimiento de la ley y de las obligaciones que de ella se derivan, no existe igualdad para garantizarle el pleno disfrute de sus derechos, ni siquiera los más elementales.

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo con el cual se pretendió constituir un marco adecuado para el desarrollo de medidas básicas que tanto en el plano nacional como en el internacional se requieren para crear las condiciones necesarias para el establecimiento de una nueva dinámica de relaciones entre los pueblos indígenas y los distintos gobiernos tomando como bases principales, el respeto, la cooperación, la justicia y la equidad.

Como reflejo de la realidad internacional y de la cada vez mayor defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el marco legal venezolano es modificado con la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada el 15 de diciembre de 1999, mediante referéndum, que institucionaliza el pleno y cabal derecho social, político y económico de los pueblos indígenas en el país y la existencia de un estado plurinacional y pluricultural.

Como puede deducirse, la nueva Carta Magna se fundamenta en la realidad pluricultural indígena que da cabida a las instituciones y a los sistemas jurídicos propios de los pueblos enraizados en el territorio venezolano. (Colmenares, 1995:37). No obstante, para entender el cómo se llega a este marco constitucional de 1999, sería interesante revisar lo que ha sido la evolución constitucional de los derechos indígenas; punto que trataremos a continuación.

4. La historia y constitucionalidad en Venezuela,
    referida a los Pueblos Indígenas

En la primera Constitución de la República de Venezuela en 1811, en el Capítulo IX, Disposiciones Generales, Artículo 200, (Colección de Leyes y Reglamentos de la República de Venezuela, tomo I), los constituyentes fundadores de la nueva República, se preocuparon por la población indígena reconociéndoles como ciudadanos iguales a los demás y revirtiendo, en todos sus efectos, las disposiciones legales y, sobre todo, las actuaciones de tribunales que fueron otorgando las tierras indígenas a los colonos españoles y algunos criollos que habían venido usurpando dichas propiedades.

Además, se establecía la prohibición de continuar sirviendo como esclavos a la Sociedad, tanto laica como eclesiástica, la mano de obra aborigen. Finalmente se reconocían los derechos que sobre sus ancestrales tierras poseían los indígenas del país.

Sin embargo, a lo largo del mismo siglo XIX, estos ideales de la Constitución de 1811, fueron sucesivamente violados por la nueva sociedad de criollos que, valiéndose por una parte de las glorias de haber libertado a Venezuela del yugo español y, por la otra, de la circunstancia del desconocimiento por parte de los aborígenes de la lengua y por su puesto de las costumbres y leyes de la sociedad criolla, fueron creando las bases para extensos latifundios que aún en el siglo XXI todavía existen.

Por otra parte, se tiene que la Constitución de 1847 en su artículo 72º refleja, expresamente y por vez primera, la presencia de los pueblos indígenas; no obstante, sin reconocerles sus particularidades culturales (Colmenares, 1995).

El año de 1882, durante el gobierno del Gral. Antonio Guzmán Blanco, a quien tildaron de Ilustre Americano, el Congreso de la época dictó una Ley con fecha 2 de junio, que echa por tierra todo lo que hasta el momento había sido logrado a favor de los indígenas. Y citamos:

Art. 1°. Dentro de los límites de la Nación no se reconocen otras comunidades de indígenas sino las que existen en los Territorios Amazonas, Alto Orinoco y la Goajira, cuyos territorios seguirán regidos y administrados por el Ejecutivo Federal.

Art. 2°. Quedan extinguidos en la República los antiguos resguardos indígenas, así como también todos y cada uno de los privilegios y exenciones que las Leyes de Indias establecieron a favor de la reducción y civilización de las tribus indígenas.

Art. 3°. Se declara perecido el derecho que la Ley de 7 de abril de 1833 dio a los descendientes de indígenas para proceder a la división de sus resguardos, y ningún Tribunal de la República dará entrada a procedimientos que tengan por objeto ejercitar el derecho que la presente Ley declara perecido por acusa de negligencia de los agraciados.

Art. 4°. En los Territorios Alto Orinoco, Amazonas y La Goajira puede el Ejecutivo Nacional, conceder a cada familia indígena que se someta voluntariamente al régimen establecido para darles vida civilizada, un perímetro de hasta 25 hectáreas de tierras baldías, sin más formalidades para esta concesión, que las que se observan con familias inmigradas, según la Ley que reglamenta la administración y adjudicación de tierras realengas que pertenecen a los Estados” (Ministerio de Justicia, citado por Morales, 1999, 72).

Por otra parte, las leyes de junio de 1884, de mayo de 1885 y de abril de 1904, son copias fieles de la del 1882, antes citada, con lo cual se ratificaban las limitaciones impuestas en la misma (Morales, 1999).

A mediados del siglo XX, con el advenimiento de un gobierno democrático, el Congreso de la República dicta la Ley de Reforma Agraria (1960), en la cual se “…declara sin ambages que los indígenas son campesinos, con lo cual pasan a ser automáticamente sujetos de Reforma Agraria…” (Morales, 1999:73).

Este cambio, aparentemente justo, producido por supuesto sin el consentimiento de ninguna organización indígena, viene a rematar la conculcación de todos los derechos de los aborígenes de Venezuela, sobre el uso de sus tierras ancestrales.

Posteriormente, es decir, un año después, es sancionada la Constitución de 1961, la cual establece en su artículo 77º lo siguiente: “La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación”.

Es de hacer ver, que, a pesar de lo expresado en dicho artículo, expresaba Provea (1993) que, treinta años después, la situación de las comunidades indígenas, en vez de haber mejorado, se había ido agudizando progresivamente.

En cuanto a la normativa jurídica venezolana que aparece con la nueva Constitución, de la que ya se ha venido hablando a lo largo de este papel de trabajo, además de las innovaciones que trae en materia de defensa de los derechos indígenas, aquélla se orienta al reconocimiento de un Estado pluricultural; pero debe quedar claro, que ello no implica “…que cada pueblo debe desarrollar su propio Estado sino cambiar la idea de un estado cultural y socialmente hegemónico por un nuevo modelo político que acepta su realidad social y reconoce la existencia de sus diversas realidades socioculturales” (Colmenares, 1995:43).

Otras leyes ordinarias y especiales actualmente vigentes han establecido novedosos lineamientos que apuntan hacia el reconocimiento del pluralismo jurídico, tales como la Ley de Reforma Agraria, la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica sobre Sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en cuyos articulados se garantiza tanto el derecho a las tierras, como el respeto a la particularidad jurídica y cultural de los pueblos indígenas.

Como puede verse, al menos en lo que a legislación se refiere, se han hecho avances significativos referidos al reconocimiento, defensa y protección de los derechos indígenas en Venezuela. Ahora sólo queda que esas disposiciones constitucionales y legales en general, se sean una realidad en la práctica para esas minorías puedan ejercer plenamente su ciudadanía.

5. Propuestas indigenistas en el marco del proceso
    constituyente venezolano

La coyuntura Constitucional Venezolana en 1999, abrió un abanico de oportunidades en relación con la real participación intercultural por parte de los múltiples pueblos étnicos que co–habitan en Venezuela.

Para redactar la Nueva Constitución Venezolana, se eligieron, entre las Asociaciones y Organismos Indígenas Nacionales, tres representantes indígenas como asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos fueron Guillermo Guevara de la etnia Jibi, José Luis González de la etnia Pemón y la dirigente Wayuu Noelí Pocaterra.

Básicamente, las propuestas de los indígenas venezolanos para la nueva Constitución se pueden resumir en:

  • Reconocimiento de Venezuela como una sociedad plural (pluricultural y multilingue), para lo cual la educación debe jugar un papel esencial.

  • Respeto a la identidad cultural de los indígenas venezolanos.

  • Etnodesarrollo, entendido éste como el crecimiento de las comunidades indígenas y el fortalecimiento de la cultura de estos pueblos. Asimismo ese desarrollo debe ser adecuado a la estructura organizativa propia de cada comunidad indígena.

  • Reconocimiento de un territorio propio y otorgar autonomía a los grupos indígenas allí establecidos con base en sus normas y particularidades. Asimismo garantizar adecuada distribución de la tierra para el trabajo agrícola.

  • Protección de su hábitat: Muchos grupos indígenas han sido obligados a abandonar sus tierras y sus recursos y deben tomarse medidas legales para evitar ello.

Al leer la nueva Carta Magna, puede observarse que todas estas propuestas aparecen reflejadas en ese texto constitucional y reafirman la voluntad del Estado Venezolano de trabajar por la consecución de los ideales de igualdad jurídica, social, cultural, económica y política, para las minorías étnicas que existen en el país.

6. Derechos de los pueblos indígenas
    en la constitución venezolana de 1999

Luego de profundos debates y controversias, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó los artículos relativos a los derechos indígenas correspondientes al Capítulo VIII.

En éste, el Estado Venezolano da rango constitucional al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en todos sus aspectos y peculiaridades:

De esta manera: “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida….” (Artículo 119)” (ANC, 1999:18).

Asimismo se reconoce el hábitat indígena, en consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no ratificado por Venezuela.

Por otro lado, el artículo 120º establece: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas….” (ANC, 1999:18).

La Nueva Constitución protege, igualmente, la cultura e idiosincrasia indígena, al establecer en su artículo 121º que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto…los pueblos indígenas… tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones (ANC, 1999:18).

Se reconoce asimismo, el derecho a la salud de esta población y, así, en su artículo 122º señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementari” (ANC, 1999:18) as con sujeción a principios bioéticos. Artículo 122.

La Nueva Carta Magna, también protege los modos de producción indígena, pues en su artículo 123º declara: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas…; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades... a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera… en el marco del desarrollo local sustentable” (ANC, 1999:19).

Asimismo se garantiza la propiedad intelectual de estas comunidades en su artículo 124º, de la siguiente manera: “Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales” (ANC, 1999:19).

También establece la nueva constitución el derecho de los indígenas a participar políticamente y en su artículo 125º señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes … conforme a la ley” (ANC, 1999:19).

No obstante y dada la discusión que se generó en la Asamblea Nacional Constituyente por el término “pueblo indígena”, en el artículo 126º se estableció una definición aplicable al caso venezolano en particular, expresándose claramente que no podría ser interpretado según el Derecho Constitucional (ANC, 1999).

La disposición transitoria (Séptima) establece provisionalmente el mecanismo de participación indígena, y, en este sentido, sería oportuno exponer la experiencia que se desarrollara en el estado Zulia:

En esta entidad federal, al igual que en las otras dos entidades establecidas en la mencionada disposición transitoria Séptima, se llevó a cabo un proceso difícil y algo complicado, no sólo por lo novísimo de este mandato, sino por la ausencia de información estadística para manejar la data electoral indígena en la región.

En todo caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano al cual le fuera encomendada esta tarea, en primer lugar, censó las principales organizaciones indígenas del estado, llegando finalmente a reconocer oficialmente a CONIVE, que es el Consejo Nacional Indígena de Venezuela, liderado por la actual Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Dip. Nohelí Pocaterra.

Esto produjo malestar en el seno de otras organizaciones indígenas de la región, las cuales no se sentían representadas por CONIVE, exigiendo su reconocimiento ante el CNE. Este ente comicial, después de recibir alegatos y denuncias de las comunidades indígenas de la región, admitió la inscripción de otras organizaciones, pero mantuvo como decisión la participación oficial de CONIVE como organismo principal para la coordinación, junto a la oficina regional del CNE, de la Asamblea Regional Indígena que se realizaría en julio de 1999.

El proceso de censo indígena, información y convocatoria, se realizó en los municipios y localidades donde se concentraban las principales etnias de la región zuliana: la Wayúu, la Añú, la Barí y la Yucpa, con el apoyo logístico de la Fuerza Armada Nacional.

Así, comunidades Wayúu en la Alta Guajira, Municipio Páez, al igual que en el Municipio Mara, fueron visitadas. Lo mismo se hizo con las comunidades Añú asentadas en el Municipio Almirante Padilla. La comunidad Yucpa se visitó vía terrestre y la Barí, por vía aérea, debido a lo intrincado de la zona perijanera.

La Asamblea Regional Indígena fue realizada en las instalaciones de la I División de Infantería del Ejército y en ella resultó ganadora, como ya se dijo, la Sra. Pocaterra.

Una de las dificultades que se presentaron en general, es el hecho que la constitución establece que los candidatos o las candidatas debían hablar su lengua ancestral y, en el caso de las comunidades Añú, esto fue casi imposible, porque esta lengua está en proceso de desaparición en la zona.

Por otra parte, el manejo de los recursos también fue dificultoso debido a que el CNE debía correr con el traslado, hospedaje y alimentación de todas estas personas por tres días; pero a todas se les respetó su cultura (se hospedaron wayúu con wayúu, barí con barí y así con el resto; se les proporcionó comida a la que ellos estaban acostumbrados, baños químicos suficientes, camas, y entretenimiento. En otras palabras, siempre se tuvo presente el respeto de sus derechos.

No obstante, siempre existen resistencia en unas y otras comunidades; pero en líneas generales se cumplió con los lineamientos del régimen especial establecido en la Carta Magna del 99’.

Finalmente, el preámbulo de la Constitución de 1999, reconoce la igualdad de todos los venezolanos “sin discriminación ni subordinación alguna” y el artículo 9º reconoce el uso oficial de los idiomas indígenas “por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad” (ANC, 1999: 1).

7. Derechos indígenas en Venezuela: Integración
    o desintegración

Luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de los artículos constitucionales que le otorgan derechos políticos, sociales y económicos a las etnias indígenas, muchos han planteado que la República de Venezuela corre el riesgo de perder más de la mitad de su territorio.

Al respecto, se dice que el uso del término pueblo tiene connotaciones en el derecho internacional y en el ámbito de los derechos humanos progresivos, que hace inútil cualquier cláusula de salvaguarda como la del artículo 126º, debido a que sólo los pueblos tienen derechos originarios que, antecediendo al Estado donde se encuentran, no pueden ser limitados por éste. Así, en opinión de algunos autores (Pérez, 1999) la expresión adecuada sería la de comunidades indígenas.

En cuanto al concepto de territorio que los miembros de la ANC sustituyeron por el de hábitat, se ha señalado que: “…el término territorio, aunque eliminado, queda plasmado de manera indirecta al conjugarse los conceptos espacio geográfico, ámbito, hábitat y tierras colectivas, es decir, que para el derecho internacional tiene el mismo significado” (Pérez, 1999, D–4).

La posibilidad de que esto ocurra, lo cual implicaría un desmembramiento del Estado Venezolano en un 50% aproximadamente, se ampara en proyectos, resoluciones y declaraciones internacionales sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Es de hacer ver que en Venezuela viven aproximadamente 315.826 indígenas, del total de 22.777.000 venezolanos y los indígenas que viven en los estados fronterizos del país ocupan el 48.78% del territorio nacional, que es ese casi 50% del espacio físico venezolano del que veníamos hablando.

Así que éste podría ser un primer paso para la solicitud de autodeterminación; ante lo cual, el orden internacional plantea la posibilidad de intervención extranjera para garantizar ese derecho y la posibilidad de independizarse de la nación Venezolana.

Esta situación sería terrible para los intereses nacionales y debería servir de alerta para que en un futuro próximo, la Asamblea Nacional legislara para modificar la redacción de estos artículos que podrían atentar contra la indivisibilidad del Estado Venezolano.

Este peligro se refuerza con la condición de las poblaciones fronterizas, que viven en zonas donde se refleja la marginalidad institucional del Estado Venezolano y que una vez fueran delimitadas geodésicamente durante el Primer Período del Dr. Rafael Caldera (Morales, 1985). Estos pobladores de frontera, podrían estar expuestos a un proceso de transculturización, entre otras eventualidades, por razones múltiples: educación proveniente de escuelas extranjeras, evangelización en idiomas distintos al español, atención sanitaria por organismos no gubernamentales que impiden el acceso a personal venezolano, entre otras.

El Consejo de Seguridad venezolano ha señalado al respecto que las demandas indígenas incluidas en la Carta Magna: “…debilitan la unidad, cohesión e identidad nacional de Venezuela y abrirían las puertas a la creación de un Estado multiétnico y a la secesión, (lo que) limitaría el ejercicio de la soberanía del Estado dentro de su propio territorio” (Lugo, 1999:8/3).

No obstante estas consideraciones, es evidente que la Constitución de 1961, casi obvió todo lo relativo a los indígenas, quienes han sido reiteradamente apartados del desarrollo económico nacional, expoliados y sometidos a una multiplicidad de vejámenes y discriminaciones.

Lo importante, en todo caso, es la aplicabilidad de los principios de la Constitución Venezolana de 1999 para lograr la integración de los indígenas a la Nación.

Conclusión

Aparte de los avances constitucionales y del reconocimiento de sus derechos, numerosos aspectos atentan contra las posibilidades de supervivencia material y cultural de los grupos indígenas venezolanos. Entre estos aspectos están la situación agraria en la cual estos se hayan inmersos, la usurpación de tierras indígenas por parte de poderosos grupos económicos y el fracaso de los proyectos de desarrollo integral para estas poblaciones por parte del Estado. Todos estos factores han traído consigo “un grave impacto sobre las comunidades indígenas... y han dejado en evidencia las dificultades para contar con una justa y oportuna administración de justicia al reclamar sus derechos” (Provea, 1903:199).

Así, la problemática indígena en Venezuela es altamente compleja y se ve aumentada por una total carencia de medidas asistenciales y sanitarias que coadyuvan al afianzamiento de la pobreza de estos grupos, aunado a la dificultad que los mismos tienen para incorporarse al sistema nacional de educación.

De todas maneras, el problema indígena no puede abordarse sin mirar la dinámica histórica del Estado, que en su realización, como centro legítimo de poder, “…tiende a profundizar su presencia, por medio de la regularización jurídica de la posesión territorial y el ofrecimiento constante de planes de desarrollo y modernización” (Triana, 1990:277).

El indigenismo asimismo, puede ser comprendido como: “una arena o campo, constituido por las relaciones entre múltiples sujetos, caracterizados por las posiciones que estos ocupan, regulado por un conjunto de reglas del juego de carácter situacional, y en la cual están ocurriendo procesos que afectan a cada uno de los actores y al conjunto” (Iturralde, 1991:16).

Los derechos humanos, en general, han avanzado notablemente, sobre todo luego de la segunda guerra mundial, haciéndose énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Ello obedece a la nueva concepción de los derechos humanos avalados por pactos y disposiciones internacionales que han depurado los principios en los cuales éstos se basan.

Por otra parte, se han incorporado nuevas categorías de derechos humanos, cuyo propósito es proteger ciertas categorías de personas contra flagelos como el genocidio, la discriminación racial, entre otros (Martínez, 1995:151).

Es necesario, pues, garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, no sólo a través de un marco constitucional adecuado dentro de un régimen político democrático, sino en el orden social, económico y cultural, ya que, según Brewer (1976:95), “…sólo cuando existe una real y efectiva igualdad social, producto de la integración étnica y humana de un país, puede decirse que están dadas las bases para que no existan discriminaciones”.

Lista de Referencias

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