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Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508

CDC v.28 n.78 Caracas dic. 2011

 

Los consejos comunales: continuidades y rupturas*

 BEATRIZ FERNÁNDEZ CABRERA**

 

 * Este texto es una reelaboración y actualización de un artículo publicado en portugués en el 2009 con el título «Os Conselhos Comunais: Subjetividades e rupturas do mundo popular venezuelano». Véase Fernández Cabrera, 2009.

** Investigadora del Área de Desarrollo Urbano-Regional del Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, Universidad Central de Venezuela. Correo-e: fernandezbeatrice@gmail.com

Resumen

A manera de hipótesis se propone la existencia de continuidades y rupturas en la lógica tradicional de actuación colectiva de los sectores populares urbanos, empleando como campo de prueba las dinámicas de creación y conformación de los consejos comunales como instancias de gobierno y gestión del poder popular. Se dan en la transición política venezolana actual, vinculados a la permanencia de importantes factores históricos y antropológicos, fenómenos que modelan el comportamiento colectivo popular, vale decir «continuidades». Pero de la misma manera también están presentes giros en esta actuación conectados con la búsqueda de reconocimiento político, lo que podría estar indicando «rupturas» en la configuración de su lugar como sujeto dentro del proyecto societal que va tomando forma en la transición.

 Palabras clave: Comportamiento colectivo popular / Ruptura / Sujeto popular / Subjetividad colectiva / Consejos comunales

 Abstract

The existence of continuities and disruptions in the traditional collective behavior of urban grass roots sectors is proposed, having as hypothesis´ framework the dynamics of creation and formation of communal boards as entities for the agency of grass roots power. They began in the current Venezuelan political transition linked to important historical and anthropological factors that inform people´s collective behavior, that is to say, «continuities». But there are also turning points associated to the pursuit of political empowerment. Those could point to «breaks» in the shaping of the place of these sectors as subject within the societal project that is coming together in the transition.

 Key words:  People´s collective behavior / Break / Grass roots subject / Collective subjectivity / Communal boards

 RECIBIDO:   JULIO 2011  ACEPTADO:  DICIEMBRE 2011

 

La realidad de que nos ocupamos es difusa en sus contornos,

ya que se define solamente en la medida misma del esfuerzo por construirla.

 

Zemelman, 1989:31-32

 

Introducción

En Venezuela, en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, el curso de la acción colectiva1 tradicional de los sectores sociales comienza a expresar cambios. Esos giros de actuación se vinculan a la implementación de las políticas neoliberales, en un primer momento, y posteriormente a la confrontación de los discursos políticos de inicios del 2000, los cuales inducirán a posicionamientos polarizados en el tema de los proyectos societales que entran al debate.

En 2006 se promulga la Ley de los Consejos Comunales,2 con la cual se busca institucionalizar el vínculo de las formas organizativas de base con el Estado, para promover la participación en el espacio local del poder popular «en gestación», reafirmando su virtud en tanto su «proximidad» con las esferas de acción reivindicativa de la población.

En ese devenir, donde se suman antagonismos políticos y esfuerzos de implementación de cambios institucionales, el repertorio de las actuaciones públicas de los sectores populares,3 definido por la lucha entre la lógica de sobrevivencia y la lógica de reconocimiento, ha reforzado su afiliación comunitaria, localista, con contenidos en el terreno material y simbólico. Ello, sin duda alguna, expresará continuidades, retrocesos y avances en la integración política de su acción en el juego de relaciones de poder que estructuran la sociedad venezolana en los últimos treinta años. Así, de la débil actuación colectiva de los actores sociales, propia de la etapa neoliberal, se transitará a una nueva situación de antagonismos sociales en la cual los sectores populares –entre espontaneidades masivas, iniciativas organizativas, resistencias ocultas– juegan un papel primordial.

En este cuadro de sectores sociales4 en movimiento, se genera una interpretación particular de sus realidades. Tales grupos, para constituirse en «sujetos sociales», necesitan la producción de rupturas de los sistemas de interpretación y de acción previos, no solo en el orden material, sino esencialmente en el orden subjetivo.5 Esa conformación en sujetos, citando a Alfredo Guerrero (2006), tendrá lugar como un complejo y sutil proceso de construcción identitaria, que se moverá siempre en el perímetro entre lo ya constituido de la sociedad y lo que se está gestando (ibíd.).

Proponemos en este texto centrar la observación en las continuidades y rupturas de la lógica tradicional de actuación colectiva de los sectores populares urbanos ante la convocatoria normativa del Estado –a través de los consejos comunales– de creación de un espacio institucional del «poder popular». ¿Cuáles son las tensiones que brotan de ese proceso con su tradicional actuación colectiva?

 Continuidades

El colectivo popular que muchos autores denominan informal, por estar al margen de las reglas ciudadanas de la modernidad,6 tiene de singular el estar ligado a áreas sociales excluidas y el no provenir de esferas de relaciones formales de la sociedad. Este colectivo genera un modo de vida, una cultura que se expresa en la mixtura de diversas desigualdades en el campo de los intereses de la vida social y está estrechamente vinculada a la condición social y hábitat.

Es preciso resaltar que uno de los elementos característicos de los sectores populares es el hecho que generalmente habitan en zonas barriales segregadas, lugares con altos déficit de equipamientos colectivos. En efecto, se pudiera afirmar que el barrio es un territorio constituido por un conjunto de manifestaciones sociales pertenecientes a un determinado sistema de necesidades, capacidades y valores signados por la lucha de sus pobladores por el hábitat: autoconstruir, defender y equipar el lugar. Eso revela la potencia e importancia que adquiere la noción de territorio, el barrio, en el análisis de la socialización y politización de los sectores populares más allá de los canales tradicionales de mediación como son el partido y sindicato.

Adicionalmente se puede señalar como uno de los rasgos del mundo popular la realización de trabajos no tan sólo productivos (que le da valor al capital), sino, en muchas ocasiones, informales (economía subterránea). Existen mecanismos de autoproducción y consumo, fuera del mercado capitalista, que permiten la sobrevivencia (v. Fernández Cabrera, 1992a; 1995a).

Tomando en cuenta lo anterior, existen constantes en los repertorios de acción colectiva de los sectores populares en demanda de asistencia, que se reproducen a lo largo del tiempo. Denis Merklen (2004) denomina este proceso «inscripción territorial de la búsqueda de integración social».

Los sectores populares habitan y son habitados por un conjunto de significados producidos por las condiciones de margen social en que viven. Poseedores de una cultura expresada en formas de relacionamiento y prácticas sociales subalternas. Esta lógica de pensamiento puede asumir modalidades adaptativas o de rebeldías y, en general, se podría afirmar que los grupos populares como actor colectivo resultan de un proceso de enfrentamiento con otras lógicas e intereses del resto de sectores sociales e instituciones. Sin embargo, en la mezcla sobreviven lazos sociales grupales identitarios no homogenizados por la razón modernizadora, sobre la base de las nociones de redes de parentesco, solidaridad, clientela y dentro de un espíritu informal y festivo (v. Hopenhayn, 1994). Todo lo cual actúa como marco articulador al cual se prende la multiplicidad de iniciativas asociativas para la sobrevivencia, dibujándose relaciones sociales. Existe una capacidad popular de convertir en identidad los significados guardados en sus memorias, como avances y retrocesos en torno al logro de sus ideales igualitarios.

En una breve descripción histórica (años setenta, ochenta, noventa) de los tipos de movilización popular urbana, observamos que hasta finales de los ochenta fueron «objeto» de programas sociales que compensaban el modelo económico que se adoptaba en cada ocasión. Se destaca la débil organización por barrios,7 la cual tenía como principal interlocutor al Estado, ya que las movilizaciones se daban en función de demandar asistencia, dotación de servicios.

 

Advertimos, en términos generales, un carácter local, inmediatista, integrado al sistema por actuación de los partidos políticos dominantes como mediadores de una red clientelar.9 Hecho que puede estar informando sobre el reforzamiento del barrio como el principal espacio de socialización del mundo popular ante la fractura de los vínculos laborales del modelo de funcionamiento económico neoliberal.

En nuestro análisis, la movilización popular encuentra un componente primario en lo comunitario, en la trama de solidaridades locales (relaciones familiares, vecinazgo, paisanaje). En Caracas aparecen las primeras organizaciones comunitarias barriales («ligas de colonos», luego denominadas «juntas»: profomento, promejoras, comunales) entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Están asociadas a la fundación de los primeros barrios de la ciudad (San Agustín del Sur, La Vega y Antímano). Desde entonces el elemento característico de las acciones colectivas que emprenden tiene como móvil lograr la dotación de infraestructural, el equipamiento y la lucha contra el desalojo. En los años sesenta, en el marco de agotamiento de los planteamientos de los modelos modernizadores para países periféricos, se introducen conceptos tales como la autoayuda o ayuda mutua, autoorganización, participación, que complementan la visión del «desarrollo desde abajo» (Grohmann, 1996) implementando una relación asistencialista propiciada por las agencias internacionales. De este modo se modeló un programa de lucha vecinal popular nutrido por demandas de carácter reivindicativo, que en contadas excepciones realizó planteamientos transformadores.

En los setenta las asociaciones de vecinos aparecen como la fórmula de los pobladores urbanos para tener presencia en las instituciones. El surgimiento de las asociaciones de vecinos se ubica en las capas medias y alta de la población, donde se desarrollaron y tomaron auge. En las comunidades pobres –de manera general– se multiplicaron como forma de instrumentar programas y políticas sociales estatales. El movimiento popular era disperso, debilitado y fragmentado frente a una sociedad que lo expulsaba a los márgenes. El creciente descontento de los sectores populares hacia lo político condujo al aislamiento en el ámbito privado de la sobrevivencia, expresándose este hecho en un incremento de la abstención en los procesos electorales del 12.5 por ciento en 1978 a un 54.4 por ciento en 1989.10

En la década de los ochenta, caracterizada por una recesión económica de gran magnitud –explícita en la incapacidad para crear empleo y producir bienes y servicios–, se produce una cobertura de menos del 50 por ciento en los programas sociales; a este hecho se le añade la pérdida de consensos sociopolíticos por el desgaste de la democracia de corte liberal y su sistema de representación a través de los partidos y sindicatos, quedándole al Estado la función del dominio abierto, con amplia utilización de mecanismos represivos ante las movilizaciones populares.

Otro elemento de este contexto es la actuación de las organizaciones no gubernamentales; esta figura fue un canal de intermediación entre organizaciones e instituciones nacionales e internacionales con las capas pobres de la población y en algunos casos se emplearon para implementar programas sociales focalizados en esas poblaciones. De cierta manera, desplazaron a los actores comunitarios y fortalecieron grupos vecinales de los sectores medios de la población. Este hecho era funcional a los intentos del Estado de disminuir su actuación en los temas sociales y se correspondía con el planteamiento ideológico liberal de los centros financieros mundiales. Así, fácilmente se adoptan fórmulas para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil y del capital social, hecho que se sincronizaba con un crecimiento de las actividades públicas vecinales de clase media y alta.

En sus inicios el discurso empleado por el movimiento vecinal desdibujó las diferencias sociales de la población que lo nutría a partir del empleo de la noción de comunidad y ciudad deseable. Este discurso está íntimamente ligado a carencias urbanas, violaciones de ordenanzas de zonificación (un 69 por ciento de las asociaciones de vecinos explican su origen en la violación de las ordenanzas municipal) y/o actos administrativos adversos a las necesidades sentidas por la ciudadanía. Elías Santana, dirigente nacional de este movimiento, estimaba que para el año 1990 existían entre 10.000 y 12.000 asociaciones de vecinos, y en la ciudad de Caracas su número sobrepasaba los 200.11 El movimiento vecinal nucleó en su entorno distintos grupos vecinales participantes en las diversas actividades colectivas: cursos de capacitación ciudadana, creación de casas de la cultura, vinculación con otros movimientos de vecinos del país o movimientos de otro tipo tales como ecológicos, cooperativos, de cultura popular, de profesionales, de defensa del consumidor, de cristianos de base, de mujeres, entre otros. Este movimiento vecinal propuso una serie de reformas tanto municipales como del sistema electoral con el objeto de corregir la elevada abstención en las elecciones municipales de 1984 (40,7 por ciento), que expresaba la falta de interés de la población en los eventos políticos. Entre los elementos exigidos se puede nombrar: profundización de la democracia en los partidos políti­cos; reforma de la Ley Orgánica del Sufragio; elección directa y secreta de los gobernadores de las entidades federales; reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; financiamiento de los partidos políticos.

 En 1978 y en 1989 se aprueban versiones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; a partir de allí se habla de la efectividad simbólica triunfante en la lucha por la reforma del Estado, trayendo al espacio público nuevos significados que terminan por ser sucesos políticos, ya que enriquecieron la trama social. Argumenta Edgardo Lander (2002:114): «En Venezuela este discurso sobre la sociedad civil ha sido particularmente nítido y coherente, establece una oposición ‹maniquea› entre Estado (caracterizado como corrupto, ineficiente y clientelar) y una mítica sociedad civil (que incluye a los medios), entendida como la síntesis de todas las virtudes, creatividad, iniciativa, eficacia y honestidad, participación».

Se conserva en el imaginario una percepción de bondad de la sociedad civil, garantizada solo y si se mantiene fuera del juego político. La ambigüedad de la utilización del concepto ha generado muchas críticas, entre las que se pueden citar la de Carmen Beatriz Fernández,12 quien precisa que el punto central de diferencia entre partidos políticos y sociedad civil es la vocación de llegar al poder político: «Quizás la cruel distinción que hace la sociedad venezolana13 entre los querubines cívicos y sus hermanos los satanes políticos tenga su origen en la forma cómo nace lo que en Venezuela entendemos por sociedad civil, como contrapeso a las actividades gubernamentales».

Si consideramos la sociedad civil en su definición clásica como esa esfera de actuación pública que está fuera del control directo del aparato de gobierno, y observamos que en Venezuela los orígenes de los sindicatos, gremios profesionales, movimientos estudiantiles y asociaciones campesinas están íntimamente ligados a la historia de los partidos políticos, entenderemos por qué los mismos pertenecen a esa zona gris de no muy clara definición.

Aunque en las tres últimas décadas del siglo XX el discurso de la sociedad civil aparece como destacado en el mapa asociativo de Venezuela, en su inicio presenta una diferenciación y trayectoria diferente de las organizaciones comunitarias barriales, que por su carácter y naturaleza organizativa no llegan a ser consideradas movimiento social. De esta manera se sedimentaron serios problemas, como el de la exclusión social progresiva de la población popular, hechos que derivaron en el fenómeno de estallido social de los sectores subalternos14 (conocido como «el caracazo») el 27, 28 y 29 de febrero de 1989  (Centro Gumilla, 2008).

Rupturas

Los cambios en el tipo de acción colectiva de los sectores populares se han dado a través de las «rupturas» en la subjetividad colectiva, la cual tiene una «inscripción territorial» vinculada de manera directa a su modo de vida. En el caso que reflexionamos, el camino popular a su constitución como sujeto tiene distintos giros en su comportamiento colectivo, que pudieran estar señalando momentos de ruptura de la subjetividad colectiva; y en consecuencia producir avances y retrocesos cualitativos en esa dirección.

Con los datos de las cuatro últimas décadas, el análisis nos conduce a distinguir por lo menos tres momentos importantes en el proceso de desarrollo del sujeto popular en Venezuela:

1. de la apatía a la movilización emotiva;

2. de la acción emotiva a la movilización antagónica;

3. del antagonismo a la institucionalización del poder popular.

 

 Primera ruptura: de la apatía a la movilización emotiva

 

El primer cambio sustantivo del tipo de acción lo ubicamos en el caracazo (1989). Fue una ruptura ocasionada por el patrón de distribución social neoliberal que derivó en la actuación iracunda de masas excluidas. Explosión colectiva15 que estremeció el aparente equilibrio social. Los sectores populares se transformaron de una masa apática en un grupo social amenazante, y ese fue el sedimento para la actuación de redes de sobrevivencia con móviles afectivos, emocionales. Luego, con la aparición pública de Hugo Chávez, se «enamoraron», se «encantaron» con su propuesta transformadora que produjo su llegada a la presidencia en 1998.

De esa manera se fue subjetivando la ruptura desde el caracazo. Por el tipo de actuación popular en ese lapso se puede hablar de un actor emotivo. En el tiempo que transcurre desde los años setenta hasta 1989, «los de abajo» convivientes de ese mundo popular, en su expresión formal organizada (asociaciones de vecinos), no podían, no sabían y no lograban transformarse en ese «capital social» presente en discurso público dominante. En sus prácticas informales, se manifestaban con formas de rebeldías y protestas que nunca encajaba en las reglas de una «ciudadanía abstracta» de las ONG y la sociedad moderna; estaban condenados a ser receptores de un discurso oficial que contenía recompensas suficientes como para no aspirar a la politización y al cuestionamiento del poder hegemónico de las elites que los sumergía en territorios de proyectos de vida individuales. Sobre esta masa operó el Estado en busca de legitimidad y consenso del orden político y social, sobrepasando los límites al tratar de aplicar políticas de terapia de choque.16

 A lo largo de los años ochenta y noventa estos sectores populares fueron sometidos a una intensa dinámica excluyente, proceso en cual se disuelven y reconstituyen determinadas formas de subjetividad e identidad social. La crisis de desafiliación producida por el mapa de exclusión y el agotamiento de los recursos para seguir financiando el contrato social genera la proliferación de múltiples expresividades comunitarias que no encuentra su cemento en un proyecto político articulador (Castel, 1997). El adelgazamiento del Estado benefactor produce una venida a menos de las afiliaciones convencionales. En el desamparo, las comunidades populares construyen iniciativas y dispositivos para solucionar sus carencias: un circuito de relaciones y opiniones que induce a acciones informales, prácticas que nutren un tejido asociativo basado en identidades comunitarias de intereses. Las socialidades flotantes en ese mundo subterráneo responden más a un tiempo de construcción de una subjetividad social colectiva (valoraciones, identificaciones) donde se forma «un nosotros popular» que va tomando la forma de bolsones de resistencia y de donde emerge una corriente de participación con cierta fuerza colectiva, que poco a poco va imponiendo una velocidad, un clima y una atmósfera social que toma un tono de protesta y rebelión. Rebelión que expresaba la gran contradicción entre las oportunidades de consumo que ofrecía mediáticamente el mundo neoliberal y las terribles condiciones de sobrevivencia en que se encontraban.

En 1989 se dio el preludio del proceso de transformación en curso. La crisis económica profundizada por los ajustes económicos, aunada a la debilidad e ilegitimidad de los canales reivindicativos formales tales como sindicatos y partidos, genera sucesos colectivos como el caracazo en el cual la fuerza vivencial colectiva se expresa en una explosión de necesidades e insatisfacciones. No fue en el campo de la realización de los principios redistributivos democráticos, sino en el enfrentamiento callejero de las diferencias sociales.17 Los registros de la memoria popular parecieran indicar el reencuentro y articulación pública del reclamo. Este antecedente inició lo que podría denominarse la reconfiguración en el terreno político de los sectores populares, la articulación de las identidades de los grupos atomizados y los múltiples intereses que conviven en el mundo popular. Por otra parte, a partir de ese evento se procuraron ideas democratizadoras y proyectos de leyes para paliar los efectos sociales repulsivos del ajuste económico neoliberal.

El caracazo y las fracasadas rebeliones militares de 1992 fueron detonantes de una crisis política que culminaría con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez. Se dio así una explosión social que impulsó la estructuración de redes de resistencia popular que derrotaron posteriormente la política de la reestructuración económica impuesta por las agencias internacionales de financiamiento.

Los sectores populares aceptaron el notable eco a las consignas políticas de Hugo Chávez en 1998, las cuales se empalmaron con sus necesidades y problemas. En un primer momento la multitud apoya al líder desde una afectividad y una sensualidad colectiva que los identifica. Se va transformado de una masa que delega la defensa de sus intereses, a una que entra organizadamente en el juego de las relaciones de poder. La emotividad existente en el nexo que establecen los sectores populares con Hugo Chávez es indiscutible. Identifican en él al «hombre de la esquina», en gran medida parecido a ellos, en la forma de cantar, de pronunciar el idioma inglés, en el humor que expresa. Admiran en el líder los recursos expresivos, incluso los autoritarios; además de la forma pedagógica en la que les transmite la historia, la geografía y la política. Consciente o inconscientemente los sectores populares se han identificado con él.

Oponerse a la fuerza social que invisibiliza a las comunidades en crecimiento y a todo lo relacionado con la propuesta de Chávez es también un tema emotivo de los sectores opositores. Todos estos elementos crean una especial tensión política en el futuro del poder popular que intenta posicionarse institucionalmente a través de los «consejos comunales», instancia emblemática que expresa la complejidad del proceso trasformación.

Sin embargo, desde 1999 no podemos ignorar el carácter central de las demandas impulsadas por el comportamiento popular comprometido con la transformación, tratando de conquistar espacios18 colectivos de bienestar, y esto último ha significado enfrentar a la oposición (incluyendo la presencia de sectores burocráticos que dominan en una segunda línea el aparato estatal). Y ha representado, además, afirmarse, negar la negación planteada por el polo social tradicionalmente dominante.

 Segunda ruptura: de la acción emotiva a la movilización antagónica

El giro aparece dado por la visualización de la diferenciación social asociada a la constitución de lo antagónico de la coyuntura. Hablamos del paro petrolero, del golpe de Estado y la restitución de Chávez en el poder (2002). Afloran operaciones identitarias expresadas en discursos polarizadores. Ocurre un proceso de maduración de la diferencia social y una toma de conciencia de ella. El movimiento popular tensiona las coordenadas de ese «ser colectivo público y político», y subjetiviza no solo la diferenciación sino la claridad de intereses encontrados. En realidad, aunque largamente fermentada, no fue difícil la elaboración de la diferenciación, pues esta ya existía como ese mundo aparte, marginado, que es el mundo popular. Se convierte en un actor diferenciador.

En el marco de la invisibilidad a la que somete la democracia formal a los sectores populares por estar diluidos en el concepto de nación o globalización,19 se produce un drama de alienación y polarización padecido por una parte de la sociedad como consecuencia del accionar de la otra parte. La confrontación directa entre estos polos está regida por el juego fluctuante entre negaciones reciprocas, expresadas a través de los poderes sociales construidos por unos y otros a fin de producir una negación (Salazar, 1985).

En Venezuela, como hemos visto en los párrafos anteriores, se da un cambio cualitativo de la participación popular. Se observa un desarrollo de su perfil asociativo, vinculándose con movilizaciones políticas para, por ejemplo, hacer frente a la represión del caracazo, para reclamar la restitución del presidente Chávez después del golpe de abril del 2002, y en las estrategias para hacer frente al paro petrolero en ese mismo año. En el comportamiento de los sectores populares se produce un cambio: se pasa de un apoyo al simbolismo afectivo que los reivindica, a la internalización progresiva de una participación racional y política.

De esa manera la mayoría (la multitud amorfa e ignorante, amenazante de la estabilidad social), poseedora de una cultura de la pobreza anómica, caracterizada por la apatía, el desinterés en la cohesión social, va afianzando una identidad proporcionada por el vivir en los márgenes sociales y va tomando forma de grupo orgánico alrededor del discurso presidencial «revolucionario» que los reivindica.

Chávez expresa semánticamente el descontento popular en un discurso de vuelta a la construcción del Estado, de vuelta a la recuperación de la industria petrolera, de vuelta a la redistribución hacia los pobres, de vuelta a la masificación de la educación y a la salud pública. Cansados de la negación, la población popular adopta rápidamente el simbolismo nacionalista y afectivo de Chávez y su proyecto. Lo respalda con potencia y este se convierte a su vez en un símbolo de identidad de los desposeídos.

Con el respaldo de una alianza marcadamente interclasista, en 1999 se desarrolla el proceso constituyente, aprobando una nueva Constitución en diciembre del mismo año mediante referéndum público. En ella, el Gobierno muestra su enfoque y su intención en materia de organización social y comunitaria. En la Constitución bolivariana este planteamiento es medular en distintos artículos, tales como el 62 (que establece la participación popular en la gestión pública), el artículo 70 (que determina las formas de participación económica, social y política) y los artículos 166, 182 y 185 (que determinan la creación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública y del Consejo Federal de Gobierno).

Paralelamente, en los «Lineamientos de Desarrollo Económico y Social 2001-2007» (República Bolivariana de Venezuela, 2001b) se trata ampliamente el tema de la organización popular, planteando, entre otros objetivos: «incentivar las redes sociales»; «promover las organizaciones de base»; «estimular la sociedad contralora de lo público»; «fomentar la corresponsabilidad ciudadana»; y «propiciar la participación ciudadana». En el plano institucional se produce un avance de una lógica colectiva pública, con la recuperación del papel social del Estado y del principio de justicia distributiva, a la vez que aumentaba considerablemente el gasto social. Este hecho se refleja con claridad en la propuesta de descentralización y participación comunitaria, bajo el modelo de corresponsabilidad Estado-ciudadanía, abriendo paso al concepto de derecho social que reivindica valores como la solidaridad social y el comunitarismo.20

Parafraseando a Antoni Domènech,21 la democracia no es connatural al liberalismo. No ha habido ninguna idea en el mundo contemporáneo más revolucionaria que la de democracia en sus tradiciones populares revolucionarias. Sin embargo, digamos que al inicio del mandato de Chávez, la oposición no captaba el carácter revolucionario de su propuesta, solo la percibía alrededor de una expectativa de cambio. Existía por parte de las elites una naturalización de la desigualdad; quizás por convivir cómodamente con un 60 por ciento de pobres, los cuales ejercían pasivamente la democracia, y donde la libertad e igualdad real eran aspiraciones que venían dadas por esfuerzos privados y no eran amenazas reales.

Es en el año 2002, año crucial para la historia reciente de Venezuela, a consecuencia de la intervención a Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuando se dan amplias movilizaciones políticas y sociales. Se produce así un proceso de confrontación política, atravesada por una polarización política, social y cultural. Los sectores populares enfrentaron organizados en colectivos el cierre patronal. Como resultado, las inconmensurables iniciativas, prácticas, historias, instituciones, comunidades, grupos de los sectores populares comienzan a ser vistos y previstos con un protagonismo inusual, de tal manera que llegan a imprimirle al diseño de la política social una velocidad y una escala que deja atrás la institucionalidad convencional del Estado. Inclusive se pudiera señalar que la construcción de la inclusión social es algo más que el diseño de una política social, ha sido la conquista paulatina de espacios sociales.

En un polo social, la resistencia a la negación va imprimiendo la potencia de las respuestas colectivas observadas en el intento de golpe del 2002 y en el paro petrolero. Y esa misma potencia, expuesta a los antagonismos de gran magnitud de los sectores adversarios, requirió salidas asociativas informales en el campo político, surgieron redes de resistencia: los círculos bolivarianos, las asambleas de barrios.

El otro polo social, en tanto sectores históricamente privilegiados, reproducirá una autoimagen en el discurso, como portadores de modernidad, libertad, democracia y paz, depositario de todo el patrimonio del saber técnico con el cual se podría salir de la barbarie. Papel que se les quiere quitar, piensan, por la vía violenta de un Gobierno populista que ha sido un fracaso técnico, que improvisa respuestas fuera del esquema institucional, que es un Gobierno sectario y corrupto, creador de divisiones en un pueblo que siempre vivió en armonía, que abusa del manejo de la masa desposeída como clientela política, siendo la pobre gente tan ignorante que vende hasta su alma por un voto, por cualquier favor del Gobierno, que regala los recursos a otras naciones.

En el contexto de la polarización, con dificultad se capta en el discurso de la oposición las solidaridades y lealtades a toda prueba en las que se apoya la comunidad vecinal construida por ellos día a día. No se habla del cruce de la violencia que se sufre con aquella otra desde donde se resiste. No se perciben los mecanismos de la religiosidad popular –mezcla de las creencias del catolicismo con otras devociones–, que a su vez es un acervo de moralidad que no impide una modernidad a medio camino, expresada, por ejemplo, en libertades de sexualidad. No se siente el sonar de una música a todo volumen que habla de afecto y una cultura viva que mezcla la salsa, el merengue, el vallenato, las rancheras, el rock, el hip-hop y el bolero. No se entiende cómo las vivencias son llevadas a chiste o chisme. No se puede comprender cómo el analfabetismo y la ignorancia se funden con los sueños y las frustraciones del salir de abajo. Este mundo popular no es visto en su complejidad.

Para concluir este aparte, diríamos que:

De esta confrontación han germinado actores sociales antagónicos y de esto se trata la lucha política. De articular y/o desarticular diferentes significados en torno a invocaciones contrapuestas (por ejemplo, principio democracia representativa vs. democracia participativa). Es notorio el reparto de valores, creencia, símbolos y mitos del imaginario social reproduciendo de esta manera la dualidad social. El dispositivo simbólico que proporcionó direccionalidad discursiva a la modernidad política, social y cultural en Venezuela hizo crisis con la conflictividad política de inicios de siglo. La descomposición de su tejido formal institucional no es más que la expresión fenoménica de los límites del modelo sobre el cual se construyó la democracia venezolana. El discurso que se daba desde el poder basado en una arquitectura pseudodemocrática, que limitaba los márgenes de actuación de todos aquellos cuya diferencia dificultaba y erosionaba la construcción de un sujeto nacional homogéneo. Así la identidad cultural, además de proporcionar elementos concretos de referencia y comparación, resume el universo simbólico que caracteriza la colectividad, ya que establece patrones singulares de interpretación de la realidad con códigos de vida y pensamiento que pernean las diversas formas de manifestarse, valorar y sentir. (Fernández Cabrera, 2005:496).

 

Tercera ruptura: del antagonismo a la institucionalización del poder popular

 

El tercer momento está dado por un avance de los sectores populares en las formas organizativas para la gestión de sus espacios de bienestar. Incide sobre este proceso de manera importante la creación de la figura de los consejos comunales (2006). Las relaciones de estos con las instituciones se convierten en presiones para la configuración de un Estado radicalmente democrático. En términos concretos se traduce en no solo abrirle espacio formal en el plano institucional a los sectores populares, sino captar el proceso de crecimiento y configuración del sujeto popular a través del refuerzo de sus potenciales transformadores, ya no alienados y desarmados frente a «la otredad». Se convierte así en un actor organizado para la gestión pública.

Ocho años de gobierno de Hugo Chávez transcurrieron para que en abril del 2006 se planteara por ley la figura de los consejos comunales, definiéndolos como «… instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social» (República Bolivariana de Venezuela, 2006:7).

La figura de los consejos comunales se asocia a la necesidad política colectiva22 de autoorganización que se venía generando en las comunidades populares en otras organizaciones (comités de tierra urbana, de salud, educación, deportes, «Misiones», etc.), simultáneamente con la experimentación en algunos municipios de la idea de subdividirse en territorios sociales y gobiernos comunitarios.23

La creación de los consejos comunales como una figura institucional es tan solo un paso para sustentar las vías de realización de la praxis de cambio, expresa el reconocimiento de territorios sociales excluidos. Pero también, el rostro de las comunidades en el campo político institucional. La vida digna de ellas depende de tales luchas. Ello crea el desafío de comprender la totalidad de los códigos de un colectivo social que genera propuestas desde sus realidades,24 sus territorios, sus cotidianidades, intentando participar en el diseño de las políticas públicas y, más aun, en la contraloría de la ejecución de tales políticas.

En el caso de Venezuela y a la luz de las reflexiones anteriores, ¿cómo podemos entender el comportamiento de ese mundo popular?, y aun más, ¿su accionar político?

Como hemos dicho, las luchas sociales de los sectores populares han sido tradicionalmente reivindicaciones dispersas, locales y puntuales, perdidas en el terreno del inmediatismo grupal; en cierta forma, funcionales al discurso de la democracia liberal en tanto «figura de margen a corregir». Un tema irresoluble dentro del liberalismo, puesto que mientras más se consolidaba en la gestión política más incrementaba su acción excluyente.

Paradójicamente las formas de los lazos sociales de estos sectores, las distintas afi­liaciones comunitarias del mundo popular, comenzarán a profundizarse como el lado oculto de la exclusión y paulatinamente se irán conectando al discurso de la ideología del bolivarianismo, nutriendo y nutriéndose de la necesidad de un cambio político, agrupados en torno a la identificación del lugar social que ocupan. Tornándose así en protagonistas en los eventos de antagonismo político nacional.

El reconocimiento de este bloque social por parte del discurso bolivariano será otro elemento resaltante, ya que la utilización de códigos populares e informales y de un simbolismo original establecerá una relación de familiaridad o afectividad colectiva,25 haciendo posible la asimilación de la terminología «revolucionaria» como los códigos comunicativos del cambio social.

En el pensamiento popular aflorarán memorias de insatisfacciones, aspiraciones de beneficios colectivos y de luchas por el reconocimiento social. Ello introducirá una mayor disposición a participar públicamente como parte de su gestión diaria de vida. Accionar que presionará para ir apreciando la cara del cambio y hacer germinar rápidamente la idea del desarrollo de una institucionalidad alternativa, la cual será adoptada fácilmente por dichos sujetos.

De lo que hemos venido exponiendo se puede resaltar que la innovación de la fórmula bolivariana consistirá en estimular las expresividades sociales culturalmente espontáneas, suministrándoles pegamento político y simbólico para obtener formas organizativas en el campo político, las cuales teóricamente deberían interactuar con las nuevas instituciones (Misiones) en la materialización de la política social del Estado. En otras palabras, quedará planteado el desarrollo del aparato público estatal sobre la base del crecimiento político-comunitario del bloque social popular. Entendámonos: como la búsqueda y creación de las condiciones de desarrollo del poder popular como institución.

Es evidente que con la llegada de Chávez a la presidencia ha ocurrido un proceso de socialización política que recoge, con cierto éxito, insatisfacciones cotidianas de los territorios habitados por los sectores populares e incorpora a la dinámica de actuación de ellos la necesidad de gestión colectiva de su calidad de vida. Parafraseando a Gabriel Salazar (1985), diremos que en este proceso hay una potenciación del sujeto popular desde su cotidianidad, desde sus formas convivenciales. De esta manera, con salidas institucionales en la cotidianidad de estos territorios –consejos comunales– se facilita el proceso de transición de ese colectivo sincrético (sector popular), desposeído de las garantías reales asignadas por el sistema jurídico de derechos individuales abstractos, a un sujeto popular que participa cotidianamente en la procura de su bienestar colectivo. Se convierte en núcleo estratégico de las políticas públicas. Ahora bien, este cambio no ha sido sencillo y no podríamos banalizar las luchas de estos sectores sociales. Las presiones de abajo hacia arriba para la obtención de respuestas siguen existiendo, teniendo ahora un cuerpo menos disgregado y más organizado.

El vínculo o forma de relacionamiento del venezolano, incluyendo la relación civil entre Estado y personas, ha sido tradicionalmente un vínculo familiar; razón por la cual es difícil colonizarlo con relaciones abstractas. La lógica del comportamiento publico del venezolano,26 con la que funcionan o no las organizaciones, es expresión de su cultura política, siendo la lógica de las conexiones personales, la familia como asociación más tangible, ampliada por las relaciones más cercanas de compadres, paisanos, vecinos. Esa es la forma de relacionarse públicamente, de concretar sus conexiones con el poder, lo cual termina por traducirse como la verdadera asociación: una familia ampliada que no es de carácter civil ni es abstracta.

En este contexto en abril del 2006 se decreta la Ley de los Consejos Comunales, hecho que plantea superposición entre estos y los Consejos Locales de Planificación (CLPP), obligando a promulgar en diciembre una nueva ley para derogar la anterior, donde se establece que todas las organizaciones vecinales y comunitarias que pretendan representación en los CLPP deben estar articuladas e integradas a los consejos comunales.27

 

Como observamos hay un viraje evidente de los grupos y organizaciones autodenominados «sociedad civil» hacia la participación en el terreno político con una identidad distinta a los partidos políticos. Luis Gómez Calcaño justifica que la sociedad civil saliera de sus fronteras originales y argumentan que en las democracias consolidadas no se discute ni su existencia ni su relevancia, se le reconoce como espacio propio de la organización social, institucional y política de esas sociedades; en comparación con las democracias frágiles e inestables del tercer mundo en las cuales el fenómeno de la sociedad civil es puesto en duda por «la ausencia o la debilidad de estructuras económicas, políticas y jurídicas que garanticen la libertad de auto-organización autónoma; o bien destacando la hipertrofia del Estado y de los actores políticos, que invade y desvirtúa el espacio propio que correspondería a la sociedad civil» (Gómez Calcaño y Ramírez, 2007:3).

Precisa al respecto su carácter heterogéneo

En América Latina, la idea de sociedad civil parece corresponder menos a un conglomerado de asociaciones estables centradas alrededor de intereses claramente definidos en la esfera de lo social y separados de lo político, que a un conjunto de actores híbridos, conflictivos y de identidades cambiantes que se encuentran en los márgenes de las instituciones establecidas, sin estar completamente excluidos ni totalmente incluidos. Algunos de ellos, por la dinámica propia de su acción o por la influencia de los cambios en el entorno político-institucional, desbordan del campo de lo social al de lo político, sin perder por ello su referencia a reivindicaciones o identidades parciales. (Ibíd.; comillas nuestras).

 La dinámica asociativa está embebida por planteamientos presentes en el debate político de los actores polarizados. El sector de oposición ve en los consejos comunales un apéndice del Gobierno y abre otro frente de discusión sobre el protagonismo de los sujetos que deberían llevar la bandera del cambio social.29 Así, se enfrenta el paradigma de la democracia de ciudadanos, cuyo sujeto es el vecino que remplaza a los partidos, y el vislumbrado por el Gobierno: la democracia radical cuyo sujeto es el poder popular

El comportamiento colectivo de la oposición al Gobierno30 pierde separación ideológica de partido y se suman a la oposición de manera conflictiva los grupos de la sociedad civil que hasta entonces se habían mantenido en el terreno antipartido. Se genera una polarización de significados entre Gobierno y oposición que atraviesa a todos los conceptos y nociones de instituciones y ámbitos de lo social según sea su ubicación política. Como ejemplo se pueden citar las distintas nociones atribuidas a la sociedad civil:

Los consejos comunales

En cuanto a la puesta en práctica de los consejos comunales, se destaca una gran motivación popular en torno a la idea. Debajo de un árbol, en canchas, en plazas, escuelas, salas de fiesta, en una esquina, estos espacios sirvieron de escenarios para que los vecinos de las miles de barriadas y vecindarios venezolanos comenzaran a convocar para la realización de las asambleas de ciudadanos con el fin de elegir comisiones promotoras y electorales de los consejos comunales. Los comités de tierra urbana (CTU), los comités de salud, los comités de alimentación, los comités de protección social, las mesas técnicas de agua, las mesas de energía y gas, los grupos culturales , los clubes de abuelos y abuelas, las empresas de producción social, las misiones educativas y de salud, los grupos ambientalistas, las cooperativas (entre otras organizaciones presentes en aéreas geográficas definidas de los barrios, bloques, caseríos, urbanizaciones) se apropian de la idea y comienzan a reunirse para recibir información sobre la creación de sus consejos comunales. Esto a partir del impulso de las comisiones regionales y locales para el desarrollo del poder popular como también del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), y de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), entre otras instituciones que participan en la promoción.

Al evaluar la conformación y desarrollo de los consejos comunales en Venezuela (2006- 2011) a través de los datos empíricos disponibles se observa un crecimiento constante de su número (ver gráfico 2). Transcurridos cinco años de la promulgación de la ley, tenemos que en 2011 existen 43.45131, lo que indica un incremento de 15.570. Si a los excelentes indicadores de crecimiento y evaluación de los CC (v. cuadros 2 y 3) se añade que el 67 por ciento de los miembros de las comunidades participa en sus reuniones (gráfico 3), podemos obtener una visión positiva de la creación de esta instancia. Entre las razones que operan en el grado de desarrollo y aceptación actual de los consejos comunales podría citarse el hecho de estar permitiendo resolver problemas del entorno inmediato de las comunidades populares.

 

 La participación en los espacios sociales a través de los consejos comunales también da una idea de la importancia de la identidad local-territorial de la participación que posibilita el protagonismo por los sectores populares (Trigo, 1995), que van asumiendo, en grado creciente, mayores niveles de responsabilidad colectiva. Sin duda, al obtener logros concretos partiendo de la organización y la movilización –para la conformación de los consejos– se va superando la desconfianza en las propias capacidades, lo que permitiría la permanencia en el tiempo de estas formas organizativas. En este mismo proceso se van incrementando los niveles de conciencia política, lo que deriva en otro fenómeno como lo es el de la recomposición de la red de relaciones sociocomunitarias en el mundo popular en sus vínculos con el Estado; dado que la función providencialista del Estado se realiza, no del modo tradicional, sino a partir de los recursos monetarios y técnicos puestos a la disposición directamente a las comunidades.

 

  Coincidimos con el trabajo del Centro Gumilla en su primer estudio de los consejos comunales del país, donde afirma:

 Las comunidades no solamente están demandando soluciones de servicios y satisfacción de necesidades sino que están planteando y realizando soluciones a los mismos. Son las mismas comunidades populares las que están dando respuesta a necesidades históricas. Desde una perspectiva de derechos humanos las personas van haciendo realidad el cumplimiento de derechos sociales. […] Por los datos obtenidos no podríamos afirmar que este tipo de participación en los consejos comunales refuerce patrones de conductas políticas como el asistencialismo o el paternalismo, por el contrario, y los datos lo avalan, hay un proceso progresivo de protagonismos y responsabilidad popular en la construcción de respuestas colectivas en la búsqueda de un mejor vivir. (Centro Gumilla, 2008:5-6; cursivas nuestras).

 

 Más adelante señalan:

 Las comunidades como espacios sociales de convivencia primarios son una excelente escuela para fomentar la cultura democrática. Las prácticas de asambleas comunitarias para discutir los proyectos necesarios de las comunidades y su posterior aprobación muestran un ejercicio de lo democrático con amplias repercusiones en la cultura política del país y la sanidad política de la república. A mayores niveles de participación corresponde mayores niveles de fortalecimiento de lo democrático. La idea de la representación se va reconfigurando hacia formas más participativas de democracia. (Ibíd.).

 En los datos también se puede destacar que el ritmo de crecimiento no ha sido homogéneo a nivel nacional. En estados con un número de habitantes inferior al Distrito Capital se instalaron proporcionalmente más consejos comunales. En el estado Lara, con una población de 1.769.763 habitantes para el año 2011, se registraron 3.516 consejos comunales, mientras que en el Distrito Capital, con una población de 1.933.186 habitantes en el mismo año, lo hicieron 1.542. Estos datos reflejan las dificultades que se presentaron en el proceso de instalación en términos de diferencias de las distintas dinámicas sociales locales. En el estado Lara, que tiene una tradición organizativa importante derivada de la existencia de un significativo movimiento cooperativo, la propuesta de organización con base en los consejos tuvo una buena recepción; mientras que en Distrito Capital la conformación ha sido más lenta debido probablemente a la multiplicidad de conflictos en los diferentes espacios de poder de las organizaciones que predominan en cada área de la ciudad. Cabe destacar que aquellas zonas habitadas por sectores de ingresos medios y altos ­–que en su mayoría son de oposición– presentaron problemas en la convocatoria para la formación de los consejos comunales, aduciendo que estos eran un instrumento de control presidencialista a través de la discrecionalidad del financiamiento. En cuanto a esto, según los datos proporcionados por el Consejo Federal de Gobierno el 81 por ciento de los proyectos presentados por los consejos son infraestructurales, el 8 por ciento de equipamiento institucional y el 11 por ciento socioproductivos. Lo cual refuerza la visión local e inmediata que tradicionalmente presentan los sectores populares.

Entre los conflictos surgidos en la implementación están los que se mencionan a continuación.

1. Las contradicciones surgidas entre las formas de organización colectivas ya constituidas y las que están emergiendo. Existe cierta disputa por el logro de la diferenciación en términos de responsabilidades y financiamiento de cada organización que convive en un mismo ámbito local, y la posible dependencia entre ellas. Por ejemplo, en la parroquia 23 de Enero hubo enfrentamientos entre los comités de tierra urbana que ya manejaban proyectos con recursos aprobados y los consejos comunales que fueron creados posteriormente. Los comités de tierra tuvieron que integrarse a los consejos. Ese proceso de integración fue conflictivo. Así como también las diferencias entre los líderes comunitarios para las convocatorias, según la relación de estos con las distintas fracciones que dominaban en los diferentes ámbitos. En otro nivel está el ambiente conflictivo de conformación de los consejos comunales en las zonas residenciales de clase media, que habían rechazado la idea –dada la posición adoptada por sus dirigentes– hasta octubre del 2011, cuando se agruparon en un frente nacional de consejos comunales excluidos.31

2. La observación recogida en campo sobre la evaluación de las dificultades en la relación de los consejos comunales con las distintas instancias de gobierno es reforzada en las encuestas realizadas por el Centro Gumilla (2009:35-36).

 

Observamos que los consejos comunales presentan buena relación con el gobierno central en un 64,95 por ciento, seguido por un 50,71 por ciento de buenas relaciones con la misma comunidad, mientras la peor relación es con la alcaldía (48,30 por ciento). Los datos manifiestan la existencia de un cierto nivel de conflictividad a lo interno de las comunidades, lo cual podría estar indicando que la cultura organizativa y política de los colectivos no ha madurado ante esta propuesta normativa –que apunta al autogobierno–.

 

En la sistematización de la experiencia del municipio Libertador, estado Carabobo (Harnecker, 2008) el alcalde de ese ayuntamiento, en esa oportunidad Argenis Loreto, señalaba como se había desarrollado la experiencia de gobiernos comunitarios. En lo que también enumeraba los problemas que se encontraron en su implementación tales como: las desviaciones presidencialistas; burocratización de los gobiernos comunitarios; obstaculización del trabajo por parte de los concejales; el choque con las políticas del gobierno regional y nacional y aún más, choque con los mismos consejos comunales. Si bien esta experiencia parte de una forma de ejercicio de gobierno local por las comunidades organizadas, muestra los límites que en la realidad se encuentran cuando se actúa más allá de lo impuesto por las estructuras tradicionales de gobierno local. Los CC (como escenario posible) puestos en una administración de competencias municipales se enfrentarán a problemas semejantes. ¿Podrán resolverlos de manera satisfactoria? (Centro Gumilla, 2009:21-22).

 3. Dificultades en el nivel de la reorganización social y geográfica del poder político, en los límites de la experiencia: ¿hasta dónde llega lo colectivo?, ¿se puede llegar al autogobierno comunitario?

Los testimonios hablan sobre las dificultades de producir consenso para la actuación en la planificación y ejecución de proyectos cuando son involucrados intereses más allá de lo estrictamente comunitario. Se refiere lo siguiente: «¿Cómo equilibrar el control local con el bien comunal?, ¿si una ciudad tiene escasez de viviendas y un consejo comunal decide oponerse a nuevos planes en esta materia, es democrática la decisión del consejo?, ¿qué pasaría cuando la decisión de una comunidad no convenga a los intereses de una sociedad más amplia?» (Rodríguez y Lerner, 2007:122).

No se pueden desestimar las dudas, vacíos de procedimientos, lógicas de actuación colectiva e intereses de los actores en el nivel de la comunidad, la ciudad, el estado y país en el momento de articular los desacuerdos en la planificación y la toma de decisiones. Sobre todo considerando, como se advierte al inicio del trabajo, que existen datos de actuaciones colectivas diferenciales entre sectores medios de población y los sectores populares, porque responden a mundos de vida distintos (territorio, cultura y política). El proceso de integración de los intereses de los distintos ámbitos desde abajo –asumida la conflictividad que genera– requiere un acompañamiento y una coordinación de las instituciones desde el diseño de los proyectos, para el logro de una visión integrada y articulada en su formulación en términos de lo que pudiera ser su engranaje de cada uno de los proyectos con un sistema urbano o regional.

Existen casos emblemáticos que ilustran el planteamiento anterior, por ejemplo, algunos de los comités de tierra urbana de Caracas que han luchado por obtener la titularidad colectiva de la tierra que habitan se niegan a recibir viviendas y tierras con títulos de propiedad individual, ya que una vez otorgados pueden ser objeto de transacciones comerciales para beneficio individual, rompiendo el esfuerzo colectivo de formulación de los proyectos comunitarios de vivienda y hábitat que vienen desarrollando y en definitiva rompen con la noción de «comunidad» que ellos defienden. Las respuestas burocráticas de la mayoría de los funcionarios nunca han sido receptivas a este tipo de planteamiento y la respuesta ha sido en el mejor de los casos la resolución en términos privados.

 Retos del movimiento popular: ¿cómo se transforman las comunidades convivenciales en comunidades políticas?

Ciertamente, ponderamos que existen distancias observables entre el escenario actual y los idearios que cargan de significados a las movilizaciones populares que apoyan la construcción del socialismo venezolano. Si bien desde el Estado se promueve la participación, a contracorriente existe un relacionamiento tradicional desde ciertos ámbitos de gobierno con los sectores populares que reproduce en los espacios locales una cultural comarcal, con identidades políticas difusas que le conceden importancia a las iniciativas encaminadas a mejorar sus condiciones materiales de vida, sin que sean codificadas necesariamente desde referentes ideológicos que valoran las iniciativas al interior de ideas de la democracia y la participación correspondidas con las corrientes del pensamiento republicano popular y del socialismo.

El escenario actual introduce hasta ahora fuertes restricciones derivadas, en primer lugar, de la coexistencia conflictiva, en una transición aún en curso, de toda la arquitectura política de la sociedad venezolana, definida por la pervivencia de organizaciones de gestión pública (alcaldías, gobernaciones) que propenden a estilos de control burocrático y la emergencia de otras que propician innovaciones en torno a modos de autogobierno y autogestión, tal es el caso de los consejos comunales. En segundo lugar, de la precariedad de los recursos técnicos y comunicacionales de las infraestructuras políticas locales para llevar adelante lógicas sociales de participación. En tercer lugar, de la escasa tradición de participación que es históricamente inherente a la cultura política venezolana.

No obstante, la realización del escenario normativo de largo plazo implícito en la imagen del futuro democrático que se quiere tiene poderosos factores históricos y antropológicos de aceleración, ampliamente investigados por el ensayismo de la filosofía social y las ciencias sociales.

La tarea de construcción de un proyecto nacional popular impulsado por el pensamiento socialista encuentra bases culturales arraigadas en la memoria del imaginario popular desde siempre: un igualitarismo social, un republicanismo plebeyo, una democracia asociativa de base. Estos son factores que están en la historia de las resistencias populares, muchas de ellas con objetivos anticapitalistas, y que son aprovechables para avanzar madurando más allá de una compresión difusa del socialismo que hasta ahora lo asocia con una promesa «redentora» (que le permitirá la posesión de mínimos bienes) del Estado.

En síntesis, triunfantes o no, las fuerzas populares han buscado y buscarán construir el entramado de soporte de su acción, subjetivando su protagonismo entre sus valores y el momento histórico que les ha tocado vivir, desde allí leen sus posibilidades y determinan sus déficit o las necesidades que modelan su acción.

Notas:

1 La acción colectiva y los movimientos sociales son un punto destacado en la producción teórica sobre la generación, reproducción y cambio de proyectos sociales. Es preciso señalar su revisión ­–con la política incluida– para el estudio de las sociedades latinoamericanas en alternativas analíticas que vayan más allá de los elementos racionales estudiados tanto por la escuela norteamericana como por la europea.

2 Gaceta Oficial Extraordinaria nº 5.806 del 10 abril de 2006. Los consejos comunales (CC) habían sido anunciados en la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002.

3 Elegimos hablar de sectores populares porque es una noción conceptualmente ambigua que, a contracorriente de las teorías clásicas, expresa heterogeneidades de origen laboral y étnico; identidades provisionales en el marco del campo social, en relación con otras identidades. Tal como lo refieren Romero y Gutiérrez (2007:17): «La utilización de esta noción no es conclusión sino un punto de partida. En suma, los sectores populares no son sujeto histórico, pero sí un área de la sociedad donde se constituyen los sujetos».

4 Los denominados sectores o grupos son vistos en este trabajo mas allá de la tipología sociodemográfica, enfocando sus características culturales y socioterritoriales. Se diferencian de los «sujetos sociales» en tanto su comportamiento colectivo no posee un proyecto societal.

5 Es decir, desde la óptica de la subjetividad colectiva: proceso de producción de significados; fenómeno ampliamente estudiado por Fernández Christlieb (1990, 1991), como también por De la Garza (2001), Elías Canetti (1987), Guerrero (2006), y también Alberoni (1979). Este último precisa al enamoramiento como el sustrato que caracteriza el desdoblamiento de la persona al grupo, de este al movimiento, siendo ello el origen del movimiento como revolución.

6 Conformado por obreros, campesinos, indígenas, vendedores informales, motorizados, mujeres, ancianos, jóvenes, pescadores, educadores, analfabetas, profesionales, desempleados, empleados públicos, jubilados; por cierto, con distintas afiliaciones, etnias y religiosidades.

7 Definimos como barrios asentamientos habitacionales autoconstruidos por los sectores populares.

8 Véase Margarita López Maya, «El repertorio de la protesta popular 1989/1993», Caracas, Cendes, mimeo, s.f., y «Venezuela después del caracazo: formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado», http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/287.pdf .

9 Desde una perspectiva antropológica el clientelismo como red social es estudiado ampliamente por Javier Auyero (1996; 1997).

10 Fuente: «Venezuela Cuadro Comparativo 1958-1995», Dirección de Estadísticas Electorales, División de Geografía Electoral.

11 Santana en declaración al diario El Universal, 3-9-2000.

12 Carmen Beatriz Fernández, «Partidos políticos y sociedad civil en Venezuela: una historia de amor y odio», http://e-lecciones.net/tienda/archivos/amor-odio.pdf .

13 Entre las organizaciones sociales que llamaremos «liberales», y que constituyen el foco de nuestro trabajo, se encuentran entes tan diversos como el Grupo Roraima, que puede considerarse como el antecedente ideológico; organizaciones consolidadas tales como la Escuela de Vecinos, Queremos Elegir y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice); y grupos de reciente creación como Venezuela Competitiva y la Fundación Venezuela 2020. Todas estas organizaciones comparten una identidad colectiva basada en valores como la libertad, la ciudadanía, el individuo y la libre competencia, planteando un conflicto cultural a aquellos sectores e instituciones que representan el intervencionismo, el estatismo y el paternalismo. Implícitamente, cada una de ellas por separado propone nuevas prácticas que pudieran conformar un proyecto societal alternativo al agotado modelo rentista.

14 Lo subalterno es utilizado aquí, no como una metáfora espacial-social, sino más bien para significar al conjunto de subjetividades sociales populares oprimidas (v. Fundación Centro Gumilla, 2008).

15 Canetti (1987) denomina a este fenómeno «masa de inversión».

16 Políticas económicas neoliberales agresivas como la desregulación de los precios, privatización de las empresas estatales, liberación del comercio.

17 Las cifras oficiales hablan de 200 a 400 muertos.

18 Es preciso entender el espacio como producto de relaciones sociales, y de manera semejante a la identidad de cada lugar («lo local») como producto de una mezcla distintiva de todas las relaciones, prácticas, intercambios, etc. que se entrelazan allí. Además, en su construcción misma, todas esas relaciones y prácticas, y todos los intercambios, están llenos de poder social. Son relaciones del poder. Son geometrías del poder.

19 Diluidos en el concepto de nación por la cualidad técnica de pertenecer a un estrato de ingreso o al estar disuelto en lo colorido de lo criollo, difundiendo relatos y escenas de la sociedad popular o contemplados en su programas de lucha contra la pobreza.

20 Un evento adicional fue la aprobación en el año 2005 de una nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo contenido reúne un amplísimo legado de nuevos mecanismos de participación ciudadana, tales como el presupuesto participativo, la contraloría social o los medios de comunicación alternativos. Cabe señalar que en esta Ley se ratificaba y responsabilizaba a los alcaldes de promover la creación de las redes de consejos comunales. Para completar el contexto debemos recordar que fue durante este año cuando la oposición venezolana comete quizás su mayor error histórico al ceder sus escaños en la Asamblea nacional por medio de la abstención.

21 Entrevista en Clarín, realizada por Claudio Martyniuk el 24-8-2003.

22 Se venía manejando como idea desde la Asamblea de Barrios Caracas (1991-1993).

23 «En esa búsqueda surgieron dos ideas pioneras: los territorios sociales y los gobiernos comunitarios. La primera, se refiere a la necesidad de subdividir el territorio municipal en áreas mucho más pequeñas que las parroquias, pero no tan pequeñas como las áreas vecinales; y la segunda, a la necesidad de instalar en esos territorios estructuras de gobierno a las que la alcaldía pudiese transferir competencias y recursos. Estas ideas discutidas con más de dos mil líderes comunitarios durante varios días empiezan a plasmarse en la práctica en el 2001, pero el proceso se ve interrumpido por el golpe contra el presidente Chávez en abril del 2002 y sólo puede ser retomado cuando el país comienza a estabilizarse en el 2004. En el 2005, se discute la ordenanza que plasma estas ideas y podríamos decir que ya en el 2006 la idea inicial se consolida en la práctica. Es interesante señalar que esos embriones de organización popular territorial fueron claves en la defensa del proceso en ese momento crítico para resolver los problemas creados por el paro empresarial» (Harnecker, 2007:4).

24 Uno de los grandes aportes del movimiento de la base social en América Latina está en la línea de concretización de los intereses de los actores más allá de los conceptos abstractos de democracia y justicia social. Surgen elementos políticos alternos de reproducción y seguridad. La participación popular en las políticas sociales está supeditada a criterios distributivos no solo económicos, sino también a elementos sociales, culturales y geopolíticos.

25 Concepto utilizado por el psicólogo social Pablo Fernández Christlieb. Ver Fernández Christlieb, 1994.

26 Raúl González Fabre (1997:132) textualmente dice: «Se trata de espontaneidades de acción no deliberadas (en ese sentido, solo parcialmente voluntarias) que contradicen nuestros objetivos sociales, al tiempo que resultan muy extensamente compartidas en nuestra sociedad, tanto como para ser consideradas como parte de nuestra cultura política. He aquí el conflicto cultural: conflicto entre lo que deseamos y lo que cotidianamente hacemos de manera irreflexiva […] Esas espontaneidades (i) disuelven ellas mismas las instituciones modernas, sustituyéndolas por esquemas de conducta cotidiana más o menos pautadas […]; (ii) posibilitan el éxito continuado (no ocasional) de quienes anteponen deliberadamente el bien privado al público, porque esas personas y grupos representan efectivamente algo de la cultura colectiva, en la que se apoyan; (iii) presentan la resistencia de lo cultural a cualquier intento transformador […] Según nuestra opinión, la entraña de este conflicto consiste en una contradicción entre las exigencias culturales de la modernidad que aspiramos a alcanzar como nación, algunos rasgos nucleares de nuestra forma tradicional de abordar las relaciones políticas, que se han visto parcialmente reforzadas por la irrupción de cierta post modernidad cultural». Véase también González Fabre, 2005; Moreno, 2007.

27 Ello supuso una supeditación de los CLPP a los consejos comunales, en términos de que las personas que los integraban tenían que provenir de estos últimos. Así que en las áreas donde existiera otro tipo de organizaciones no entrarían en el proceso de planificación. Esto fue conflictivo sobre todo para los municipios de oposición, por ejemplo el municipio Chacao que sacó una ordenanza el 26 de enero 2007 donde se establece entre otras cosas ampliar la participación a otras organizaciones a través de la creación de una asamblea parroquial de ciudadanos.

28 Ministerio del Poder Popular para la Participación y la Protección Social, citado en Machado, 2009.

29 Véase Fernández, ob. cit., nota 12.

30 Edgardo Lander (2002) señala: «Quizás la expresión mas nítida de hasta qué punto en la realidad esta llamada sociedad civil es hoy en Venezuela expresión de una opción política determinada, es el documento en el cual el día 12 de abril de este año, la sociedad civil afirmó su apoyo al golpe, bajo el encabezado de: ‹La sociedad civil saluda el renacimiento de la Republica de Venezuela›».

31 Véase http://consejoscomunalesexcluidos.blogspot.com/  y http://queremoselegir.org/197

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Otras referencias electrónicas

 

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2) Harnecker, Marta, «Gobiernos comunitarios transformando el Estado desde abajo», www.rebelion.org/autores.php?id=12 .