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Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508

CDC v.21 n.57 Caracas sep. 2004

 

Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales: una mirada desde Colombia



DARÍO I. RESTREPO
RAÚL ERNESTO CÁRDENAS


Resumen
Este artículo explica, desde el caso colombiano, cómo las relaciones entre descentralización, globalización económica y el proceso de privatización de los activos estatales han cambiado la interacción y las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Este hecho es observado a partir de las políticas de desarrollo, la oferta de servicios y el sistema político. Igualmente explora la tensión que surge entre los diferentes niveles de gobierno acerca de la toma de decisiones de políticas públicas en diferentes áreas: descentralización política, cuestiones fiscales, gasto de los fondos públicos y políticas de desarrollo y seguridad.

Palabras clave
Descentralización / Desarrollo territorial / Territorios / Mundialización

Abstract
This paper explains how the relationships between decentralisation, economic globalization and privatization processes have changed the interaction and the responsibilities of several government levels, by analyzing the case of Colombia. This influence can be observed in developing issues, supply of services and the political system. The paper explores the tension that arises between central, departmental and local governments about making decisions of public policies in different fields: political decentralization, fiscal issues, public funds spending, and developing and security policies.

Key words
Decentralization / Territorial development / Territories / Globalization

RECIBIDO: SEPTIEMBRE 2004
ACEPTADO: NOVIEMBRE 2004

La crisis del centralismo y su triple causalidad
La forma centralista de organización refiere tanto al Estado como a la sociedad, a la economía pública como privada, a las instituciones públicas como a los partidos políticos, los sindicatos y los gremios del capital. La primacía de las formas de organización centralistas correspondió a una época histórica caracterizada por la construcción de Estados nacionales. En este largo período incluso las formas de organización federal de algunos países se caracterizaron por una repartición de funciones y competencias dentro de la perspectiva de construcción del Estado, el mercado y el sistema político nacional como factores prioritarios de integración económica y política de las naciones.
    En la actualidad, es decir, desde la década de los ochenta del siglo pasado, los Estados nacionales están sometidos a una triple tensión: hacia adentro mediante procesos de descentralización, hacia afuera por la profundización de la globalización económica y, en tercer lugar, hacia el mercado mediante la privatización de activos estatales.1 De tal manera, se afectan las competencias y funciones estatales tanto como las responsabilidades de la sociedad en el desarrollo, la provisión de servicios y la construcción de la democracia. En particular, se transforma la presencia institucional en los territorios, las relaciones fiscales entre niveles de gobierno, el mapa político territorial y la geografía económica. Ante estos acontecimientos, actores sociales, políticos, económicos, e incluso los llamados actores armados irregulares, pugnan por definir nuevas relaciones de poder entre territorios de la nación.2
    A pesar de la profundidad de estas reformas y, en particular de que cada una afecta de manera diferenciada los territorios, sus competencias, oportunidades, amenazas y retos, existen dos agendas paralelas: la del proceso de descentralización y las políticas públicas de desarrollo. En estas últimas los diferentes acuerdos de integración internacional ganan una importancia creciente. ¿Debe esto seguir así o los territorios debieran asumir de manera más dinámica el debate sobre el desarrollo local en un contexto de integración y apertura? Expresada de otra manera la inquietud que nos anima: ¿las competencias del proceso de descentralización debieran sobrepasar la frontera de la provisión de servicios para extenderse hacia el comercio, la producción y el mercado?
Responder de manera positiva a estos interrogantes insinúa una doble conclusión. Por una parte, la necesidad de «territorializar» las políticas públicas, es decir, abandonar la pretensión de uniformar todos los territorios a través de legislaciones homogéneas. La segunda, dejar de leer y actuar sobre los procesos de descentralización e integración desde ópticas centrales, que debieran compartir más los enfoques, necesidades, potencialidades y agendas políticas y de desarrollo de las regiones colombianas.

Tensiones entre el centro y las periferias
En las últimas décadas se han modificado las relaciones entre el centro y las periferias. Nuevas relaciones de poder entre niveles del Estado se han ido fraguando y no parece que el proceso haya llegado a cristalizar una definitiva cartografía estable en el ordenamiento territorial. Varias son las tensiones que animan la nueva geografía de las relaciones al interior de la nación. Por una parte, los territorios demandan mayor autonomía del centro, entendida ésta como una participación mayor en la torta de la riqueza nacional, mayor libertad de asignación local de recursos transferidos, protagonismo en asuntos de interés nacional y autodeterminación en perfiles de desarrollo local. En la otra dirección pugnan fuerzas importantes que justifican recortar transferencias, intervenir los modelos de gestión local, recentralizar recursos y supeditar las agendas locales a las centrales.
    La dinámica de las relaciones espaciales puede ilustrarse a través de cuatro políticas públicas: la descentralización política, la transferencia de recursos y competencias, el orden público y el desarrollo. Tal revisión permite acercarse a algunas de las oportunidades y amenazas que caracterizan los nuevos retos de las entidades territoriales y de una nación que acomete, al tiempo, un audaz proceso de descentralización y una apertura económica, mañana más profunda debido a las negociaciones de integración.

Apertura del mapa electoral y gobernabilidad
No hay duda en considerar la elección de alcaldes y gobernadores como una de las reformas políticas más importantes del final del siglo pasado. Acabó de tajo con un vestigio del sistema político del Frente Nacional, la repartición milimétrica del poder representativo territorial entre los partidos Liberal y Conservado (1958-1974) y la repartición adecuada y equitativa entre ellos (1974-1988). El fin del monopolio bipartidista sobre la representación local explica la apertura del mapa electoral por abajo. Entre 1988 y el año 2000, entre el 11 por ciento y el 36 por ciento de los gobiernos locales fueron ganados por representantes distintos a los partidos del Frente Nacional. Ha surgido una nueva manera de agruparse políticamente: los gremios de alcaldes y gobernadores que, independientemente de su filiación política nacional, realizan encuentros, polemizan con el nivel central del Gobierno, levantan pedidos y formulan propuestas de modificación de las relaciones políticas, económicas y administrativas entre niveles territoriales.
    La descentralización de la política acelera de manera poderosa la crisis de los partidos del Frente Nacional. Para las elecciones locales de 2003 el partido Conservador se abstuvo de presentar candidatos en 17 gobernaciones y el Liberal en 4. Visible es, además, que para varias alcaldías y gobernaciones se enfrentan reconocidos líderes de un mismo origen partidista.3 A una crisis de identidad programática, le sucede una ruptura de la disciplina de sometimiento a unas jefaturas nacionales y la dispersión de las maquinarias al interior de los partidos. Las elecciones y el partido nacional ya no garantizan el acceso al poder local, cada fragmento y facción debe valerse por sí mismo, con lo cual, «la federación de aparatos electorales» tiende a romperse desde su cimiento territorial, llevando la representación política a niveles superiores de personalización y atomización.
    Los partidos Liberal y Conservador todavía garantizan la representación mayoritaria en el Congreso y el Senado, y los presidentes de la República son de su filiación, aunque en las últimas contiendas no hayan lanzado siempre sus candidaturas desde las entrañas de las estructuras y reglas partidistas.4 La dispersión en los debates y posturas respecto a leyes de origen gubernamental o parlamentario deriva en el aumento de los tiempos y costos de las transacciones políticas. La dificultad de adoptar una ley de ordenamiento territorial, después de 12 propuestas presentadas en una docena de años, tiene allí una de sus explicaciones.
    El sistema político descentralizado es más representativo y abierto que aquel bipartidista que centralizaba el monopolio de la representación de arriba abajo. Debilitado el centralismo político, se acrecienta la ingobernabilidad. Dos tendencias se afanan por construir condiciones de agremiación política: una con base en la representación nacional, la otra en lo regional.
    Una anhelada reforma política se discute y pospone desde hace una quincena de años, antes de la Constituyente de 1991, y desde entonces como complemento de lo que aquélla no hizo para transformar las costumbre políticas y el régimen de partidos. La creación de condiciones estructurales para modernizar, democratizar y forzar la unidad de los partidos es un objetivo compartido por fuerzas de diversa adscripción política. Entre otras propuestas se discute la financiación de las campañas electorales, la prohibición de la afiliación a múltiples partidos, listas únicas para las corporaciones públicas, el vocero en los órganos representativos nacionales, cuotas mínimas para acceder al derecho a la representación, la muerte política de los corruptos y la prohibición de los auxilios parlamentarios que resucita cada gobierno desde su prohibición constitucional en 1991.
    Con el fin de acrecentar la gobernabilidad del sistema político, se promueve la existencia de partidos políticos nacionales y fuertes. Para lograr tal propósito se plantea establecer un umbral mínimo para el acceso a las instancias representativas nacionales. Sin embargo, tal medida dificulta el nacimiento y expresión de nuevos partidos y movimientos políticos, así como el acceso a la representación nacional de mayorías meramente locales. Además, tendría el efecto de evitar que las agremiaciones políticas con base en reagrupamientos territoriales se fortalezcan al punto de sustituir en importancia la partición y repartición política del país entre agremiaciones partidistas nacionales.
    Desde el ámbito territorial también se exploran salidas de reagrupamiento político que superen la tendencia hacia la dispersión y fragmentación que desató la crisis del Frente Nacional y la propia descentralización política: la alianza de los 6 gobernadores del sur (Tolima, Nariño, Huila, Cauca, Caquetá, Putumayo), la asociación entre 63 alcaldes del Magdalena Medio, el bloque de la costa caribe, las redes políticas entre representantes del eje cafetero, los acercamientos de la clase política del norte del Valle y múltiples iniciativas de concertación de políticas y proyectos entre autoridades municipales a escala metropolitana y provincial.5
    Es sintomático y nada casual, que el conjunto de estas asociaciones, a pesar de los diferentes orígenes y tintes políticos de aquellos que las conforman, busque desarrollar el ordenamiento territorial estipulado en la Constitución nacional y que hasta ahora espera su ley orgánica: la creación de provincias y regiones como entidades representativas y de planeación del desarrollo. La superación de la crisis del sistema político centralista que creó el bipartidismo es explorada por agrupamientos con base en intereses políticos y económicos estratégicos de los territorios de la nación.6

Descentralización centralista y autonomía local
En virtud de la descentralización fiscal se transfieren cuantiosas sumas del presupuesto nacional a las entidades territoriales, y la descentralización administrativa transfiere competencias importantes de la política social, fundamentalmente la salud y la educación en sus niveles básicos. Los gobiernos locales se encuentran así fortalecidos económicamente y en tanto administradores de servicios, instituciones y programas. En correspondencia, se abandonó la función de ejecución de políticas por los ministerios nacionales.
    Las transferencias han sido la principal estrategia de descentralización en el campo fiscal, amparadas con la Ley 11 de 1986, y posteriormente con la Constitución de 1991. En 1990 las principales transferencias representaban el 2,8 por ciento del PIB. Una década después, en el año 2000, se elevaron al 4,9 por ciento. Desde la óptica del gobierno central el derecho adquirido por las entidades territoriales genera una «inflexibilidad» en el gasto, porque asuntos prioritarios de la agenda económica nacional quedaron supeditados a los recursos transferidos y al manejo que de ellos hacen las entidades territoriales. El pacto político consignado en la reforma a la Constitución en 1991 debilitó el centralismo en tanto, desde entonces, los giros anuales no han dependido de la voluntad del ministro de Hacienda, ni de una negociación circunstancial del presupuesto en el Congreso de la República, como tampoco de la disponibilidad presupuestal o del tamaño del déficit.
    Así, la agenda de las autoridades nacionales, que se expresa en las maneras como entienden el manejo del equilibrio macroeconómico, la reducción del déficit y el control de la eficiencia del gasto público, dejan de ser potestad absoluta del poder central. Ahora la consecución de logros de política nacional es compartida con el devenir mismo de los montos transferidos y los desempeños de los gobiernos locales y sus empresas públicas. Para afectar el pacto sellado en la Constituyente de 1991 se requirió de una negociación política en el Congreso 11 años después (acto legislativo 0017 y Ley 715 del año 2001), y de una correlación de fuerzas diferentes a las que avanzaron en la consolidación de la descentralización y del Estado social de derecho.
    El fortalecimiento de las coberturas y la calidad de la salud y educación pública es el principal objetivo de política social, como quiera que la educación pasó de representar el 16,20 por ciento de los ingresos corrientes de la nación en 1990 al 22,74 por ciento en 2002, y la salud pasó del 4,25 por ciento en 1990 al 9,44 por ciento en 2002.8 La transferencia de estas políticas sociales a los gobiernos locales hace depender parcialmente los resultados obtenidos de las capacidades administrativas, la moralidad, la relación entre gastos de funcionamiento e inversión y los procesos políticos locales.
    En cuanto a recursos y funciones, la debilidad de las autoridades nacionales es solo parcial. En estas materias no es exagerado hablar de una «descentralización centralista». Los montos girados poseen casi en su mayoría una destinación específica, con lo cual los mandatarios locales siguen siendo «agentes pagadores» de rubros nacionales que se ejecutan en su territorio y sobre los cuales no poseen discreción en el destino de las platas. De igual manera, los modelos de gestión en salud y educación, como en otras áreas, están determinados por leyes nacionales, múltiples regulaciones de entidades técnicas como el Departamento Nacional de Planeación y de los respectivos ministerios. Las autoridades locales no poseen plena autonomía de gestión sino que administran, por vía delegada, directrices del orden central. Completa este mapa la supervivencia de una mentalidad central que tiende a legislar para todas las entidades territoriales iguales derechos y responsabilidades, lo cual redunda en acrecentar la estrechez de las posibilidades de innovación en las administraciones públicas locales. Se ha tratado de compensar la fragilidad de la autonomía administrativa y fiscal mediante el incremento de los ingresos locales propios.9 Mediante este esfuerzo las entidades territoriales ganan la libertad de decisión sobre la destinación del gasto y sobre modelos de gestión autónomamente asumidos.
    Existe entonces una especie de empate técnico entre el nivel central y las periferias en materia fiscal y administrativa. Objetivos de política nacional dependen del desempeño de los gobiernos locales, pero las autoridades territoriales no poseen discreción sobre montos y competencias. Este equilibrio inestable ha girado a favor de una re-centralización de recursos y competencias ante el acoso de un déficit fiscal creciente y una intensificación del conflicto armado.
    La prioridad del gobierno central de reducir el déficit y la deuda se impuso en la nueva legislación en detrimento del gasto descentralizado. No obstante, las cifras muestran que en la década de los noventa el gasto total del Estado creció del 20,3 por ciento como porcentaje del PIB en 1990, al 36,6 por ciento en 1999, lo cual representa un crecimiento de 17,3 por ciento, de donde sólo el 5,7 por ciento correspondió al gasto público local (transferencias, deuda y esfuerzo local). De igual manera, mientras la deuda del gobierno nacional central pasó del 14 por ciento al 30 por ciento del PIB entre 1991 y 1999, la deuda pública territorial pasó del 0,78 por ciento al 2,87 por ciento del PIB en el mismo período (Cancelado, 2003).
    A pesar de que la responsabilidad del déficit fiscal no fue de manera prioritaria de los entes territoriales, la agenda de los territorios fue desplazada para dar cabida a la macroeconómica, lo que en sí mismo constituyó un intento por volver a la discrecionalidad de imponer prioridades políticas nacionales para controlar el devenir de los territorios. En este sentido, la restricción al crecimiento de las transferencias, que afecta la consecución de metas sociales plasmadas en la Constitución, resulta de una nueva correlación de fuerzas políticas favorable a la re-centralización que obliga el ajuste fiscal dispuesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.10
    La elección del presidente Uribe avaló el rompimiento de los diálogos con la insurgencia y se tradujo en una orientación fiscal hacia el aumento del gasto en seguridad. Sin embargo, fuerzas políticas regionales expresadas, por ejemplo, en las gobernaciones del sur como en Antioquia, siguieron animando la posibilidad de la negociación del conflicto armado. Una traducción fiscal de esta prioridad no necesariamente reduce el gasto total, pero podría controlar los costos de la confrontación armada a cambio de mantener las transferencias para salud y educación y realizar (de manera diferente a la fumigación) la erradicación de cultivos ilícitos por vía manual, por ejemplo, a través de estrategias de desarrollo económico territorial pactadas en diálogos regionales.
    Lo anterior pone en evidencia algo que no suele mencionarse, y esto es que lo que se entiende por inflexibilidad fiscal y las maneras de realizar el ajuste no obedecen, en todos los casos, a las prioridades de eficiencia en el gasto, sino que se encuentran determinadas en gran mediada por opciones políticas con ganadores y perdedores. Las entidades territoriales han manifestado otras prioridades de política económica, por ejemplo, aumentar los recursos a disposición de los gobiernos locales, mayores grados de autonomía en el destino de los recursos y las maneras de realizar el gasto y acrecentar las competencias en asuntos de orden público. Desde la perspectiva de las entidades territoriales existe también una queja sobre la inflexibilidad de las transferencias, que refiere a la incapacidad de distribuir los giros según prioridades locales inscritas en sus planes de desarrollo.
    El manejo de la deuda territorial es también paradigmático para ilustrar la opción de unas prioridades políticas nacionales sobre otras posibles. El crecimiento de la deuda territorial en la década de los noventa fue el resultado de la confluencia de tres factores (Cancelado, 2003). Por una parte, en virtud del proceso de descentralización fiscal se transfirieron unos recursos menores a los costos de la administración, prestación de los servicios y resolución de demandas sociales en las localidades, lo cual forzó un aumento de la tributación local, emprender procesos de privatización de empresas y acudir al endeudamiento para financiar el hueco presupuestal entre ingresos y gastos corrientes.11 En segundo lugar, debe señalarse que el sector bancario otorgó generosos préstamos a las entidades territoriales, a tasas de interés altas y con poco control de las autoridades nacionales; todo amparado en la certeza de transferencias aseguradas, dinámicas y crecientes. El tercer factor que explica el crecimiento de la deuda territorial reposa en las necesidades de legitimación y reproducción de las clases políticas locales. En la medida en que las transferencias tienen en su mayoría una destinación específica y que se concentran en la financiación de la salud y la educación, otras necesidades locales, como por ejemplo, el saneamiento ambiental, la vivienda y la infraestructura estaban desfinanciadas. Emprender estas obras requiere de cuantiosas inversiones que el aumento sistemático de los ingresos propios y las transferencias en la década no suplieron, por lo cual era inevitable acudir a un alto endeudamiento, especialmente en los municipios y departamentos más grandes, que son a la vez los que concentraron entre el 60 y el 70 por ciento de la deuda territorial.12
    Ahora bien, el ajuste fiscal en los territorios acrecentó el control sobre el gasto local y no afectó la responsabilidad de la nación y el esquema de transferencias. Más aún, a pesar de que el monto total de la deuda territorial no comprometía la estabilidad del sector financiero13 y de que los grandes deudores eran también grandes recaudadores, el Gobierno decidió, a través de la Ley 617 de 2000, emprender un vigoroso y exitoso proceso de saneamiento de las finanzas locales. La ocasión fue aprovechada para impulsar el paquete general de reformas políticas a la administración pública promovida por los organismos internacionales y que comparte la alta tecnocracia y la clase dirigente del país. Esto es, la primacía de los argumentos fiscales y sus autoridades sobre las consideraciones de la gobernabilidad política,14 la privatización de las empresas públicas locales, el debilitamiento de la fuerza sindical, la contracción de los salarios y la reducción de la burocracia estatal ligada al área de los servicios, para ahorrar recursos destinados al pago de la deuda y acrecentar los gastos en seguridad ciudadana y orden público.

Orden público y reagrupamientos políticos
Un tercer aspecto que ilustra las tensiones entre el nivel nacional y las entidades territoriales es el manejo del orden público. En virtud de la elección de los mandatarios territoriales, el presidente ya no nombra a los gobernadores, ni estos a los alcaldes. Las autoridades locales no son ya «agentes directos del presidente», con una importante excepción: el orden público. La total colaboración es exigida y en esta materia la Constitución nacional prohíbe cualquier protagonismo inconsulto o a contracorriente de las directrices del presidente.
    Dicha facultad permitió al presidente Andrés Pastrana (1998-2002), declarar la zona de distensión en cinco municipios, sin consulta alguna con los mandatarios locales. La autoridad de los gobiernos seccionales fue debilitada, así como de otras instituciones nacionales, como la fiscalía. Al rompimiento de los diálogos con la insurgencia, los alcaldes y las instituciones nacionales recuperaron la plenitud de sus funciones. En el gobierno del presidente Uribe Vélez, elegido en 2002, se han declarado varias zonas de rehabilitación que exigen la plena colaboración de las autoridades locales con las directrices del presidente y de las fuerzas armadas, de la cual él es comandante en jefe.
    Sin embargo, esta potestad presidencial tensa a veces las relaciones con los mandatarios locales. Las autoridades del sur del departamento de Bolívar impidieron el uso de su territorio para adelantar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que impidió concretar el acuerdo entre el gobierno de Pastrana y la insurgencia en este sentido. Diecinueve alcaldes del oriente antioqueño adelantaron contactos y después firmaron un acuerdo humanitario y de protección de la infraestructura local con el ELN, también durante el cuatrienio anterior. Otras autoridades territoriales hicieron público acercamientos y diálogos con la insurgencia en sus jurisdicciones, no siempre con el suficiente conocimiento y consentimiento de la presidencia de la República. Varios encuentros nacionales de la federación de municipios y de los gobernadores del país han reclamado mayor protagonismo en la búsqueda de disminuir la intensidad del conflicto en sus territorios. De la misma manera, autoridades regionales, como los gobernadores del sur, han desplegado una diplomacia internacional alternativa al Plan Colombia, mediante la cual proponen una sustitución manual y voluntaria de cultivos ilícitos dentro de una estrategia de desarrollo alternativo, en vez de priorizar las fumigaciones y el sometimiento a la justicia de los cultivadores.
    No es exagerado afirmar que durante los dos gobiernos anteriores (Samper, 1994-1998 y Pastrana, 1998-2002) se estaba rompiendo parcialmente con el monopolio presidencial en el manejo del conflicto armado; tendencia abruptamente interrumpida por el presidente Uribe, el cual parece haber rehuido toda tentación de fragmentar la unidad de mando del Estado central. Sin embargo, no es de desconocimiento público que varios líderes locales siguen reclamando protagonismo y un mayor énfasis a una salida negociada del conflicto armado, en vez de la opción de escalar la confrontación que impera hoy.

El péndulo de las relaciones entre el centro y sus periferias y una línea de fuga
El breve recuento de la evolución de las tensiones entre el centro y las periferias deja al descubierto una dinámica que comienza con un importante protagonismo de las entidades territoriales, y termina con fuertes tendencias hacia la re-centralización de recursos, facultades y protagonismo político. Importantes modificaciones políticas y macroeconómicas explican, aunque no necesariamente justifican, este péndulo.
    El comienzo del proceso de descentralización estuvo marcado por una clara voluntad de «apertura democrática», bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), conforme a la cual se firmó un acuerdo de cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se aminoró la criminalización de la protesta social, se estableció la elección de alcaldes y se transfirieron recursos y funciones a las entidades territoriales. Con posterioridad, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y a pesar del rompimiento de los acuerdos con las FARC, se firmó la paz con cinco movimientos insurgentes (M.19, EPL, Quintín Lame, PRT y una fracción del ELN) y se decidió la convocatoria a una asamblea constitucional. La Asamblea de 1991 se declaró omnímoda para reformar la Constitución y se convirtió en el escenario constituyente más representativo y plural desde el comienzo de la república. Durante ese lapso, y su extensión hasta 1995, el PIB creció,15 lo cual permitió la financiación de las transferencias, al tiempo que se acrecentó el gasto del nivel central.
    A finales de la década de los noventa el escenario era otro. El crecimiento se detuvo, el déficit nacional se ahondó y el endeudamiento externo e interno creció, tanto en el orden central como territorial.16 A finales del gobierno de Pastrana se rompieron los diálogos con las FARC, en un escenario de escalada de la guerra. La insurgencia y la contra-insurgencia han hecho uso de los recursos del narcotráfico para financiar una fuerza armada cada vez mayor, con presencia territorial extensiva, capacidad de presión sobre los gobiernos locales, los recursos y funciones descentralizadas, y la economía pública y privada. Los cambios en la coyuntura económica y política fueron propicios para alimentar una correlación de fuerzas que tiende a fortalecer el centralismo y acomete el recorte de las transferencias, el control sobre su uso, la restricción a la relativa autonomía local17 y la recuperación del monopolio presidencial en el manejo del orden público y las relaciones con la insurgencia y los paramilitares.
    Cuatro argumentos se utilizan para justificar el fortalecimiento de centro sobre las periferias. El déficit fiscal, para cuya reducción se acude al recorte de las transferencias. El orden público, en virtud del cual se aumenta el celo y control central sobre recursos, funciones y prerrogativas de las autoridades locales.18 El logro de la eficiencia y moralidad del gasto, que realza la inmoralidad de los gobiernos locales. Finalmente, los acuerdos de integración se evocan para socavar las regulaciones nacionales y competencias locales que entraben la plena libertad de los inversionistas.
    Sin embargo, la dinámica abierta por la redefinición de las relaciones entre el centro y las periferias no se ha revertido simplemente. La importancia de las entidades territoriales está inscrita de manera profunda en la realidad nacional. Empieza a experimentar la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial. Y pretende rediseñar el mapa de la representación política y las facultades de intervención de los poderes públicos en la planeación del desarrollo, así como, los servicios prestados a la población.

Agrupamientos político-territoriales y desarrollo
El modelo de desarrollo centralista concentró los recursos públicos y privados en cuatro grandes ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) y algunos centros agroindustriales, mineros y energéticos. Concentración territorial y centralización social del desarrollo son las dos caras del legado de un siglo de centralismo. El resto del territorio estuvo desprovisto de importantes inversiones, por lo cual, hasta el día de hoy, inmensas zonas del país están insuficientemente desarrolladas, sus mercados son incipientes y desconectados entre sí en el ámbito local y, con más veras, respecto de mercados internos y externos importantes. La mayoría del territorio nacional carece de adecuada infraestructura de comunicaciones por tierra, agua, aire y medios virtuales, así como de instituciones fuertes de apoyo a la actividad económica.
    En la última década del siglo XX la apertura económica, el ajuste estructural y la reforma del Estado tuvieron impactos diferenciados sobre los territorios nacionales. Bogotá, Antioquia y Valle siguen aportando la mayor contribución al PIB nacional, aunque su peso diminuyó un poco, a favor de la actividad económica en otros territorios. Los departamentos que por su actividad económica dependen de los precios externos, tales como Caldas, Risaralda y Quindío, perdieron participación dentro del PIB porque su producto de exportación, el café, diminuyó de precio en el mercado internacional, mientras otros, cuya producción estuvo volcada al mercado interno, como los departamentos de Córdoba, Boyacá y Tolima, no sufrieron sustanciales modificaciones en su participación en el producto interno bruto (v. cuadro 1). Si consideramos el índice de competitividad entre departamentos, se aprecia que Huila y Nariño diminuyeron su posición, mientras Cauca se mantuvo en los últimos lugares. Tal desempeño explica, parcialmente, la agremiación política de los gobernadores del sur (DNP, 2003a).
    Por otra parte, el índice de línea de pobreza tuvo un decrecimiento general en todo el territorio nacional, pasando del 50 por ciento al 60 por ciento entre 1997 y el año 2000. Sin embargo, mientras en el departamento de Atlántico se deterioró en un 20 por ciento, Sucre solo sufrió una desmejora del 1,4 por ciento (v. cuadro 2). En términos generales, los departamentos cuya actividad económica está más relacionada con la variación de precios externos experimentaron una fuerte retracción en la calidad de vida de su población, mientras que aquellos volcados a mercados locales mantuvieron su condición en la década. Esto demuestra que en Colombia, como en otros países del Tercer Mundo, el impacto de la apertura afecta más aquellos cuya producción se relaciona con el mercado internacional, que a los que se encuentran volcados a los mercados locales. Enseñanza importante que nos señala dos lecciones. Primero, que la inserción al mercado mundial provoca grados crecientes de vulnerabilidad. Segundo, que los mercados locales son importantes a pesar de la apertura y los tratados de integración.
    Por otra parte, los efectos de la apertura económica en la década de los noventa demuestran deterioro de la balanza comercial (diferencia entre importaciones y exportaciones) en todas las regiones lo cual generó altas tasas de desempleo y crecimiento de la línea de pobreza (v. gráficos 1 2, 3, 45 y cuadro 2). No obstante la reducción de las necesidades básicas insatisfechas fue permanente en la década, como resultado de un histórico, permanente y creciente gasto público (v. cuadro 3). Los departamentos más rezagados mejoraron sus guarismos frente a los más desarrollados. Así, mientras que el departamento de Caquetá tuvo una disminución porcentual del 36 por ciento en el índice de necesidades básicas insatisfechas, la ciudad de Bogotá sólo logró un 5 por ciento (v. cuadro 3). Entre 1997 y el año 2000, el departamento de Risaralda, ligado a actividades externas, empeoró en un 13 por ciento su línea de pobreza, mientras Córdoba, más ligado al mercado interno, solo lo hizo en un 1,5 por ciento (v. cuadro 2). Aunque debe advertirse que mientras Risaralda era en 1997 un departamento con un nivel de ingresos de su población por encima de la media nacional, Córdoba ha sido uno de los departamentos con mayor cantidad de pobres del país.
    Las diferencias entre departamentos y regiones en cuanto a crecimiento, línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas demuestran los impactos diferenciados de las reformas en los territorios en relación con la vulnerabilidad de la inserción a mercados internacionales. Mañana, el desarrollo de la integración profundizará estas diferencias territoriales. Interesarán más las ciudades y las regiones que el mercado nacional, para atraer las inversiones y vincularse al mercado internacional. Por lo tanto, la agenda del desarrollo local se convertirá en una variable principal para el desempeño económico y el bienestar dentro de los territorios.
    La transferencia de recursos y competencias no contrarían la tendencia «natural del mercado a su concentración» y a la diferenciación territorial en niveles de bienestar y calidad de vida. Es por ello que los agrupamientos políticos con base en territorios aspiran a la «descentralización del modelo de desarrollo», a hacerse de nuevos recursos que les permitan fecundar los mercados locales, presionar la ampliación de las coberturas de infraestructura, desarrollar investigaciones en ciencia y tecnología sobre activos regionales, crear la capacidad de negociar la captación de inversiones en un mundo más integrado, retener partes del excedente de grandes proyectos para aumentar coberturas de servicios públicos y apoyar actividades económicas propias.

Descentralización, integración y desarrollo
La pregunta básica que se aborda en este aparte es aquélla que plantea el interrogante sobre las relaciones entre el proceso de descentralización y el desarrollo en un contexto acrecentado de integración: ¿debe el itinerario de la descentralización, es decir, las competencias de los gobiernos y las entidades territoriales limitarse fundamentalmente a la administración de las políticas sociales que han sido transferidas? Sí, responden algunos, argumentando que los asuntos del desarrollo económico se establecen básicamente a través de las negociaciones comerciales de integración, las cuales no deben sufrir modificaciones de parte de las entidades subnacionales. En esta perspectiva, las entidades territoriales no pueden inmiscuirse en asuntos de desarrollo económico, debido a que las decisiones de inversión sólo son eficientes si las toma el mercado, entendido éste básicamente como los inversionistas. En últimas, «al mercado internacional no le interesa la descentralización» que dote a las entidades territoriales de facultades en asuntos económicos. Dicho mercado sería enemigo de un pluralismo normativo y de regulación en diferentes localidades porque ello se opondría a la libertad de circulación del capital, aumentaría los costos de transacción y la inestabilidad normativa e impediría los derechos a la libre competencia.
    Este enfoque tiene la ventaja de la claridad y de optar por una cartografía sencilla: al mercado los temas del desarrollo y a las entidades territoriales las políticas de servicios sociales. Nosotros disentimos de esta perspectiva por cuatro motivos principales. Primero, porque es necesario fortalecer las condiciones que permitan competir a los espacios territoriales en mercados integrados. Segundo, porque la integración, e incluso «el libre comercio», se realizan a través de intervenciones políticas de diversas instancias estatales desde el momento mismo de la negociación. Tercero, porque es factible y defendible construir opciones de desarrollo en un mundo globalizado. Y, cuarto, porque podría facilitar un desenlace a la crisis política y la confrontación armada.

El desarrollo, algo más que macroeconomía y mercado
Una amplia literatura se ha consagrado a explicar por qué algunos países y regiones se desarrollan y otros no.19 Muchas son las enseñanzas aprendidas. Entre ellas, la consideración de que el desarrollo se alcanza no únicamente por la garantía de unas condiciones de estabilidad macroeconómica y sanas políticas sectoriales, sino además por variables territoriales. Es decir, por la cercanía o lejanía a recursos y mercados, por la existencia de una infraestructura adecuada, una fuerza laboral formada, bajos niveles de conflictividad social, la estabilidad política, institucional y normativa, la audacia de sus dirigentes e inversionistas y una especie de propósito, visión, identidad o civismo de los habitantes, entre otros factores.
    La naturaleza, las condiciones físicas creadas, el conocimiento, la política, las instituciones, los liderazgos locales y hasta la cultura cuentan. La atracción de la inversión propia y externa en los territorios depende de causas endógenas que completan los condicionantes exógenos. Es por eso una abstracción fantasmagórica pretender que el mercado se vale por sí mismo para generar crecimiento. Menos aún si consideramos la opción del bienestar y de la democracia, las cuales requieren del desarrollo económico, pero no resultan automáticamente de él.
El sector más lúcido del empresariado colombiano lo sabe y por ello empieza a inmiscuirse en la discusión y liderazgo departamental sobre el desarrollo territorial. La representación gremial de los empresarios a escala nacional es completada por el estudio de los activos territoriales, la búsqueda por afectar las variables institucionales y políticas del desarrollo local, la formación del recurso humano, las investigaciones en ciencia y tecnología que sus regiones requieren y las condiciones de seguridad para la actividad económica. Gobernadores, universidades, centros de investigación, consultoras, movimientos sociales y políticos locales participan con desigual liderazgo en estos ejercicios, todavía incipientes y, en casos, muy normativos, que no se traducen aún en políticas y programas, planes de desarrollo y de gobierno.20
    Grados crecientes de integración de la economía no conllevan la homogeneidad en los índices de desarrollo y bienestar entre las naciones y al interior de ellas, entre territorios y ciudades (Puyana, 2003; Umaña, 2002). Por el contrario, unas regiones ganan y otras pierden. En este contexto se plantea el reclamo de «territorializar» algunas políticas públicas que afectan las posibilidades de desarrollo territorial.

Desarrollo y opciones políticas
El profesor de la London School of Economics, John Gray (1998), escribió un libro muy aleccionador sobre el funcionamiento del capitalismo en estos tiempos en los que se reclama el imperativo de los mercados libres. La tesis central es que no existe un solo capitalismo, sino muchos (Gray, 2000). El desarrollo histórico del capitalismo no ha construido idénticos Estados, instituciones y sistemas políticos en todas partes. La tendencia al «libre mercado» no contraría esta realidad, por el contrario, cada sociedad aporta respuestas específicas a la extensión del mercado: en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, China, Rusia y los una vez llamados «tigres asiáticos». Entre otras cosas, Gray comprueba la persistencia de formas de intervención política a los mercados nacionales y a la inserción en la economía mundial de cada uno de esos países. El bagaje histórico, los valores nacionales, las características propias de los mercados locales, las especificidades institucionales y los procesos políticos concurren en dibujar un panorama mundial de diversas sociedades de mercado y no una sola e idéntica, que correspondería a un supuesto e inexistente mercado libre global de bienes y servicios, sin regulaciones nacionales, regionales y trasnacionales.
    Joseph Stiglitz sostiene que el FMI impone diagnósticos y políticas uniformes a los países que se ven constreñidos a su aval para acceder al mercado financiero internacional. El resultado: desconoce los procesos económicos nacionales, no previene las crisis, sino que las profundiza, defiende los beneficios de los acreedores internacionales en detrimento del crecimiento económico interno y suplanta y debilita las instituciones de la democracia. Stiglitz recomienda abocarse al estudio de las economías nacionales, defender los procesos de concertación nacional en búsqueda de acuerdos de ajuste que no sacrifiquen el desarrollo, y trabajar en la necesidad de políticas activas de sostenimiento de los mercados nacionales que maximicen el empleo. Sobre todo, argumenta la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en cada país de cara a encubar potencialidades de nuevos productos y procesos económicos para competir en mercados internacionales. En una frase: se trata de crear condiciones políticas para definir el modelo de desarrollo económico de cada país en un mundo cada vez más globalizado (Stiglitz, 2002).
    Los análisis del profesor alemán Ulrich Beck señalan que a pesar de la globalización no vamos hacia un mundo sin gobierno, que sería desplazado por las fuerzas anónimas del mercado, ni tampoco hacia la construcción de un Estado global (Beck, 1998). Empresas transnacionales, redes sociales y de activistas globales, regulaciones e instituciones supra estatales compiten con los tradicionales actores económicos, políticos y sociales nacionales en el devenir del desarrollo y de la democracia a escala global y en cada país. El profesor egipcio Samir Amin presenta una visión panorámica del todo el siglo XX y concluye con la caracterización de varias regiones económicas en el mundo, algunas más integradas que otras por instituciones y acuerdos comerciales, productivos, financieros y pactos sobre diferentes políticas sociales (Amin, 1999). Amin reclama fortalecer la construcción de instituciones representativas y de políticas sociales, laborales, de migración y de medio ambiente, que complementen la prelación otorgada a los acuerdos comerciales, productivos y monetarios.
    La extensión y características del mercado no excluyen entonces a los Estados, la política y a diferentes actores sociales, culturales y étnicos, como tampoco a los credos y activistas religiosos,21 de intervenir en las posibilidades y características del desarrollo, incluso entendido él en su acepción más estrecha, como meros indicadores económicos.
    Los profesores Georges Benko y Alain Lipietz (1994) documentaron, para el caso europeo, las variables que explican el hecho de que unas regiones ganan y otras pierden en los procesos de reestructuración productiva y de integración supra nacional. La Red Iberoamericana de Investigadores en Globalización y Territorio ha realizado siete eventos que documentan los impactos diferenciados de los procesos de apertura e integración en ciudades, fronteras, municipalidades, departamentos y regiones.22 Dos conclusiones de estos estudios nos interesan aquí. Los nuevos desarrollos del mercado no producen impactos homogéneos en todos los territorios. Por el contrario, crean nuevas fragmentaciones, zonas excluidas e integradas, poblaciones deprimidas donde se generaliza el desempleo y la desesperanza, y otras en las que se incentivan dinámicas de crecimiento del empleo y la actividad productiva. La segunda: una variable no desdeñable que interviene sobre los resultados desiguales en el desarrollo territorial son la política pública, los procesos políticos locales y las decisiones empresariales que en ellos se toman.

Gobiernos locales y desarrollo
En este contexto, las entidades territoriales pueden optar por diferentes políticas públicas que afectan los grados y características del desarrollo así como las maneras de insertarse en la economía internacional. En países federales como EE UU y Brasil se confrontan diversos modelos de desarrollo y de gobierno entre ciudades; en Europa, la integración supranacional de mercados está acompañada de procesos de diferenciación del desarrollo entre ciudades y regiones y de facultades de política económica en esas entidades territoriales; en Colombia, el proceso de descentralización comienza a mostrar resultados en cuanto a maneras diferentes de realizar políticas públicas que afectan el mercado. A manera de ilustración evocaremos algunas opciones que confrontan diversas ciudades en temas que afectan las posibilidades y características del desarrollo y los tipos de inserción diferentes a mercados externos.23
    No existe una opción inevitable de privatizar empresas públicas locales; algunas entidades territoriales garantizan la eficiencia financiera y social de tales empresas, mientras otras las conducen a la quiebra y deben privatizarlas. Muchas son las opciones para privatizar empresas públicas. Se puede trocar el monopolio público por otro privado, o privilegiar la venta parcial o total de las empresas a sus trabajadores, o a los usuarios, o situar acciones al público en general.
    Unos gobiernos optan por regulaciones estrictas a las emisiones de industrias o del transporte urbano, otros son más laxos. Los planes de desarrollo pueden ser elaborados por técnicos, formularse exclusivamente como ejercicio de repartición de rentas y proyectos entre fracciones políticas, o pactarse primordialmente con la clase empresarial, e incluso se populariza en varias ciudades de América Latina la elaboración participativa de los planes de desarrollo y de los presupuestos de inversión. Un gobierno puede privilegiar los controles institucionales al gasto y los funcionarios, otros incentivan controles sociales y comunitarios. Algunas ciudades optan por la construcción de grandes autopistas en su interior, otras por la preservación de espacios históricos y la salvaguarda de la infraestructura de sus barrios. La solución al transporte masivo puede tener énfasis en el sector privado, o público, en grandes sistemas pesados o circuitos descentralizados, en empresas grandes o cooperativas pequeñas de transportadores.
    Los gobiernos se financian mediante tasas impositivas más fuertes al sector empresarial, o al consumo privado de servicios por los usuarios. La competitividad de la ciudad puede buscarse en la reducción de los costos salariales, o en la generación de actividades que maximicen el empleo y la capacidad de consumo de sus habitantes. Las estrategias de seguridad ciudadana pueden privilegiar respuestas más represivas o más preventivas y educativas. Y así sucesivamente…
    La intervención del Estado en el mercado es tanto indirecta como directa (Von Haldenwang, 2001). Indirecta en cuanto establece políticas ambientales, regula las privatizaciones, la ocupación del espacio público, la seguridad ciudadana y las relaciones laborales. Directa, en la medida que establece políticas tributarias, de investigación tecnológica, capacitación laboral, de estudios sobre mercados potenciales y puede desplegar instrumentos crediticios discrecionales.

La «territorialización» de las políticas públicas
Dos conclusiones arrojan las consideraciones anteriores sobre el desarrollo espacial. Por una parte, la apertura económica y el ajuste estructural de la economía tienen efectos diferentes sobre el crecimiento, el empleo y el bienestar en los espacios subnacionales. Por otra, las políticas de los gobiernos locales inciden en los mercados y los modelos de desarrollo territorial. Se presume que los acuerdos de integración no tendrán efecto diferente al de profundizar esta evidencia. En este contexto, debería actuarse nacionalmente con un mayor enfoque territorial y dotar a las entidades territoriales de crecientes instrumentos de política económica.
    Un enfoque nacional de desarrollo que considere de manera prioritaria el devenir de los diferentes territorios supone la elaboración de una porción del presupuesto de inversiones por departamentos y regiones; no como simple ejercicio contable, sino como expresión del derecho real de los diferentes territorios de participar en la repartición de las inversiones y decisiones de política pública sobre el desarrollo y la integración. Es inevitable que el logro de tal cambio presupuestal requiera importantes transformaciones políticas e institucionales en el ámbito nacional. Una representación regional en órganos legislativos y regulatorios nacionales se completaría con el fortalecimiento de las funciones de dichos órganos en las localidades y la creación de ellos en las regiones. También con una representación más adecuada de los diferentes territorios en los órganos de decisión económica y administrativa del Estado.
    Hasta ahora la perpetuación del centralismo lo impide. Las clases políticas y empresariales de los departamentos fuertes, como Antioquia y el Valle del Cauca, han colonizado las instancias técnicas y gubernamentales estratégicas, lo cual se refleja en decisiones de inversión. También debe superarse la mentalidad centralista que pulula en la media y alta tecnocracia del Estado y que se materializa en un fuerte paternalismo, autoritarismo y desconfianza respecto de los habitantes y representantes locales. El conocimiento así producido privilegia una lectura centralista que se encuentra reflejada en los estudios nacionales y sectoriales de desarrollo y de las empresas estatales, los cuales no tienen consideración de las entidades territoriales en las que se ejecutan tales directrices (DNP, 2003a). El presupuesto, el sistema político, las instituciones y la mentalidad centralista deben romperse si se desea avanzar hacia una país más integrado, es decir, aquel que garantice un equilibrio mayor en la representación de intereses de todos los territorios en las decisiones de inversión pública.
    Un desarrollo nacional que tenga más en cuenta la diversidad de los territorios que la componen implica también la «territorialización» de las políticas públicas. Las competencias de la descentralización no pueden seguir siendo uniformes para categorías de municipios y departamentos tan dispares en posibilidades de desarrollo institucional y económico. También, es imperativo revisar el carácter tutelar tan fuerte del proceso de descentralización colombiano. La «descentralización centralista» impide la autonomía de las entidades territoriales al punto que no se les puede responsabilizar completamente de los desempeños logrados a partir de la transferencia de recursos y funciones. Múltiples leyes nacionales, la intervención de los ministerios y de los órganos técnico financieros sobre los gobiernos locales, coartan su libertad, determinan el destino de los recursos y los modelos de gestión que deben adoptar en la prestación de las funciones y competencias descentralizadas. Por lo tanto, la responsabilidad por los productos de la descentralización sigue siendo incierta, ya que en buena parte los resultados en salud y educación son imputables al crecimiento del gasto nacional en estos sectores y a los modelos de gestión dictados desde la nación (Rojas, 2002).
    Suele afirmarse, con razón, que las transferencias de recursos en virtud de la descentralización, son el mecanismo fundamental de redistribución de recursos implementado por las políticas públicas. Mecanismo perfectible, claro está, pero con una orientación diametralmente opuesta a la política tributaria que contraría toda intención de equidad social. Por el contrario, acrecienta la presión impositiva sobre los consumidores, independientemente de su capacidad adquisitiva, y acude a la retención en la fuente a los salarios de los trabajadores, al tiempo que logra aminorar el peso relativo en la financiación del Estado por los impuestos al capital y a la renta. Si verdaderamente se desea consolidar la descentralización fiscal como estrategia de equidad social, el origen de la bolsa de las transferencias debiera provenir de un porcentaje de los impuestos a la renta y complementarios y de un porcentaje directamente proporcional al PIB de los departamentos.
    Por otra parte, una «descentralización para el desarrollo» requiere mover la frontera de la transferencia de la política social básica a los gobiernos locales, hacia la territorialización de parte de la política económica que incide directamente en el desarrollo territorial.24 En ocasiones los grandes proyectos de inversión tienen impactos territoriales mayores al conjunto de la actividad económica local. Las entidades territoriales y los diferentes liderazgos políticos, empresariales y sociales tienen el derecho de participar de las decisiones, administración y vigilancia de asuntos que tan dramáticamente afectan la vida local. Lo mismo puede afirmarse tanto de las decisiones de inversión en infraestructura, como del manejo de los recursos naturales. La recepción de regalías, y los subsidios que tales empresas aportan a las regiones que los acogen, perpetúan un centralismo paternalista e impiden la asunción plena del desarrollo territorial por las fuerzas vivas locales.
    La tecnocracia central suele quejarse de la alta dependencia que los presupuestos locales tienen de las transferencias nacionales: prueba reina de la supuesta «pereza fiscal» que explicaría la ineficiencia de los gobiernos locales.25 «De lo que no nos cuesta, hagamos fiesta», es el adagio popular adoptado por la finura del conocimiento de la racionalidad centralista. Tal postura es indemostrable empíricamente y falaz teóricamente.26 Si existe tal dependencia es porque hay un centralismo tributario en virtud del cual el nivel central se reserva los mayores impuestos. ¿Y si se repartieran de nuevo los impuestos entre el nivel central y las entidades territoriales, como ha reclamado en varias ocasiones el gremio de los gobernadores? Además, ¿por qué no pensar en la posibilidad de otorgar mayor libertad tributaria a las entidades territoriales? Las facultades tributarias pueden ser un excelente mecanismo para generar incentivos al desarrollo empresarial local, también pueden usarse para estimular el crecimiento de organizaciones no gubernamentales que promuevan el desarrollo social, o para cualquier otra opción de desarrollo libremente decidida localmente.
    La investigación en ciencia y tecnología es un asunto estratégico para el logro del desarrollo. Es de vital interés que cada una de las regiones que componen la nación posea centros de investigación tecnológica en los que concurra la financiación pública y privada, del gobierno central y de los territorios, y que estén orientados a establecer alianzas con inversores, centros de investigación y mercados internacionales. En el mismo orden de ideas, la «territorialización» de la capacitación laboral es imperativa para formar una fuerza de trabajo orientada al desarrollo del conocimiento y manejo de los activos territoriales.
    Por último, uno de los más grandes problemas nacionales es la concentración de la propiedad de la tierra y la colonización espontánea del territorio que destruye grandes áreas naturales. La lucha armada en el campo,27 los relativos altos precios de los productos agropecuarios y los bajos niveles de tributación de este sector, estarían relacionados con la ausencia de una reforma agraria. Para resolver parte de las causas estructurales de la guerra y el subdesarrollo, es imperioso construir un acuerdo nacional capaz de imponer programas regionales de reforma agraria.

Ordenamiento territorial y desarrollo
Partimos de la búsqueda de una relación más estrecha en los territorios entre mercados, instituciones técnicas de regulación, formulación de políticas económicas y los sistemas representativos. Esto con el fin de acrecentar las posibilidades de generar un debate público y una contienda política sobre el tipo de desarrollo que se desea, y sobre las condiciones que se confrontan ante los electores como requisitos para lograrlo. La contienda electoral podría refrendar o castigar las opciones políticas, a partir de la capacidad de generar niveles y características específicas de desarrollo. Una mayor correspondencia entre el mapa electoral y las instituciones con el mercado articularía con mayor provecho las políticas económicas, tributarias, de infraestructura y de ciencia y tecnología a las redes e iniciativas de facto que integra el mercado, y a los desarrollos potenciales que se opten. Se trata de acercar la tríada: democracia, instituciones y desarrollo.
    ¿Pero cuáles son las entidades territoriales receptoras de las facultades de intervención sobre el desarrollo territorial que aquí se recomiendan? Dicho de otra manera: ¿cuál es el ordenamiento territorial más adecuado para complementar la descentralización administrativa con las políticas de desarrollo territorial? La manera más fácil de errar en la respuesta es otorgar exclusivamente a los municipios, o a las provincias, o a los departamentos, o a las regiones, tales facultades. Suele afirmarse, con razón, que algunos municipios no son capaces de sufragar los costos de su propia administración, menos aún tendrían capacidad de estimular y financiar políticas de desarrollo. Pero existen otros con capacidad económica y técnica de poder hacerlo. Se defiende que los departamentos podrían intervenir de manera más resuelta en algunas variables de desarrollo y estimular en su interior alianzas supra municipales para la prestación de servicios y planes de superación de la pobreza, entre otros asuntos. También se afirma que para ciertas cuestiones estratégicas el nivel departamental es un espacio territorial pequeño. En cambio, se señalan eventuales agrupamientos regionales como los más adecuados para integrar estructuras viales, la explotación sostenible de recursos naturales a partir de ecosistemas estratégicos y grandes proyectos de inversión.
    El mercado suele ser más dinámico que la tendencia a la perdurabilidad de las instituciones de regulación, y las instancias de representación electoral son aún más perennes. Por ejemplo, en Colombia, el ordenamiento territorial en departamentos y municipios está vigente desde 1986, es decir, ha sobrevivido a múltiples cambios en los modelos de desarrollo e inserción a la economía mundial. No es recomendable, entonces, casarse con una sola instancia de intervención en el desarrollo económico. Lo más prudente es apelar a las capacidades reales de diferentes entidades territoriales de intervenir en el estímulo y características del desarrollo territorial. Es decir, en principio, todas podrían aspirar a tener facultades de política económica, no de manera obligatoria, sino a partir de una demanda expresa, de la comprobación de capacidades propias y del sometimiento a una refrendación pública local. Las asociaciones entre municipios, eventuales provincias, departamentos y regiones podrían ser el mecanismo más adecuado para estimular alianzas hacia el desarrollo territorial.
    Las regiones, constituidas por alianzas libres entre departamentos, podrían ser los lugares estratégicos a partir de los cuales se estimulen las agrupaciones intra regionales y se articule la planeación territorial del desarrollo a partir de la delegación, por la nación, de facultades legislativas y de regulación.28 Se trata de construir una geografía abierta y flexible de facultades en el desarrollo territorial basada en un principio de subsidiaridad y coordinación. Categorizar municipios y departamentos, mañana provincias y regiones, es una manera de acercarse a la construcción de un ordenamiento territorial flexible que genere incentivos a la asunción de facultades de desarrollo por categorías de entidades territoriales.
    Sin embargo, advertimos que desatar la competencia entre ciudades y demás entidades territoriales –en medio de la guerra y grandes disparidades territoriales en los índices de crecimiento y bienestar– es un sendero seguro hacia el debilitamiento irreversible del Estado y el rompimiento de los lazos de la solidaridad entre regiones. ¿Cómo profundizar entonces la descentralización productiva sin comprometer la unidad nacional? La visión tradicional de la cuestión territorial recomienda desplegar políticas distributivas por la vía asistencial, y desatiende de tal manera estrategias tendientes a detectar y fecundar mercados locales, potencialidades y recursos endógenos en las regiones con base en los cuales construir políticas de desarrollo espacial. Aquí nos adscribimos a otra perspectiva. Un fondo de compensación regional y políticas activas de transferencia de tecnología e inversiones son el complemento indispensable de acrecentados niveles de descentralización para el desarrollo. De igual manera, es deseable la creación de un fondo de reestructuración productiva para las regiones que financie nuevas industrias y productos y apoye la reestructuración empresarial, y de los procesos comerciales y financieros existentes en las regiones.29 Sensato sería, además, crear sistemas de información territorial sobre los mercados locales y sus relaciones con demandas y ofertas productivas, tecnológicas, administrativas y de consumo de mercados regionales e internacionales. Ello con el fin de estimular la definición territorial de políticas de innovación y desarrollo productivo y empresarial. El reto, fácil de enunciar y difícil de lograr, es el de «endogenizar» el desarrollo, es decir, generar el ambiente local que atraiga inversión de origen exógeno con base en una dinámica atractiva de encadenamientos productivos locales. No se trata de «importar el desarrollo desde afuera» mediante inversiones exógenas, sino de incentivar el desarrollo endógeno que requiere instituciones, actitudes, dinámicas y encadenamientos locales de desarrollo.30

Ordenamiento territorial, desarrollo y proceso de paz
¿Tiene el centralismo alguna incidencia en las causas del conflicto armado y podría un nuevo ordenamiento territorial ayudar a su posible resolución? Es posible que sí.31 El centralismo concentró la actividad económica, los recursos públicos, la infraestructura, el empleo, los subsidios, las políticas sociales, las instituciones y la fortaleza de los representantes políticos en ciertos territorios, en detrimento de otros. Los jefes de la insurgencia lo han afirmado una y otra vez, se sienten expulsados de la política y del desarrollo.32 Los territorios originales y de extensión de sus bases sociales se confunden con aquellos que padecen la precariedad de la presencia estatal y el subdesarrollo del mercado.
    Durante el gobierno de Betancur, la elección de mandatarios locales y la transferencia de recursos y funciones de política social hacia los gobiernos locales fue públicamente justificada por el gobierno nacional como construcción de condiciones para la inserción del movimiento armado a la vida institucional. Todos los movimientos insurgentes que se han desmovilizado se han volcado hacia los gobiernos locales. No obstante, las elecciones seccionales se han convertido en un escenario propicio para la escalada de la confrontación armada, precisamente por el interés de incidir en la vida política local y la administración de las instituciones, recursos y funciones descentralizadas. Una eventual negociación política del conflicto armado encontrará en la descentralización acometida hasta ahora una oportunidad para asentar un pacto de paz.
    Sin embargo, las FARC y el ELN han manifestado que su interés no está solamente en los gobiernos locales, ni tampoco en convertirse en movimiento político. Ellos son críticos de los alcances logrados por los llamados procesos de paz anteriores en la transformación del poder en Colombia. No reconocen modificaciones en el modelo de desarrollo y en la distribución de la riqueza. En ello reside, sin duda, una de las razones por las cuales se empantanó de manera temprana el esquema de diálogo entre el gobierno del presidente Pastrana y las FARC. Para sectores importantes del Gobierno y de los gremios económicos, el horizonte de la negociación era la inserción del movimiento insurgente a la vida política nacional. Para la insurgencia este escenario solo sería posible si estuvieran derrotadas. Para ellas, el objetivo de la negociación, que condiciona el fin de la confrontación, es la acometida de reformas al modelo de desarrollo y del Estado colombiano.
    Por esta razón, las propuestas aquí avanzadas, en el sentido de trascender la descentralización hacia las facultades de desarrollo territorial, están pensadas como complemento necesario a una negociación política del conflicto armado. Como dice el personaje de Morfeo en la cinta cinematográfica Matrix, «lo importante no es qué, sino cuándo» y en seguida, describe el cómo de ese cuándo. Es decir, el impacto de adoptar políticas de desarrollo territorial a través de un nuevo ordenamiento podría ser benéfico si se articula con la salida negociada al conflicto armado. De lo contrario, se daría un resultado similar al que ha tenido la descentralización hasta ahora, exacerbar, a una escala mayor, los enfrentamientos armados. Es posible que el desenlace de la guerra defina un definitivo ordenamiento territorial para las generaciones futuras.
    De la misma manera, el imperativo de aumentar la federalización ganaría en impacto si se acompaña de acuerdos de integración fronterizos y regionales que incluyan la construcción de escenarios representativos, políticas de compensación regional como en Europa y programas sociales. Lo contrario, es decir, niveles mayores de descentralización del desarrollo combinados con la intensidad de la integración comercial con EE UU y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), puede volver más precaria la capacidad de negociación de cada entidad territorial con los inversionistas nacionales e internacionales.

 

 

 

 

 

 

 

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NOTAS:
1 Un desarrollo de esta tesis y su impacto sobre los sistemas políticos nacionales se encuentra en Restrepo, 1994.
2 Un análisis de las estrategias desplegadas por diferentes actores ante el proceso de descentralización y el poder territorial se encuentra en Restrepo, 2002.
3 Por ejemplo, en la ciudad capital Bogotá, los candidatos Jaime Castro, María Emma Mejía y Juan Lozano provienen del liberalismo, aunque sólo el primero comenzó la campaña como candidato oficial del partido.
4 Por ejemplo, el actual presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), de filiación liberal, se presentó a la contienda electoral por fuera de las estructuras del partido Liberal y en competencia con su candidato oficial, Horacio Serpa Uribe. El anterior presidente de origen conservador, Andrés Pastrana Arango (1998-2002), se lanzó a la contienda electoral, y sólo después el partido Conservador se adhirió a su campaña y lo proclamó candidato oficial.
5 Incluso la dinámica de la confrontación armada tiende a la extensión territorial supra departamental y municipal del movimiento insurgente y los paramilitares.
6 Un recuento de múltiples asociaciones políticas territoriales se encuentra en Borja, 1999.
7 Con anterioridad al acto legislativo las transferencias se calculaban como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación y, con posterioridad, se intenta mantener constantes los recursos girados.
8 Cálculo de los autores con base en la información proporcionada por la División de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
9 Mientras en 1990 los ingresos tributarios territoriales eran el 1,8 por ciento del PIB, en el año 2000 fueron el 2,6 por ciento.
10 El ahorro de la nación por el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001 es estimado por la Contraloría General de la República en 7,1 billones de pesos en cuatro años (2002-2006). El acto legislativo modifico la Constitución Política de 1991.
11 Mientras en 1991 tanto los municipios como los departamentos presentaban un nivel de ahorro ligeramente mayor a su volumen de deuda, una década después, en el año 2000, los municipios presentaban una brecha entre el nivel de ahorro y la deuda del 1,49 por ciento del PIB y los departamentos del 1,76 por ciento. Cancelado, 2003.
12 Los departamentos más endeudados son Valle, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Casanare y Atlántico, los cuales concentraron en 2000 dos tercios de la deuda total del sector central de los departamentos. Los seis municipios más endeudados son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena e Ibagué, los cuales concentraron el 60 por ciento de la deuda del sector central del total de municipios. Cancelado, 2003.
13 La cartera territorial representa el 8,6 por ciento de la cartera total del sistema financiero. Cancelado, 2003.
14 No sobra señalar que a pesar de la concentración de la deuda territorial en pocas entidades, la Ley 617 es de aplicación general y tan restrictiva que solo permite el endeudamiento si se tiene un superávit, es decir, lo vuelve prohibitivo para muchas entidades pequeñas. Así, las autoridades económicas presionan la desaparición de las entidades territoriales pequeñas y obligan a su asociación; discusión y objetivo netamente político que se abstrae del debate público y se logra como imposición de las autoridades financieras.
15 Mientras entre 1991 y 1995 el PIB creció en promedio al 5,26 por ciento, entre 1996 y 2000 lo hizo a una tasa del 0,96 por ciento. Cabe resaltar la hecatombe ocurrida durante el gobierno de Pastrana: en 1998 el crecimiento fue negativo en un -4,33 por ciento del PIB.
16 A partir de 1994 el ahorro corriente de la nación fue negativo. Mientras que en 1990 era el 1,3 por ciento del PIB, para 1999 fue del -4 por ciento del PIB.
17 La tendencia hacia la re-centralización en detrimento de las autoridades locales también se expresa en otros rubros de política pública como los de medio ambiente y la potestad de las autoridades indígenas sobre la propiedad colectiva de sus territorios.
18 Al departamento de Arauca le fueron «decomisados» por las autoridades centrales durante un tiempo los recursos de las regalías, bajo la sospecha de que estos financiaban a la guerrilla. En la actualidad 5 departamentos y 20 municipios se encuentran bajo la misma sospecha.
19 Un recuento de las principales teorías económicas del desarrollo espacial se encuentra en Moncayo, 2001.
20 Plan Estratégico de Antioquia, Mesa de Planificación Región Bogotá-Cundinamarca, Plan Estratégico del Área Metropolitana de Bucaramanga, Visión Risaralda 2017, Plan de Desarrollo de la Surcolombianidad, Plan Maestro del Valle, entre otros.
21 Un apasionante libro documenta la incidencia de los dogmas religiosos en la elite científica norteamericana y sus relaciones con la dirección de los principales programas de desarrollo científico tales como las armas de destrucción masiva, la exploración espacial, la inteligencia artificial y la ingeniería genética. Nadie desconoce la inversión directa del Estado norteamericano en estos sectores, que a la vez jalonan la economía nacional y le permiten sustentar una primacía militar y científica en los mercados mundiales. Véase Noble, 1999.
22 Para toda información, Sergio González, coordinador general: sergiogonlop2@yahoo.com.
23 Incipientes son las experiencias en América Latina en las que gobiernos locales se abocan, más allá de los procesos de descentralización de políticas sociales, a asuntos de desarrollo territorial. Véase Aghón y otros, 2001.
24 Una interesante relación entre ordenamiento territorial, desarrollo, democracia y paz se encuentra en Fals, 2000.
25 Un análisis de las dificultades estructurales para el logro de la eficiencia del gasto público mediante un proceso de descentralización se encuentra en Wiesner, 1992.
26 Un análisis de 20 años del pensamiento técnico político en descentralización y, en particular, la presentación crítica del concepto de «pereza fiscal», se encuentra en Restrepo, 2001.
27 Varios autores señalan a la inexistencia de la reforma agraria como causa original de la lucha armada y, con posterioridad, como aliciente para mantener altos niveles de reclutamiento de los campesinos sin tierra en diferentes bandos armados. También se reconoce que los ejércitos paramilitares son una estrategia de concentración de la tierra. Ver, por ejemplo, Fajardo, 2002.
28 Un argumento similar se puede leer en Castro, 2002.
29 Tomamos la idea de un necesario fondo regional de reestructuración productiva de Uribe, 1998.
30 La inversión extranjera en los territorios no conduce necesariamente a fecundar el desarrollo territorial y la mejoría en el bienestar de la población. Innumerables casos en Colombia, América Latina y el llamado Tercer Mundo, ofrecen ejemplos perversos de economías de enclave: quistes de inversión extranjera que no estimulan la expansión de actividades productivas en el territorio.
31 La sustentación de esta tesis puede leerse en Rivera, 2001.
32 Las FARC justifican su accionar desde una posición de víctimas de la persecución por el régimen, la marginalidad y abandono de las clases populares por el Estado, los engaños sistemáticos en los procesos de diálogo y la imposibilidad de expresión política partidista desde sus posturas radicales. Ver Ferro y Uribe, 2002.