SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.19 número49Consensos y disensos en torno a la concepción de participación en VenezuelaEl Caribe y el contencioso con Guyana en la política exterior venezolana: contraste de dos tiempos índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Cuadernos del Cendes

versión impresa ISSN 1012-2508

CDC v.49 n.49 Caracas ene. 2002

 

Comportamiento político-electoral del venezolano y construcción de tendencias: 

1998 y 2000*

Thais Maingon 

Thais Maingon

Socióloga, UCAB (1978), M.A. en Ciencias Sociales de la Educación, Stanford (1983). Candidato a Doctor en Ciencias Políticas, UCV. Profesora-Investigadora del Área Sociopolítica del Cendes-UCV.

correo-e: tmaigon@reacciun.ve 

RESUMEN

Partiendo del análisis de las elecciones nacionales, regionales y locales celebradas en Venezuela en el año 1998 y de las elecciones relegitimadoras de los poderes públicos celebradas en 2000, se pudo constatar que las tendencias delineadas desde procesos electorales anteriores se convirtieron, la mayoría de ellas, en patrones de comportamiento político-electoral y al mismo tiempo se detecta la emergencia de nuevas tendencias. En este trabajo, teniendo como marco analítico los procesos electorales mencionados, trazamos algunos rasgos que ayudan a definir y construir tendencias generales que dan cuenta de los cambios sucedidos en el comportamiento electoral y político del venezolano.

Palabras clave

Elecciones / Tendencias electorales / Comportamiento político electoral / Venezuela

ABSTRACT

Departing from the analysis of the Venezuelan 1998 accomplished national, regional and local elections and the relegitimadoras elections of the public powers hold in the 2000, it can be confirmed that the majority of the tendencies outlined from previous electoral processes, have mostly became electoral political behavior patterns and also have shown the emergency of new tendencies. In this article, we will draw some features that help to define and build general trends to take account of the Venezuelan political and electoral attitude changes within the above described framework.

Key words Elections / Electoral tendencies / Electoral political behavior / Venezuela

RECIBIDO: OCTUBRE 2001   ACEPTADO: ENERO 2002 

INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo se realiza un análisis comparativo sobre los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela en 1998 y 2000, con el objetivo de darle seguimiento y verificar el comportamiento de ciertas tendencias electorales estudiadas en trabajos anteriores1, a fin de evaluar si presentan continuidad o ruptura, así como también conocer si se están perfilando nuevas características en la conducta electoral del venezolano.

Erróneamente se consideró que las elecciones de 1998 serían las últimas de este milenio; sin embargo, después del 6 de diciembre de 1998, una vez electo Hugo Chávez como Presidente de la República, los venezolanos participaron en tres consultas durante 1999 y dos elecciones en el año 20002. Estas últimas respondieron a la materialización del mandato de la Constitución recién aprobada sobre la necesidad de relegitimar los poderes públicos.

Las elecciones celebradas el 30 de julio de 2000 fueron convocadas, en primera instancia, para el 28 de mayo de ese año, pero tuvieron que ser canceladas por razones técnicas y postergadas por dos meses. Como consecuencia de este aplazamiento el proceso comicial denominado las megalecciones, fue separado en dos fases. La primera fase fue pautada para el 30 de julio y correspondió a la elección del Presidente de la República, los gobernadores y demás representantes regionales, y una segunda de las locales, dejando para el 6 de diciembre las elecciones municipales; de manera adicional se incluyó la consulta sindical3.

Los comicios del año 2000 contaron con la presencia de elementos novedosos que hicieron de los mismos el proceso más complejo de la historia electoral venezolana. Ello no fue solamente por el número de cargos a elegir, sino también, que como resultado de los cambios introducidos en la nueva Carta Magna, se incluyó, entre los votantes, a los militares activos. Además hubo una consideración especial en cuanto a la representación indígena4.

Las consecuencias de la introducción de estos cambios en la estructura del sistema político-electoral venezolano obligan a entender el estudio del comportamiento político-electoral como variable explicativa de los resultados electorales, así como para la construcción de nuevas tendencias. Sin embargo, dada la particularidad y complejidad presentes en los dos últimos procesos comiciales de 2000, resulta arriesgado establecer un perfil definitivo de conducta electoral del venezolano, por lo que sólo establecemos como conclusión algunas líneas que ayuden a dibujar nuevas tendencias político-electorales.

De las tendencias observadas y analizadas desde los resultados electorales de 1988 y 1989 y su seguimiento hasta los sufragios de 2000, podemos constatar, por un lado, que algunas de ellas se han conformado como patrones de comportamiento político-electoral, y por el otro lado, se confirma el delineamiento de nuevas características en el funcionamiento del sistema político que tienen determinadas consecuencias para el funcionamiento de la democracia. Seguidamente presentamos, primero, lo que consideramos como patrones de comportamiento político-electoral, así como las tendencias en vías de convertirse en patrones de comportamiento; luego trazamos algunas de las nuevas tendencias que emergen de los cambios ocurridos en el marco de estos dos últimos procesos electorales.

PATRONES DE COMPORTAMIENTO POLÍTICO-ELECTORAL

Abstención: reforzamiento o estabilización

Se pueden hacer numerosas lecturas e interpretaciones sobre las cifras de abstención que van desde la indiferencia hasta la protesta; aquí sólo nos interesa detectar su comportamiento y cambios a partir de los valores manifestados en los resultados de las elecciones desde 1988 hasta las celebradas en 2000. Existen diferencias entre las cifras de abstención de los comicios nacionales, y los regionales y locales, presentándose valores más altos para las elecciones regionales y locales que para las nacionales. En estas últimas, la abstención en los sufragios de 2000 subió en casi 8 puntos porcentuales respecto a la de 1998, para ubicarse en 43,5 por ciento, siendo ésta la cifra más alta, como puede observarse en el gráfico 1.

Los procesos electorales son considerados como uno de los mecanismos políticos mediante el cual las sociedades se reconocen a sí mismas como autónomas, resultando ser vehículos de legitimación de gran importancia para el sistema político en general; al mismo tiempo, a través de éstos se canalizan las tensiones que se derivan del funcionamiento del propio sistema político. Sin embargo, al llegar a transformarse en instrumentos en constante funcionamiento y activados desde el gobierno, éstos van perdiendo su característica primordial legitimadora, produciendo cansancio en la población que voluntariamente decide no participar, por lo que se convierten en asuntos meramente formales, haciendo verdaderamente difícil el paso de la democracia representativa a la democracia «protagónica»5.

Como podemos observar en el gráfico 2, para la primera fase de las elecciones regionales y locales celebradas en julio de 2000 (gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a los consejos legislativos), se produjo un ligero aumento en la asistencia electoral; ello pudiera estar relacionado con que estas elecciones se realizaron conjuntamente con las presidenciales, pero para la segunda fase de los comicios relegitimadores de los poderes municipales la abstención se disparó hasta llegar a los niveles más altos observados hasta ahora (78 por ciento), a pesar de que en el ámbito municipal es donde la participación ciudadana se convierte en el elemento fundamental de gestión, ya que se estrechan las distancias entre el Estado y el ciudadano, entre éste y las decisiones que lo atañen directamente en su vida cotidiana y la de su comunidad.

Pasando por alto esta última cifra, bien se podría afirmar que el comportamiento de la abstención se consolida y estabiliza, y de ser considerada como una tendencia pasa a conformarse en un patrón de comportamiento electoral a presentarse de manera similar en los próximos comicios. 

Estructuración de alianzas sin mediación de elementos de tipo ideológico

La postulación de los candidatos y la estructuración de las alianzas que los apoyaban en todos y cada uno de los diferentes cargos regionales y locales, respondieron a una estrategia pragmático-táctica electoral en donde quedaron sepultados los elementos de tipo ideológico6, aun cuando se pueden observar en el conglomerado de las agrupaciones políticas que conformaban al Polo Patriótico algunos intentos de establecer y difundir ciertos principios neoideológicos que se podrían identificar con las ideas de Bolívar, entremezcladas con vocabulario perteneciente al marxismo que, a su vez, se cruzan con discursos propios de Fidel Castro, pero que en todo caso sería difícil identificarlos con la tradicional definición de socialismo/comunismo o de izquierda. Más bien, los elementos que se encuentran diseminados en el discurso de estos candidatos se presentaron como una mezcla sincrética sin definición teórica alguna, intentando estructurar un discurso apoyado en una base ideológica de acción política que lo diferenciara de la práctica y del discurso de los actores políticos de los pasados cuarenta años.

En el contexto de estas elecciones se presenciaron dos importantes y significativas rupturas de dos de las alianzas que habían sido establecidas en 1998 y que habían contado con un relativo éxito. La primera de ellas fue el rompimiento de la unidad entre los comandantes protagonistas de la asonada militar del 4 de febrero de 19927. La segunda fue la separación táctica electoral de una de las organizaciones políticas incluidas en el Polo Patriótico, Patria Para Todos (PPT), dando como resultado el que no se llegara a ningún acuerdo, en cuanto al apoyo electoral, por parte del Movimiento Quinta República (MVR) a los candidatos regionales y locales del PPT, y viceversa. La ruptura, en cuanto a la posibilidad de estructurar alianzas entre el PPT y el partido del presidente Chávez, dejó en la cuneta a la única organización que había sobrevivido al suicidio colectivo de viejos y nuevos partidos, tras los comicios de 1998. Sin embargo, para Chávez pareciera irrelevante el retiro del apoyo de éste u otro partido, mostrando una vez más el sectarismo que lo caracteriza. Aun así, el PPT obtuvo dos gobernaciones y estuvo presente en la alianza estructurada en apoyo a Chávez para la Presidencia; sin embargo, en la totalización final de los votos presidenciales los sufragados a favor de Chávez a través de la tarjeta del PPT fueron considerados nulos y no fueron sumados al total de los votos obtenidos por Chávez.

La primera ruptura fue producto, entre otras cuestiones, de las diferencias en cuanto a la interpretación y puesta en práctica del proyecto político original sellado por los cuatro comandantes, amén de las rencillas personales y la pugna por el poder entre quienes rodeaban al presidente y sus compañeros de lucha. Esta separación evidenció la presencia de diferencias ideológicas entre el candidato presidente Chávez y sus tres compañeros de armas. Uno de ellos renunció a la gobernación del estado Zulia (Francisco Arias Cárdenas) para lanzarse como el candidato contrincante de Chávez, aglutinando a su alrededor a la oposición.

Los dos movimientos de ruptura mencionados manifestaron, una vez más, la poca disposición del presidente y del partido oficial para construir alianzas que necesariamente requerían de la negociación política. Se estableció, así, una concepción de la política basada en la relación amigo-enemigo, repitiendo las palabras de Chávez: «Están conmigo o en contra de mí». Haciendo que los términos medios, así como los espacios de interacción y negociación política sean cada día más estrechos8. Entretanto, el MVR y el Movimiento al Socialismo (MAS) se debatían por llegar a acuerdos sobre las candidaturas que apoyarían mutuamente y en la escogencia de las regiones. Se estructuró una fuerte alianza MAS/MVR para la mayoría de las entidades federales, no sin antes atravesar por diferentes enfrentamientos que en algunos casos terminaron con algunas de estas alianzas, llegando incluso a postular candidatos distintos en algunas entidades (Delta Amacuro, Guárico, Lara, Portuguesa).

La alianza estructurada entre el MAS/ MVR, que contó con el apoyo de otras pequeñas agrupaciones políticas y grupos de electores, ganó la gobernación en 12 de las 23 entidades federales. Siendo dos los gobernadores electos salidos de las filas del MAS (Aragua y Sucre). El MAS fuera de este acuerdo obtuvo una sola gobernación (Delta Amacuro) y el MVR dos (Lara y Portuguesa). Por otro lado, los candidatos a gobernador postulados por esta alianza insistieron en su identificación política con el candidato presidente Chávez y una gran mayoría de ellos pertenecieron a las filas militares, compañeros de armas del presidente y con poca o ninguna experiencia política.

Para 1998, fueron 7 la totalidad de los gobernadores electos apoyados principalmente por AD + alianzas, 6 fueron elegidos en una coalición que tenía como partido fuerte a Copei, 3 por el MVR, igual número por el MAS, y 1 perteneciente a Convergencia, a Proyecto Venezuela (PRVZLA)-Proyecto Carabobo (PROCA), y a MERI, representando los dos últimos a organizaciones políticas de carácter regional. En los últimos comicios el mapa político de las regiones cambió, la mayoría de los gobernadores electos salieron de las filas del acuerdo del MVR con otras organizaciones, desplazando a AD, tal como podemos observar en el cuadro 1.

En esta oportunidad, al igual que en las elecciones pasadas, ningún partido político o grupo de electores postuló candidatos contando solamente con su agrupación política, expresando tal vez de esta forma la heterogeneidad política de las regiones. A su vez, la estructuración de alianzas entre partidos nacionales y grupos de electores regionales alrededor de fuerzas políticas de carácter nacional impidió la construcción, en unos casos, o consolidación de fuerzas regionales, en otros casos, capaces de aglutinar la mayoría de los votos. Quizás la excepción sea el caso de Proyecto Carabobo que desde que se constituyó como fuerza regional sus candidatos no han perdido elecciones. Sin embargo, esta agrupación se amplió en 1998, para constituirse en un partido de carácter nacional (Proyecto Venezuela) que llevó un candidato a la presidencia de la República y algunos candidatos regionales en alianza con otros grupos electorales sin éxito alguno (véase cuadro 2).

Fortalecimiento de liderazgos regionales y reelección

Esta tendencia que viene manifestándose en Venezuela desde que se instauró la descentralización político-administrativa en 1989, ha sufrido cierto revés, tal como lo confirma el seguimiento de los resultados de las elecciones de gobernadores.

En términos generales, se continuó reforzando la idea de que el modo correcto de votar era por los candidatos que proponían los partidos nacionales; en consecuencia, los resultados de las elecciones revelaron que los votantes ejercieron su derecho a votar mayoritariamente por listas. Otro elemento que de nuevo estuvo presente, esta vez no en los partidos de la oposición, sino en el partido de gobierno, fue el llamado a votar por los candidatos propuestos por el MVR más alianzas, con lo cual se estaba llamando a votar en contra de los liderazgos regionales en proceso de consolidación. Este llamado fue aceptado, al menos, en cuatro entidades (Mérida, Táchira, Falcón y Portuguesa).

En lo referente a la consolidación de liderazgos regionales, de los 23 candidatos electos a gobernadores en 1998, quince entidades federales se caracterizaron por reelegir a sus gobernadores y/o por la continuidad en el poder de la misma organización política. En las elecciones de 2000, sólo seis entidades reeligieron a sus gobernadores, manteniéndose así la continuidad en el poder de una misma agrupación política. De estas seis resaltan el caso de dos (Apure y Monagas), en donde todavía persiste el liderazgo de Acción Democrática, interrumpido en Apure en 1998 y recuperado en 2000.

Podría hablarse con cautela sobre la posibilidad de la consolidación de una agrupación política en algunas entidades federales. Pero, al mismo tiempo, tal como afirma González (2001), los resultados de las elecciones regionales mostraron una gran variedad de opciones: desde entidades federales consistentes y alineadas con una línea política, hasta estados en donde es imposible identificar una fuerza dominante. En sus palabras «Pareciera además que la descentralización abrió el camino para múltiples alineaciones, en el sentido de que es posible que cada región seleccione su opción política de modo completamente independiente de lo que ocurre en las regiones circunvecinas» (p. 183). El caso típico se dio en las elecciones de 2000 en el estado Zulia, donde se conformó un grupo nuevo de electores identificados bajo el nombre de Un Nuevo Tiempo (UNT), que en alianza con 8 grupos electorales regionales ganaron la gobernación y una gran mayoría de las alcaldías. Los candidatos apoyados por la alianza encabezada por UNT ganaron 6 alcaldías, y 9 más en donde este grupo elector participó en alianzas con otras agrupaciones políticas apoyando otros candidatos. Esta práctica influyó en un aumento de la volatilidad del voto y la atomización del poder.

Disgregación y fragmentación del poder

Ya mencionamos el predominio del número de gobernadores electos por la alianza estructurada por el MVR, 12 gobernadores de un total de 23, lo que representa el dominio de la mitad del mapa político-regional. La concentración del poder por AD/Copei, en este nivel, viene mermando desde 1995 cuando juntos obtuvieron 15 gobernaciones, en 1998 el número bajó a 10 y para estas últimas elecciones sólo conservaron 3 gobernaciones.

La forma de votar del electorado siguió siendo fragmentada y atomizada, sin que ello tenga incidencias en la dispersión ideológica existente. Es decir, que difícilmente se podría delimitar o distinguir, a través de los elementos ideológicos presentes, si las opciones políticas que se le presentaron al electorado son de derecha o de izquierda. Sólo podrían ser distinguidas por sus discursos; uno de ellos estaba en franca oposición al poder legítimamente constituido. Ello, en definitiva, fortalece la tendencia hacia la disgregación y fragmentación del poder, que momentáneamente podría ser considerada como un patrón de conducta político-electoral.

Sin embargo y pese a lo anterior, si analizamos el número de organizaciones políticas y grupos de electores que llevaron candidatos sólo para ocupar el cargo de gobernador, tenemos que éstas llegaron a 135 organizaciones, aproximadamente, en 1995, presentes en una o más regiones y 6 de ellas de carácter nacional. Para 1998, el número de organizaciones subió para ubicarse en aproximadamente 158; esta cifra baja en un poco más de la mitad en 2000, hasta ubicarse en aproximadamente 86 organizaciones y grupos electorales. Estas organizaciones políticas obtuvieron en 1992 el 10,4 por ciento de los votos y en 1995 subieron dos puntos porcentuales. En 1998 la cifra se ubicó en 58 por ciento para bajar en estos últimos comicios a 23 por ciento. Es interesante anotar que en algunas entidades (alrededor de 7) la cifra que corresponde a otras organizaciones, supera a las de AD/Copei e, incluso, a las del MVR, tal como puede observarse en el cuadro 3.

La disminución del número de organizaciones políticas y grupos de electores, básicamente en el nivel regional, que se evidencia a partir de los últimos comicios, podría estar significando, por un lado, el inicio de la pérdida del interés por participar en los procesos de toma de decisiones en este nivel, y por el otro lado, un proceso dirigido a cerrar espacios a la participación local y regional, con lo cual no se estaría apoyando el proceso de descentralización. Este movimiento hacia el estrechamiento de los espacios de participación política y la tendencia hacia su ocupación por una sola fuerza de carácter nacional, podría interpretarse como el declive de algunos valores democráticos, como la tolerancia y el consenso entre los diferentes sectores (Carrasquero y Welsch, 2001), pero también estaría revelando la fuerza de un líder-caudillo que concentra la afección del electorado, modelando su forma de votar9.

Otro es el mapa político que se dibuja a partir de los resultados de la elección para alcaldes. En este ámbito, la representación política de los dos grandes partidos tradicionales AD/Copei, aunque bajó respecto a las elecciones de 1995 (cuando juntos obtuvieron 87 por ciento de los cargos) siguió siendo alta. De los 335 alcaldes electos en todo el país, 90 pertenecen a las filas de AD y 50 a las de Copei, juntos aglutinan 51 por ciento de la representación local a este nivel, mientras que el MVR, MAS y PPT juntos llegan al 35 por ciento. Es significativo mencionar que el porcentaje obtenido por el MVR más alianzas es alto, considerando que fue la primera vez que esta agrupación incursiona electoralmente en este nivel (véase cuadro 4).

 

Definitivamente, se podría afirmar que ya no se presenta bipartidismo alguno entre AD/Copei en el nivel regional, pero ello no es así en los niveles locales, donde estos dos partidos aún mantienen una concentración significativa de votos. Para estas elecciones, AD/Copei concentraron el 42 por ciento de los cargos en las alcaldías; sin embargo, la mayoría de los votos se orientaron hacia AD y MVR. Sorpresa fue el Movimiento Primero Justicia (MPJ) que incursiona por primera vez en la contienda electoral, obteniendo tres alcaldías importantes, dos de ellas en el área metropolitana de Caracas y una en el estado Miranda, además de cinco puestos en la Asamblea Nacional.

El voto continúa presentando una orientación bipartidista, pero con características diferentes a su expresión anterior; cambió una de las organizaciones (Copei por el MVR) y ambas están en franca oposición, la cual no se encuentra subordinada a principios ni a pactos políticos compartidos sobre manejo del poder. Por su parte, AD se ha convertido en un partido cuya fuerza política de movilización se ha visto severamente disminuida y que tendrá que disputar espacios con un partido emergente que por ahora cuenta con el apoyo del Ejecutivo y de doce gobernadores.

Los resultados de las elecciones parlamentarias son los que informan sobre las preferencias partidistas del elector y expresan la fuerza que tiene cada partido o agrupación política en el nivel nacional. Los datos de las elecciones de 2000 muestran una dispersión del voto entre 9 o más organizaciones políticas. En 1998, la dispersión del voto giró alrededor de 8 organizaciones. Los cambios habidos entre 1998 y 2000 indican que del total de los cargos a diputados para la Asamblea Nacional en 1998 (antiguo Congreso Nacional), 44 por ciento estuvo en manos de los partidos AD-Copei; en 2000 el panorama cambia y la concentración del voto adeco-copeyano bajó a la mitad, hasta llegar a 24 por ciento. Así mismo, los parlamentarios elegidos pertenecientes a las filas del MVR más alianzas, pasaron de concentrar 20 por ciento de los cargos en 98 a 56 por ciento en 2000 (véase cuadro 5).

 

Debutan dos fuerzas políticas, el MPJ con 5 diputados y los representantes de los indígenas que por mandato constitucional tienen un total de tres diputados elegidos. AD es la primera minoría de la Asamblea Nacional, como puede observarse en el cuadro 5.

En cuanto al número de diputados a los consejos legislativos10, el MVR fue la fuerza política que obtuvo más cargos, 100 de un total de 219. Por su parte, AD/Copei concentraron el 26 por ciento de los cargos, seguido de otras fuerzas independientes, como puede observarse en el cuadro 6.

Las elecciones municipales, celebradas el 3 de diciembre, cerraron la fase de renovación y relegitimación de los poderes públicos del país, como ya fue mencionado. En estos comicios se presentó una abstención cercana a 80 por ciento. En esta oportunidad había que elegir a los miembros de las juntas parroquiales (979 cargos) y a los del Concejo Municipal (335 cargos). La función legislativa del municipio corresponde al Concejo integrado por los concejales elegidos y, según reza en la Constitución, artículo 168, los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional; la actuación del municipio tiene que ver directamente con la incorporación de la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública, así como también el control y evaluación de sus resultados. Las juntas parroquiales son las instancias que ejercen las atribuciones que le han sido delegadas a las parroquias, que tienen que ver con la participación ciudadana y mejor prestación de los servicios públicos.

La alta abstención presentada en el ámbito municipal pudiera estar evidenciando una ausencia de liderazgos propios de base o locales. La importancia de estas elecciones radicó en que de ellas saldrían los funcionarios que regularían las alcaldías y demás entes de gobierno más cercanos a los ciudadanos. Por otro lado, también se podría argumentar que hubo otros factores que influyeron en la poca asistencia; basta con mencionar como alguno de ellos al cansancio electoral después de la celebración desde 1998 de seis procesos comiciales; falta de información acerca de la importancia de estas elecciones; contrariedad por la inclusión del referendo sindical y la escasa importancia que el elector le da a este nivel; falta de motivación y frustración de los candidatos y demás grupos electorales, cuyas postulaciones se habían realizado a principios del año en función de que el proceso electoral sería a finales de mayo, entre otros.

Las fuerzas políticas que concentraron la mitad de los votos para concejales fueron MVR y AD, entre los dos obtuvieron 52 por ciento de los cargos. La otra mitad se encuentra disgregada y atomizada entre cinco fuerzas de carácter nacional (19 por ciento) y otros partidos y grupos de electores de carácter regional y local (15 por ciento)11.

En lo referente a la configuración de los miembros electos de las juntas parroquiales, los votos presentan un comportamiento similar al de las elecciones de los representantes a los concejos municipales. El partido de gobierno y AD juntos concentraron el 59 por ciento de los cargos, las otras fuerzas de carácter nacional 16 por ciento y otras organizaciones y grupos de electores 12 por ciento12.

Las preferencias de los electores configuraron en este nivel, un bipartidismo entre MVR y AD. Es difícil predecir el comportamiento de estas variables en los próximos comicios a celebrarse en 2004. Es de esperarse que AD vea disminuir su participación y las fuerzas minoritarias y emergentes logren estructurar una figuración significativa. Pero también es posible que AD vea en este nivel su oportunidad política para reivindicarse.

 

LAS NUEVAS TENDENCIAS

Disminución del número de candidatos presidenciales y del número

de organizaciones que los apoyan

Desde las elecciones de 1988 se ha venido sucediendo en Venezuela una progresiva disminución del número de candidatos postulados a la Presidencia de la República, así como de los partidos políticos y grupos electorales que los apoyan. En 1988 hubo un total de 23 candidatos presidenciales, en 1998, 11 y en 2000, 3. Esta tendencia hacia la disminución de número de candidatos presidenciales expresa, por una parte, un detenimiento apreciable de la tendencia hacia la disgregación del poder y la atomización entre numerosas agrupaciones políticas, por lo menos a este nivel, y pudiera llegar a estructurarse una identificación con las fuerzas mayoritarias que apoyaron a los candidatos con mejor opción de triunfo. Por otra parte, ante el descontento y la falta de credibilidad de los partidos tradicionales, la sociedad se organizó de manera polarizada, aglutinándose en uno de los polos ese descontento, mientras que el otro polo concentró aquella parte de la población que le hacía oposición a los actores políticos que actualmente se encontraban ejerciendo el poder.

La disminución abrupta del número de candidatos presidenciales y de las organizaciones que los apoyaron, pudo haber sido consecuencia de muchos factores sistémicos presentes para ese momento, entre los que se encontraban la debilidad de la representatividad y legitimidad de los partidos políticos en general, el convencimiento del triunfo del candidato presidente, quien además de contar con altos niveles de popularidad había salido victorioso en los tres referendos consultivos celebrados en 1999; por último, no debería desecharse como otro de los elementos presentes que coadyuvaron a esta disminución de candidatos presidenciales, el que se estuviese dando un proceso de cambio en la cultura político-electoral del venezolano.

El presidente Chávez en poco tiempo supo tomar para sí el descontento de la población y a través de siete consultas celebradas en tres años (cuatro procesos electorales y tres referendos), logró consolidar su fuerza en el país. En el nivel nacional, el MVR más alianzas concentraron, aproximadamente, el 58 por ciento de los cargos; mientras que en el plano regional concentraron el 38 por ciento; el resto del espacio político se encuentra ocupado, al menos, por seis organizaciones políticas de carácter nacional y un numeroso universo de pequeños grupos y grupos de electores regionales. La distribución del poder entre el MVR más alianzas y el resto de las organizaciones políticas en ambos niveles queda visualizado en los gráficos 4 y 5 (se excluyó los cargos al Parlamento Latinoamericano en donde el MVR obtuvo 8 cargos de un total de 12 y al Parlamento Andino en donde obtuvo 4 de un total de 5; igualmente se excluyó los cargos al Cabildo Metropolitano en donde el MVR obtuvo 7 de un total de 13).

 

La incorporación de militares en la gestión del poder

La presencia beligerante militar en la política venezolana, producto de los cambios que al respecto fueron incluidos en la Constitución Bolivariana, se hizo inminente de diversas formas. Por un lado, la competencia por la Presidencia de la República tuvo, como los dos candidatos con mayor opción de triunfo, a dos militares retirados que hace ocho años intentaron juntos derrocar al gobierno elegido democráticamente de Carlos Andrés Pérez, y ambos militares captaron el 97 por ciento de los votos. Por el otro lado, hubo una gran cantidad de candidatos regionales y locales que venían de las diferentes ramas de la Fuerza Armada. Para gobernadores fueron electos, al menos, cinco militares retirados.

Este nuevo elemento que se hizo presente en la política venezolana podría estar acentuando el desequilibrio entre los sectores civil y militar. Pareciera que en la nueva Carta Magna la Fuerza Armada Nacional sólo está comprometida a defender la soberanía nacional y la integridad territorial, mas no el sistema político de la democracia. El ejercicio civil y público por los efectivos militares retirados, tomando muy en cuenta su formación castrense y disciplina fundamentada en las relaciones jerárquicas de mando y obediencia, podría dejar fuera del proceso de toma de decisiones la negociación y la participación, contradiciendo de esta forma lo pautado en la Constitución Bolivariana13.

Resurgimiento de la desconfianza en la institucionalidad electoral

Esta variable presentó cambios desde los procesos comiciales y de referendos celebrados con éxito entre 1998 y 1999, cuando esta institución había logrado tener a la cabeza autoridades fuertemente despartidizadas, recuperando de esta forma la credibilidad perdida del organismo encargado de administrar los procesos electorales. Sin embargo, todo este esfuerzo por depurar y devolverle la legitimidad y credibilidad a esta institución se perdió con la puesta en marcha de la organización de las megaelecciones en 2000, que estuvieron bajo la responsabilidad de unas autoridades recién designadas por el «Congresillo», a finales de 1999 y que presentaban lazos claramente visibles con el partido oficialista. Es así como del 64 por ciento de los venezolanos que creían que las elecciones son limpias en 1998, la credibilidad subió a 91 por ciento en 1999, para bajar en marzo de 2000 a 15 por ciento (Carrasquero y Welsch, 2001). En los últimos comicios realizados hubo todo tipo de irregularidades, desde tarjetas electorales premarcadas que favorecían claramente al MVR14, como inconsistencias numéricas que iban desde la verificación de más electores que votos, y viceversa15, amén de las contradicciones en cuanto a las cifras y los resultados entre la empresa encargada de la automatización Indra y el CNE.

Cambios en los temas de la campaña

En todo proceso electoral se elabora un mensaje que parte de un análisis de los principales problemas que afectan a la población, expresando al mismo tiempo una evaluación de la gestión del gobierno saliente, cuestionando o defendiendo su actuación general. Desde los comicios celebrados en los años ochenta, las organizaciones políticas que llevan candidatos, tanto a los niveles nacionales como regionales y locales, trazan lineamientos gruesos y generales sobre lo que se consideran los principales problemas del país y sus posibles soluciones, pero debía acotarse que ello, difícilmente, podría asemejarse a la idea de un proyecto global de país.

Es significativo anotar que durante la campaña para la relegitimación de los poderes públicos hubo un fuerte enfrentamiento del candidato presidente con dos actores importantes de la sociedad civil: la Iglesia católica y los medios de comunicación. Ello, más con el primero que con el segundo, fue una novedad. Nunca antes en la vida democrática del país iniciada en 1958, la Iglesia se había visto envuelta en controversias y contrapunteos políticos tan seguidos con el gobierno de turno. La Iglesia católica fue uno de los cuatro actores que facilitaron el éxito del funcionamiento del Pacto de Punto Fijo y en 1998 cuando la correlación de fuerzas en el poder cambia, se ve excluida y a veces atacada por estas mismas fuerzas. Ello se manifestó con crudeza en el marco de la Constituyente con la discusión del contenido de algunos de los artículos (especialmente los referidos a la definición y respeto a la vida y a la educación); a ello se le agregó la decisión presidencial de julio de ese mismo año de recortar fuertemente el presupuesto asignado por el Estado a este sector. Ante el aumento de las muertes violentas, las protestas y manifestaciones, la Iglesia hizo un llamado al diálogo entre los principales actores para recuperar los valores relacionados con el respeto hacia las instituciones y personas; además exhortó al Presidente de la República a convocar a la participación de todos los sectores del país. Por otro lado, esta institución ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por el deterioro institucional, jurídico, ético, social y económico del país. Con ello reivindica su derecho e intención a participar de forma beligerante en los asuntos políticos y en aquellos dirigidos hacia la salvaguarda de las instituciones democráticas.

De forma diferente, la relación de Chávez con los medios de comunicación, desde que fue elegido Presidente de la República en 1998, ha sido conflictiva. Éste se ha convertido en el tema central de los medios de comunicación. De esta misma forma, Chávez a través de sus interminables y frecuentes cadenas radiales y televisivas se defiende y ataca a los medios de comunicación, a los que acusa de ser manipuladores y manipulados, de tergiversar la realidad, llamándolos frecuentemente oligarcas y conspiradores.

 

COMENTARIOS FINALES

En relación con las tendencias electorales y su transformación en patrones de comportamiento político-electoral a presentarse de manera similar en los próximos sufragios, tenemos que:

Las cifras de abstención de estos últimos comicios corroboran la tendencia hacia un comportamiento que se podría calificar de estable, es decir, que nuestro patrón de asistencia electoral se ha estabilizado, aun cuando los porcentajes de abstención sigan siendo altos. En esta conclusión se excluye los resultados de la abstención en las elecciones de diciembre que presentaron la asistencia más baja de la historia electoral venezolana16.

La estructuración de alianzas pragmático-tácticas. Este patrón de comportamiento político-electoral puso en evidencia, una vez más, que los diferentes partidos y agrupaciones políticas carecen de programas ideológicos que expresen líneas matrices sobre un proyecto político y económico de carácter nacional; asimismo se manifestó con toda crudeza una falta de liderazgo en los niveles regional y local, en donde el llamado del líder, en este caso de Chávez, a votar por sus candidatos, se confundió con el llamado de un caudillo cuya función principal fue la de aglutinar a su alrededor las fuerzas de su partido en torno a candidatos sin arraigo político-cultural en las regiones, con lo cual negaba cualquier trayectoria política de agrupaciones y grupos electorales que habían venido ejerciendo el poder en estos niveles con cierto éxito, en términos de gobernabilidad y de ejecución efectiva de sus funciones.

Fortalecimiento de liderazgos regionales. Si bien es plausible afirmar que un indicativo del fortalecimiento de los liderazgos regionales es la reelección y la continuidad en el poder de una misma organización política, en las últimas elecciones regionales resultaron reelectos 6 gobernadores y 3 organizaciones políticas conservaron el poder con diferentes gobernadores. Ello significa que aproximadamente 39 por ciento de las entidades federales tuvieron un movimiento dirigido hacia el fortalecimiento de los liderazgos regionales. En 1998, un mismo partido o agrupación política conservó su triunfo en 14 entidades federales. En 2000, esta cifra disminuyó a 6 entidades17. Sin embargo, estos liderazgos regionales pudieran aparecer como precarios y frágiles si el Estado desarrolla políticas abiertamente fortalecedoras del centralismo.

Disgregación y fragmentación del poder. El voto siguió orientándose en las elecciones regionales y en las de los miembros para la Asamblea Nacional hacia el multipartidismo. Aunque el número de partidos y grupos políticos en todos los niveles de poder disminuyó, la forma de votar del electorado siguió siendo atomizada y fragmentada, fortaleciendo la disgregación partidista electoral, sin que ello incidiera en una ampliación de la dispersión ideológica existente. Sin embargo, los resultados de los comicios nacionales de 2000 presentaron ligeras diferencias. La competencia electoral fue la más baja habida en los diez procesos electorales celebrados en Venezuela desde 1958. Sólo hubo tres candidatos a la Presidencia de la República y 16 organizaciones políticas que los apoyaron, en tanto que en 1998 hubo un total de 11 candidatos y 31 organizaciones políticas. A esta conducta electoral habría que hacerle seguimiento y analizar su comportamiento, al menos para las próximas elecciones regionales y locales.

Las nuevas tendencias político-electorales identificadas a partir de las elecciones celebradas en 1998 fueron:

Incorporación de militares en los diferentes ámbitos del poder. Los militares siempre mostraron tener aspiración política en Venezuela, por lo tanto, ello no es lo novedoso. Lo novedoso es, por un lado, el que por segunda vez fue elegido Presidente de la República un candidato salido de las filas de la Fuerza Armada que tuvo como uno de los contrincantes con más opción de triunfo a otro militar, y por el otro lado, el que un elevado número de los candidatos a los niveles regionales y locales pertenecieran a las diferentes ramas de la Fuerza Armada Nacional, así como también que resultaran electos un gran número de ellos. Esto pudiese estar despertando en el electorado expectativas sobre opciones políticas lideradas por militares y la posibilidad de que éstas sean evaluadas como más eficientes y menos corruptas que la de los civiles.

Resurgimiento de la desconfianza en la institucionalidad electoral. La desconfianza en la institución responsable de administrar los procesos electorales siempre ha estado presente y el fraude electoral en sus diferentes manifestaciones no ha sido exclusivo de ninguna fuerza política; por el contrario, éste ha sido practicado por la mayoría de los partidos políticos. Sin embargo, y pese a la consideración anterior, esta institución recuperó su confianza en el electorado durante los comicios de 1998 y los referendos de 1999, revirtiéndose ésta en 2000, debido, principalmente al aplazamiento de las elecciones pautadas para finales de mayo y a los hechos que lo rodearon, a la ausencia de imparcialidad que presentaron las autoridades del CNE y a las numerosas denuncias de fraude efectuadas una vez finalizada la jornada.

Incorporación de nuevos temas en el debate electoral. El tema central y general de estos dos procesos electorales, así como de los referendos, fue el de la puesta al día del debate sobre la democracia, que incluye la discusión sobre su calidad como sistema político y gobernabilidad. Molina (2001) señala al respecto que dos fueron los temas principales de estas campañas; el primero fue el cambio. Los dos candidatos con mayor opción de triunfo, tanto en las elecciones de 1998 y 2000 (Chávez y Salas/Chávez y Arias) se autodenominaron como candidatos que encarnaban el cambio. Sin embargo, lo que se entendía por cambio y los mecanismos para lograrlo, diferían entre ambos. Para Chávez el cambio era calificado como revolucionario, mientras que Salas lo calificaba de radical y, Arias, quien fue identificado con los partidos tradicionales no logró estructurar un claro concepto de cambio y su estrategia consistió en hacer manifiesto el entorno corrupto que rodeaba a Chávez (Njaim, 2000). El segundo tema fue el de la democracia y sus diferentes interpretaciones. Aun cuando el contenido de los diversos elementos que conformaron estos debates fueron expuestos muy superficialmente, dirigidos más hacia los personajes que sostenían las diversas posiciones, sería plausible argumentar que la campaña, en general, incluyó más elementos de tipo ideológico que elementos dirigidos a exponer problemas y sus posibles soluciones.

No se podrían terminar estos comentarios sin antes recordar que en el análisis que hiciéramos Sonntag y Maingon (1990), sobre las elecciones nacionales de 1988, y regionales y locales de 1989, nos preguntábamos si el rito democrático estaba en vías de agotarse y entonces estaría Venezuela entrando en el camino inverso a las «democracias de la crisis», es decir, en el de la involución del sistema democrático, entrando en un proceso de disolución de la imbricación entre el orden político y el económico-social.

Definitivamente, se han abierto las distancias entre las diferentes institucionalidades que engloban, tanto a la sociedad como al Estado. La concentración del poder en el Ejecutivo presenta un nuevo desafío valorativo en torno a la democracia, ya no la representativa, la generada desde el Pacto de Punto Fijo, sino la participativa y protagónica, la establecida en la Constitución Bolivariana. Será necesario que los principales actores de la sociedad y del Estado se comprometan llevar adelante, no solamente las dimensiones que se refieren a los procedimientos democráticos, sino también aquellas que establezcan acciones dirigidas hacia el cumplimiento de los compromisos, hacia la construcción de estrategias negociadas y aceptadas por la mayoría de los actores políticos, sociales y económicos y entender a la esfera pública como una extensión de la política institucional fuera de los bordes del gobierno (Krischke, 2000).

Esta necesidad no es propia de Venezuela. Son preocupantes los últimos resultados que da la firma encuestadora Latinobarómetro. En el sondeo realizado entre abril y mayo de 2001, en 17 países de América Latina, donde sus ciudadanos viven bajos sistemas democráticos, sólo 48 por ciento respalda la democracia y 25 por ciento manifestó satisfacción con el funcionamiento del sistema. En 1996, el 62 por ciento de los entrevistados indicó que prefería a la democracia ante otro sistema de gobierno y 41 por ciento se sentía satisfecho con ella. Lo que estas cifras estarían indicando es la debilidad de la democracia como sistema de ordenamiento de las relaciones entre la sociedad y el Estado.

El panorama que se presenta en Venezuela está lleno de riesgos. Hasta el momento ha habido incapacidad para responder a las expectativas populares, expectativas en su mayoría generadas desde el mismo gobierno. El Movimiento V República no ha logrado fortalecerse ni institucionalizarse como una organización política de carácter nacional, sino que más bien se presenta como un movimiento heterogéneo en su seno y contradictorio en cuanto a su discurso y posiciones sobre las principales políticas nacionales. Por otro lado, los partidos políticos tradicionales no han podido resurgir y adaptarse a los cambios político-culturales. En términos generales, pareciera que el camino que han tomado las diferentes organizaciones y grupos políticos emergentes es el de la personalización de la política con la grave consecuencia de que las masas se estarían reconociendo en el personaje, líder o caudillo y no en la institucionalidad del Estado. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.Arenas, Nelly y Gómez, Luis (2001) «¿Modernización autoritaria o actualización del populismo? La transición política en Venezuela», Cuestiones Políticas, 26:85-126, Maracaibo.        [ Links ]

2.Carrasquero, José Vicente y Welsch, Federico (2001) «Revolución en democracia o retorno al caudillismo», en Carrasquero, J.; Maingon,T. y Welsch, F., eds. (2001) Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, pp. 69-87, CDB Publicaciones, Caracas.        [ Links ]

3.CSE/CNE Dirección de Estadísticas Electorales (varios años).        [ Links ]

4.CNE (2001) Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, diciembre.        [ Links ]

5.Coppedge, Michael (2001) «An Overview of Political Developments: Venezuela», en Arnson, Cyntia, ed., The Crisis of Democratic Governance in the Andes, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas, N° 2:33-53.        [ Links ]

6.González, Rosa Amelia (2001) «Reforma del Estado y descentralización en Venezuela: percepciones y comportamiento del votante», en Carrasquero, J.; Maingon,T. y Welsch, F., eds. Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, pp. 164-187, CDB Publicaciones, Caracas.        [ Links ]

7.Kornblith, Miriam (2001) «Confiabilidad y transparencia de las elecciones en Venezuela: examen de los comicios del 30 de julio de 2000», en Carrasquero, J.; Maingon,T. y Welsch, F., eds. Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, pp. 133-163, CDB Publicaciones, Caracas.        [ Links ]

8.Krischke, Paulo (2000) «Problems in the Study of Democratization in Latin America. Regime Analysis vs. Cultural Studies», in International Sociology, vol. 15, 1:107-125.        [ Links ]

9.Maingon, Thais y Patruyo, Thanalí (1996) «Las elecciones locales y regionales de 1995: tendencias políticas», Cuestiones Políticas, 16:91-36.        [ Links ]

10.Maingon, Thais y Sonntag, Heinz (1998) «Sorpresas trae la transición: las elecciones regionales, del Congreso Nacional y presidencial en Venezuela 1998», Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, 2:32-41.        [ Links ]

11.Maingon, Thais y Sonntag, Heinz (2001) «Cambio político y resultado de las elecciones de 1998», en Carrasquero, J.; Maingon,T. y Welsch, F., eds. Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, pp. 101-122, CDB Publicaciones, Caracas.        [ Links ]

12.Molina, José Enrique (2001) «Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad», en Carrasquero, J.; Maingon, T. y Welsch, F., eds. Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000, pp. 188-213, CDB Publicaciones, Caracas.        [ Links ]

13.Njaim, Humberto (2000) «Para recordar la primera campaña electoral del 2000», en SIC, 628:352-353.        [ Links ]

14.República Bolivariana de Venezuela (1999) «Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre.        [ Links ]

15.Sonntag, Heinz y Maingon, Thais (1990) «Las elecciones en Venezuela en 1988 y 1989: del ejercicio del rito democrático a la protesta silenciosa», Revista Mexicana de Sociología, 4/90:127-154.         [ Links ]

NOTAS

* La recolección y organización de la información estuvo bajo la responsabilidad de Evelia Nasser. Este trabajo contó con el financiamiento del Conicit, en el marco del Proyecto N° G-97000635.

1 Sonntag y Maingon (1990; 1998; 2001) y Maingon y Patruyo (1996).

2 Durante 1999 se celebraron las siguientes consultas: el 25 de abril, el referendo consultivo sobre la puesta en marcha del proceso constituyente; el 25 de julio se escogieron los representantes a la ANC; y el 15 de diciembre se convocó al referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna, quedando sentadas las bases para el llamado a la relegitimación de todos los poderes públicos sujetos a elección popular, directa y secreta. El 30 de julio de 2000 se celebraron las elecciones para Presidente de la República, gobernadores de las 23 entidades federales, diputados a la Asamblea Nacional (antiguo Congreso Nacional), diputados a los consejos legislativos estadales (antiguas asambleas legislativas), Alcalde Mayor, concejales al Cabildo Metropolitano, alcaldes y los diputados al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Andino. El 3 de diciembre de ese mismo año se celebraron las elecciones municipales para elegir a los miembros de las juntas parroquiales y diputados a los concejos municipales. Se incluyó el tercer referéndum consultivo sobre la renovación de las autoridades sindicales. Con estos comicios se culminó con el régimen de la transitoriedad, el cual había estado vigente desde abril de 1999.

3 En esta oportunidad se le consultó al electorado si estaba o no de acuerdo en renovar la dirigencia sindical en los próximos ciento ochenta días. Estas elecciones fueron postergadas por diferentes razones que van desde la interpretación sobre si los ciento ochenta días debían ser considerados hábiles o no, y a otros factores relacionados, por un lado, con las limitaciones logísticas y desorden administrativo del sector sindical, y con el intervencionismo estatal, por el otro lado. Finalmente, se celebraron el 25 de octubre, resultando vencedor el candidato del Frente Unitario de Trabajadores de Venezuela (FUTV), Carlos Ortega, quien aglutinó a su alrededor a la mayoría de los sindicatos adecos y copeyanos.

4 Tal como quedó especificado en el artículo 186 de la Constitución de 1999, los pueblos indígenas elegirán tres diputados(as) de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.

5 Según reza en el preámbulo de la Constitución venezolana de 1999, la democracia protagónica complementa a la democracia participativa y está definida como aquella que se apoya en la participación directa de los ciudadanos en la formulación, ejecución y control de la gestión pública en los diferentes ámbitos de poder.

6 Hubo cualquier tipo de alianzas hasta las más insólitas; ello se puede observar con más crudeza en los niveles locales. Algunos ejemplos de alianzas fueron MVR-MAS-Convergencia; AD-PRVZLA; MPJ-LCR-Copei; AD-Convergencia: PPT-MAS-LCR, entre otras.

7 Se está haciendo referencia a Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Francisco Arias Cárdenas.

8 Para una ampliación sobre este tópico, véase el interesante trabajo de Arenas y Gómez (2001).

9 También podría explicarse esta disminución del número de organizaciones políticas y de grupos electorales, sobre todo en los niveles local y regional, debido a una evaluación objetiva sobre su incapacidad para obtener votos, ya que la mayoría de estas organizaciones carecen de arraigo político y cultural en las regiones, generalmente son creadas con fines exclusivamente electorales y una vez pasadas las elecciones desaparecen como tales.

10 El Poder Legislativo estadal se ejerce a través del Consejo Legislativo y tiene como atribuciones, además de legislar en materia de competencia estadal, sancionar la Ley de Presupuesto del estado.

11 Los resultados por organización política fueron: MVR 32 por ciento; AD 20 por ciento; Copei 85 por ciento; MAS 5 por ciento; PPT 3 por ciento; PRVZLA 2 por ciento; LCR 1 por ciento y 14 por ciento de empates aún no resueltos.

12 Los resultados por organización política fueron: MVR 39 por ciento; AD 20 por ciento; Copei 7 por ciento; MAS 5 por ciento; PPT 2 por ciento; PRVZLA 2 por ciento y 13 por ciento en empates aún no resueltos.

13 Son varios los artículos de la Constitución de 1999 en donde se consagra la participación. Véase, además del preámbulo, el artículo 70, en donde se exponen los diferentes medios de participación y protagonismo del soberano.

14 Véase el interesante trabajo de Kornblith (2001), en donde se demuestra esta irregularidad.

15 Fueron identificadas más de 2.000 irregularidades electorales. El Universal, 2-8-00, p. 1-2.

16 Sin embargo, si se calcula la abstención sobre el número total de electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (según el CNE es de 11.720.971 de electores inscritos) esta cifra llega a 78 por ciento, es decir, ocho de cada 10 electores no acudió a votar.

17 Para más detalles al respecto, véase Rosa Amelia González (2001).