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Revista de Pedagogía

versión impresa ISSN 0798-9792

Rev. Ped v.24 n.71 Caracas set. 2003

 

Naturaleza política de la evaluación curricular.

Los fundamentos políticos del enfoque democrático

de Barry MacDonald

On the political nature of curriculum evaluation:

Characterizing the democratic approach of Barry MacDonald

 

Rubén Rodríguez De Mayo

Escuela de Educación

Universidad Central de Venezuela

rub_dario@hotmail.com

RESUMEN

El "enfoque democrático" de Barry MacDonald, al democratizar el uso del conocimiento, auspicia la participación informada y la responsabilidad de las distintas audiencias en la innovación curricular. La evaluación de programas deja así de ser un mecanismo de control educativo, para convertirse en una actividad de investigación que busca comprender el currículo con el propósito de facilitar su buen funcionamiento y correspondencia con las necesidades e intereses de los grupos afectados por el desarrollo curricular. Esta proyección social y educativa del "enfoque democrático" y su injerencia en el centro mismo de los conflictos e intereses en torno al currículo, es lo que posibilita que su estudio desvele, como ningún otro modelo evaluativo, la naturaleza política de la evaluación curricular. Naturaleza política que proviene, como se evidenciará en la presente investigación documental sobre la obra bibliográfica de Barry MacDonald, del uso y la distribución que el evaluador haga de la información y la forma de conducir la evaluación.

Palabras clave: Evaluación, evaluación curricular, desarrollo curricular, educación y democracia, educación y política.

ABSTRACT

This paper is a documentary study on the works of Barry Mac Donald whose approach, by democratizing knowledge utilization, promotes both informed participation and responsibility on the part of those involved in curriculum innovation. In this way, program evaluation is no more a controlling mechanism but a research activity pursuing to comprehend what curriculum is while at the same time seeking to fulfill the needs and interests of those affected by curriculum practices. Both the social and educational relevance of such an approach and how it addresses conflicts and interests within curriculum practices makes it an unique strategy to unveil the political nature of curriculum evaluation. Such nature arises from the utilization and distribution made of information and the way evaluation is conducted.

Key words: Evaluation, curriculum evaluation, curriculum development, education and democracy, education and politics.

1.   Introducción

        La importancia de estudiar la naturaleza política de la evaluación curricular reside en hacer más consciente a la práctica evaluativa del escenario político que condiciona la actividad de investigación, y de su proyección y función sociales en una sociedad democrática. La evaluación de programas públicos, en opinión de Stake (2000), obliga a los evaluadores a considerar su contribución a la vida social y política. A partir de esta contribución puede juzgarse y definirse una evaluación: lo que distingue un modelo evaluativo de otro no es sólo la metodología de investigación que se utilice, sino a quiénes se dirige la evaluación y los valores que ésta promueva (Green, 1994). Esta mayor conciencia de la evaluación como actividad de investigación de carácter político, es de vital importancia para definir los objetivos de la evaluación y las estrategias de investigación a utilizar.

        Se ha elegido el enfoque democrático de Barry MacDonald en el estudio de la naturaleza política de la evaluación curricular, por considerar que este modelo de evaluación es el que mejor expresa el condicionamiento político de la investigación evaluativa y los valores a que ésta debe propender en una sociedad democrática. Las propuestas evaluativas que surgieron a finales de los sesenta y principio de los setenta - Scriven (1967); Stake (1967); Parlett y Hamilton (1972), etc.-, apuntan a una mayor pluralización de la evaluación en métodos y audiencias. Autores como House (1973) y Weiss (1975) hicieron un temprano reconocimiento del carácter político de la evaluación, pero fue MacDonald el primer evaluador que dio prioridad absoluta a la naturaleza política de la evaluación (Simons, 1999), estableciendo en 1974 una clasificación política de los estudios de evaluación y definiendo las bases de su propuesta evaluativa con arreglo a principios democráticos. Tal trabajo se ha utilizado aquí en su traducción al castellano, MacDonald (1983).

        El enfoque democrático se agrupa en el reciente viraje normativo-valorativo de las ciencias sociales (Green, 1994). Los evaluadores pertenecientes a lo que Green llama: "critical, normative science", promueven formas abiertamente ideológicas de investigación, iluminando histórica, estructural y valorativamente los fenómenos sociales y catalizando los cambios sociales y políticos hacia una mayor justicia y equidad. Stufflebeam (2001) incluye al enfoque democrático dentro de lo que él denomina: "social agenda/advocacy approaches", y apunta que este tipo de enfoque está fuertemente orientado hacia principios democráticos de equidad y justicia, empleando procedimientos prácticos para incluir la mayor cantidad de audiencias en la evaluación.

        La elección del enfoque democrático de Barry MacDonald se hace indispensable, entonces, para estudiar la naturaleza política de la evaluación y responder a estos interrogantes, entre muchos: ¿a qué intereses debe servir la evaluación?; ¿quién debe controlar los hallazgos de la evaluación y a quién pertenecen los datos?; ¿cuál debe ser la relación entre el evaluador y los sujetos investigados?; ¿el evaluador tiene algún tipo de responsabilidad en la distribución del poder educativo, y si ello es así qué concepción de justicia social éste debe asumir? Las respuestas a estos interrogantes a través del estudio del enfoque democrático, constituyen una importante guía para establecer cómo el evaluador debe conducir la investigación y cuál debe ser su rol como investigador social en una sociedad democrática.

2. Metodología

        Antes de adentrarnos en la caracterización de los supuestos políticos del enfoque democrático, hemos considerado necesario analizar los condicionantes políticos que enmarcan la evaluación curricular1 (implicaciones mutuas entre evaluación, educación y política), refiriéndonos a la clasificación política que de los estudios de evaluación hace Barry MacDonald.

        Para la caracterización política del enfoque democrático, se ha hecho un estudio de lo que para nosotros son sus elementos políticos estructuradores: a) el derecho a la información, b) el equilibrio de intereses educativos y c) la independencia de la evaluación.

    1. El derecho a la información: como para MacDonald (1983) la información que suministra la evaluación es determinante en la distribución del poder educativo, se ha hecho una clasificación y análisis de los distintos tipos de información que pueden percibirse en su enfoque. Según el tipo de información puede apreciarse o bien su función interna para incentivar el diálogo y la mejora de la praxis curricular, o bien su función política de divulgación de los resultados de la innovación curricular y de asistencia a la toma de decisiones, aspectos estos estrechamente interrelacionados ya que el carácter formativo de la evaluación está vinculado a la promoción activa de los intereses político-educativos de las distintas audiencias.

    2. El equilibrio de intereses educativos: aquí se analiza la evaluación como mecanismo para regular los distintos intereses en conflicto. Se abordan temas como la distribución extensiva e igualitaria de la información y la representación de los distintos intereses implicados en la innovación curricular.

    3. La independencia de la evaluación: este aspecto se analiza a través de dos elementos condicionantes de la acción del evaluador: la ausencia de recomendaciones y la autonomía respecto a la jerarquía de poder (MacDonald y Stronach, 1989).

        Para definir y caracterizar el pensamiento político-democrático de MacDonald y la función que la evaluación debe desempeñar respecto a la distribución y el manejo de la información2, hemos hecho igualmente un análisis de la "concepción de justicia social" subyacente en el enfoque democrático.

        Respecto a la bibliografía de Barry MacDonald, se han seleccionado los trabajos más representativos del autor. No se ha discriminado su uso según la fecha en que éstos han surgido, por considerar que en todos ellos hay una unidad de pensamiento, distinguiéndose más que una evolución, un desarrollo y una profundización de las ideas del autor, presentes ya en su artículo "Evaluation and Control of Education" (1974).

        La bibliografía de Barry MacDonald puede clasificarse atendiendo a tres grandes aspectos, íntimamente interrelacionados entre sí: 1) dimensión política; 2) metodología de la evaluación; y 3) análisis del estado educativo en Inglaterra. A los fines de esta publicación, se ha hecho uso preferente de la bibliografía perteneciente al ámbito de lo político: los trabajos en donde se enfatiza y profundiza en la "dimensión política" de la evaluación, ellos son (sólo se hace mención al título de las fuentes y al año de su publicación): "Planning a Project Evaluation" (1973a); "Case-Study and the Social Philosophy of Educational Research" (1977); "An Educational Evaluation of the National Development Programme in Computer Assisted Learning" (1977c); "Looking up for a Change. Political Horizons in Policy Evaluation" (1978); "La Evaluación y el Control de la Educación" (1983); "Research and Action in the Context of Policing. An Analysis of the Problem and a Programme Proposal" (1987a); "The Limitations of Programme Evaluations" (1987); "The Independent Policy Evaluation" (1989); "La Evaluación como Profesión de Servicio Público" (1995); Discurso Honoris Causa (1999b).

        La bibliografía que versa sobre "metodología de la evaluación", hace hincapié en la estrategia de investigación y las técnicas a ser utilizadas en la evaluación. En estos trabajos se aprecia cómo MacDonald construye una propuesta metodológica evaluativa a través de su perspectiva político-democrática. Entre los trabajos que pueden ser agrupados en esta categoría tenemos: "Briefing Decision-Makers" (1973b); "Rethinking Evaluation: Notes from the Cambridge Conference" (1973); "Future Indicative? An Overview of Evaluation in Education" (1977b); "The Portrayal of Persons as Evaluation Data" (1977a); "Bilingual Schooling in the U.S.A. - An Independent Study. A Preliminary Outline Proposal to the Ford Foundation from the Centre for Applied Research in Education" (1979); "Letters from a Headmaster" (1980); "Interviewing in Case Study Evaluation" (1981); "Just for the Record?. Notes towards a Theory of Interviewing in Evaluation" (1982); "The Conduct of Evaluation: Principles and Procedures" (1988); "Making a Start: The Origins of a Research Programme" (1991); "Other Rooms: Other Voices - A Dramatized Report" (1991).

        La bibliografía sobre lo que hemos denominado "análisis del estado educativo en Inglaterra", refleja la preocupación constante de MacDonald sobre la situación educativa de Inglaterra. Dos aspectos han concentrado su atención: el movimiento de reforma curricular en la década de los sesenta (del cual él es partícipe importante), y el progresivo control de la educación por parte del Estado a partir de la década de los setenta y su influencia en los objetivos educativos, el funcionamiento escolar y la evaluación curricular. Estos son los trabajos donde se acentúa y profundiza en esta temática: "The Intransigent Curriculum and the Technocratic Error. A British Review of the Curriculum Reform Movement" (1976a); "La Formación del Profesorado y la Reforma del Currículo" (1984) -este trabajo está inspirado en el artículo anterior, se ha tomado como bibliografía distinta porque la presentación de la información y la estructura general del artículo es completamente diferente al original, pudiéndose leer como texto independiente; "Changing the Curriculum" (1976b); "Hard Times - Accountability in England" (1979); "The State of Education Today" (1987b); "Evaluating the Humanities Curriculum Project. A Retrospective" (1988); "Mejora de los Centros Escolares, Eficacia Escolar y Evaluación: Una Perspectiva Internacional" (1989); "How Education Became Nobody’s Business" (1996).

        Igualmente, se incluyen como material bibliográfico las diversas entrevistas que a dicho autor hemos realizado en la ciudad de Valladolid (España), en los días previos a la ceremonia del Doctorado Honoris Causa que le concedió la Universidad de Valladolid en el año de 1999.

3. Condicionantes Politico-educativos de la Evaluación Curricular. Clasificación Política de los Estudios de evaluación

        Las ciencias no están libres de valores impuestos o previos. En la evaluación esto se manifiesta más fácilmente por cuanto la misma está más directamente unida a la toma de decisiones y la acción política. Rossi y Freeman (1993:15) señalan que la evaluación es "una actividad política y de dirección, una entrada al complejo mosaico desde el cual las decisiones políticas emergen para planificar, diseñar, implementar y continuar programas para mejorar la condición humana". El evaluador, en opinión de MacDonald (1983: 473), "está enredado en la acción, encerrado dentro de un proceso político que concierne a la distribución del poder, por ejemplo: la asignación de recursos y la determinación de metas, roles y tareas". La evaluación, pues, está relacionada con la distribución del poder educativo.

        En MacDonald (1983) la distribución que de la información hace la evaluación es determinante para establecer las fuerzas e intereses predominantes en el currículo. La evaluación afecta cómo se distribuye el poder en la educación, y la extensión de ese poder depende del acceso a información relevante y de la representación que se haga de los distintos grupos de interés en torno al currículo (MacDonald, 1977b).

        La evaluación, al influir en la estructuración del poder educativo, cumple una función política. La política en MacDonald significa ejercicio del poder; ella denota, como en Weber (1969:1056): "aspiración a la participación en el poder, o a la influencia sobre la distribución del poder…"; por consiguiente cuando se dice que un asunto atañe a la política, o que un ministro o funcionario es un personaje político, o que una decisión tiene carácter político, se entiende que ello implica distribución, conservación o desplazamiento de poder, ya que el que hace política aspira tener poder (Weber, 1969). Esta fusión entre política y poder es lo que hace que la distribución de la información, es decir, del poder, sea para MacDonald un hecho político. El trabajo del evaluador "se puede considerar como inherentemente político y sus diversos estilos y métodos como expresión de diferentes actitudes en relación a la distribución del poder en educación" (MacDonald, 1983: 467).

        Pero la naturaleza política de la evaluación no sólo proviene de la distribución de la información, sino de tratar con un objeto de estudio, la educación, con profundas raíces políticas. La educación refleja las relaciones de dominio de los grupos con más poder e influencia social. El sistema educativo es "parte de un proceso complejo de reproducción cultural y económica de las relaciones sociales de nuestra sociedad" (Apple, 1987: 36). Es por ello que las medidas y decisiones que se tomen en relación a los curricula son de índole política, expresión de las fuerzas vivas conductoras de la sociedad, donde disímiles intereses con poder e influencia se conjugan para organizar y dirigir la educación. Esto afecta a la evaluación, por cuanto el actuar en un escenario político condiciona la producción de conocimiento y su utilización (Weiss, 1991). Y, mucho más, cuando la evaluación depende del financiamiento gubernamental para servir a fines políticos (MacDonald, 1995).

        El evaluador más que ningún otro investigador debe tener en cuenta que las relaciones de poder están presentes en todos los procesos que tienen que ver con la creación de conocimiento, la comunicación del conocimiento y el uso del conocimiento (Rebien, 1996). El evaluador, en consecuencia, "ha de decidir a qué audiencia ‘servirá’, qué información será la más útil, cuándo se necesita y cómo conseguirla" (MacDonald, 1983: 472). La resolución de estos problemas lleva al evaluador a asumir una postura política, una actitud respecto a cómo debe gestionarse y dirigirse la educación (MacDonald, 1983).

        La naturaleza política de la evaluación se nos manifiesta con claridad en el hecho de ser un tipo de investigación que legitima la acción gubernamental y, por ende, los programas educativos. La sociedad busca formas alternativas de autoridad como la ciencia para legitimar las acciones gubernamentales (House, 1993), y la evaluación, como representante de la ciencia, juega el rol de autoridad. Una nueva forma de autoridad basada en el estudio profundo de la realidad. MacDonald (1999a) nos dice que la evaluación legitima la acción dirigencial, ya que a través de ella las acciones pueden ser afianzadas y legitimadas sin el recurso de la consulta democrática.

3.1. Clasificación política de los estudios de evaluación

        La íntima relación de la evaluación con la política lleva a MacDonald (1983) a hacer una clasificación política de los estudios de evaluación. Los tipos de evaluación que se señalan son: el burocrático, el autocrático y el democrático. En virtud de la semejanza existente entre los dos primeros, MacDonald (1995) limita esta clasificación a dos grandes tipos de evaluación: 1) "la evaluación como control" y 2) "la evaluación como servicio público" (evaluación democrática). La primera actúa "como un mecanismo de control por parte del poder..."; y la segunda se encarga de "ayudar a los profesionales a elevar sus juicios, equilibrando el poder de los gestores..." (MacDonald, 1995: 6). La principal pregunta que determina esta clasificación es: ¿quién controla el empleo del nuevo conocimiento y quién tiene acceso a él? (MacDonald y Walker, 1977).

        El principal rasgo de la evaluación como control es la distribución que del poder se hace. Esta distribución del poder, es decir, de la información, no se hace entre las audiencias partícipes. Sólo el cliente que contrata la evaluación o quienes toman las decisiones tienen acceso a la información (MacDonald, 1983). Este acceso es dificultoso, porque el tipo de información que se produce es de carácter técnico y no refleja la manera de ver e interpretar de las audiencias implicadas. La evaluación, en consecuencia, no está al servicio de lo público. Ella responde a intereses privados o institucionales.

        El evaluador autocrático comparte los valores y los intereses de quienes contratan la evaluación, comprometiendo su independencia y libertad de acción. El papel del evaluador, por ende, es el de consejero experto: una suerte de secretario privado al servicio del poder. Su objetivo es proporcionar un mayor control a las autoridades sobre el programa en desarrollo y ser útil a los objetivos políticos del cliente (MacDonald, 1983). La relación del evaluador con las audiencias implicadas es, igualmente, autocrática: él se considera depositario de la autoridad política y científica para promocionar sus propios juicios de valor, con independencia de otras voces e intereses (MacDonald, 1983). Por ello, la función legitimadora de la evaluación no depende del consenso y consentimiento de las audiencias implicadas sino de la objetividad científica de los resultados a los cuales se llega. MacDonald (1999a) se muestra muy severo con aquellos estudios de evaluación (evaluación autocrática), que en nombre de la ciencia se permiten la licencia de intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones, fortaleciendo la autoridad política de las comunidades científicas en perjuicio de otros grupos de interés.

        Como contrapartida, la evaluación democrática es concebida como servicio público (MacDonald, 1995). El evaluador, aunque busca satisfacer las demandas del cliente facilitándole información útil que ayude a la toma de decisiones (esta característica la comparte con los modelos autocráticos), se preocupa por distribuir la información entre las audiencias participantes en la innovación curricular, y de reflejar en la investigación sus opiniones, necesidades e intereses sin comprometer su independencia con respecto a cualquiera de ellas (MacDonald, 1999a). La evaluación, por consiguiente, tiene como objetivo distribuir de forma plural y democrática el poder. El papel del evaluador es el de actuar como intermediario entre distintos grupos de interés (MacDonald, 1995): él proporciona información para documentar y valorar el programa (informa y forma el juicio), a la vez que refleja las opiniones e intereses de los grupos implicados para que puedan ser considerados por quienes toman las decisiones. La propuesta evaluativa de MacDonald aboga por una metodología de investigación anclada en preceptos democráticos. Este modelo se fundamenta en una clara intencionalidad política y sus límites, condicionantes y metodología vienen dados por la postura ideológica que se asume: la liberal-democrática (Simons, 1977). Su actividad es política porque se desarrolla en un ámbito de intereses que la condiciona. Su talante democrático proviene del compromiso de reflejar todos los intereses en juego sin menoscabo o predilección de ninguno.

        MacDonald y Norris (1978) afirman que el trabajo de campo necesita más de la justificación política que de la metodológica, ya que los evaluadores han despreciado las circunstancias especiales en que las ciencias sociales y la evaluación, en consecuencia, están envueltas. La metodología de la evaluación democrática, aunque participe de los supuestos del paradigma naturalista en investigación (preferencia por el estudio de caso; concepción múltiple de la realidad; investigación participativa; conocimiento inductivo; diseño de investigación abierto, que se desarrolla según evolucione la investigación; contextualización del objeto de estudio, etc.), no depende de un ideario científico, esto es, de un paradigma, sino que ella es fruto de una concepción o perspectiva política: la democrática.

4. Elementos Políticos Constitutivos del Enfoque Democrático

        La evaluación para MacDonald (1995) debe procurar servir a los valores universales de la sociedad democrática. Los evaluadores de curricula, en tal sentido, tienen la oportunidad de jugar un papel de apoyo al proceso de democratización de la toma de decisiones educativas (MacDonald y Kushner, 1987).

        La propuesta evaluativa de MacDonald, tiene como columna vertebral tres elementos: el derecho a la información, el equilibrio de intereses educativos y la independencia del evaluador.

4.1. El derecho a la información

        La información es un instrumento de dominio, porque posibilita a quienes la poseen un mayor control sobre su contexto (Foucault, 1985). Para el enfoque democrático: "El concepto clave de justificación es el "derecho a saber" (MacDonald, 1983: 476). La evaluación se percibe así "como un servicio de información a toda la comunidad" (Kushner y Norris, 1990: 114).

        Puesto que las necesidades de información de los distintos grupos varían según sus intereses, el tratamiento que MacDonald hace de la información depende de a qué audiencia esté referida.

4.1.1. La información y las distintas necesidades e intereses de las audiencias

        Existen tres grandes tipos de audiencias: las audiencias implicadas en el desarrollo curricular: profesores, alumnos, planificadores, directores, gestores y todos aquellos que intervienen de forma directa en la innovación curricular; el cliente: quienes contratan la evaluación y cuyos cargos de dirección los hace responsables de la toma de decisiones político-educativas (ellos también forman parte de las audiencias implicadas, sólo que por su función y valor jerárquico dentro de la organización escolar es mejor catalogarlos como una audiencia distinta); y las audiencias naturales: todos aquellos grupos que son afectados indirectamente por la puesta en marcha del programa.

        Respecto a las audiencias implicadas, la información evaluativa se dirige a procurar una mayor conciencia de lo que se hace en el programa, fomentando la participación reflexiva y la promoción de los distintos intereses. Aquí la información, aparte de jugar un papel formativo, sirve para representar los distintos grupos de interés3 ante aquellos que tienen que tomar las decisiones4. La evaluación, de esta forma, se convierte en "uno de los medios para democratizar los procesos de toma de decisiones y de rendición de cuentas de las responsabilidades burocráticas…" (MacDonald, 1977b: 3).

        En relación al cliente o patrocinador, la información que suministra la evaluación cumple una función de orientación política en el proceso de toma de decisiones educativas. El objetivo que persigue el evaluador es informar y formar al cliente sobre lo que sucede en el desarrollo curricular, haciéndole conocer los distintos intereses en juego con la finalidad de allanarle el camino para una toma de decisiones informada, que pueda reconocer las necesidades y aspiraciones de las audiencias partícipes. La evaluación, de esta guisa, se comporta como un medio para racionalizar la toma de decisiones. El cliente acude a ella para comprender lo que pasa con el programa y alimentar sus juicios sobre la calidad o deficiencia del mismo: "nosotros creemos que un elemento clave en el alivio de los males sociales es una acción ejecutiva y legislativa informada…" porque: "una mejor información hace posible un desempeño más efectivo de las responsabilidades públicas..." (MacDonald y Norris, 1978: 2). La evaluación legitima así el proceso de toma de decisiones educativas, racionalizándolo mediante la comparecencia de lo que realmente está sucediendo con el programa y los intereses de las audiencias participantes (MacDonald, 1977b). El conocimiento es la base sobre la cual muchas formas de poder son legitimadas, y en el caso de la educación el medio a través del cual el poder es ejercido (MacDonald y Walker, 1977). Esta función legitimadora de la evaluación en el enfoque democrático no proviene, sin embargo, de la autoridad científica de sus hallazgos, sino de la utilidad que la información tenga en la adopción de decisiones. La información evaluativa, por consiguiente, no tiene el rango de conocimiento abstracto y científico, su objetivo es la calle y no la ciencia (MacDonald, 1999a): "Lo que nosotros queremos es experimentar con la práctica mas que con la teoría de la evaluación" (MacDonald y Stronach, 1991: 44). Este anti-academicismo del enfoque democrático responde al divorcio existente entre el mundo científico y la complejidad de la vida social (MacDonald, 1987a). La información que suministra la ciencia puede ser muy restrictiva en cuanto a lo que ella ofrece para facilitar y documentar la acción social. El objetivo que persigue la evaluación democrática es ser útil a los actores sociales, y la investigación científica no tiene por qué tener una utilidad inmediata para la acción social. La evaluación no se debe regir por los cánones rígidos de la investigación social, porque corre el riesgo de no satisfacer las necesidades de información del que toma las decisiones (MacDonald, 1983). El conocimiento en el enfoque democrático es expresión de un proceso de investigación que ahonda en las opiniones, interpretaciones e intereses de las audiencias implicadas, convirtiéndose la evaluación en un calidoscopio de la realidad (Sáez y Carretero, 1994), donde las múltiples perspectivas que se ofrecen facilitan al cliente sopesar los distintos intereses de las audiencias implicadas y tomar una decisión informada.

        Para con las audiencias naturales, que son las personas que no participan en el desarrollo curricular pero que indirectamente son afectados por éste, la información que proporciona la evaluación sirve para educar al colectivo sobre lo que está pasando en el sistema educativo y los cambios que se están produciendo en su seno. Todo esto, con la intención de concientizar y hacer partícipe a la ciudadanía en general en la innovación curricular, creando con ello una matriz de opinión pública debidamente informada que alimente el debate social crítico más allá de los particulares intereses políticos del cliente y de los participantes directos en el desarrollo del programa. De esta forma, la evaluación se compromete con el interés público, ensanchando sus miras hacia el bien común de la sociedad.

        En suma, la información juega un papel distinto para cada audiencia, pero en todas ellas actúa como un catalizador de la participación política informada que orienta la toma de decisiones educativas. Y la evaluación al catalizar la participación política informada, fomentando el debate social y orientando la toma de decisiones, está distribuyendo el poder entre los tres tipos de audiencias: las audiencias implicadas, el cliente y las audiencias naturales.

4.1.2. Tipos de información en el enfoque democrático

        En el enfoque democrático pueden distinguirse, según su intencionalidad y aprovechamiento por parte de las distintas audiencias, cuatro tipos de información íntimamente interrelacionados entre sí: a) formativa, b) divulgativa, c) dialogante y d) enfocada hacia la toma de decisiones.

a) Información formativa

        La evaluación democrática está enfocada a servir de ayuda al desarrollo del programa (MacDonald y Stronach, 1989). La investigación, por ende, se concentra en el análisis del proceso. Esto es lo que va a posibilitar una comprensión más profunda y detallada del currículo.

        La idea de la evaluación como agente de comprensión del desarrollo curricular para la mejora de la praxis pedagógica, se relaciona con la idea que MacDonald tiene de cambio (Sáez, 2001). La evaluación es un agente de cambio: de cambio de la innovación curricular. Ella proporciona la información para comprender y mejorar el programa, y toda mejora en la innovación curricular significa un cambio con respecto a la situación pre-existente (Sáez, 2001).

        Hay dos formas de cambio: el que se opera políticamente, como expresión de una reforma curricular; y el cambio que se concibe como estudio y seguimiento del desarrollo curricular. En el primer caso, en opinión de Weiss (1991), la evaluación es fuertemente solicitada para legitimar políticamente el nuevo currículo, por lo que interesa saber cómo la innovación es percibida por las audiencias participantes y qué cosas realmente éstas quieren cambiar. El enfoque democrático es una propuesta evaluativa especialmente apropiada para este tipo de reforma institucional, por cuanto se adentra en los aspectos político-sociales del currículo con la intención de promover una mayor justicia, equidad y democratización de la reforma educativa (Green, 1994). En el segundo caso, la evaluación se orienta más hacia aspectos metodológicos, por cuanto lo que se pretende es historiar cómo es el desarrollo del "caso" en un tiempo determinado, dando cuenta de sus sucesivas transformaciones y evolución con independencia de que éste se asocie o no a una reforma curricular (Kuipers y Richardson, 1999). Esta última idea de cambio es común a los enfoques cualitativos, caso del enfoque democrático, porque se da prioridad al proceso de desarrollo curricular, dando cuenta de las transformaciones que se suceden en el programa (MacDonald y Stronach, 1989). Pero mientras esta idea de cambio es connatural a los enfoques cualitativos, los retos sociales y políticos por una mayor justicia y democratización de las reformas curriculares no están al alcance de muchos modelos evaluativos.

        Independientemente de la forma de cambio de la cual se hable, la evaluación puede concebirse como una actividad de investigación cuyo objeto de investigación es el estudio del cambio curricular. De ahí que pueda decirse que toda evaluación es la evaluación de un cambio5.

b)Información dialogante

        El diálogo, en la propuesta evaluativa de MacDonald, es el mecanismo para promover la comprensión de las complejidades del programa. En este diálogo todas las alternativas son contrastadas con el deseo de mejorar la comunicación entre las partes y dar a conocer sus argumentos y opiniones. Para ello, según (Hood, 2000), todas las partes deben estar abiertas a la posibilidad de que sus puntos de vista puedan estar errados. Existe la intención de hacer sensibles a los participantes ante las razones de otros, auspiciando así el debate, el entendimiento y el consenso (MacDonald y Stronach, 1988).

        Además de este diálogo convergente, que consiste en buscar a través de la comunicación la respuesta más idónea y el consenso, puede apreciarse también la presencia del diálogo divergente, cuyo norte no es el consenso sino la producción de múltiples interpretaciones, acentuándose la ambigüedad y la complejidad (Ryan y DeStefano, 2000). En el enfoque democrático, el diálogo divergente se aprecia claramente en la invitación que se hace a la controversia en el informe final de evaluación, concibiéndose éste como una descripción no concluyente del programa (MacDonald y Sanger, 1982), donde no existe una interpretación unívoca y consensuada sino varias interpretaciones.

        En todo este proceso, el evaluador debe fomentar relaciones cooperativas con las distintas audiencias, incluyendo a éstas en los procesos de reconstrucción cognitiva de la realidad, en el control de los datos y en la utilización de la información (MacDonald y Norris, 1978). En este sentido, es importante democratizar la relación entre el evaluador y las audiencias implicadas, transformando la relación de poder entre el investigador y el investigado. Esta relación que se establece entre el investigador y los sujetos de investigación es de índole política y no simplemente un asunto procedimental y técnico en la investigación. La relación entre "el investigador y el investigado es frecuentemente una relación de poder y estatus desiguales..." (Simons, 1977: 32).

c) Información divulgativa

        La evaluación en el enfoque democrático es concebida como una entidad de lo público. Su misión es dar a conocer públicamente la labor de investigación y los resultados obtenidos (MacDonald y Stronach, 1989).

        En opinión de Cronbach (1980), el evaluador debe juzgar su trabajo a la luz del impacto que causa en el sistema social. Los hallazgos de la evaluación, por ende, no solamente tienen que circunscribirse al dominio de las audiencias involucradas directamente en el programa educativo, sino que tienen que difundirse de manera pública. El informe de evaluación tiene que aspirar a ser un best-seller (MacDonald, 1983).

        El evaluador debe perseguir que ningún grupo controle los resultados de la evaluación, porque ese control significa dominio y concentración del poder. Las evaluaciones "pueden ser utilizadas para sostener, extender o justificar el poder, de un modo contrario a la creación de una sociedad más justa" (MacDonald y Norris, 1978: 2). Una de las prioridades de la evaluación, por consiguiente, es la de "abrir más y más ventanas públicas sobre el mundo privado de la práctica educativa" (MacDonald y Norris, 1978: 2). De lo que se trata es de "forzar la red de la información institucional, nombrar, decir quién ha hecho qué, designar el blanco, es una primera inversión del poder, es un primer paso para otras luchas con el poder" (Foucault, 1985:16).   

        Como la evaluación tiene que abrirse al exterior, comunicando públicamente lo que está pasando en el desarrollo curricular, es importante que el lenguaje y la presentación de la evaluación sean accesibles a expertos y legos en la materia. La metodología utilizada, por tanto, debe estar abierta a la comprensión de todas aquellas personas interesadas en saber lo que está sucediendo con el programa. La evaluación tiene que hablar el vocabulario de los participantes en la innovación curricular y de la gente común no especializada en los tecnicismos de una investigación académica (MacDonald, 1999a).

d) Información enfocada hacia la toma de decisiones

        Un objetivo prioritario de la evaluación es ser útil al proceso de toma de decisiones educativas. "La base racional de la evaluación es que proporciona información para la acción. Su justificación primaria es que contribuye a la racionalización de la toma de decisiones" (Weiss, 1987: 314). Por lo tanto, la evaluación tiene que ser oportuna e informar a tiempo las decisiones que se estén suscitando con respecto al currículo.

        Las primeras preguntas que debe hacerse el evaluador son: ¿quién es el que toma las decisiones?, y ¿para qué se utilizará el informe de evaluación? La utilidad de una evaluación está relacionada con el reconocimiento que se haga de los intereses y necesidades del cliente o patrocinador de la evaluación. Y esta es una de las mayores distinciones entre evaluación e investigación: el interés de la evaluación por identificar a qué intereses servirá (Alkin, 1987).

        La toma de decisiones es un proceso complejo, donde elementos de carácter político podrían tener igual o mayor peso que factores netamente educativos: los lineamientos políticos de varios grupos de intereses externos son un determinante decisivo en la utilización o no de la evaluación (Alkin, 1987). El evaluador debe estar alerta ante esta situación y penetrar el complejo entramado del poder para así influenciar la toma de decisiones. Todo ello con la intención de que la toma de decisiones no sirva a intereses ocultos y vaya en contra del beneficio de la mayoría de los participantes en el proyecto curricular.

4.2. El equilibrio de intereses educativos

        Uno de los objetivos prioritarios de la evaluación es "ser uno de los equilibrios contra el mal uso y abuso del poder" (MacDonald, 1995: 7-8). El equilibrio de intereses debe predominar "frente a la imposición de algún interés particular… haciendo que ninguno sea tan dominante como para pasar por alto al resto de intereses involucrados" (MacDonald, 1995: 2). En opinión de Bobbio (1988: 15): "la existencia de una multiplicidad de centros de poder, ninguno de los cuales es enteramente soberano, ayudará a dominar el poder, a asegurar el consenso de todos, y a resolver pacíficamente los conflictos". Lo que se pretende al difundir el poder es "inculcar en personas de todas las esferas la justificada sensación de él (del poder)6 para participar en las decisiones que los afectan y que gravitan en la vida común..." (Bachrach, 1973: 144–145). Es importante, sin embargo, tener presente que los esfuerzos del enfoque democrático porque el poder esté distribuido entre distintos grupos de interés, no implica la inexistencia de desigualdades. Dahl (1992) afirma que si bien el poder puede estar lo bastante difundido como para evitar su monopolización, siempre habrá desigualdades significativas en su distribución. Las audiencias educativas distan de ser iguales en cuanto a su influencia política; de ahí la necesidad de prestar especial atención a las voces más débiles de las organizaciones escolares (MacDonald, 1999b).

        La distribución del poder entre distintos grupos de interés educativos es lo que legitima el currículo. Si en la toma de decisiones educativas se recogen todas las voces reflejadas en la evaluación, entonces puede hablarse de legitimidad, por cuanto ella se ha hecho eco del debate y proceso de diálogo entre las distintas audiencias implicadas; y ha sido expresión de sus valores e intereses. La evaluación, por consiguiente, puede ser un instrumento útil en la legitimación política de los programas educativos (MacDonald, 1977b). Esta legitimación que se hace del currículo opera en un doble sentido: uno externo y otro interno. Externo, al legitimar políticamente el programa educativo, posibilitando que la toma de decisiones educativas en torno al currículo se haga eco de los intereses de las audiencias implicadas; e interno, al dar validez a la evaluación misma (MacDonald, 1977c).

        La anuencia de las audiencias, más que la coherencia o consistencia de la investigación, es la principal estrategia de validación en el enfoque democrático (MacDonald y Walker, 1977). La validación en el estudio de casos depende de que una audiencia significativa de personas apruebe las interpretaciones y valoraciones de la evaluación. Número y dimensión, por tanto, son los factores principales de legitimidad evaluativa (Stake, 1975).

        La apertura de la evaluación a todas las audiencias permite, entonces, una democratización del proceso de toma de decisiones, propiciando con ello una distribución más justa y equitativa del poder. La evaluación "ayuda a efectuar una distribución más equitativa de los bienes sociales para mejorar las bases de las decisiones públicas sobre los programas de acción social" (MacDonald y Norris, 1978: 1). Al hablar de la responsabilidad que tiene el evaluador como "demócrata" en la actual sociedad, MacDonald (1987b: 5) señala que es de vital importancia hacer una distribución justa en las áreas educativa, social y política, procurando que las relaciones entre ellas se intensifiquen y profundicen para su funcionamiento efectivo.

        Este equilibrio de intereses que se persigue en el enfoque democrático expresa la imparcialidad del evaluador en el proceso de investigación. La imparcialidad tiene que ver con la equidad y la igualdad, de ahí que se busque representar a todas y cada una de las audiencias, "prestando especial atención a las personas más vulnerables en las organizaciones jerárquicas" (MacDonald, 1999b: 4). La imparcialidad es igualitarista: ella "genera un mayor interés favorable al beneficio de los desfavorecidos que a beneficiar a los mejores situados; genera cierto tipo de prioridad de los primeros con respecto a los segundos" (Nagel, 1996: 71). Esta postura política igualitarista de MacDonald, no sólo es una postura política sino también ética. Stake (1997: 4) nos recuerda que "la conducta ética no es mucho más un asunto de seguir unos principios como de equilibrar principios que compiten entre sí". A esta ética individual puede agregarse un código moral, de servicio público, asociado al ejercicio de una profesión. En este sentido, MacDonald (1995) aboga porque la evaluación sea una actividad de carácter asociativo y de acción colectiva, donde haya un corpus de principios, procedimientos y mecanismos de control que regulen la actividad del evaluador7.

        Como se verá más adelante, prestar especial atención a los grupos de interés menos influyentes, no significa proporcionarles un mayor protagonismo en el informe evaluativo. Ello podría comprometer la credibilidad y validez de la evaluación.

4.3. La independencia de la evaluación

        El evaluador, en su rol de agente intermediario, debe garantizar la independencia de la evaluación respecto a cualquier grupo de interés. De lo contrario, la evaluación funcionaría "como una defensa de intereses particulares disfrazada de ciencia" (MacDonald, 1995: 6).

        La independencia de la evaluación es lo que posibilita que pueda decirse "la verdad frente al poder, lo cual es extremadamente importante desde el punto de vista de las evaluaciones diseñadas para ayudar al desarrollo y la optimización de los programas" (MacDonald, 1995: 7).

        La independencia, para que sea creíble, debe fijar límites a la acción del evaluador. Se recomiendan varios límites: no hacer uso de recomendaciones y autonomía respecto a la jerarquía de poder (MacDonald y Stronach, 1989).

4.3.1. Ausencia de recomendaciones

        En el enfoque democrático es importante que el evaluador no participe de manera formal en el proceso de toma de decisiones. El evaluador debe reflejar los intereses de las partes implicadas, pero sin involucrarse de manera directa en la responsabilidad de la toma de decisiones educativas (MacDonald, 1977c).

        Como para MacDonald (1977c) los intereses de las distintas audiencias son diferentes y hasta encontrados, el evaluador al hacer recomendaciones promociona sectores e intereses particulares, comprometiendo la independencia de la evaluación. Aunque el evaluador pueda desempeñar un rol consultivo, éste no debe hacer "una presión particular en el curso de la acción, intentando limitar su asistencia a sumarios de experiencia acumulada y a formulario de opciones" (MacDonald, 1977c: 7).

        La actividad investigativa del evaluador es de naturaleza política, pero ello no debe confundirse con protagonismo político, porque éste no es autoridad alguna a la cual se le haya delegado el poder, por vías democráticas, para decidir sobre los asuntos educativos. MacDonald (1983: 467) señala que el "discurso de la política es un discurso peligroso para que los evaluadores se impliquen en él…"; y más adelante agrega: "aunque necesariamente éstos (los evaluadores)8 adopten una postura política de acuerdo con sus fidelidades y prioridades".

        La evaluación no es un poder social legítimo con capacidad de gobierno y decisión (aunque influya en la toma de decisiones). La actividad política del evaluador en su investigación no puede confundirse con el poder representativo y la responsabilidad de decisión del político. Por todo lo anterior, la evaluación debe alejarse de cualquier sospecha de tendenciosidad; y el uso de recomendaciones hace participar activamente al evaluador a favor de una/s opción/es particular/es en un mercado libre de alternativas, pudiendo comprometer su independencia.

4.3.2. Autonomía respecto a la jerarquía de poder

        Otro de los aspectos importantes para garantizar la independencia de la evaluación, es que ésta no sea dócil a la jerarquía de poder.

        Aunque la evaluación respete la distribución de responsabilidades dentro de una institución, adaptándose a su estructura organizativa y a las costumbres y protocolos que definen la vida cotidiana institucional, es importante que ésta no obedezca sólo a los dictámenes de los sectores educativos con más poder e influencia. Lo que se persigue es que todas y cada una de las audiencias sean representadas por igual, con independencia de su puesto en la jerarquía organizativa.

        Una de las relaciones que con mayor cuidado y precaución debe definirse para fortalecer la independencia del evaluador es la relación con quien contrata la evaluación, el cliente. A este respecto, MacDonald (1977c: 5) afirma que "el patrocinio de la evaluación no puede significar ‘comprar la evaluación’, si la credibilidad de la evaluación quiere ser mantenida". En una evaluación que no sea independiente, "las necesidades y los valores del sistema de dirección determinan la generación y la corriente del nuevo conocimiento" (MacDonald, 1977b: 5). Quienes ocupan posiciones de autoridad "tienen una superioridad de organización inmensa sobre los demás. Las redes de interacción y de comunicación se centran, de hecho, en las funciones de esas personas…" (Mann, 1991: 21); por tanto, ellos "controlan toda la organización e impiden a quienes están abajo del todo participar en ese control" (Mann, 1991: 22).

        Si bien el evaluador centra su atención en servir a los requerimientos del cliente y ser útil a la toma de decisiones, no por ello tiene que comprometer su independencia: las preguntas que dirigen y encauzan la evaluación, en consecuencia, no pueden ser formuladas sólo por los patrocinadores de la evaluación, puesto que los hallazgos de la investigación pueden verse condicionados por sus muy particulares intereses y orientarse solamente a satisfacer sus necesidades de información (MacDonald, 1987a). Las preguntas de la investigación deben expresar tanto los objetivos que persiguen los clientes, como los valores, necesidades y perspectivas de las audiencias implicadas.

        Un punto de partida para procurar una evaluación independiente, es acudir a la figura de un evaluador externo. Un evaluador externo es un individuo que no pertenece a ningún sector del programa, por lo que puede intentar una representación imparcial de todos los intereses (MacDonald y Stronach, 1989). Otra de las fórmulas utilizadas para proteger la independencia de la evaluación ha sido ejercer la investigación bajo el amparo de algún tipo de academia o institución universitaria, ya que éstas actúan a manera de contención de las posibles presiones gubernamentales; sin embargo, MacDonald (1987a: 4) nos dice que desde la segunda mitad del siglo XX "el control de la producción de conocimiento y la diseminación ha cambiado substancialmente de las universidades al Gobierno".

        La independencia de la investigación ha dado paso a un tipo de investigación por encargo, cuyos alcances los fija contractualmente el Gobierno, estableciendo "la definición del problema, demandando la posesión de los datos y la discreción en cuanto a su utilización" (MacDonald, 1987a: 4). La antigua independencia del investigador respecto al Gobierno ha cambiado por una relación de carácter consultivo, en la cual el evaluador se comporta como un empleado especial de la administración central. Esto hace que la investigación sea "más útil a los dirigentes de los programas sociales, facilitándoles el acceso a la acción social y extendiendo las oportunidades para influenciar" (MacDonald, 1987a: 4). Abundando en el mismo tema, MacDonald y Norris (1978) nos dicen que las academias y las instituciones universitarias no son neutrales porque dependen de fondos estatales o sociales para poder existir; y reservan para ellas mismas el poder de identificar y definir problemas susceptibles de ser investigados, en desmedro de otros intereses. Ante esta situación, se recomienda que el evaluador sea independiente de academias y universidades (MacDonald y Norris, 1978).

5. Concepción de Justicia Social

        Según sea la distribución de los "bienes sociales"9 puede establecerse la concepción de justicia social. La justicia social "ha de ser considerada como aquélla que proporciona, en primera instancia, una pauta con la cual evaluar los aspectos distributivos de la estructura básica de la sociedad" (Rawls, 1995: 226).

        Para determinar la concepción de justicia social del enfoque democrático, primeramente debe asociarse la idea de "bien social" a la de información, puesto que la información es la materia prima de la evaluación y lo que ella distribuye. Esta distribución refleja "la justicia en grados muy diversos. Y la justicia constituye una norma importante con respecto a la cual juzgar la evaluación" (House, 1994: 114).

        La evaluación, al distribuir la información, determina la estructura de fuerzas e intereses predominantes en el currículo (MacDonald, 1983), lo que implica que "unos reciban ciertas cosas y otros no" (House, 1994: 114).

        Para MacDonald, la información es un "bien dominante". Walzer (1993) llama "bien dominante" aquél cuya posesión permite disponer de otra amplia gama de bienes, lo que incita a su monopolio y control por parte de aquellos que lo detentan. En este sentido, la información evaluativa permite a aquellos que tienen acceso a ella promover sus propios intereses; por lo que existe una fuerte propensión en controlarla y monopolizarla. Esto es lo que motiva que en el enfoque democrático, se procure distribuir la información entre las audiencias implicadas en la innovación curricular y la sociedad en su conjunto (MacDonald, 1983). Esta distribución del poder es extensiva y no intensiva, es decir, hay una difusión y no una concentración del mismo en pocas manos.

        Dos son las concepciones de justicia social que dominan dentro del liberalismo político: la que se asocia al "liberalismo clásico" y el "igualitarismo" (Rawls, 1995).

        Para el liberalismo clásico lo que priva es la suma total de satisfacción o bienestar, sin considerar cómo este bienestar se distribuye entre todas las partes: "La característica más sorprendente de la visión utilitarista de la justicia es que no importa, excepto de manera indirecta, cómo se distribuya esta suma de satisfacciones entre los individuos" (Rawls, 1995: 44). El liberalismo clásico no enfatiza la distribución igualitaria de los recursos sino la generación de los mismos. Según House (1991), esta concepción no implica igualdad, ni siquiera una reducción de las desigualdades sociales en el repartimiento de bienes, ya que la finalidad será la mayor suma de felicidad y no la justa distribución de bienes entre todos los partícipes sociales. El liberalismo clásico, al no contemplar una concepción distributiva de los bienes, mal podría asociarse, entonces, al enfoque democrático.

        Al contrario del liberalismo clásico, el igualitarismo político10 propone una distribución equitativa de los bienes sociales. En esta concepción, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar ciertos bienes primarios a las personas y hacer que las diferencias sociales sean beneficiosas para todos, estableciendo una discriminación positiva a favor de los grupos menos afortunados (Rawls, 1995).

        Como puede apreciarse, el enfoque democrático se ajusta plenamente a esta concepción de justicia social, ya que en él se quiere distribuir la información de forma equitativa y hay una propósito igualitario al prestarse atención a las voces más vulnerables (MacDonald, 1999b). En el enfoque democrático la atención a los grupos más vulnerables consiste en proporcionarles la oportunidad de que sus voces sean recogidas en la evaluación en igualdad de condiciones con los restantes grupos de interés. Para MacDonald, el acto de reflejar la opinión de una audiencia determinada es de por sí un acto de poder, por cuanto sus intereses podrán estar representados en la toma de decisiones.

        El que no se dé prioridad absoluta a los grupos más débiles en el enfoque democrático, dándole mayor peso a sus opiniones e intereses en la evaluación, ha llevado a Ernest House (1994), máximo representante del "igualitarismo político paroxista"11 en evaluación, a no considerar como "igualitaria" la concepción de justicia social de MacDonald, incluyéndola dentro del liberalismo clásico. House (1991) señala que la evaluación debe nivelar las fuerzas de los grupos políticos más débiles, dándoles un mayor protagonismo en la evaluación. Esto último, porque en igualdad de condiciones los grupos más fuertes pueden promocionar más sus intereses. Por tal motivo, la evaluación, en opinión de Hood (2000), debe promover el conferir poder a aquellos grupos sociales y personas que han sido marginados con poco poder o control sobre su situación en la sociedad.

        Varias objeciones podrían hacerse a esta postura del "igualitarismo político paroxista". Una de ellas, es no tomar en cuenta que el evaluador al promover más los intereses de los menos favorecidos, compromete la independencia de la evaluación, fomentando la tendenciosidad y la parcialidad de los resultados de la investigación. En opinión de Geva May y Pal (1999), el evaluador no puede implicarse abiertamente en el debate político por cuanto su actividad se desfiguraría y desacreditaría. El conocimiento que maneja el evaluador no puede ser sospechoso de parcialidad; y su incorporación activa en la política teñiría de tendenciosidad el conocimiento evaluativo, comprometiendo la validez de la investigación. La preferencia de MacDonald por garantizar la independencia de la evaluación no está reñida con el espíritu del igualitarismo político, ya que "no nos está permitido violar el principio de igual libertad o la exigencia de igualdad de oportunidades" (Rawls, 1995: 92). Promocionar más los intereses de una de las partes (en este caso los de las audiencias menos favorecidas), viola la igualdad de oportunidades que tienen las otras audiencias, con lo que se infringe un principio muy importante en el igualitarismo político: el "principio de efectividad", que consiste en no aceptar que las mejoras de unos, signifiquen una peor situación para otros (Rawls, 1995). Otra de las objeciones que se podría hacer al "igualitarismo político paroxista", es que el evaluador al promocionar más los intereses de las partes con menor poder, no garantiza que la toma de decisiones sea favorable a éstas, ya que el evaluador no es quien toma las decisiones; aunque pueda tener influjo en los procesos de decisión educativa. Como ya vimos, MacDonald (1983) cuida muy mucho que la actividad del evaluador no usurpe la responsabilidad de aquellos quienes legítimamente tienen la responsabilidad de tomar decisiones en una sociedad democrática.

        El enfoque democrático de MacDonald pertenece plenamente a la concepción de justicia social del igualitarismo político. La validez del conocimiento evaluativo depende en mucha medida de que los intereses de los participantes se equilibren en justa proporción, no comprometiendo la independencia de la evaluación. La evaluación tiene una naturaleza política, no proselitista. Ella no debe estar a favor de un grupo de interés determinado, así este grupo de interés sea el de las voces menos privilegiadas.

6. CONCLUSIONES

        A continuación se establecen, a manera de conclusión, los aspectos en los cuales se expresa la naturaleza política de la evaluación curricular y el tratamiento que hace MacDonald de éstos a través de su propuesta evaluativa:

    1. Objeto de estudio: el currículo (la educación) con profundas raíces políticas e ideológicas. El currículo es expresión de la estructura económica, social y política, funcionando como reproductor de las relaciones de dominio de los grupos con más poder e influencia sociales. Las medidas y decisiones en torno al currículo son de índole política y expresan de forma diversa las fuerzas vivas conductoras de la sociedad, donde distintos intereses con poder e influencia se conjugan para organizar y dirigir la educación. Esto afecta a la evaluación, por cuanto su actuación se desarrolla en un escenario político que condiciona la producción de conocimiento y su utilización.
    2. La naturaleza política de la evaluación puede apreciarse en las demandas específicas de información de cada audiencia y en cómo la evaluación procura satisfacer cada una de ellas. En el enfoque democrático pueden distinguirse hasta cuatro tipos de información, según su intencionalidad, uso y aprovechamiento: formativa; enfocada hacia la toma de decisiones; divulgativa; y dialogante. La información formativa pretende responder a los requerimientos informativos de los participantes: la comprensión del cambio educativo proporciona a las audiencias implicadas en el proceso de implementación la capacidad de reflexionar sobre la praxis educativa y replantear los objetivos y procedimientos pedagógicos con la intención de mejorar el currículo. La información enfocada hacia la toma de decisiones se dirige principalmente al cliente: la intencionalidad de este tipo de información es democratizar y racionalizar los procesos de toma de decisión, por lo que la información debe reflejar los distintos grupos de intereses para que puedan ser considerados en la toma de decisiones y ser relevante y oportuna para el cliente. La información divulgativa se enfoca hacia las audiencias naturales y la sociedad en su conjunto: ella pretende fomentar una matriz de opinión pública sobre los objetivos del cambio curricular y su desarrollo. La información dialogante sirve para propiciar una plataforma de comunicación y debate sobre las distintas perspectivas con las cuales enjuiciar la innovación curricular, creando espacios de consenso y común entendimiento entre los distintos grupos de interés.
    3. La naturaleza política de la evaluación puede apreciarse, igualmente, en la distribución que la evaluación hace de la información. La evaluación al distribuir la información determina la configuración de las fuerzas e intereses políticos predominantes en el currículo y el sistema educativo: el control de la información permite a los grupos de interés que la monopolizan una mayor influencia en las decisiones educativas, de ahí que la evaluación deba preocuparse por reflejar los distintos intereses y difundir la información de forma extensiva.
    4. El evaluador debe garantizar su independencia respecto a cualquier grupo de interés, no siendo dócil ante la estructura jerárquica del poder. La independencia del evaluador debe reflejarse en el tratamiento imparcial e igualitario de las distintas audiencias, y en el compromiso de rehuir toda tentativa de participación directa en el proceso de toma de decisiones (ausencia de recomendaciones).
    5. La legitimidad política de los programas educativos depende de que éstos sean consentidos y reconocidos como portadores de los intereses mayoritarios de las distintas audiencias implicadas. En este sentido, el acto de reflejar en la evaluación las distintas fuerzas político-educativas para que la toma de decisiones pueda ajustarse a sus necesidades e intereses, persigue y posibilita la legitimación política de los curricula y del sistema de autoridad educativo.
    6. La concepción de justicia social que más se ajusta a una distribución equitativa de fuerzas e influencias en el currículo es el "igualitarismo político", ya que dicha concepción es la más sensible a los grupos menos favorecidos. Esta sensibilidad de la evaluación a las voces más vulnerables no significa proporcionarles mayor protagonismo, ya que se fomentaría la parcialidad y tendenciosidad de los hallazgos evaluativos, comprometiendo la validez y credibilidad de la evaluación. La atención a aquellos grupos más débiles y poco estructurados, se expresa en reflejar sus intereses y necesidades en igualdad de condiciones con los restantes grupos de interés.

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Notas:

1Aunque en el presente artículo utilizamos como sinónimos currículo, programa e innovación curricular, para evitar el uso continuado y repetitivo de la palabra currículo, tales términos no significan la misma cosa. El programa podría definirse como una especificación secuenciada y jerarquizada de actividades y objetivos pedagógicos, expresión de la concepción filosófico- ideológica que se tenga de la educación (Parlett y Hamilton, 1977); mientras que el currículo podría conceptualizarse como un universo interactivo en constante formación, que engloba al programa y todos los elementos que influencian directa o indirectamente el proceso enseñanza-aprendizaje (MacDonald y Stronach, 1989). Esta concepción del currículo se deriva del carécter holista de la metodología del estudio de casos en el enfoque democrático: estudio del programa, del contexto, de la institución escolar, de las opiniones e intereses de las distintas audiencias, del proceso enseñanza-aprendizaje, etc. El estudio de esta <<totalidad en interacción>> se hace acudiendo a la multidisciplinariedad, ya que en opinión de MacDonald (1996) ninguna disciplina científica por sí misma proporciona un adecuado esquema para el estudio de la práctica educativa. La expresión, por último, de innovación curriculart, la podríamos definir como agente de cambio educativo asociado estrechamente a estrategias político-institucionales (MacDonald y Stronach, 1989).

2Aunque en el análisis de la naturaleza política de la evaluación curricular a través del estudio de la propuesta evaluativa de Barry MacDonald, sólo nos refiramos a la caracterización de losfundamentos políticos del enfoque democrático otros aspectos, tales como la metodología de investigación empleada en el enfoque democrático -el estudio de casos-, como extensión y aplicación del basamento político-democrático a la estrategia de investigación; y la evolución de la teoría evaluativa desde principios del siglo XX hasta la década de los sesenta-principios de lossetenta, cuando la evaluación adopta un tipo de metodología (la cualitativa) que la hace más plural y más política (caso del enfoque democrático), se hacen igualmente necesarios para profundizar en el carácter político de la investigación evaluativa y en el análisis de la propuesta evaluativa de MacDonald.

3Los grupos de interés más débiles pueden no estar organizados o estructurados, siendo tarea del evaluador estructurarlos y organizarlos para que así éstos puedan promocionar sus intereses con la misma intensidad que otros grupos con una mayor conciencia de pertenencia y organización: sindicatos, asociaciones de profesores, partidos políticos, etc. (Hlay y Plotu, 1998).

4Aunque los directores escolares, administradores, profesores y otras audiencias implicadas, tienen capacidad para tomar decisiones de manera formal en el desarrollo del programa, su accionar se circunscribe a la operatividad y funcionamiento del currículo; y no a decisiones políticas concernientes a los fundamentos ideológico-valorativos del programa o a la continuidad o no del mismo.

5A pesar de que éste sea el foco de interés primario en al evaluación, consideramos que el análisis estructural del currículo también debe ser considerado. Ello permitiría entrar en conocimiento de los elementos regulares y constantes que habitan en los nuevos currícula, facilitando la identificación y el estudio de los elementos de resistencia que impiden profundizar en los procesos de reforma.

6El paréntesis es nuestro.

7En opinión de House (1993), la evaluación posee todas las condiciones necesarias para poder ser considerada como una profesión: conocimiento y competencia profesional validado por una comunidad de expertos; monopolio del conocimiento; proyección social y existencia de controles para el ejercicio de la profesión (supervisión, comités de consulta, asesoría, etc.).

8El paréntesis es nuestro.

9Rawls (1995) define como <<bienes sociales>> aquellos recursos indispensables para que las personas puedan realizar sus planes de vida.

10La concepción liberal igualitaria surgió a finales del siglo XIX, pero se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX (Eccleshall, 1993). Su expresión teórica más acabada la encontramos en el libro de John Rawls (1971): A Theory of Justice (como puede observarse, se ha utilizado tal trabajo en su traducción al castellano. Fondo de Cultura Económica, 1995).

11Hemos dado el nombre de <<igualitarismo político paroxista>> en evaluación a los enfoques evaluativos que intentan llevar al extremo la premisa política del <<igualitarismo>>, de establecer una discriminación positiva a favor de los grupos con menor poder.